\u00a0 \u00a0 \u00a0 Rep\u00fablica \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 de Colombia \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0<\/p>\n
\u00a0\u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0<\/p>\n
\u00a0\u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0<\/p>\n
\u00a0\u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0<\/p>\n
Corte \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0Suprema de Justicia \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0<\/p>\n
\u00a0\u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0<\/p>\n
\u00a0 \u00a0\u00a0<\/p>\n
CORTE SUPREMA \u00a0DE JUSTICIA \u00a0<\/p>\n
SALA DE \u00a0CASACI\u00d3N CIVIL \u00a0<\/p>\n
ARIEL SALAZAR \u00a0RAM\u00cdREZ \u00a0<\/p>\n
Magistrado \u00a0ponente \u00a0<\/p>\n
STC2678-2015 \u00a0<\/p>\n
Radicaci\u00f3n \u00a0n.\u00b0 \u00a050001-22-13-000-2015-00044-01 \u00a0<\/p>\n
(Aprobado \u00a0en sesi\u00f3n de once de marzo de dos mil quince) \u00a0<\/p>\n
Bogot\u00e1, \u00a0D. C., doce \u00a0(12) de marzo de dos mil quince 2015). \u00a0<\/p>\n
Decide \u00a0la Corte la impugnaci\u00f3n formulada contra el fallo proferido el \u00a028 de enero de 2015 por la Sala de Decisi\u00f3n Civil Familia del \u00a0Tribunal Superior de Villavicencio, en \u00a0las acciones de tutela acumuladas mediante prove\u00eddo de 20 de \u00a0enero de 2015, promovidas por \u00a0Flor Marina L\u00f3pez Buitrago, Ana Idal\u00ed Mahecha V\u00e1squez \u00a0y Florentina C\u00e1rdenas, contra la Presidencia de la Rep\u00fablica \u00a0y el Departamento Administrativo de la Funci\u00f3n P\u00fablica, \u00a0tr\u00e1mite al que se vincul\u00f3 al Ministerio de Hacienda, a \u00a0la Gobernaci\u00f3n del Guaviare y a los empleados p\u00fablicos \u00a0de esa entidad departamental. \u00a0<\/p>\n
\u00a0 \u00a0\u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0<\/p>\n
I. ANTECEDENTES \u00a0<\/p>\n
A. La \u00a0pretensi\u00f3n \u00a0<\/p>\n
Las \u00a0ciudadanas solicitaron \u00a0el amparo de sus derechos fundamentales a la igualdad, petici\u00f3n, \u00a0trabajo y m\u00ednimo vital, que consideran vulnerados por las \u00a0autoridades accionadas, al no resolver de fondo la petici\u00f3n \u00a0presentada por la Gobernaci\u00f3n de Guaviare el 8 de agosto de \u00a02014 a trav\u00e9s de la cual se pretendi\u00f3 que se ordenara \u00a0el pago de la prima de servicio correspondiente a la vigencia 2014. \u00a0<\/p>\n
Pretende, \u00a0en consecuencia, se le ordene a la accionada que responda de fondo la \u00a0referida solicitud en los mismos t\u00e9rminos en los cuales fue \u00a0resuelto para los departamentos de Nari\u00f1o y Santander, \u00a0entidades de las que asegura se les autoriz\u00f3 la cancelaci\u00f3n \u00a0de la prima en menci\u00f3n (fl. 6). \u00a0<\/p>\n
B. Los hechos \u00a0<\/p>\n
\u00a0 \u00a0\u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0<\/p>\n
1. En \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0la actualidad las tutelantes se encuentran vinculadas a la \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0Gobernaci\u00f3n del Departamento de Guaviare en calidad de \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0servidores p\u00fablicos. \u00a0<\/p>\n
