\u00a0 \u00a0 \u00a0 Rep\u00fablica \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 de Colombia \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0<\/p>\n
\u00a0\u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0<\/p>\n
\u00a0\u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0<\/p>\n
Corte \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0Suprema de Justicia \u00a0 \u00a0<\/p>\n
CORTE SUPREMA \u00a0DE JUSTICIA \u00a0<\/p>\n
SALA DE \u00a0CASACI\u00d3N CIVIL \u00a0<\/p>\n
JES\u00daS \u00a0VALL DE RUT\u00c9N RUIZ \u00a0<\/p>\n
Magistrado \u00a0ponente \u00a0<\/p>\n
STC3189-2015 \u00a0<\/p>\n
Radicaci\u00f3n \u00a0n.\u00b0 73001-22-13-000-2015-00006-01 \u00a0<\/p>\n
(Aprobado \u00a0en sesi\u00f3n de dieciocho de marzo de dos mil quince) \u00a0<\/p>\n
Bogot\u00e1, \u00a0D. C., diecinueve (19) de marzo de dos mil quince (2015). \u00a0<\/p>\n
La \u00a0Corte decide la \u00a0impugnaci\u00f3n interpuesta frente al fallo de 27 de enero de \u00a02015, proferido por la Sala \u00a0Civil Familia del Tribunal Superior del Distrito Judicial de Ibagu\u00e9, \u00a0dentro de la acci\u00f3n de tutela promovida por \u00a0Harlinton Andr\u00e9s Sandoval Montalvo contra \u00a0la Procuradur\u00eda \u00a0General de la Naci\u00f3n \u2013 Grupo SIRI. \u00a0<\/p>\n
ANTECEDENTES \u00a0<\/p>\n
1. \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0El \u00a0accionante reclama la protecci\u00f3n superior de los derechos \u00a0fundamentales al debido proceso, igualdad y buen nombre, \u00a0presuntamente vulnerados por la autoridad judicial accionada con \u00a0ocasi\u00f3n del \u00a0certificado de antecedentes disciplinarios expedido el 11 de \u00a0diciembre de 2014. \u00a0<\/p>\n
2. \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0En \u00a0apoyo de su pretensi\u00f3n, en s\u00edntesis, manifest\u00f3 \u00a0que \u00a0mediante sentencia de 9 de julio de 2007, el Juzgado Segundo Penal \u00a0del Circuito Especializado de Bogot\u00e1 lo conden\u00f3 a la \u00a0pena de 108 meses y 15 d\u00edas de prisi\u00f3n e \u00a0\u00abinhabilitaci\u00f3n \u00a0para ejercer derechos y funciones p\u00fablicas por un t\u00e9rmino \u00a0igual al de la pena de prisi\u00f3n\u2026\u00bb. \u00a0A\u00f1adi\u00f3 que en sentencia de 27 de mayo de 2008 la Sala \u00a0Penal del Tribunal Superior de Cundinamarca redujo dicho quantum \u00a0punitivo \u00a0a 63 meses y 25 d\u00edas \u00a0(folio 4 del cuaderno del Tribunal). \u00a0<\/p>\n
Sostuvo \u00a0que el 11 de diciembre de 2014 la Procuradur\u00eda General de la \u00a0Naci\u00f3n le expidi\u00f3 su certificado de antecedentes \u00a0disciplinarios, en el cual aparec\u00eda registrada una \u00a0\u00abinhabilidad \u00a0para desempe\u00f1ar cargos p\u00fablicos\u00bb \u00a0por un lapso de diez a\u00f1os contados a partir del 3 de julio de \u00a02008 \u2013fecha en que qued\u00f3 ejecutoriada la condena \u00a0referida- hasta el 2 de julio de 2018 (folio 4 del cuaderno del \u00a0Tribunal). \u00a0<\/p>\n
Asever\u00f3 \u00a0que formul\u00f3 \u00a0un derecho de petici\u00f3n ante la entidad accionada pidiendo la \u00a0\u00abrectificaci\u00f3n \u00a0de los antecedentes\u00bb \u00a0con sustento en que si la pena principal impuesta en el juicio penal \u00a0seguido en su contra hab\u00eda sido reducida, igualmente debi\u00f3 \u00a0modificarse la accesoria, empero tal pedimento fue desestimado con \u00a0base en una \u00aberrada \u00a0interpretaci\u00f3n\u2026de la Ley 734 de 2002\u00bb, \u00a0pues debe aplicarse el art\u00edculo 52 del C\u00f3digo Penal el \u00a0cual establece que el castigo accesorio de \u00abinhabilitaci\u00f3n \u00a0para el ejercicio de derechos y funciones p\u00fablicas\u00bb \u00a0deber ser por \u00abun \u00a0tiempo igual al de la pena a que accede y hasta por una tercera parte \u00a0m\u00e1s\u2026\u00bb \u00a0(folios 4 y 5 del cuaderno del Tribunal). \u00a0<\/p>\n
