{"id":89436,"date":"2024-05-31T22:12:58","date_gmt":"2024-05-31T22:12:58","guid":{"rendered":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/2024\/05\/31\/stc3256-2015\/"},"modified":"2024-05-31T22:12:58","modified_gmt":"2024-05-31T22:12:58","slug":"stc3256-2015","status":"publish","type":"post","link":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/2024\/05\/31\/stc3256-2015\/","title":{"rendered":"STC 3256 2015"},"content":{"rendered":"\n<p>\u00a0 \u00a0 \u00a0 Rep\u00fablica \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 de Colombia \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0<\/p>\n<p>\u00a0\u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0<\/p>\n<p>\u00a0\u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0<\/p>\n<p>\u00a0\u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0<\/p>\n<p>\u00a0\u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0<\/p>\n<p>Corte \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0Suprema de Justicia \u00a0 \u00a0<\/p>\n<p>CORTE \u00a0 SUPREMA \u00a0DE \u00a0JUSTICIA \u00a0<\/p>\n<p>SALA \u00a0 DE \u00a0CASACI\u00d3N \u00a0CIVIL \u00a0<\/p>\n<p>\u00c1LVARO \u00a0FERNANDO GARC\u00cdA RESTREPO \u00a0<\/p>\n<p>STC3256-2015 \u00a0<\/p>\n<p>Radicaci\u00f3n \u00a0n\u00b0 11001-02-04-000-2015-00193-01 \u00a0<\/p>\n<p>(Aprobado \u00a0en sesi\u00f3n de dieciocho de marzo de dos mil quince) \u00a0<\/p>\n<p>Bogot\u00e1, \u00a0D. C., veinte (20) de marzo de dos mil quince (2015).- \u00a0<\/p>\n<p>La \u00a0Corte decide la impugnaci\u00f3n formulada por el se\u00f1or \u00a0Diomedes \u00a0de Jes\u00fas Escamilla Orozco \u00a0contra la sentencia proferida el 12 de febrero de 2015 por la Sala \u00a0de Casaci\u00f3n Penal de esta Corporaci\u00f3n, \u00a0con la que se deneg\u00f3 la solicitud de tutela presentada por el \u00a0recurrente frente al Juzgado \u00a0Cuarto Penal del Circuito \u00a0y la Sala \u00a0Penal del Tribunal Superior del Distrito Judicial, \u00a0ambos \u00a0de Santa Marta. \u00a0<\/p>\n<p>ANTECEDENTES \u00a0<\/p>\n<p>1. \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0El \u00a0actor reclama la protecci\u00f3n de los derechos fundamentales al \u00a0debido proceso, a la defensa y \u00bbal \u00a0principio de la congruencia\u00bb. \u00a0<\/p>\n<p>2. \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0El se\u00f1or Diomedes de \u00a0Jes\u00fas D\u00edaz Escamilla Orozco para sustentar la demanda \u00a0relata, que en su contra se tramit\u00f3 un proceso por \u00a0\u00abexplotaci\u00f3n \u00a0sexual comercial de persona menor de 18 a\u00f1os de edad\u00bb, \u00a0ante el \u00a0Juzgado Cuarto Penal del Circuito de Santa Marta, en el cual se dict\u00f3 \u00a0sentencia absolutoria. \u00a0<\/p>\n<p>2.1. \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0Informa \u00a0que la anterior decisi\u00f3n fue objeto del recurso de apelaci\u00f3n, \u00a0por lo que el 19 de diciembre de 2014 el superior funcional la \u00a0revoc\u00f3, variando la calificaci\u00f3n jur\u00eddica para \u00a0condenarlo por el delito de \u00abacceso \u00a0carnal violento en grado de tentativa\u00bb. \u00a0<\/p>\n<p>2.2. \u00a0Precisa que la aludida providencia