\u00a0 \u00a0 \u00a0 Rep\u00fablica \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 de Colombia \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0<\/p>\n
\u00a0\u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0<\/p>\n
\u00a0\u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0<\/p>\n
Corte \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0Suprema de Justicia \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0<\/p>\n
\u00a0 \u00a0\u00a0<\/p>\n
CORTE SUPREMA \u00a0DE JUSTICIA \u00a0<\/p>\n
SALA \u00a0DE CASACI\u00d3N CIVIL \u00a0<\/p>\n
LUIS ARMANDO \u00a0TOLOSA VILLABONA \u00a0<\/p>\n
Magistrado \u00a0ponente \u00a0<\/p>\n
STC2157-2015 \u00a0<\/p>\n
Radicaci\u00f3n \u00a0n.\u00b0 \u00a011001-02-04-000-2015-00061-01 \u00a0<\/p>\n
(Aprobado \u00a0en sesi\u00f3n de veinticinco \u00a0de febrero de dos mil quince) \u00a0<\/p>\n
Bogot\u00e1, \u00a0D. C., \u00a0cuatro (4) de marzo de dos mil quince (2015). \u00a0<\/p>\n
Dec\u00eddese \u00a0la impugnaci\u00f3n formulada frente a la sentencia dictada el 27 \u00a0de enero de 2015 por la Sala de Casaci\u00f3n Penal, dentro de la \u00a0tutela promovida por Mar\u00eda Carlina Preciado de Riveros, Nancy \u00a0Saturia, Emilce, Nelson Arturo y Nohemy Riveros Preciado, Mar\u00eda \u00a0Helena \u00a0Preciado de Chaparro, Olga Yanire, Gloria Esther y H\u00e9ctor \u00a0William Chaparro Preciado contra \u00a0la Fiscal\u00eda \u00a0Setenta y Tres Delegada ante la Sala Penal del Tribunal Superior del \u00a0Distrito Judicial de Bogot\u00e1, extensiva a la Fiscal\u00eda \u00a0Cuarta Especializada de Santa Rosa de Viterbo, con ocasi\u00f3n de \u00a0la instrucci\u00f3n adelantada a Sixto Alonso Le\u00f3n Castro y \u00a0otros. \u00a0<\/p>\n
\u00a0 \u00a0\u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0<\/p>\n
1. ANTECEDENTES \u00a0<\/p>\n
1. \u00a0Los \u00a0gestores suplican \u00a0la protecci\u00f3n de los derechos al debido proceso, acceso a la \u00a0administraci\u00f3n de justicia y a la \u201c(\u2026) verdad, \u00a0justicia y reparaci\u00f3n (\u2026)\u201d, \u00a0presuntamente lesionados por la autoridad accionada. \u00a0<\/p>\n
2. \u00a0Sostienen, \u00a0como fundamento de su reclamo, en s\u00edntesis, lo siguiente (fls. \u00a02 a 30, \u00a0cdno. 1): \u00a0<\/p>\n
2.1. \u00a0La Fiscal\u00eda Cuarta \u00a0Especializada de Santa Rosa de Viterbo \u00a0adelant\u00f3 indagaci\u00f3n contra Sixto \u00a0Alonso Le\u00f3n Castro y otros, por los presuntos delitos de \u201c(\u2026) \u00a0secuestro \u00a0y homicidio agravado (\u2026)\u201d \u00a0de los se\u00f1ores Ismael Amaya, Audelo Chaparro y Reinaldo \u00a0Eustorgio Riveros Chaparro, en hechos ocurridos en el a\u00f1o \u00a01992, en la vereda Toquilla del Municipio de Aquitania. \u00a0<\/p>\n
2.2. \u00a0Se\u00f1alan que el referido despacho, el 4 de abril de 2013, neg\u00f3 \u00a0la petici\u00f3n de preclusi\u00f3n realizada por la defensa de \u00a0los investigados, pretextando la \u201c(\u2026) inexistencia \u00a0de la causal alegada [relativa \u00a0a] \u00a0no haber cometido la conducta investigada \u00a0(\u2026)\u201d. \u00a0<\/p>\n