LA RESPUESTA \u00a0DEL ACCIONADO \u00a0<\/p>\n
La \u00a0Procuradur\u00eda General de la Naci\u00f3n adujo que en virtud \u00a0de lo establecido en el art\u00edculo 174 del C\u00f3digo \u00danico \u00a0Disciplinario \u2013Ley 734 de 2002- la certificaci\u00f3n de \u00a0antecedentes deber\u00e1 contener \u00ablas \u00a0anotaciones de providencias ejecutoriadas dentro de los cinco (5) \u00a0a\u00f1os anteriores a su expedici\u00f3n y, en todo caso, \u00a0aquellas que se refieren a sanciones o inhabilidades que se \u00a0encuentren vigentes en dicho momento\u2026\u00bb. \u00a0Es por tal raz\u00f3n que en el documento expedido a favor del \u00a0actor ya no aparece registrada la pena accesoria impuesta en la causa \u00a0penal adelantada contra este, en cambio, s\u00ed se encuentra \u00a0publicitada la sanci\u00f3n de inhabilidad para desempe\u00f1ar \u00a0cargos p\u00fablicos de que trata el numeral 1 del art\u00edculo \u00a038 de la disposici\u00f3n en comento1 \u00a0(folios 28 a 35 del cuaderno del Tribunal). \u00a0<\/p>\n
LA SENTENCIA \u00a0IMPUGNADA \u00a0<\/p>\n
El \u00a0Tribunal \u00a0constitucional de primer grado desestim\u00f3 \u00a0la protecci\u00f3n tras considerar que el gestor cuenta con las \u00a0acciones contencioso administrativas para cuestionar \u00ablos \u00a0actos administrativos por medio de los cuales la entidad accionada \u00a0reglament\u00f3 el sistema de informaci\u00f3n y registro de \u00a0sanciones disciplinarias y penales y de las inhabilidades \u00a0\u201cautom\u00e1ticas\u201d, tales como las que insert\u00f3 \u00a0en el certificado expedido por el accionante\u2026\u00bb \u00a0(folios \u00a021 a 24 del cuaderno del Tribunal). \u00a0<\/p>\n
LA IMPUGNACI\u00d3N \u00a0<\/p>\n
El \u00a0promotor impugn\u00f3 el anterior fallo sin manifestar las razones \u00a0de su inconformidad (folio 39 del cuaderno del Tribunal). \u00a0<\/p>\n
CONSIDERACIONES \u00a0<\/p>\n
\u00a0 \u00a0\u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0<\/p>\n
1. Al \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0tenor del art\u00edculo 86 de la Constituci\u00f3n Pol\u00edtica, \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0la tutela es un mecanismo singular establecido para la protecci\u00f3n \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0inmediata de los derechos fundamentales de las personas, frente a la \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0amenaza o violaci\u00f3n que pueda derivarse de la acci\u00f3n u \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0omisi\u00f3n de las autoridades p\u00fablicas o, en determinadas \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0hip\u00f3tesis, de los particulares. \u00a0<\/p>\n
Tambi\u00e9n \u00a0se ha decantado que este instrumento de defensa no fue establecido \u00a0para sustituir o desplazar las competencias propias de las \u00a0autoridades judiciales o administrativas, pues, mientras las personas \u00a0tengan a su alcance medios regulares de defensa o los mismos est\u00e9n \u00a0siguiendo su curso normal, no es dable acudir a esta acci\u00f3n \u00a0constitucional, a menos que la tutela se interponga como mecanismo \u00a0transitorio para evitar un perjuicio irremediable y, por supuesto, se \u00a0observe el requisito de la inmediatez connatural a su ejercicio. \u00a0<\/p>\n