le vulner\u00f3 los derechos \u00a0reclamados, porque lo conden\u00f3 por una conducta respecto de la \u00a0que no fue acusado ni investigado, en contrav\u00eda de lo \u00a0establecido en el art\u00edculo 448 del C\u00f3digo de \u00a0Procedimiento Penal, al \u00abreform[ar] \u00a0sin ninguna base probatoria la sentencia\u00bb. \u00a0<\/p>\n<p>3. \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0Solicita \u00a0que en sede constitucional, se \u00abrevoque \u00a0la decisi\u00f3n adoptada por el tribunal\u00bb (fls. \u00a01 a 5, cdno. 1). \u00a0<\/p>\n<p>RESPUESTA \u00a0DE LOS ACUSADOS \u00a0<\/p>\n<p>El \u00a0Tribunal Superior acusado solicit\u00f3 denegar la protecci\u00f3n \u00a0invocada, advirtiendo que adem\u00e1s de no haberse vulnerado el \u00a0principio de la congruencia entre la acusaci\u00f3n y la sentencia, \u00a0el actor cuenta con el recurso extraordinario de casaci\u00f3n que \u00a0ciertamente fue interpuesto por su apoderado, de manera que la acci\u00f3n \u00a0incoada no cumple con los requisitos de subsidiariedad y residualidad \u00a0(fl. 41 a 43 \u00eddem). \u00a0<\/p>\n<p>EL FALLO \u00a0IMPUGNADO \u00a0<\/p>\n<p>El \u00a0a \u00a0quo, \u00a0a vuelta de recordar los supuestos que deben concurrir para la \u00a0prosperidad de una acci\u00f3n de tutela, no concedi\u00f3 la \u00a0protecci\u00f3n demandada, bajo el argumento que \u00abes \u00a0dentro del respectivo tr\u00e1mite judicial donde deben resolverse \u00a0las discrepancias de las partes con la actuaci\u00f3n desplegada y \u00a0particularmente, le corresponde al libelista proponer su tesis a \u00a0trav\u00e9s de los recursos legales que se ofrecen procedentes para \u00a0ello, descart\u00e1ndose as\u00ed la intervenci\u00f3n del juez \u00a0de tutela en tr\u00e1mites ajenos a los de su competencia, porque \u00a0le est\u00e1 vedado asumir funciones asignadas por la ley y la \u00a0constituci\u00f3n a otras autoridades\u00bb (fls. \u00a066 a 72 \u00eddem). \u00a0 \u00a0<\/p>\n<p>LA \u00a0IMPUGNACION \u00a0<\/p>\n<p>El \u00a0promotor de la inconformidad no expuso los motivos del disentimiento \u00a0(fl. 83 idem). \u00a0<\/p>\n<p>CONSIDERACIONES \u00a0<\/p>\n<p>1. \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0Debe \u00a0recordarse que la acci\u00f3n instaurada, es un mecanismo \u00a0particular establecido por la Constituci\u00f3n de 1991, para la \u00a0protecci\u00f3n inmediata de los derechos fundamentales de las \u00a0personas, frente a la amenaza o violaci\u00f3n que, en cuanto a \u00a0ellos, pueda derivarse de la acci\u00f3n u omisi\u00f3n de las \u00a0autoridades p\u00fablicas o de los particulares, sin que se \u00a0constituya o perfile en una v\u00eda sustitutiva o paralela de los \u00a0medios ordinarios de defensa que la misma norma superior y la ley \u00a0consagran para la salvaguarda de tal clase de potestades. \u00a0<\/p>\n<p>Tambi\u00e9n \u00a0que, como regla general, el resguardo no act\u00faa de cara a \u00a0providencias judiciales, salvo que se est\u00e9 en frente del \u00a0excepcional y cauteloso evento, respecto del que de tiempo atr\u00e1s \u00a0se ha dicho, puede tornar viable la protecci\u00f3n tutelar, esto \u00a0es \u00abcuando \u00a0se detecta una desviaci\u00f3n arbitraria, caprichosa o absurda del \u00a0fallador\u00bb (CSJ \u00a0STC 16 jul. 1999, Rad. 6621), \u00a0desde luego, si el proceder ileg\u00edtimo no es dable removerlo a \u00a0trav\u00e9s de los medios ordinarios previstos en la ley, esto es, \u00a0\u00ab(&#8230;)siempre \u00a0que el afectado no posea otro medio de defensa judicial para obtener \u00a0su restablecimiento\u00bb \u00a0(CSJ STC 11 may. 2001, Rad. 0183). \u00a0<\/p>\n<p>2. \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0La \u00a0Corte advierte, examinados los soportes adosados al proceso de \u00a0tutela, que las s\u00faplicas presentadas por el se\u00f1or \u00a0Diomedes de Jes\u00fas Escamilla Orozco, en el libelo que dio \u00a0origen a este tr\u00e1mite constitucional no puede resolverse \u00a0positivamente y, por ende, es imperativo denegarse, toda vez que, \u00a0como la Corporaci\u00f3n lo asegur\u00f3 en pasada ocasi\u00f3n \u00a0(CSJ STC 9 \u00a0de oct. 2003, Rad. 02766) y \u00a0lo destac\u00f3 ahora la autoridad judicial de primera instancia, \u00a0las puntuales acusaciones que estructuran la acci\u00f3n materia de \u00a0estudio desembocan en el terreno del motivo de improcedencia previsto \u00a0por el inciso 3\u00ba del art\u00edculo 86 de la Constituci\u00f3n \u00a0Pol\u00edtica, en armon\u00eda con el numeral 1\u00ba del \u00a0art\u00edculo 6\u00ba del Decreto 2591 de 1991. \u00a0<\/p>\n<p>La \u00a0conclusi\u00f3n precedente deriva de que los contingentes errores \u00a0de linaje legal cometidos por el tribunal denunciado, pueden ser, \u00a0pues as\u00ed lo establece el C\u00f3digo de Procedimiento Penal, \u00a0corregidos por el propio funcionario demandado, a trav\u00e9s de \u00a0los mecanismos establecidos en el ordenamiento jur\u00eddico (v. \u00a0gr. \u00a0el instituto de las nulidades de naturaleza procesal o los recursos \u00a0ordinarios o extraordinarios), siendo, entonces, por mandato \u00a0normativo, otro el escenario en el que debe discutirse lo \u00a0concerniente a las supuestas anormalidades acaecidas en la decisi\u00f3n \u00a0de segunda instancia, en el proceso penal que se le adelanta al \u00a0accionante y no, como repetidamente se ha dicho, en el campo de la \u00a0herramienta excepcional materia de estudio. \u00a0<\/p>\n<p>Dicho \u00a0lo anterior, queda al descubierto la no viabilidad de lo pretendido, \u00a0merced a que \u00abde \u00a0otro modo se estar\u00eda interfiriendo el marco de competencia \u00a0previsto en el ordenamiento jur\u00eddico patrio y, naturalmente, \u00a0el amparo se convertir\u00eda en una herramienta paralela, lo que \u00a0choca con los dictados de la doctrina constitucional\u00bb \u00a0(CSJ STC 9 sep. 2005, Rad. 01260, reiterada el 1\u00ba mar. 2007, \u00a0Rad. 03487). \u00a0<\/p>\n<p>Un \u00a0debate del acotado linaje, lo tiene decantado la jurisprudencia, le \u00a0impide al interesado acudir v\u00e1lidamente a la acci\u00f3n de \u00a0tutela, toda vez que cuestiones de esos singulares perfiles \u00a0evidentemente deben \u00abdiscutirse \u00a0en el escenario procesal adecuado a trav\u00e9s de los recursos \u00a0pertinentes ante los funcionarios