2. \u00a0El 8 de agosto de 2014, el Gobernador del Departamento de Guaviare \u00a0formul\u00f3 derecho de petici\u00f3n ante la Direcci\u00f3n \u00a0del Departamento Administrativo de la Funci\u00f3n P\u00fablica, \u00a0solicit\u00e1ndole que conceptuara favorablemente y expidiera el \u00a0acto administrativo que regule el pago de la prima de servicios para \u00a0los empleados p\u00fablicos de esa entidad (fls. 7-8). \u00a0<\/p>\n
3. \u00a0Mediante \u00a0decreto 2351 de 20 de noviembre de 2014, el Departamento \u00a0Administrativo de la Funci\u00f3n P\u00fablica junto con el \u00a0Ministerio de Hacienda y Cr\u00e9dito P\u00fablico, dispusieron \u00a0que \u00abtodos \u00a0los empleados p\u00fablicos vinculados o que se vinculen a las \u00a0entidades del sector central y descentralizado de la Rama Ejecutiva \u00a0del Orden Territorial, a las Asambleas Departamentales, a los \u00a0Concejos Distritales y Municipales, a las Contralor\u00edas \u00a0Territoriales, a las Personer\u00edas Distritales y Municipales, y \u00a0el personal administrativo del sector educaci\u00f3n, tendr\u00e1n \u00a0derecho, a partir de 2015, a percibir la prima de servicios de que \u00a0trata el Decreto Ley 1042..\u00bb \u00a0(fls. 91-92). \u00a0<\/p>\n
4. \u00a0En criterio de las peticionarias del amparo, se vulner\u00f3 los \u00a0derechos fundamentales deprecados, porque el gobierno nacional se \u00a0limit\u00f3 a \u00a0expedir el decreto 2351 que reconoce la prima de \u00a0servicio para los funcionarios p\u00fablicos del orden \u00a0departamental a partir del a\u00f1o 2015, sin pronunciarse sobre la \u00a0petici\u00f3n presentada por la Gobernaci\u00f3n del Guaviare, \u00a0motivo por el cual, a diferencia de lo acontecido en los \u00a0departamentos de \u00a0Nari\u00f1o y Santander, ellas no han recibido \u00a0los dineros que aseguran tienen derecho a percibir por concepto de \u00a0esa prima para la vigencia 2014. \u00a0<\/p>\n
C. El tr\u00e1mite \u00a0de la primera instancia \u00a0<\/p>\n
1. \u00a0El \u00a020 de enero de 2015 se acumularon las tutelas presentadas por las \u00a0actoras y se orden\u00f3 su tr\u00e1mite, comunic\u00e1ndose a \u00a0los interesados para que ejercieran su derecho a la defensa (fls. \u00a050-51). \u00a0<\/p>\n
2. \u00a0El \u00a0Gobernador del Departamento de Guaviare coadyuv\u00f3 las \u00a0pretensiones de las actoras (fls. 69-71). \u00a0<\/p>\n
3. \u00a0Mediante \u00a0sentencia dictada el 28 de enero de 2015, el Tribunal declar\u00f3 \u00a0improcedente la acci\u00f3n, al estimar que las accionantes pueden \u00a0iniciar un proceso laboral administrativo para solicita el pago de la \u00a0prima de servicio correspondiente al a\u00f1o 2014 que por esta v\u00eda \u00a0reclaman, adem\u00e1s, se\u00f1al\u00f3 que carecen de \u00a0legitimaci\u00f3n en la causa para pedir una respuesta de fondo \u00a0frente a la petici\u00f3n formulada por la Gobernaci\u00f3n de \u00a0Guaviare ante el Departamento Administrativo de la Funci\u00f3n \u00a0P\u00fablica, no obstante, aclar\u00f3 que si bien era evidente \u00a0la conculcaci\u00f3n del derecho de petici\u00f3n del ente \u00a0territorial, no conced\u00eda el amparo por haber otorgado en un \u00a0caso id\u00e9ntico la protecci\u00f3n suplicada para que la \u00a0accionada otorgara respuesta frente a la misma reclamaci\u00f3n \u00a0presentada por la entidad departamental (fls. 72-78). \u00a0<\/p>\n