\u00a0 \u00a0\u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0<\/p>\n
2. El \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0accionante pretende \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0que \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0a \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0trav\u00e9s de este mecanismo excepcional se le ordene a la \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0Procuradur\u00eda General de la Naci\u00f3n la rectificaci\u00f3n \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0y actualizaci\u00f3n de \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0la informaci\u00f3n contenida en el certificado de antecedentes \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0disciplinarios de 11 de diciembre de 2014. \u00a0<\/p>\n
\u00a0 \u00a0\u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0<\/p>\n
3. Con \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0orientaci\u00f3n en lo anterior, se advierte que la impugnaci\u00f3n \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0no tiene vocaci\u00f3n de prosperidad, toda vez que en repetidas \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0ocasiones la Sala ha puntualizado que dicho documento, \u00a0<\/p>\n
\u2026est\u00e1 \u00a0sustentado en la Resoluci\u00f3n 156 de 2003, adicionada por la 464 \u00a0de 2008, en cuyo art\u00edculo 2\u00b0 dispone que \u2018[e]l \u00a0Certificado de Antecedentes Ordinario deber\u00e1 certificar: 1. \u00a0Las sanciones disciplinarias ejecutoriadas impuestas por autoridad \u00a0competente dentro de los cinco (5) a\u00f1os anteriores a su \u00a0expedici\u00f3n, a\u00fan cuando su duraci\u00f3n sea inferior \u00a0o instant\u00e1nea. 2. Las sanciones e inhabilidades que se \u00a0encuentren vigentes al momento de su expedici\u00f3n aunque hayan \u00a0transcurrido m\u00e1s de cinco (5) a\u00f1os desde la ejecutoria \u00a0del fallo que las impuso\u2019, la que, a su vez, se afinca en el \u00a0art\u00edculo 174 de la Ley 734 de 2002\u2026 \u00a0<\/p>\n
De \u00a0tal manera que, \u00abtrat\u00e1ndose \u00a0de un acto administrativo de car\u00e1cter general, impersonal y \u00a0abstracto, la solicitud de resguardo deviene inconducente por \u00a0configurarse la causal de improcedencia consagrada en el numeral 5\u00b0 \u00a0del art\u00edculo 6\u00b0 del Decreto 2591 de 1991\u2026\u00bb \u00a0(CSJ STC, 22 may. 2012, rad. 00120-01; reiterada el 27 jun. 2012, \u00a0rad. 2012-00405-01; 13 mar. 2013, rad. 2013-00006-01; y STC833-2014, \u00a05 feb. 2014, rad. 2013-00388-01). \u00a0<\/p>\n
\u00a0 \u00a0\u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0<\/p>\n
4. En \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0recientes ocasiones se ha acudido al resguardo constitucional con \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0pretensiones similares a la invocada por el aqu\u00ed accionante, \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0y esta Corporaci\u00f3n al respecto ha indicado que: \u00a0<\/p>\n