acusados\u00bb \u00a0(CSJ STC 10 ago. 2005, \u00a0Rad. 01094). \u00a0<\/p>\n<p>De suerte \u00a0que existiendo otras herramientas legales para \u00a0la protecci\u00f3n de los derechos atestados, en este caso el \u00a0acotado recurso de casaci\u00f3n que se inform\u00f3 fue \u00a0interpuesto y est\u00e1 en tr\u00e1mite, corresponde al \u00a0impugnante a trav\u00e9s del mismo someter a consideraci\u00f3n \u00a0de los funcionarios naturales de la acotada controversia, para que \u00a0ellos la definan de acuerdo con las particularidades que ciertamente \u00a0hubiera experimentado el indicado tr\u00e1mite judicial, al margen \u00a0de que la demanda de ese car\u00e1cter resulte m\u00e1s expedita, \u00a0en cuanto que ella, bien se sabe, no califica como un instrumento \u00a0adicional o supletorio de los instrumentos de defensa cuando se \u00a0dejaron de ejercer o con el prop\u00f3sito de generar una \u00a0determinaci\u00f3n m\u00e1s \u00e1gil o instant\u00e1nea, \u00a0omitiendo el agotamiento de las fases ordinarias de la respectiva \u00a0jurisdicci\u00f3n, pues su naturaleza, de conformidad con las \u00a0normas que disciplinan la memorada acci\u00f3n constitucional, \u00a0impide obtener del fallador excepcional un pronunciamiento judicial \u00a0\u00abcomo \u00a0si lo fuera de instancia; como tampoco opera paralelamente con las \u00a0actuaciones judiciales, en raz\u00f3n a su car\u00e1cter \u00a0subsidiario y residual, am\u00e9n que le est\u00e1 vedado adoptar \u00a0una posici\u00f3n frente a las distintas interpretaciones de las \u00a0normas que rigen el asunto debatido, pues no es su funci\u00f3n \u00a0sino la del juez natural\u00bb (CSJ \u00a0STC 24 ene. 2005, Rad. 01458) \u00a0<\/p>\n<p>DECISI\u00d3N \u00a0<\/p>\n<p>En \u00a0m\u00e9rito de lo expuesto, la Corte Suprema de Justicia, Sala de \u00a0Casaci\u00f3n Civil, administrando justicia en nombre de la \u00a0Rep\u00fablica y por autoridad de la ley, \u00a0CONFIRMA el \u00a0fallo proferido por la Sala de Casaci\u00f3n Penal de la Corte \u00a0Suprema de Justicia, dentro de la acci\u00f3n de tutela \u00a0referenciada. \u00a0<\/p>\n<p>Comun\u00edquese \u00a0telegr\u00e1ficamente lo aqu\u00ed resuelto a las partes y, en \u00a0oportunidad, rem\u00edtase el expediente a la Corte Constitucional \u00a0para que asuma lo de su cargo. \u00a0<\/p>\n<p>LUIS \u00a0ARMANDO TOLOSA VILLABONA \u00a0<\/p>\n<p>Presidente \u00a0de Sala \u00a0<\/p>\n<p>MARGARITA \u00a0CABELLO BLANCO \u00a0<\/p>\n<p>\u00c1LVARO \u00a0FERNANDO GARC\u00cdA RESTREPO \u00a0<\/p>\n<p>FERNANDO \u00a0GIRALDO GUTI\u00c9RREZ \u00a0<\/p>\n<p>ARIEL \u00a0SALAZAR RAM\u00cdREZ \u00a0<\/p>\n<p>JES\u00daS \u00a0VALL DE RUT\u00c9N RUIZ \u00a0<\/p>\n<p>\u00a0 \u00a0 \u00a0\u00a0<\/p>\n<p><\/p>\n","protected":false},"excerpt":{"rendered":"<p>\u00a0 \u00a0 \u00a0 Rep\u00fablica \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 de Colombia \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0\u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0\u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0\u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0\u00a0 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