4. \u00a0El \u00a030 de enero de 2015, la apoderada de la Presidencia de la Rep\u00fablica \u00a0y de la Naci\u00f3n \u2013 Departamento Administrativo de la \u00a0Presidencia de la Rep\u00fablica, alleg\u00f3 contestaci\u00f3n \u00a0a la tutela en la que se opuso a las pretensiones de la misma y \u00a0solicit\u00f3 que se denegara por improcedente (fls. 79-87). \u00a0<\/p>\n
5 \u00a0Inconformes \u00a0con lo resuelto por el Tribunal, las solicitantes de la protecci\u00f3n \u00a0impugnaron el fallo, reiterando los argumentos expuestos desde el \u00a0inicio (fls. 121-133). \u00a0<\/p>\n
II. \u00a0CONSIDERACIONES \u00a0<\/p>\n
1. \u00a0Ha \u00a0sido invariable la posici\u00f3n de la jurisprudencia de esta Corte \u00a0al se\u00f1alar que uno de los principios esenciales que orienta la \u00a0acci\u00f3n consagrada en el art\u00edculo 86 de la Constituci\u00f3n \u00a0Pol\u00edtica es el de subsidiariedad. \u00a0<\/p>\n
El postulado \u00a0enunciado est\u00e1 referido a la ausencia de un instrumento \u00a0jur\u00eddico eficaz para la salvaguarda oportuna de los derechos \u00a0objeto de violaci\u00f3n o amenaza, toda vez que al amparo no se le \u00a0puede considerar como un mecanismo alternativo o adicional del \u00a0presunto afectado con la vulneraci\u00f3n, pues su finalidad no \u00a0consiste en reemplazar los tr\u00e1mites establecidos por el \u00a0legislador para la protecci\u00f3n de los ciudadanos. \u00a0<\/p>\n
En \u00a0armon\u00eda con lo anterior, el art\u00edculo 6\u00b0 del Decreto \u00a02591 de 1991 que regula la acci\u00f3n de tutela estableci\u00f3 \u00a0como causal de improcedencia la de existir \u00abotros \u00a0recursos o medios de defensa judiciales\u00bb, \u00a0dejando a salvo igual principio al consagrado por el Constituyente \u00a0respecto a que la primera se utilizara como \u00abmecanismo \u00a0transitorio para evitar un perjuicio irremediable\u00bb, \u00a0advirtiendo eso s\u00ed que la existencia de tales herramientas \u00a0ser\u00eda apreciada \u00aben \u00a0concreto, en cuanto a su eficacia, atendiendo las circunstancias en \u00a0que se encuentre el solicitante\u00bb. \u00a0<\/p>\n
Se estructura as\u00ed \u00a0uno de los requisitos de procedibilidad del se\u00f1alado \u00a0mecanismo, esto es su car\u00e1cter subsidiario o residual, ya que \u00a0s\u00f3lo procede ante la ausencia de un instrumento constitucional \u00a0o legalmente creado para ser utilizado mediante las v\u00edas \u00a0ordinarias. \u00a0<\/p>\n