atendiendo \u00a0que el certificado de antecedentes disciplinarios cuestionado est\u00e1 \u00a0ligado a un acto administrativo de car\u00e1cter general, \u00a0impersonal y abstracto, deviene improcedente el amparo, por cuanto \u00a0[el actor] dispone de otro mecanismo de defensa judicial para \u00a0contrarrestar la supuesta trasgresi\u00f3n de las precitadas \u00a0prerrogativas fundamentales, ya que si est\u00e1 en desacuerdo con \u00a0sus disposiciones, el C\u00f3digo Contencioso Administrativo le \u00a0brinda la opci\u00f3n de demandar su invalidez a trav\u00e9s de \u00a0la acci\u00f3n pertinente\u2026 \u00a0(ib\u00eddem.). \u00a0<\/p>\n
\u00a0 \u00a0\u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0<\/p>\n
5. De \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0otro lado, el actor no acredit\u00f3 la configuraci\u00f3n de un \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0perjuicio irremediable en orden a conceder el amparo de manera \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0temporal o transitoria. Es decir, \u00a0<\/p>\n
\u2026no \u00a0se demostr\u00f3 la necesidad de evitar un perjuicio irremediable \u00a0que torne factible el amparo en forma transitoria, pues no hay \u00a0evidencia sobre la \u00a0presencia del da\u00f1o, esto es, grave e \u00a0inminente, no meramente eventual, que s\u00f3lo pueda conjurarse \u00a0con las medidas urgentes e impostergables propias de la tutela\u2026 \u00a0(CSJ STC, 14 dic. 2011, rad. 2011-00162-01; 18 oct. 2012, rad. \u00a02012-00213-01; 8 abr. 2013, rad. 2013-00013-01). \u00a0<\/p>\n
6. En \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0consecuencia, se confirmar\u00e1 el fallo de tutela de primera \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0instancia. \u00a0<\/p>\n
DECISI\u00d3N \u00a0<\/p>\n
En \u00a0m\u00e9rito de lo expuesto, la Corte Suprema de Justicia, en Sala \u00a0de Casaci\u00f3n Civil, administrando justicia en nombre de la \u00a0Rep\u00fablica y por autoridad de la ley, \u00a0CONFIRMA \u00a0el fallo impugnado. \u00a0<\/p>\n
Comun\u00edquese \u00a0mediante telegrama a los interesados y rem\u00edtase el expediente \u00a0a la Corte Constitucional para la eventual revisi\u00f3n. \u00a0<\/p>\n
LUIS ARMANDO \u00a0TOLOSA VILLABONA \u00a0<\/p>\n
Presidente de Sala \u00a0<\/p>\n
MARGARITA \u00a0CABELLO BLANCO \u00a0<\/p>\n
\u00c1LVARO \u00a0FERNANDO GARC\u00cdA RESTREPO \u00a0<\/p>\n
FERNANDO \u00a0GIRALDO GUTI\u00c9RREZ \u00a0<\/p>\n
ARIEL SALAZAR \u00a0RAM\u00cdREZ \u00a0<\/p>\n
JES\u00daS \u00a0VALL DE RUT\u00c9N RUIZ \u00a0<\/p>\n
1\u00abTambi\u00e9n \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0constituyen inhabilidades para desempe\u00f1ar cargos p\u00fablicos, \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0a partir de la ejecutoria del fallo, las siguientes\u20261. Adem\u00e1s \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0de la descrita en el inciso final del art\u00edculo 122 de\u00a0la \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0Constituci\u00f3n Pol\u00edtica, haber sido condenado a pena \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0privativa de la libertad mayor de cuatro a\u00f1os por delito \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0doloso dentro de los diez a\u00f1os anteriores, salvo que se trate \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0de delito pol\u00edtico\u00bb. \u00a0<\/p>\n
8 \u00a0 \u00a0 \u00a0<\/p>\n
<\/p>\n","protected":false},"excerpt":{"rendered":"
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