2.3. \u00a0Apelada la decisi\u00f3n precedente, fue revocada por la Fiscal\u00eda \u00a0Setenta y Tres Delegada ante la Sala Penal del Tribunal Superior del \u00a0Distrito Judicial de Bogot\u00e1, quien al desestimar el concepto \u00a0\u201c(\u2026) lesa \u00a0humanidad \u00a0(\u2026)\u201d, declar\u00f3 extinguida la acci\u00f3n \u00a0punitiva \u201c(\u2026) por \u00a0prescripci\u00f3n \u00a0(\u2026)\u201d, sobreseyendo la actuaci\u00f3n para \u201c(\u2026) \u00a0la \u00a0totalidad de los involucrados \u00a0(\u2026)\u201d, ordenando a su vez la \u201c(\u2026) compulsa \u00a0de copias \u00a0(\u2026)\u201d de los funcionarios que tramitaron esa \u201c(\u2026) \u00a0causa \u00a0(\u2026)\u201d, por \u201c(\u2026) la \u00a0supuesta inactivad [de \u00a0\u00e9stos] \u00a0para esclarecer el caso \u00a0(\u2026)\u201d. \u00a0<\/p>\n
2.4. \u00a0Censuran la anterior determinaci\u00f3n, pues su condici\u00f3n \u00a0de v\u00edctimas fue soslayada, y porque se pretiri\u00f3 que \u00a0\u201c(\u2026) las \u00a0conductas investigadas \u00a0s\u00ed se adecuaban a la categor\u00eda de cr\u00edmenes de \u00a0lesa humanidad \u00a0(\u2026)\u201d, teniendo en cuenta que uno de los interfectos \u201c(\u2026) \u00a0particip\u00f3 \u00a0en m\u00edtines con la UP en Boyac\u00e1 \u00a0(\u2026)\u201d. \u00a0<\/p>\n
3. \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0Exigen \u00a0anular la providencia que finiquit\u00f3 la investigaci\u00f3n \u00a0penal, disponiendo \u201c(\u2026) su \u00a0reapertura y reasignaci\u00f3n a otro fiscal \u00a0(…)\u201d. \u00a0<\/p>\n
1.1. \u00a0Respuesta de la accionada \u00a0<\/p>\n
La \u00a0Fiscal\u00eda Setenta y Tres Delegada ante la Sala Penal del \u00a0Tribunal Superior del Distrito Judicial de Bogot\u00e1 \u00a0se opuso al ruego tuitivo, manifestando que el acto atacado \u201c(\u2026) \u00a0goza \u00a0de plena juridicidad \u00a0(\u2026)\u201d, descartando una v\u00eda de hecho atentatoria de \u00a0los derechos de los actores. \u00a0<\/p>\n
1.2. La \u00a0sentencia impugnada \u00a0<\/p>\n
Neg\u00f3 \u00a0la protecci\u00f3n invocada tras advertir la ausencia del \u00a0presupuesto de subsidiariedad, por cuanto los quejosos \u00a0no formularon \u00a0reposici\u00f3n frente al prove\u00eddo cuestionado a trav\u00e9s \u00a0de este linaje, siendo su obligaci\u00f3n agotar dicho instrumento \u00a0defensivo, omisi\u00f3n que trunca el \u201c(\u2026) presente \u00a0amparo (\u2026)\u201d \u00a0(fls. \u00a0476 a 491, cdno. 1). \u00a0<\/p>\n
1.3. La \u00a0impugnaci\u00f3n \u00a0<\/p>\n
La \u00a0incoaron \u00a0los \u00a0tutelantes, \u00a0realzando los argumentos del libelo genitor, a\u00f1adiendo que el \u00a0fallo de la Sala constitucional a \u00a0quo \u00a0ignor\u00f3 que ellos nunca fueron enterados de la preclusi\u00f3n \u00a0de la investigaci\u00f3n. De igual forma, allegan copia de la \u00a0respuesta dada por la Fiscal\u00eda respecto al envi\u00f3 de las \u00a0comunicaciones para notificarlos de la decisi\u00f3n aqu\u00ed \u00a0atacada (fls. 525 a 533, cdno. 1). \u00a0<\/p>\n
\u00a0 \u00a0\u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0<\/p>\n
2. CONSIDERACIONES \u00a0<\/p>\n
1. \u00a0La \u00a0tutela es un mecanismo de car\u00e1cter preferente y sumario \u00a0previsto para la protecci\u00f3n inmediata de los derechos \u00a0fundamentales, cuando \u00e9stos resulten vulnerados o amenazados \u00a0por la actuaci\u00f3n u omisi\u00f3n de cualquier autoridad \u00a0p\u00fablica o, de los particulares en los casos se\u00f1alados \u00a0en la Constituci\u00f3n o en la ley; sin que pueda erigirse en una \u00a0v\u00eda sustitutiva de los medios defensivos que el ordenamiento \u00a0jur\u00eddico ha consagrado para salvaguardarlos. \u00a0<\/p>\n
