{"id":89323,"date":"2024-05-31T22:12:54","date_gmt":"2024-05-31T22:12:54","guid":{"rendered":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/2024\/05\/31\/stc3027-2015\/"},"modified":"2024-05-31T22:12:54","modified_gmt":"2024-05-31T22:12:54","slug":"stc3027-2015","status":"publish","type":"post","link":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/2024\/05\/31\/stc3027-2015\/","title":{"rendered":"STC 3027 2015"},"content":{"rendered":"\n<p>\u00a0 \u00a0 \u00a0 Rep\u00fablica \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 de Colombia \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0<\/p>\n<p>\u00a0\u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0<\/p>\n<p>\u00a0\u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0<\/p>\n<p>\u00a0\u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0<\/p>\n<p>Corte \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0Suprema de Justicia \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0<\/p>\n<p>\u00a0\u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0<\/p>\n<p>\u00a0 \u00a0\u00a0<\/p>\n<p>CORTE SUPREMA \u00a0DE JUSTICIA \u00a0<\/p>\n<p>SALA DE \u00a0CASACI\u00d3N CIVIL \u00a0<\/p>\n<p>ARIEL SALAZAR \u00a0RAM\u00cdREZ \u00a0<\/p>\n<p>Magistrado \u00a0ponente \u00a0<\/p>\n<p>STC3027-2015 \u00a0<\/p>\n<p>Radicaci\u00f3n \u00a0n.\u00b0 11001-02-03-000-2015-00051-01 \u00a0<\/p>\n<p>(Aprobado en \u00a0sesi\u00f3n de dieciocho \u00a0de marzo de dos mil quince) \u00a0<\/p>\n<p>Bogot\u00e1, D. \u00a0C., diecinueve (19) de marzo de dos mil quince (2015). \u00a0<\/p>\n<p>La Corte decide la \u00a0impugnaci\u00f3n formulada contra el fallo proferido el veintinueve \u00a0de enero de dos mil quince por la Sala Civil del Tribunal Superior \u00a0del Distrito Judicial de esta ciudad, en la acci\u00f3n de tutela \u00a0promovida por Edgardo Javier Hoyos Angulo contra la Direcci\u00f3n \u00a0de Sanidad de la Polic\u00eda Nacional. \u00a0<\/p>\n<p>I. ANTECEDENTES \u00a0<\/p>\n<p>A. La \u00a0pretensi\u00f3n \u00a0<\/p>\n<p>El denunciante \u00a0solicit\u00f3 le sean protegidos sus derechos fundamentales a la \u00a0defensa y debido proceso, que consider\u00f3 vulnerados por la \u00a0Direcci\u00f3n de Sanidad de la Polic\u00eda Nacional al emitir \u00a0las resoluciones N\u00b0090 de 16 de julio, 135 de 22 de agosto y 157 \u00a0de 17 de septiembre de 2014, que declararon la caducidad del contrato \u00a0de prestaci\u00f3n de servicios profesionales como M\u00e9dico \u00a0Especialista I \u2013 Internista. \u00a0<\/p>\n<p>En consecuencia, \u00a0solicit\u00f3 se revoquen las mismas. [Folios \u00a052-61, c.1]. \u00a0<\/p>\n<p>B. Los hechos \u00a0<\/p>\n<p>\u00a0 \u00a0\u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0<\/p>\n<p>1. El 7 de marzo de \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a02014, el actor celebr\u00f3 Contrato N\u00b081-720042-14 con la \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0Direcci\u00f3n de Sanidad de la Polic\u00eda Nacional, cuyo \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0objeto era la prestaci\u00f3n de sus servicios profesionales como \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0M\u00e9dico Especialista I \u2013 Internista por un tiempo no \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0inferior a 44 horas semanales ni 190 mensuales, \u00a0cuyo plazo de \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0ejecuci\u00f3n era de 9 meses. \u00a0<\/p>\n<p>\u00a0 \u00a0\u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0<\/p>\n<p>2. Afirm\u00f3 el \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0quejoso que las partes concertaron verbalmente que los turnos se \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0asignar\u00edan \u00fanicamente en horas de la noche, no \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0obstante, la tutelada los program\u00f3 tambi\u00e9n en jornada \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0diurna lo que imposibilit\u00f3 el cumplimiento del contrato. \u00a0<\/p>\n<p>\u00a0 \u00a0\u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0<\/p>\n<p>3. Por tal raz\u00f3n, \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0mediante resoluci\u00f3n N\u00b0090 de 16 de julio 2014, la \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0accionada declar\u00f3 la caducidad del contrato e hizo efectiva \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0la cl\u00e1usula penal pactada por valor de $6.781.632.53, \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0decisi\u00f3n recurrida en reposici\u00f3n por el reclamante.