\u00a0 \u00a0 \u00a0 Rep\u00fablica \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 de Colombia \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0<\/p>\n
\u00a0\u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0<\/p>\n
\u00a0\u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0<\/p>\n
\u00a0\u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0<\/p>\n
Corte \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0Suprema de Justicia \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0<\/p>\n
\u00a0 \u00a0\u00a0<\/p>\n
CORTE SUPREMA \u00a0DE JUSTICIA \u00a0<\/p>\n
SALA \u00a0DE CASACI\u00d3N CIVIL \u00a0<\/p>\n
ARIEL SALAZAR \u00a0RAM\u00cdREZ \u00a0<\/p>\n
Magistrado \u00a0ponente \u00a0<\/p>\n
STC1908-2015 \u00a0<\/p>\n
Radicaci\u00f3n \u00a0n.\u00b008001-22-13-000-2014-00668-01 \u00a0<\/p>\n
(Aprobado \u00a0en sesi\u00f3n de \u00a0veinticinco de febrero de dos mil quince) \u00a0<\/p>\n
Bogot\u00e1, \u00a0D. C., veintis\u00e9is (26) de febrero de dos mil quince (2015). \u00a0<\/p>\n
La \u00a0Corte decide la impugnaci\u00f3n formulada contra el fallo \u00a0proferido el 16 de enero de 2015 por la Sala Civil \u2013 Familia \u00a0del Tribunal Superior de Barranquilla, en la acci\u00f3n de tutela \u00a0promovida por Betzaida Guerra Mart\u00ednez contra \u00a0la \u00a0Direcci\u00f3n Nacional Administrativa y Financiera de la Fiscal\u00eda \u00a0General de la Naci\u00f3n y la Secretar\u00eda Jur\u00eddica de \u00a0la misma entidad. \u00a0<\/p>\n
I. ANTECEDENTES \u00a0<\/p>\n
A. La \u00a0pretensi\u00f3n \u00a0<\/p>\n
La \u00a0accionante, por intermedio de apoderado judicial, solicit\u00f3 el \u00a0amparo de sus derechos de petici\u00f3n, m\u00ednimo vital, \u00a0seguridad social, vida digna, acceso a la administraci\u00f3n de \u00a0justicia y confianza leg\u00edtima, que considera vulnerados por \u00a0las autoridades accionadas, porque no han dado cumplimiento a la \u00a0sentencia proferida por Juzgado 6\u00ba Administrativo de \u00a0Descongesti\u00f3n de Barranquilla el 28 de octubre de 2013 y \u00a0confirmada por el Tribunal Administrativo del Atl\u00e1ntico el 13 \u00a0de junio de 2014, en la que se orden\u00f3 su reintegro al cargo \u00a0que desempe\u00f1aba en la Direcci\u00f3n Nacional de Fiscal\u00edas \u00a0y el pago de los salarios y prestaciones sociales dejadas de \u00a0percibir. \u00a0<\/p>\n
En \u00a0consecuencia, solicita que se disponga el cumplimiento de la \u00a0mencionada providencia. [Folios 1 y 2, c. 1] \u00a0<\/p>\n
B. Los hechos \u00a0<\/p>\n
1. \u00a0Mediante Resoluci\u00f3n No. 0-6391 del 21 de diciembre de 2004, la \u00a0Fiscal\u00eda General de la Naci\u00f3n declar\u00f3 \u00a0insubsistente a la accionante del cargo de Asistente Judicial I de la \u00a0Direcci\u00f3n Nacional de Fiscal\u00edas que ven\u00eda \u00a0desempe\u00f1ando. \u00a0<\/p>\n
2. \u00a0Por lo anterior, la afectada present\u00f3 demanda de nulidad y \u00a0restablecimiento del derecho contra el mencionado acto \u00a0administrativo, tr\u00e1mite que fue dirimido en primera instancia \u00a0por el Juzgado 6\u00ba Administrativo de Descongesti\u00f3n de \u00a0Barranquilla en sentencia del 28 de octubre de 2013, donde acogi\u00f3 \u00a0las pretensiones de la demandante, disponiendo su reintegro y el pago \u00a0de los salarios y prestaciones sociales adeudados. [Folio 29] \u00a0<\/p>\n
3. \u00a0Apelada \u00a0la anterior decisi\u00f3n por la Naci\u00f3n, el Tribunal \u00a0Administrativo del Atl\u00e1ntico, a trav\u00e9s de fallo del 13 \u00a0de junio de 2014, \u00fanicamente, resolvi\u00f3 modificarla para \u00a0agregar que la orden de reintegro estar\u00eda supeditada a que \u00abel \u00a0cargo que ocupaba la actora no haya sido provisto con una persona que \u00a0accediera a dicho empleo por concurso\u00bb. En \u00a0lo dem\u00e1s, decidi\u00f3 confirmar la sentencia impugnada. \u00a0[Folios 52 y 53] \u00a0<\/p>\n