2. \u00a0Los \u00a0promotores solicitan la invalidez de la Resoluci\u00f3n de 28 de \u00a0mayo de 2014, la cual precluy\u00f3 la investigaci\u00f3n \u00a0punitiva contra Sixto Alonso Le\u00f3n Castro y otros, por ignorar, \u00a0entre otras cosas, que las conductas all\u00ed investigadas, dadas \u00a0sus circunstancias, correspond\u00edan a delitos de \u201c(\u2026) \u00a0lesa \u00a0humanidad \u00a0(…)\u201d. \u00a0<\/p>\n
3. \u00a0De entrada se advierte la improsperidad del resguardo, por deprecarse \u00a0tard\u00edamente el 19 de enero de 2015, cuando han transcurrido \u00a0m\u00e1s de ocho (8) meses de emitido el se\u00f1alado \u00a0pronunciamiento, per\u00edodo que supera el lapso de seis (6) meses \u00a0adoptado por la Sala como razonable para reclamar la protecci\u00f3n. \u00a0<\/p>\n
Sobre este t\u00f3pico, \u00a0memor\u00f3 la Sala: \u00a0<\/p>\n
\u201c(\u2026) \u00a0[S]i \u00a0bien la jurisprudencia no ha se\u00f1alado un\u00e1nime el \u00a0t\u00e9rmino en el cual debe operar el decaimiento de la petici\u00f3n \u00a0de amparo frente a decisiones judiciales por falta de inmediatez, s\u00ed \u00a0resulta di\u00e1fano que \u00e9ste no puede ser tan amplio que \u00a0impida la consolidaci\u00f3n de las situaciones jur\u00eddicas \u00a0creadas por la jurisdicci\u00f3n (\u2026), \u00a0[por \u00a0tanto] (\u2026) \u00a0muy breve ha de ser el tiempo que debe transcurrir entre la fecha de \u00a0la determinaci\u00f3n judicial acusada y el reclamo constitucional \u00a0que se enfila contra ella, con miras a que \u00e9ste \u00faltimo \u00a0no pierda su raz\u00f3n de ser (\u2026) \u00a0en \u00a0el presente evento no puede tenerse por cumplida la exigencia de \u00a0inmediatez de la solicitud por cuanto supera en mucho el lapso \u00a0razonable de los seis meses que se adopta, y no se demostr\u00f3, \u00a0ni invoc\u00f3 siquiera, justificaci\u00f3n \u00a0de tal demora por el \u00a0accionante \u00a0(\u2026)\u201d1. \u00a0<\/p>\n
Los \u00a0peticionarios no pueden instaurar esta senda iusfundamental \u00a0para se\u00f1alar la vulneraci\u00f3n de sus intereses a su \u00a0arbitrio, pues si bien no existe t\u00e9rmino de caducidad para \u00a0interponerlo, s\u00ed se impone ejercerlo dentro de un plazo \u00a0prudente, m\u00e1s a\u00fan si la urgencia que se precisa para \u00a0predicar lo grave del perjuicio, exige una pronta reacci\u00f3n del \u00a0supuesto lesionado o agraviado. \u00a0<\/p>\n
3.1. \u00a0No se le dar\u00e1 paso a la excusa de los impugnantes relativa a \u00a0la falta de enteramiento \u201cpersonal\u201d \u00a0de la citada Resoluci\u00f3n, como causa de su imposibilidad de \u00a0formular a tiempo el amparo, pues en virtud de lo dispuesto en los \u00a0art\u00edculos 178 y 179 de la Ley 600 de 2000, la Fiscal\u00eda \u00a0querellada no estaba en la obligaci\u00f3n de hacerlo frente a la \u00a0parte civil, calidad en la cual actuaron los aqu\u00ed promotores \u00a0dentro de la memorada investigaci\u00f3n, pues bastaba publicitar \u00a0dicho acto por estado, como en efecto ocurri\u00f3. \u00a0<\/p>\n
En \u00a0un asunto de similares contornos, la Sala de Casaci\u00f3n Penal \u00a0dijo: \u00a0<\/p>\n