<\/p>\n<p>4. En Resoluci\u00f3n \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0N\u00b0135 de 22 de agosto de 2014 se decidi\u00f3 el mismo, y la \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0oficina acusada mantuvo su decisi\u00f3n. \u00a0<\/p>\n<p>\u00a0 \u00a0\u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0<\/p>\n<p>5. Contra tal \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0negativa present\u00f3 apelaci\u00f3n, la cual se declar\u00f3 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0inadmisible en resoluci\u00f3n N\u00b0142 del 28 de agosto de 2014, \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0la que se impugn\u00f3 mediante recurso de queja. \u00a0<\/p>\n<p>\u00a0 \u00a0\u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0<\/p>\n<p>6. En resoluci\u00f3n \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0N\u00ba 157 de 17 de septiembre de 2014, lo rechaz\u00f3 por \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0improcedente. \u00a0<\/p>\n<p>\u00a0 \u00a0\u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0<\/p>\n<p>7. Asegur\u00f3 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0que con su actuaci\u00f3n la contratante vulner\u00f3 su derecho \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0de defensa y debido proceso por cuanto la decisi\u00f3n unilateral \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0adoptada es injusta, y cercen\u00f3 su garant\u00eda de la doble \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0instancia por rechazar la queja planteada. [folio 59] \u00a0<\/p>\n<p>C. El tr\u00e1mite \u00a0de la primera instancia \u00a0<\/p>\n<p>1. El 16 de enero \u00a0de 2015 se admiti\u00f3 la tutela y se orden\u00f3 la \u00a0notificaci\u00f3n a la acusada para se manifestara al respecto. \u00a0[Folio 69, c.2] \u00a0<\/p>\n<p>2. La \u00a0citada manifest\u00f3 que su actuaci\u00f3n se ajust\u00f3 al \u00a0r\u00e9gimen legal y que la tutela no es el mecanismo id\u00f3neo \u00a0para la defensa de los derechos que se invocan, ya \u00a0que tiene \u00a0car\u00e1cter residual y existen otros medios judiciales efectivos. \u00a0<\/p>\n<p>Puntualiz\u00f3 \u00a0que no se le vulner\u00f3 el derecho a la doble instancia, ya que \u00a0tales decisiones no contaban con el recurso de apelaci\u00f3n como \u00a0lo refiri\u00f3 el ente demandado. \u00a0<\/p>\n<p>4. \u00a0Por estar en desacuerdo con la decisi\u00f3n, el \u00a0actor la impugn\u00f3, sin manifestar las razones de su \u00a0inconformidad \u00a0[Folio 86, c.1] \u00a0<\/p>\n<p>II. \u00a0CONSIDERACIONES \u00a0<\/p>\n<p>Cuando \u00a0el art\u00edculo 86 \u00a0de la Carta Pol\u00edtica cre\u00f3 un tr\u00e1mite preferente \u00a0y sumario al alcance del ciudadano, para reclamar la efectividad \u00a0inmediata de sus prerrogativas fundamentales, lo hizo bajo la \u00a0insoslayable premisa de que no dispusiera el agredido de \u00abotro \u00a0medio \u00a0de defensa judicial\u00bb, \u00a0salvo que se utilizara como mecanismo \u00a0transitorio para evitar \u00a0un perjuicio irremediable, postulados reiterados en el canon 6\u00b0 \u00a0del Decreto 2591 de 1991, advirtiendo que deb\u00edan ser \u00a0apreciados \u00aben \u00a0concreto, en cuanto a su eficacia, atendiendo las circunstancias en \u00a0que se encuentre el solicitante\u00bb. \u00a0<\/p>\n<p>En \u00a0ese orden, la \u00a0protecci\u00f3n se caracteriza por la prevalencia del principio de \u00a0la subsidiariedad, ya que s\u00f3lo es viable ante la ausencia de \u00a0un instrumento eficaz que salvaguarde \u00a0oportunamente el derecho objeto de violaci\u00f3n o amenaza, y por \u00a0lo tanto, no puede consider\u00e1rsele un componente alternativo o \u00a0adicional del presunto afectado con la vulneraci\u00f3n, pues su \u00a0finalidad no consiste en remplazar los procedimientos legales que \u00a0tambi\u00e9n pueden amparar el bien jur\u00eddico invocado. \u00a0<\/p>\n<p>2. En el caso \u00a0analizado, se evidencia que el censor pretende se revoquen los actos \u00a0administrativos mediante los cuales se declar\u00f3 la caducidad \u00a0del contrato de prestaci\u00f3n de servicios profesionales en \u00a0calidad de m\u00e9dico internista que \u00e9l suscribi\u00f3 \u00a0con la querellada, y se mantuvo en firme tal determinaci\u00f3n, \u00a0pedimentos que no est\u00e1n llamados a ser acogidos por \u00a0improcedentes. \u00a0<\/p>\n<p>En efecto, como \u00a0bien lo manifest\u00f3 el Tribunal a \u00a0quo, el \u00a0promotor de la queja puede discutir a trav\u00e9s del medio de \u00a0control de \u00abcontroversias contractuales\u00bb los argumentos \u00a0aqu\u00ed esbozados, pues conforme con lo estipulado por el \u00a0art\u00edculo 147 de la Ley 1437 de 2011, \u00ab[C]ualquiera \u00a0de las partes de un contrato del Estado podr\u00e1 pedir que se \u00a0declare su existencia o su nulidad, que se ordene su revisi\u00f3n, \u00a0que se declare su incumplimiento, que se declare la nulidad de los \u00a0actos administrativos contractuales, que se condene al responsable a \u00a0indemnizar los perjuicios, y que se hagan otras declaraciones y \u00a0condenas (\u2026)\u00bb. \u00a0<\/p>\n<p>Adicionalmente, \u00a0 el \u00a0art\u00edculo \u00a0229 \u00a0del \u00a0mismo \u00a0c\u00f3digo \u00a0<\/p>\n<p>establece \u00a0que en todos los procesos declarativos antes de ser notificado el \u00a0auto admisorio de la demanda, o en cualquier estado del proceso, \u00a0pueden practicarse medidas cautelares, dentro de las cuales se \u00a0encuentra la suspensi\u00f3n provisional, prevista en el mismo \u00a0cap\u00edtulo en el art\u00edculo 231. \u00a0<\/p>\n<p>Sobre el punto, \u00a0esta Corporaci\u00f3n ha sostenido: \u00ab[e]s, \u00a0entonces, en el escenario de la respectiva acci\u00f3n contencioso \u00a0administrativa que la actora puede invocar las razones aqu\u00ed \u00a0planteadas, con miras a que el juez natural de la actividad de la \u00a0administraci\u00f3n p\u00fablica tome la decisi\u00f3n que en \u00a0derecho corresponde, am\u00e9n de que en esta instancia tambi\u00e9n \u00a0pueda solicitarse la suspensi\u00f3n provisional, medida cautelar \u00a0prevista en el C\u00f3digo Contencioso Administrativo contra los \u00a0actos administrativos de contenido general o particular, siempre que \u00a0se cumplan ciertos requisitos (arts. 152 y ss.) y que de hallarse \u00a0fundada es suficiente para frenar una eventual ilegalidad manifiesta \u00a0de la administraci\u00f3n, mientras se decide el asunto, lo cual \u00a0descarta la posibilidad de conceder el amparo solicitado\u00bb1. \u00a0<\/p>\n<p>Resulta, entonces, \u00a0ostensible, que si el tutelante no ha hecho uso de todas las \u00a0herramientas que le brinda el ordenamiento jur\u00eddico, por medio \u00a0de la queja constitucional no se puede proveer la soluci\u00f3n de \u00a0una cuesti\u00f3n que corresponde dirimir al juez natural, a trav\u00e9s \u00a0del mecanismo establecido para tal fin. \u00a0<\/p>\n<p>Recu\u00e9rdese \u00a0que la tutela es un medio subsidiario llamado a aplicarse s\u00f3lo \u00a0cuando en el escenario del respectivo tr\u00e1mite judicial no \u00a0logran protegerse los derechos fundamentales invocados, pero en \u00a0ning\u00fan momento puede desplazar a los funcionarios a quienes la \u00a0Constituci\u00f3n o la ley les han asignado la competencia para \u00a0resolver controversias como las que aqu\u00ed se discuten, supuesto \u00a0que llevar\u00eda a invadir su \u00f3rbita de acci\u00f3n y a \u00a0quebrantar la Carta Pol\u00edtica. \u00a0<\/p>\n<p>Y aun cuando de \u00a0manera excepcional \u00e9sta procede incluso ante la existencia de \u00a0otros medios de protecci\u00f3n judicial, cuando tiene por fin \u00a0evitar la ocurrencia de un perjuicio irremediable, ante una violaci\u00f3n \u00a0patente de los imperativos legales, en el presente asunto, el \u00a0denunciante no demostr\u00f3 tal afectaci\u00f3n. \u00a0<\/p>\n<p>4. Por otra parte, \u00a0en lo tocante con la vulneraci\u00f3n del