\u00a0 \u00a0 \u00a0 Rep\u00fablica \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 de Colombia \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0<\/p>\n
\u00a0\u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0<\/p>\n
\u00a0\u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0<\/p>\n
\u00a0\u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0<\/p>\n
Corte \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0Suprema de Justicia \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0<\/p>\n
\u00a0 \u00a0\u00a0<\/p>\n
CORTE \u00a0SUPREMA \u00a0 DE \u00a0JUSTICIA \u00a0<\/p>\n
SALA \u00a0DE CASACI\u00d3N CIVIL \u00a0<\/p>\n
\u00c1LVARO \u00a0FERNANDO GARC\u00cdA RESTREPO \u00a0<\/p>\n
Magistrado \u00a0ponente \u00a0<\/p>\n
STC3137-2015 \u00a0<\/p>\n
Radicaci\u00f3n \u00a0n.\u00b0 11001-02-03-000-2015-00555-00 \u00a0<\/p>\n
(Aprobado \u00a0en sesi\u00f3n de dieciocho \u00a0de marzo de dos mil quince) \u00a0<\/p>\n
Bogot\u00e1, \u00a0D. C., diecinueve (19) de marzo de dos mil quince (2015).- \u00a0<\/p>\n
ANTECEDENTES \u00a0<\/p>\n
1. \u00a0 La citada interesada, en la condici\u00f3n arriba indicada, \u00a0manifiesta que en \u00a0el proceso entablado para definir la paternidad de la ni\u00f1a \u00a0XXX, hija de L. A. L. T., en relaci\u00f3n con M. F. B. R., ante el \u00a0Juzgado Segundo de Familia de esta ciudad, \u00a0se incurri\u00f3 en un proceder que socaba los derechos \u00a0fundamentales al debido proceso, a la identidad constituido por el \u00a0nombre y la filiaci\u00f3n, al estado civil y a la familia. \u00a0<\/p>\n
2. \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0La \u00a0querella se hizo consistir, b\u00e1sicamente, en que la demanda que \u00a0dio origen a las citadas diligencias fue admitida y surtido el \u00a0traslado de ocho (8) d\u00edas, tras obtenerse el resultado de la \u00a0prueba de ADN, el juzgado dispuso alegar de conclusi\u00f3n y \u00a0mediante sentencia declar\u00f3 que el se\u00f1or B. R. es el \u00a0padre biol\u00f3gico de XXX, con los efectos de car\u00e1cter \u00a0legal que implica una declaraci\u00f3n de ese car\u00e1cter. \u00a0<\/p>\n
2.1. \u00a0Informa que por el descontento de la parte demandada en torno a las \u00a0visitas all\u00ed reglamentadas, se acudi\u00f3 al recurso de \u00a0apelaci\u00f3n. \u00a0<\/p>\n
2.2. \u00a0 Aduce que en el tr\u00e1mite de la segunda instancia, el tribunal \u00a0a trav\u00e9s de providencia emitida el 31 de octubre de 2014, \u00a0\u00abdeclar\u00f3 \u00a0la nulidad de todo lo actuado argumentando que el art\u00edculo 44 \u00a0de la ley 1395 de 2010 derog\u00f3 los incisos 1\u00ba y 2\u00ba y \u00a0el par\u00e1grafo 3 del art\u00edculo 8\u00ba de la ley 721 de \u00a02001, manifestando que el tr\u00e1mite a seguir es el ORDINARIO \u00a0establecido en el art\u00edculo 396 del C. P. C. y no el dado por \u00a0el juzgado\u00bb. \u00a0<\/p>\n
2.3. \u00a0Se\u00f1ala que con la indicada decisi\u00f3n se incurri\u00f3 \u00a0en un proceder que lesiona las garant\u00edas invocadas, en \u00a0relaci\u00f3n con XXX, dado que \u00absi \u00a0bien (\u2026) dicha normatividad derog\u00f3 los art\u00edculos \u00a0en los cuales el juzgado (\u2026) se bas\u00f3 para otorgar el \u00a0tr\u00e1mite a dicha acci\u00f3n de investigaci\u00f3n de \u00a0paternidad, tambi\u00e9n lo es que (\u2026) [debe] \u00a0darse aplicaci\u00f3n al art\u00edculo 14 de la ley 75 de 1968\u00bb, \u00a0ya que \u00aba \u00a0la fecha no se encuentran vigentes las disposiciones del C\u00f3digo \u00a0General del Proceso\u00bb \u00a0(fl. 1 a 3, cdno. 1). \u00a0<\/p>\n