\u201c(\u2026) [L]a \u00a0[Corte] \u00a0comparte los argumentos expuestos por el a quo al se\u00f1alar que \u00a0no exist\u00eda obligaci\u00f3n legal a cargo de la fiscal\u00eda \u00a0accionada de realizar la citaci\u00f3n a la parte civil para que se \u00a0notificara personalmente de la providencia, pues el ordenamiento \u00a0procesal penal no establece tal deber. \u00a0<\/p>\n
\u201cSobre el particular \u00a0es claro que la citaci\u00f3n s\u00f3lo es exigible cuando se \u00a0trate de notificaciones que por ley se deben hacer personalmente. \u00a0Esta posici\u00f3n se expuso en relaci\u00f3n con normas \u00a0precedentes al ordenamiento vigente en un fallo de tutela de 29 de \u00a0noviembre de 1994, radicaci\u00f3n 1319, que posteriormente fue \u00a0reiterada en fallo de 13 de julio de 1999, radicaci\u00f3n 5813, \u00a0pero que fueron recogidas en la normatividad que hoy nos rige \u00a0(art\u00edculos 178 y 179 de la Ley 600 de 2000): \u00a0<\/p>\n
\u201cPartiendo de esta \u00a0inicial premisa, hay que entender que el art\u00edculo 25 de la \u00a0citada Ley 81 se refiere exclusivamente a las providencias que por \u00a0mandato expreso deben ser notificadas personalmente, y no a aquellas \u00a0otras que por voluntad del legislador se notifican por estado o por \u00a0edicto. As\u00ed se desprende con claridad de la primera parte de \u00a0su texto: \u2018Cuando no fuere posible la notificaci\u00f3n \u00a0personal\u2019, pues \u00e9ste presupone, necesariamente, que la \u00a0ley ha ordenado que la notificaci\u00f3n sea personal, y que no \u00a0obstante ello no resulte posible hacer este enteramiento personal. En \u00a0estos casos y s\u00f3lo en ellos, es cuando se impone la obligaci\u00f3n \u00a0de realizar \u2018la diligencia de citaci\u00f3n mediante \u00a0telegrama dirigido a la direcci\u00f3n que aparezca registrada en \u00a0el expediente.\u2019 \u00a0<\/p>\n
\u201cLa disposici\u00f3n \u00a0en comento, tiene por finalidad impedir que por la no-comparecencia \u00a0de un sujeto procesal para que se le notifique personalmente lo que \u00a0por ley debe comunic\u00e1rsele as\u00ed, se paralice la \u00a0actuaci\u00f3n, como suced\u00eda antes de que existieran estas \u00a0normas. Ahora basta con que el sujeto procesal sea citado para la \u00a0notificaci\u00f3n personal y si no comparece, \u2018se har\u00e1 \u00a0la notificaci\u00f3n por estado que se fijar\u00e1 tres d\u00edas \u00a0despu\u00e9s\u2019 de la diligencia de citaci\u00f3n, salvo que \u00a0se trate de la notificaci\u00f3n de la resoluci\u00f3n de \u00a0acusaci\u00f3n que tiene previsto un r\u00e9gimen especial \u00a0diferente (L. 81\/93, art. 59), o de la notificaci\u00f3n al \u00a0sindicado que se encuentre privado de su libertad o al Ministerio \u00a0P\u00fablico, eventos estos \u00faltimos expresamente exceptuados \u00a0por la norma. \u00a0<\/p>\n
\u201cAs\u00ed las cosas, \u00a0al producirse la notificaci\u00f3n por anotaci\u00f3n en estado, \u00a0se observaron \u00a0las exigencias previstas por la ley. En \u00a0este orden, el actor no puede pretender subsanar su inactividad \u00a0mediante el uso de este excepcional mecanismo, que como se explic\u00f3 \u00a0atr\u00e1s se encuentra instituido para brindar la protecci\u00f3n \u00a0inmediata de los derechos fundamentales amenazados o vulnerados \u00a0cuando no existe otro mecanismo de defensa judicial \u00a0(\u2026)\u201d2 \u00a0(se subraya). \u00a0<\/p>\n