En \u00a0efecto, se \u00a0advierte que las tutelantes pretenden por medio de este mecanismo \u00a0excepcional se ordene a las accionadas, que en su calidades de \u00a0servidoras p\u00fablicas se les reconozca y cancele la prima de \u00a0servicios correspondiente al a\u00f1o 2014, cuesti\u00f3n que \u00a0escapa al escenario de la acci\u00f3n de tutela, toda vez que para \u00a0dichos reclamos el legislador a previsto procedimientos eficaces en \u00a0la jurisdicci\u00f3n contenciosa administrativa o en la ordinaria, \u00a0seg\u00fan sea el caso, a los cuales deben acudir las quejosas a \u00a0efectos de discutir lo que por esta v\u00eda plantean. \u00a0<\/p>\n
En \u00a0tal sentido ha sido insistente esta Corte, en indicar que en \u00a0materia \u00a0de derechos prestacionales no procede el amparo \u00ab\u2026porque \u00a0de una parte, las garant\u00edas derivadas de la seguridad social \u00a0son, por definici\u00f3n, de avance progresivo y no de naturaleza \u00a0fundamental, y de otra, se ha asignado a la jurisdicci\u00f3n \u00a0ordinaria y a la contencioso administrativa seg\u00fan el caso, la \u00a0competencia para resolver los conflictos relativos a ella, los \u00a0cuales, por regla general, se consideran de estirpe legal, de ah\u00ed \u00a0que resulten ajenos a la \u00f3rbita que se reserva al juez \u00a0constitucional\u00bb. \u00a0(CSJ SC 21 Mar 2012, exp. 2012-00297-01). \u00a0<\/p>\n
Ahora, \u00a0las promotoras de la queja constitucional, no acreditaron un \u00a0perjuicio irremediable que autorice su utilizaci\u00f3n de manera \u00a0transitoria, pues en el caso no se demostr\u00f3 un da\u00f1o \u00a0\u00abgrave \u00a0e inminente, no meramente eventual, que s\u00f3lo pueda conjurarse \u00a0con las medidas urgentes e impostergables propias de la tutela\u00bb \u00a0(CSJ SC 14 Dic 2011, exp. 2011-00162-01; 3 Jul 2012, exp. \u00a02012-00135-01; 18 Oct 2012, exp. 2012-00213-01; 7 Mar 2013, exp. \u00a02012-00581-01). \u00a0<\/p>\n
De \u00a0all\u00ed que no sea evidente un menoscabo tal que habilitara a las \u00a0ciudadanas para ejercer el mecanismo excepcional, que conlleve a que \u00a0se pasen por alto los tr\u00e1mites, procesos y procedimientos \u00a0establecidos. \u00a0<\/p>\n
3. \u00a0De lo anterior se colige que la protecci\u00f3n deb\u00eda \u00a0negarse y por ello se confirmar\u00e1 el fallo objeto de \u00a0cuestionamiento. \u00a0<\/p>\n
III. DECISI\u00d3N \u00a0<\/p>\n
En \u00a0m\u00e9rito de lo expuesto la Corte Suprema de Justicia, en Sala de \u00a0Casaci\u00f3n Civil, administrando justicia en nombre de la \u00a0Rep\u00fablica de Colombia y por autoridad de la ley, \u00a0CONFIRMA la \u00a0sentencia de procedencia y fecha se\u00f1aladas. \u00a0<\/p>\n
Comun\u00edquese \u00a0telegr\u00e1ficamente esta decisi\u00f3n a los interesados y en \u00a0oportunidad, rem\u00edtanse las diligencias a la Corte \u00a0Constitucional para su eventual revisi\u00f3n. \u00a0<\/p>\n
LUIS ARMANDO \u00a0TOLOSA VILLABONA \u00a0<\/p>\n
Presidente de Sala \u00a0<\/p>\n
MARGARITA \u00a0CABELLO BLANCO \u00a0<\/p>\n
\u00c1LVARO \u00a0FERNANDO GARC\u00cdA RESTREPO \u00a0<\/p>\n
FERNANDO \u00a0GIRALDO GUTI\u00c9RREZ \u00a0<\/p>\n
ARIEL SALAZAR \u00a0RAM\u00cdREZ \u00a0<\/p>\n
JES\u00daS \u00a0VALL DE RUT\u00c9N RUIZ \u00a0<\/p>\n
\u00a0 \u00a0 \u00a0\u00a0<\/p>\n
<\/p>\n","protected":false},"excerpt":{"rendered":"
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