3. \u00a0 \u00a0Suplica que se brinde el resguardo solicitado, y que en \u00a0consecuencia, se \u00abdeje \u00a0sin valor ni efectos la providencia de fecha 31 de octubre de 2014, \u00a0proferida por la Honorable Sala de Familia del Tribunal Superior de \u00a0Bogot\u00e1 y por consiguiente todas las actuaciones realizadas por \u00a0el a quo en cumplimiento de dicha providencia\u00bb (fl. \u00a05 idem). \u00a0<\/p>\n
4. \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0Admitida \u00a0a tr\u00e1mite la queja formulada, se dispuso la publicidad de \u00a0rigor y se orden\u00f3 allegar la documentaci\u00f3n que en tal \u00a0providencia se indica. \u00a0<\/p>\n
CONSIDERACIONES \u00a0<\/p>\n
1. \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0Se \u00a0reitera que la tutela, es un mecanismo particular establecido por la \u00a0Constituci\u00f3n de 1991, para la protecci\u00f3n inmediata de \u00a0los derechos primordiales de las personas, frente a la amenaza o \u00a0violaci\u00f3n que, en cuanto a ellos, pueda derivarse de la acci\u00f3n \u00a0u omisi\u00f3n de las autoridades p\u00fablicas o de los \u00a0particulares, sin que se constituya o perfile en una v\u00eda \u00a0sustitutiva o paralela de los medios ordinarios de defensa que la \u00a0misma norma superior y la ley consagran para la salvaguarda de tal \u00a0clase de prerrogativas. \u00a0<\/p>\n
Tambi\u00e9n \u00a0que, en t\u00e9rminos generales, el mencionado mecanismo procesal \u00a0no procede respecto de providencias y actuaciones judiciales, salvo \u00a0que se est\u00e9 en frente del evento excepcional en el que el \u00a0juzgador adopta una determinaci\u00f3n o adelanta un tr\u00e1mite \u00a0en forma alejada de lo razonable, fruto del capricho o de manera \u00a0desconectada del ordenamiento aplicable, con vulneraci\u00f3n o \u00a0amenaza de los derechos fundamentales del respectivo ciudadano, caso \u00a0en el cual es pertinente que el juez constitucional act\u00fae con \u00a0el prop\u00f3sito de conjurar o prevenir el agravio que con la \u00a0actuaci\u00f3n censurada se pueda causar a las partes o \u00a0intervinientes en el proceso. \u00a0<\/p>\n
2. \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0En \u00a0el caso sometido a consideraci\u00f3n de la Corte, luego del \u00a0estudio de rigor, se concluye que la acusaci\u00f3n constitucional \u00a0presentada por Blanca Marcela Guti\u00e9rrez Ram\u00edrez, \u00a0Defensora de Familia del Instituto Colombiano de Bienestar Familiar, \u00a0desemboca en el motivo de improcedencia que prev\u00e9 el inciso 3\u00ba \u00a0del art\u00edculo 86 de la Constituci\u00f3n Pol\u00edtica, en \u00a0armon\u00eda con el numeral 1\u00ba del art\u00edculo 6\u00ba del \u00a0Decreto 2591 de 1991, habida cuenta que el prove\u00eddo que dict\u00f3 \u00a0el magistrado ponente en el sentido de \u00abDECLARAR \u00a0la nulidad de toda la actuaci\u00f3n surtida en la primera \u00a0instancia desde el auto admisorio de la demanda, en el que se \u00a0invalida \u00fanicamente su inciso 