4. \u00a0Sumada a la anterior omisi\u00f3n, la Corte avizora prima \u00a0facie \u00a0que \u00a0los gestores, no rebatieron mediante \u00a0reposici\u00f3n \u00a0el prove\u00eddo aqu\u00ed censurado, \u00a0medio de impugnaci\u00f3n que resultaba procedente para atacarlo, \u00a0conforme lo previsto en la regla 189 de la norma ej\u00fasdem3, \u00a0el cual ense\u00f1a: \u00a0<\/p>\n
\u201c(\u2026) \u00a0[S]alvo \u00a0las excepciones legales, el recurso de reposici\u00f3n procede \u00a0contra las providencias de sustanciaci\u00f3n que deban \u00a0notificarse, contra las interlocutorias de primera o \u00fanica \u00a0instancia y contra \u00a0las que declaran la prescripci\u00f3n de la acci\u00f3n o de la \u00a0pena en segunda instancia cuando ello no fuere objeto del recurso \u00a0(\u2026)\u201d (se resalta). \u00a0<\/p>\n
As\u00ed las \u00a0cosas, no es dable acudir a esta excepcional justicia, por cuanto no \u00a0es v\u00eda paralela o sustituta de los instrumentos ordinarios o \u00a0extraordinarios de refutaci\u00f3n judicial, ni es instrumento para \u00a0superar la incuria procesal. \u00a0<\/p>\n
Al \u00a0respecto, la Corte indic\u00f3: \u00a0<\/p>\n
\u201c(…) \u00a0[D]e modo que \u00a0\u201csi incurri\u00f3 \u00a0en pigricia y desperdici\u00f3 las diferentes oportunidades \u00a0procesales, es inadmisible la pretensi\u00f3n de recurrir tal \u00a0actuaci\u00f3n por esta v\u00eda extraordinaria o de tratar de \u00a0recuperar mediante ese instrumento tal posibilidad, puesto que no ha \u00a0sido dise\u00f1ado para rescatar t\u00e9rminos derrochados, -pues \u00a0los mismos son perentorios e improrrogables, tal y como lo prev\u00e9 \u00a0el art\u00edculo 118 del C\u00f3digo de Procedimiento Civil-, ni \u00a0para establecer una paralela forma de control de las actuaciones \u00a0judiciales, circunstancia que, acorde con reiterada jurisprudencia, \u00a0impide la intervenci\u00f3n del Juez constitucional en tanto no \u00a0est\u00e1 dentro de la \u00f3rbita de su competencia suplir la \u00a0incuria, los desaciertos o descuidos de las partes en el ejercicio de \u00a0sus facultades, cargas, o deberes procesales, pues esa no es la \u00a0finalidad para la cual se instituy\u00f3 la tutela (…)\u201d4. \u00a0<\/p>\n
5. \u00a0De acuerdo a lo discurrido, se revalidar\u00e1 la providencia \u00a0examinada. \u00a0<\/p>\n
\u00a0 \u00a0\u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0<\/p>\n
3. DECISI\u00d3N \u00a0<\/p>\n
En m\u00e9rito \u00a0de lo expuesto, la Corte Suprema de Justicia, en Sala de Casaci\u00f3n \u00a0Civil, administrando justicia en nombre de la Rep\u00fablica y por \u00a0autoridad de la ley, \u00a0<\/p>\n
RESUELVE: \u00a0<\/p>\n
PRIMERO: \u00a0CONFIRMAR \u00a0la sentencia de fecha, contenido y procedencia anotadas. \u00a0<\/p>\n
SEGUNDO: \u00a0Comun\u00edquese \u00a0telegr\u00e1ficamente lo resuelto en esta providencia a los \u00a0interesados y oportunamente env\u00edese el expediente a la Corte \u00a0Constitucional para su eventual revisi\u00f3n. \u00a0<\/p>\n
NOTIF\u00cdQUESE \u00a0Y C\u00daMPLASE \u00a0<\/p>\n
LUIS \u00a0ARMANDO TOLOSA VILLABONA \u00a0<\/p>\n
Presidente \u00a0de Sala \u00a0<\/p>\n
MARGARITA \u00a0CABELLO BLANCO \u00a0<\/p>\n