principio de la doble \u00a0instancia, debe acudirse a los art\u00edculos 14 y 77 de la Ley 80 \u00a0de 1993, que establecen que \u00ab[C]ontra \u00a0los actos administrativos que ordenen la interpretaci\u00f3n, \u00a0modificaci\u00f3n y terminaci\u00f3n unilaterales, proceder\u00e1 \u00a0el recurso de reposici\u00f3n, sin perjuicio de la acci\u00f3n \u00a0contractual que puede intentar el contratista (\u2026)\u00bb \u00a0y que \u00ab[L]os \u00a0actos administrativos que se produzcan con motivo u ocasi\u00f3n de \u00a0la actividad contractual s\u00f3lo ser\u00e1n susceptibles de \u00a0recurso de reposici\u00f3n \u00a0y del ejercicio de la acci\u00f3n \u00a0contractual (\u2026) \u00bb, \u00a0normas de las cuales se colige que no hubo afectaci\u00f3n alguna \u00a0al respecto, ya que el auto administrativo atacado solo era \u00a0susceptible de reposici\u00f3n. \u00a0<\/p>\n<p>5. De lo anterior \u00a0se concluye que la protecci\u00f3n deb\u00eda negarse y por ello \u00a0se confirmar\u00e1 el fallo objeto de cuestionamiento. \u00a0<\/p>\n<p>III. DECISI\u00d3N \u00a0<\/p>\n<p>En m\u00e9rito \u00a0de lo expuesto, la Corte Suprema de Justicia, en Sala de Casaci\u00f3n \u00a0Civil, administrando justicia en nombre de la Rep\u00fablica y por \u00a0autoridad de la ley, CONFIRMA \u00a0la \u00a0sentencia impugnada. \u00a0<\/p>\n<p>Comun\u00edquese \u00a0telegr\u00e1ficamente lo aqu\u00ed resuelto a las partes; y, en \u00a0oportunidad, rem\u00edtase el expediente a la Corte Constitucional, \u00a0para su eventual revisi\u00f3n. \u00a0<\/p>\n<p>LUIS \u00a0ARMANDO TOLOSA VILLABONA \u00a0<\/p>\n<p>Presidente \u00a0de Sala \u00a0<\/p>\n<p>\u00c1LVARO \u00a0FERNANDO GARC\u00cdA RESTREPO \u00a0<\/p>\n<p>FERNANDO \u00a0GIRALDO GUTI\u00c9RREZ \u00a0<\/p>\n<p>ARIEL \u00a0SALAZAR RAM\u00cdREZ \u00a0<\/p>\n<p>JES\u00daS \u00a0VALL DE RUT\u00c9N RUIZ \u00a0<\/p>\n<p>1 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0Sentencia de 18 de octubre de 2007, exp. 2007-00321-01, reiterada \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0sentencia de 21 de mayo de 2008, exp. 2008-00107-01 y sentencia de \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a014 de octubre de 2011, exp. 54001-22-13-000-2011-00201-01. \u00a0<\/p>\n<p>\u00a0 \u00a0 \u00a0\u00a0<\/p>\n<p><\/p>\n","protected":false},"excerpt":{"rendered":"<p>\u00a0 \u00a0 \u00a0 Rep\u00fablica \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 de Colombia \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0\u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0\u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0\u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 Corte \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0Suprema de Justicia \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0\u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0\u00a0 CORTE SUPREMA \u00a0DE JUSTICIA [&hellip;]<\/p>\n","protected":false},"author":1,"featured_media":0,"comment_status":"open","ping_status":"open","sticky":false,"template":"","format":"standard","meta":{"footnotes":""},"categories":[96],"tags":[],"class_list":["post-89323","post","type-post","status-publish","format-standard","hentry","category-96"],"_links":{"self":[{"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/posts\/89323","targetHints":{"allow":["GET"]}}],"collection":[{"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/posts"}],"about":[{"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/types\/post"}],"author":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/users\/1"}],"replies":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/comments?post=89323"}],"version-history":[{"count":0,"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/posts\/89323\/revisions"}],"wp:attachment":[{"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/media?parent=89323"}],"wp:term":[{"taxonomy":"category","embeddable":true,"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/categories?post=89323"},{"taxonomy":"post_tag","embeddable":true,"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/tags?post=89323"}],"curies":[{"name":"wp","href":"https:\/\/api.w.org\/{rel}","templated":true}]}}