2\u00ba, esto es, el que al \u00a0admitir la demanda orden\u00f3 correr traslado al demandado por 8 \u00a0d\u00edas, para que el juez proceda a renovar la actuaci\u00f3n \u00a0declarada nula, imparti\u00e9ndose el procedimiento que le \u00a0corresponde a este proceso\u00bb (fls. \u00a021 a 24 idem), \u00a0corresponde a una providencia judicial que evidentemente pod\u00eda \u00a0impugnarse a trav\u00e9s del recurso de s\u00faplica previsto por \u00a0los art\u00edculos 363 y 364 del C\u00f3digo de Procedimiento \u00a0Civil, para que cumplidas las formalidades legales la autoridad \u00a0judicial competente definiera lo que en derecho resultara apropiado. \u00a0<\/p>\n
De \u00a0manera que si es indubitable que la interesada, en la calidad \u00a0indicada, tuvo a su alcance aquel instrumento de defensa judicial \u00a0para discutir las inconformidades que ahora se exponen como \u00a0fundamento de la acci\u00f3n de tutela con el fin de obtener la \u00a0revocatoria de la citada determinaci\u00f3n y, de acuerdo con los \u00a0soportes existentes, no procedi\u00f3 en tal sentido (fls. 25 y 26 \u00a0idem), \u00a0surge palmaria la necesidad de negar la acci\u00f3n especial \u00a0presentada, merced a que de otra manera \u00e9ste se convertir\u00eda \u00a0en una herramienta alternativa, circunstancia que choca con los \u00a0dictados de la doctrina constitucional, en cuanto que tal \u00a0<\/p>\n
mecanismo \u00a0preferente tiene un car\u00e1cter eminentemente residual, que \u00a0comporta su improcedencia \u00a0cuando se dispone de medios de defensa \u00a0judicial id\u00f3neos para propugnar por la defensa de los \u00a0derechos, ya que no fue consagrado para provocar la iniciaci\u00f3n \u00a0de procesos alternativos o restitutivos de los ordinarios, ni para \u00a0modificar reglas que fijan los diversos \u00e1mbitos de competencia \u00a0de los jueces\u201d \u00a0(CSJ STC 6 feb. 2003, Rad. 23243, reiterada 29 may. 2014, Rad. \u00a001022). \u00a0<\/p>\n
3. \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0Por \u00a0los motivos se\u00f1alados anteriormente, corresponde denegar el \u00a0amparo pretendido en el libelo especial que se decide. \u00a0<\/p>\n
DECISI\u00d3N \u00a0<\/p>\n
En \u00a0m\u00e9rito de lo expuesto, la Corte Suprema de Justicia, Sala de \u00a0Casaci\u00f3n Civil, administrando justicia en nombre de la \u00a0Rep\u00fablica y por autoridad de la ley \u00a0DENIEGA \u00a0el reguardo incoado a trav\u00e9s de la acci\u00f3n de tutela \u00a0referenciada. \u00a0<\/p>\n
El \u00a0expediente remitido a la Corte deber\u00e1 regresar al Juzgado \u00a0Segundo de Familia de esta ciudad. \u00a0<\/p>\n
Comun\u00edquese \u00a0lo aqu\u00ed resuelto a las partes y, en oportunidad, rem\u00edtase \u00a0el expediente a la Corte Constitucional para que asuma lo de su \u00a0cargo. \u00a0<\/p>\n
LUIS ARMANDO \u00a0TOLOSA VILLABONA \u00a0<\/p>\n
Presidente de Sala \u00a0<\/p>\n
MARGARITA \u00a0CABELLO BLANCO \u00a0<\/p>\n
\u00c1LVARO \u00a0FERNANDO GARC\u00cdA RESTREPO \u00a0<\/p>\n
FERNANDO \u00a0GIRALDO GUTI\u00c9RREZ \u00a0<\/p>\n
ARIEL SALAZAR \u00a0RAM\u00cdREZ \u00a0<\/p>\n
JES\u00daS \u00a0VALL DE RUT\u00c9N RUIZ \u00a0<\/p>\n
\u00a0 \u00a0 \u00a0\u00a0<\/p>\n
<\/p>\n","protected":false},"excerpt":{"rendered":"
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