\u00a0 \u00a0 \u00a0 Rep\u00fablica \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 de Colombia \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0<\/p>\n
\u00a0\u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0<\/p>\n
\u00a0\u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0<\/p>\n
\u00a0\u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0<\/p>\n
Corte \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0Suprema de Justicia \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0<\/p>\n
\u00a0 \u00a0\u00a0<\/p>\n
CORTE \u00a0SUPREMA \u00a0 DE \u00a0JUSTICIA \u00a0<\/p>\n
SALA \u00a0DE CASACI\u00d3N CIVIL \u00a0<\/p>\n
\u00c1LVARO \u00a0FERNANDO GARC\u00cdA RESTREPO \u00a0<\/p>\n
Magistrado \u00a0ponente \u00a0<\/p>\n
STC3133-2015 \u00a0<\/p>\n
Radicaci\u00f3n \u00a0n.\u00b0 11001-02-03-000-2015-00515-00 \u00a0<\/p>\n
(Aprobado \u00a0en sesi\u00f3n de dieciocho de marzo de dos mil quince) \u00a0<\/p>\n
Bogot\u00e1, \u00a0D. C., diecinueve (19) de marzo de dos mil quince (2015).- \u00a0<\/p>\n
La \u00a0Corte resuelve la acci\u00f3n de tutela interpuesta por el \u00a0se\u00f1or Jorge Enrique G\u00f3mez Montealegre contra la Sala de \u00a0Casaci\u00f3n Penal de la Corte Suprema de Justicia. \u00a0<\/p>\n
ANTECEDENTES \u00a0<\/p>\n
1. \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0Jorge \u00a0Enrique G\u00f3mez Montealegre manifiesta \u00a0que en el tr\u00e1mite del proceso penal que se adelant\u00f3 \u00a0contra el se\u00f1or Jos\u00e9 Joaqu\u00edn Guevara \u00a0Rico por \u00a0el delito de invasi\u00f3n de tierras o edificaciones, en el \u00a0Juzgado Promiscuo Municipal de Villanueva, se incurri\u00f3 en un \u00a0proceder que comporta la vulneraci\u00f3n de los derechos \u00a0fundamentales al debido proceso, a la propiedad, a la verdad y a \u00a0tener oportuna y cumplida justicia. \u00a0<\/p>\n
2. \u00a0El promotor de la petici\u00f3n afirma que fue denunciado por el \u00a0se\u00f1or Guevara Rico \u00abpor \u00a0el delito de invasi\u00f3n de tierras, investigaci\u00f3n que \u00a0culmin\u00f3 con inhibitorio y luego fue desistida por el quejoso\u00bb, \u00a0en relaci\u00f3n con la finca La Comarca. \u00a0<\/p>\n
2.1. \u00a0Informa que por la misma conducta y respecto del mismo fundo, con \u00a0posterioridad formul\u00f3 denuncia contra el citado Guevara Rico, \u00a0asunto que concluy\u00f3 con \u00abcondena \u00a0para \u00e9ste, en primera y segunda instancia\u00bb. \u00a0<\/p>\n
2.2. \u00a0Aduce que no obstante lo anterior, la autoridad acusada \u00a0\u00abdesconociendo \u00a0la prueba existente y el concepto del procurador, dispuso casar la \u00a0sentencia de condena, abs[olviendo] \u00a0de \u00a0los cargos a GUEVARA RICO y ordena[ndole] \u00a0que deb[\u00eda] \u00a0entregarle la finca a [aqu\u00e9l]\u00bb. \u00a0<\/p>\n
2.3. \u00a0Destaca que con ese fallo se le han quebrantado las garant\u00edas \u00a0invocadas, dado que se soslay\u00f3 tener en cuenta que el citado \u00a0predio \u00abfue \u00a0comprado por [\u00e9l], \u00a0ah\u00ed est\u00e1 la escritura, la finca [l]e \u00a0fue entregada (\u2026), por contrato de arrendamiento, mientras \u00a0pagaba la finca. La promesa de compraventa la celebr[\u00f3] \u00a0(\u2026) con el vendedor, m\u00e9dico CAMILO VARGAS\u00bb \u00a0(fls. 1 y 2, cdno. 1). \u00a0<\/p>\n
3. \u00a0 Pide que en sede constitucional, \u00abse \u00a0le ordene a la Corte, Sala Penal, resolver en derecho y acorde con lo \u00a0obrante en el plenario o lo que corresponda\u00bb (fl. \u00a03 idem). \u00a0<\/p>\n
4. \u00a0 El 10 de marzo de 2015, se admiti\u00f3 a tr\u00e1mite la \u00a0demanda de tutela presentada, se orden\u00f3 surtir la publicidad \u00a0de rigor y aportar la documentaci\u00f3n e informaci\u00f3n \u00a0necesarias. \u00a0<\/p>\n
CONSIDERACIONES \u00a0<\/p>\n