4. \u00a0Ante la resoluci\u00f3n favorable a sus intereses que dict\u00f3 \u00a0la jurisdicci\u00f3n contenciosa administrativa, el 11 de agosto de \u00a02014, la actora present\u00f3 derecho de petici\u00f3n en el que \u00a0solicit\u00f3 que se diera cumplimiento al fallo en menci\u00f3n. \u00a0A la fecha de radicaci\u00f3n de la tutela no hab\u00eda recibido \u00a0respuesta.[Folios 16 a 20] \u00a0<\/p>\n
5. \u00a0En \u00a0criterio de la peticionaria del amparo, la demora en el cumplimiento \u00a0de la orden judicial impartida vulnera sus derechos fundamentales, \u00a0toda vez que se encuentra en una dif\u00edcil situaci\u00f3n \u00a0econ\u00f3mica, pues es \u00abmadre \u00a0soltera, que no tiene pensi\u00f3n, ni acceso al sistema de \u00a0seguridad social\u00bb \u00a0y \u00abque \u00a0no cuenta con un patrimonio que soporte los gastos de su \u00a0manutenci\u00f3n\u00bb. \u00a0<\/p>\n
C. El tr\u00e1mite \u00a0de la primera instancia \u00a0<\/p>\n
1. \u00a0El 11 de diciembre de 2014, el Tribunal Superior de Barranquilla \u00a0admiti\u00f3 la acci\u00f3n y orden\u00f3 la notificaci\u00f3n \u00a0de los entes accionados. \u00a0<\/p>\n
2. \u00a0Las dependencias accionadas guardaron silencio. \u00a0<\/p>\n
3. \u00a0En fallo de 16 de enero de 2015, el Tribunal concedi\u00f3 \u00a0parcialmente la protecci\u00f3n constitucional respecto del derecho \u00a0fundamental de petici\u00f3n y le orden\u00f3 a los entes \u00a0accionados dar una respuesta de fondo al escrito radicado por la \u00a0accionante el 11 de agosto de 2014. En lo dem\u00e1s, neg\u00f3 \u00a0por improcedente la petici\u00f3n de amparo, dado que para el \u00a0cumplimiento de la rese\u00f1ada sentencia judicial cuenta con un \u00a0medio ordinario id\u00f3neo y eficaz, como lo es el proceso \u00a0ejecutivo. \u00a0<\/p>\n
4. \u00a0Inconforme con \u00e9ste \u00faltimo aparte de la decisi\u00f3n, \u00a0la accionante la impugn\u00f3, reiterando la grave situaci\u00f3n \u00a0econ\u00f3mica que padece y se\u00f1alando que el medio ordinario \u00a0enunciado por el Tribunal no resulta id\u00f3neo ni eficaz. \u00a0<\/p>\n
II. \u00a0CONSIDERACIONES \u00a0<\/p>\n
1. \u00a0Cuando el art\u00edculo 86 de la Carta Pol\u00edtica cre\u00f3 \u00a0la acci\u00f3n de tutela como un procedimiento preferente y sumario \u00a0al alcance del ciudadano, para reclamar la protecci\u00f3n \u00a0inmediata de sus derechos constitucionales fundamentales en caso de \u00a0que \u00e9stos fueran vulnerados o amenazados por la acci\u00f3n \u00a0o la omisi\u00f3n de cualquier autoridad p\u00fablica, lo hizo \u00a0bajo la insoslayable premisa de que no dispusiera el afectado de \u00a0\u00abotro \u00a0medio de defensa judicial\u00bb, \u00a0salvo que la acci\u00f3n se utilizara como mecanismo transitorio \u00a0para evitar un perjuicio irremediable. \u00a0<\/p>\n
En ese orden, debe \u00a0recordarse que el amparo constitucional se caracteriza por la \u00a0prevalencia del principio de la subsidiariedad, ya que s\u00f3lo \u00a0procede ante la ausencia de un instrumento jur\u00eddico eficaz \u00a0para la salvaguarda oportuna del derecho objeto de violaci\u00f3n o \u00a0amenaza, y por lo tanto, no puede consider\u00e1rsele como un \u00a0mecanismo alternativo o adicional del presunto afectado con la \u00a0vulneraci\u00f3n, pues su finalidad no consiste en remplazar los \u00a0tr\u00e1mites establecidos por el legislador para la protecci\u00f3n \u00a0de los derechos de los ciudadanos. \u00a0<\/p>\n