\u00c1LVARO \u00a0FERNANDO GARC\u00cdA RESTREPO \u00a0<\/p>\n
FERNANDO \u00a0GIRALDO GUTI\u00c9RREZ \u00a0<\/p>\n
ARIEL \u00a0SALAZAR RAM\u00cdREZ \u00a0<\/p>\n
JES\u00daS \u00a0VALL DE RUT\u00c9N RUIZ \u00a0<\/p>\n
1CSJ \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0STC 2 de agosto. 2007, Rad. 00188-01, reiterada, entre otros \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0pronunciamientos, en aquel de 16 de mayo de 2013, Rad. 000103-01. \u00a0<\/p>\n
2CSJ \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0STP. 6 de junio de 2006, \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0Rad. \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a025852 \u00a0<\/p>\n
3Aplicable \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0para el caso, teniendo en cuenta que el art\u00edculo 533 de la \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0Ley 906 de 2004, dispuso que solo los delitos cometidos con \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0posterioridad al 1 de enero de 2005 se reg\u00edan bajo dicha \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0normativa. \u00a0<\/p>\n
4CSJ \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0STC \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a023 de febrero de 2007. Rad. 02068-1, reiterada, entre otros \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0pronunciamientos, el 19 de mayo de 2011. Rad. 00412-01. \u00a0<\/p>\n
10 \u00a0 \u00a0 \u00a0<\/p>\n
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\u00a0 \u00a0 \u00a0 Rep\u00fablica \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 de Colombia \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0\u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0\u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 Corte \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0Suprema de Justicia \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0\u00a0 CORTE SUPREMA \u00a0DE JUSTICIA \u00a0 SALA \u00a0DE CASACI\u00d3N CIVIL \u00a0 LUIS ARMANDO \u00a0TOLOSA VILLABONA […]<\/p>\n","protected":false},"author":1,"featured_media":0,"comment_status":"open","ping_status":"open","sticky":false,"template":"","format":"standard","meta":{"footnotes":""},"categories":[96],"tags":[],"class_list":["post-89075","post","type-post","status-publish","format-standard","hentry","category-96"],"_links":{"self":[{"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/posts\/89075","targetHints":{"allow":["GET"]}}],"collection":[{"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/posts"}],"about":[{"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/types\/post"}],"author":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/users\/1"}],"replies":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/comments?post=89075"}],"version-history":[{"count":0,"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/posts\/89075\/revisions"}],"wp:attachment":[{"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/media?parent=89075"}],"wp:term":[{"taxonomy":"category","embeddable":true,"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/categories?post=89075"},{"taxonomy":"post_tag","embeddable":true,"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/tags?post=89075"}],"curies":[{"name":"wp","href":"https:\/\/api.w.org\/{rel}","templated":true}]}}