1. \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0Se \u00a0evoca que la acci\u00f3n de tutela es un mecanismo particular \u00a0establecido por la Constituci\u00f3n Pol\u00edtica de 1991, para \u00a0la protecci\u00f3n inmediata de los derechos fundamentales de las \u00a0personas, frente a la amenaza o violaci\u00f3n que, en cuanto a \u00a0ellos, pueda derivarse de la actuaci\u00f3n u omisi\u00f3n de las \u00a0autoridades p\u00fablicas o de los particulares, sin que se \u00a0constituya o perfile en una v\u00eda sustitutiva o paralela de los \u00a0medios ordinarios de defensa que la misma norma superior y la ley \u00a0consagran para la salvaguarda de tal clase de derechos. \u00a0<\/p>\n
Tambi\u00e9n \u00a0que, en l\u00ednea de principio, el mencionado mecanismo procesal \u00a0no procede respecto de providencias y actuaciones judiciales, salvo \u00a0que se est\u00e9 en frente del evento excepcional en el que el \u00a0juzgador adopta una determinaci\u00f3n o adelanta un tr\u00e1mite \u00a0en forma alejada de lo razonable, fruto del capricho o de manera \u00a0desconectada del ordenamiento aplicable, con vulneraci\u00f3n o \u00a0amenaza de los derechos fundamentales del respectivo ciudadano, caso \u00a0en el cual es pertinente que el juez constitucional act\u00fae con \u00a0el prop\u00f3sito de conjurar o prevenir el agravio que con la \u00a0actuaci\u00f3n censurada se pueda causar a las partes o \u00a0intervinientes en el proceso. \u00a0<\/p>\n
2. \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0Analizadas \u00a0por la Corte las puntuales acusaciones y las concretas pretensiones \u00a0que en el terreno de los derechos fundamentales present\u00f3, \u00a0el 19 de febrero de 2015, el \u00a0se\u00f1or Jorge Enrique G\u00f3mez Montealegre contra la Sala de \u00a0Casaci\u00f3n Penal de la Corte Suprema de Justicia (fl. \u00a01 idem), \u00a0y con fundamento en lo que revelan los elementos de persuasi\u00f3n \u00a0allegados al expediente, se colige que no tiene vocaci\u00f3n de \u00a0prosperidad la presente acci\u00f3n de tutela. \u00a0<\/p>\n
Deriva \u00a0la afirmaci\u00f3n anterior de que la \u00a0tem\u00e1tica censurada, vale decir, lo resuelto en el acotado \u00a0tr\u00e1mite judicial, fue cerrado por la autoridad judicial \u00a0acusada mediante sentencia emitida el 18 de diciembre de 2013 (fls. \u00a054 a 104 idem), \u00a0de manera que ahora se pretende criticar una \u00a0providencia judicial \u00a0dictada hace m\u00e1s de catorce (14) meses, lo \u00a0que evidencia el incumplimiento del requisito de inmediatez \u00a0caracter\u00edstico de la acci\u00f3n de tutela, pues aunque las \u00a0disposiciones \u00a0que disciplinan el amparo constitucional no fijan un t\u00e9rmino \u00a0espec\u00edfico para su formulaci\u00f3n, de acuerdo con los \u00a0principios y criterios que gobiernan dicho mecanismo, atinentes a la \u00a0urgencia, celeridad y eficacia \u00a0-art\u00edculo \u00a03\u00ba del Decreto 2591 de 1991-, se requiere que los interesados \u00a0act\u00faen tan pronto tenga ocurrencia el hecho generador de la \u00a0supuesta vulneraci\u00f3n de los derechos fundamentales. \u00a0<\/p>\n
Se \u00a0observa, por tanto, que la pretensi\u00f3n de tutela no se formul\u00f3 \u00a0dentro de un moderado y prudencial plazo, pues como se rese\u00f1\u00f3, \u00a0transcurri\u00f3 un tiempo significativo desde que la Sala de \u00a0Casaci\u00f3n Penal de la Corte Suprema de Justicia clausur\u00f3 \u00a0aquella discusi\u00f3n, cuesti\u00f3n que pone de relieve la \u00a0tardanza del querellante G\u00f3mez Montealegre y denota el \u00a0quebranto del requisito b\u00e1sico de inmediatez que rige el \u00a0tr\u00e1mite previsto por el art\u00edculo 86 de la Carta \u00a0Pol\u00edtica, seg\u00fan el cual el menoscabo de una garant\u00eda \u00a0de linaje constitucional fundamental impone, en el terreno de que se \u00a0trata, una pronta reacci\u00f3n del supuesto lesionado o agraviado. \u00a0<\/p>\n