En \u00a0armon\u00eda con esos postulados, el art\u00edculo 6\u00b0 del \u00a0Decreto 2591 de 1991, que regula la acci\u00f3n de tutela, \u00a0estableci\u00f3 las causales de improcedencia, entre las cuales se \u00a0destaca la existencia de \u00a0\u00abotros recursos o medios de defensa judicial\u00bb, \u00a0dejando a salvo igual principio al consagrado por el Constituyente \u00a0respecto a que se utilizara como \u00abmecanismo \u00a0transitorio para evitar un perjuicio irremediable\u00bb, \u00a0advirtiendo eso s\u00ed que la existencia de esos medios ser\u00eda \u00a0apreciada \u00aben \u00a0concreto, en cuanto a su eficacia, atendiendo las circunstancias en \u00a0que se encuentre el solicitante\u00bb. \u00a0<\/p>\n
2. \u00a0En el caso que es objeto de estudio, si la inconformidad de la \u00a0accionante con el fallo de primera instancia recae sobre la negativa \u00a0a ordenar el cumplimiento de la sentencia emitida en la jurisdicci\u00f3n \u00a0contenciosa administrativa, de entrada, se advierte la improcedencia \u00a0de la solicitud, pues como lo advirti\u00f3 el a \u00a0quo, la \u00a0accionante cuenta con otros medios de defensa judicial para formular \u00a0el reclamo que por v\u00eda de la acci\u00f3n de tutela expone. \u00a0<\/p>\n
En \u00a0efecto, seg\u00fan lo prev\u00e9 el art\u00edculo 192 de la ley \u00a01437 de 2011, la condena emitida en la sentencia que dispuso el \u00a0reintegro de la accionante y el pago de los salarios y prestaciones \u00a0sociales dejadas de percibir, es ejecutable ante la justicia \u00a0ordinaria transcurridos diez (10) meses de su ejecutoria; lo cual, \u00a0seg\u00fan la certificaci\u00f3n secretarial del Tribunal \u00a0Administrativo de Barranquilla [Folio 53 vto], acaeci\u00f3 el 30 \u00a0de julio de 2014. \u00a0<\/p>\n
Resulta \u00a0entonces ostensible, que si la promotora del amparo a\u00fan cuenta \u00a0con otros medios de defensa judicial, como en este caso la ejecuci\u00f3n \u00a0de la sentencia, una vez cumplido el t\u00e9rmino legal, por medio \u00a0de la queja constitucional no se puede proveer la soluci\u00f3n de \u00a0una cuesti\u00f3n que corresponde dirimir al juez natural. \u00a0<\/p>\n
De \u00a0all\u00ed, que la queja constitucional resulte desacertada, pues \u00a0adem\u00e1s de que su promotora cuenta con otros medios de defensa \u00a0judicial, no se acredit\u00f3 la eventual causaci\u00f3n de un \u00a0perjuicio irremediable que haga viable la concesi\u00f3n de la \u00a0tutela, aunque sea de manera transitoria, m\u00e1s aun teniendo en \u00a0cuenta que seg\u00fan las propias manifestaciones de la \u00a0peticionaria del amparo, el despido del cargo respecto del cual \u00a0solicita el reintegro se produjo en el mes de diciembre 2004, esto \u00a0es, hace m\u00e1s de diez a\u00f1os, lo que descarta la \u00a0afectaci\u00f3n inminente que se alega. \u00a0<\/p>\n
3. \u00a0Las anteriores razones se estiman suficientes para confirmar el fallo \u00a0proferido en primera instancia. \u00a0<\/p>\n
III. DECISI\u00d3N \u00a0<\/p>\n
En \u00a0m\u00e9rito de lo expuesto, la Corte Suprema de Justicia en Sala de \u00a0Casaci\u00f3n Civil, administrando justicia en nombre de la \u00a0Rep\u00fablica y por autoridad de la ley, CONFIRMA \u00a0la providencia impugnada. \u00a0<\/p>\n
Comun\u00edquese \u00a0telegr\u00e1ficamente lo aqu\u00ed resuelto a las partes y \u00a0oportunamente rem\u00edtase el expediente a la Corte Constitucional \u00a0para su eventual revisi\u00f3n. \u00a0<\/p>\n
LUIS \u00a0ARMANDO TOLOSA VILLABONA \u00a0<\/p>\n
Presidente \u00a0de la Sala \u00a0<\/p>\n
MARGARITA \u00a0CABELLO BLANCO \u00a0<\/p>\n
\u00c1LVARO \u00a0FERNANDO GARC\u00cdA RESTREPO \u00a0<\/p>\n
FERNANDO \u00a0GIRALDO GUTI\u00c9RREZ \u00a0<\/p>\n
ARIEL \u00a0SALAZAR RAM\u00cdREZ \u00a0<\/p>\n
JES\u00daS \u00a0VALL DE RUT\u00c9N RUIZ \u00a0<\/p>\n
\u00a0 \u00a0 \u00a0\u00a0<\/p>\n
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