En \u00a0esta materia, \u00a0se ha se\u00f1alado de manera uniforme y repetida, por la \u00a0jurisprudencia constitucional, que \u00a0<\/p>\n
\u00ab[t]al \u00a0conclusi\u00f3n no responde a un parecer arbitrario de esta Sala; \u00a0por el contrario, coincide con la posici\u00f3n que sobre el tema \u00a0han fijado la jurisprudencia constitucional y la doctrina nacional. \u00a0En efecto, a pesar de la desaparici\u00f3n del t\u00e9rmino de \u00a0caducidad de dos meses que el art\u00edculo 11 del Decreto 2591 de \u00a01991 hab\u00eda consagrado para ejercer la acci\u00f3n de tutela, \u00a0declarado inexequible por sentencia C-543 de 1992 de la Corte \u00a0Constitucional, con posterioridad a ese pronunciamiento se ha \u00a0determinado por la jurisprudencia constitucional, incluida la de esta \u00a0Sala, que aunque no existe propiamente un plazo espec\u00edfico \u00a0para el ejercicio de la acci\u00f3n de tutela, por su propia \u00a0naturaleza, por lo que constituye el objeto de protecci\u00f3n al \u00a0que apunta, y, en fin, por el prop\u00f3sito inherente a esa \u00a0herramienta de defensa judicial, la interposici\u00f3n del amparo \u00a0debe llevarse a cabo en un t\u00e9rmino que se avenga con la \u00a0inmediatez que contempla el art\u00edculo 86 de la Constituci\u00f3n \u00a0Pol\u00edtica, al punto de permitir que la decisi\u00f3n no sea \u00a0tard\u00eda o extempor\u00e1nea. \u00a0<\/p>\n
Con fundamento \u00a0en lo anterior, se declarar\u00e1 improcedente la acci\u00f3n de \u00a0tutela por causa de la inobservancia del principio de la inmediatez \u00a0que caracteriza su ejercicio adecuado. Esta limitaci\u00f3n tiene \u00a0como objetivo conservar y resaltar el car\u00e1cter \u00e1gil, \u00a0expedito, inmediato, de la tutela como mecanismo de protecci\u00f3n \u00a0de los derechos fundamentales que se estiman vulnerados con la acci\u00f3n \u00a0u omisi\u00f3n de la autoridad p\u00fablica acusada. \u00a0<\/p>\n
Aquellas \u00a0situaciones en que el hecho violatorio del derecho fundamental no \u00a0guarde razonable cercan\u00eda en el tiempo con el ejercicio de la \u00a0acci\u00f3n, no deben, en principio, ser amparadas, en parte a modo \u00a0de sanci\u00f3n por la demora o negligencia del accionante en \u00a0acudir a la jurisdicci\u00f3n para reclamar tal protecci\u00f3n \u00a0y, tambi\u00e9n, por evitar perjuicios, estos s\u00ed actuales, a \u00a0terceros que hayan derivado situaciones jur\u00eddicas de las \u00a0circunstancias no cuestionadas oportunamente\u00bb (CSJ \u00a0STC 3 \u00a0oct. 2007, Rad. 01230, reiterada el 8 oct. 2014, Rad. 02183). \u00a0<\/p>\n
3. \u00a0 \u00a0De acuerdo con las consideraciones precedentes, \u00a0se impone denegar la solicitud reclamada. \u00a0<\/p>\n
DECISI\u00d3N \u00a0<\/p>\n
En \u00a0m\u00e9rito de lo expuesto, la Corte Suprema de Justicia, Sala de \u00a0Casaci\u00f3n Civil, administrando justicia en nombre de la \u00a0Rep\u00fablica y por autoridad de la ley \u00a0DENIEGA \u00a0el reguardo incoado a trav\u00e9s de la acci\u00f3n de tutela \u00a0referenciada. \u00a0<\/p>\n
Comun\u00edquese \u00a0lo aqu\u00ed resuelto a las partes y, en oportunidad, rem\u00edtase \u00a0el expediente a la Corte Constitucional para que asuma lo de su \u00a0cargo. \u00a0<\/p>\n
LUIS ARMANDO \u00a0TOLOSA VILLABONA \u00a0<\/p>\n
Presidente de Sala \u00a0<\/p>\n
MARGARITA \u00a0CABELLO BLANCO \u00a0<\/p>\n
\u00c1LVARO \u00a0FERNANDO GARC\u00cdA RESTREPO \u00a0<\/p>\n
FERNANDO \u00a0GIRALDO GUTI\u00c9RREZ \u00a0<\/p>\n
ARIEL SALAZAR \u00a0RAM\u00cdREZ \u00a0<\/p>\n
JES\u00daS \u00a0VALL DE RUT\u00c9N RUIZ \u00a0<\/p>\n
\u00a0 \u00a0 \u00a0\u00a0<\/p>\n
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