\u00a0 \u00a0 \u00a0 Rep\u00fablica \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0de Colombia \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0<\/p>\n
\u00a0\u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0<\/p>\n
\u00a0\u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0<\/p>\n
Corte \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0Suprema de Justicia \u00a0 \u00a0 \u00a0<\/p>\n
CORTE \u00a0SUPREMA DE JUSTICIA \u00a0<\/p>\n
SALA \u00a0DE CASACI\u00d3N CIVIL \u00a0<\/p>\n
JES\u00daS \u00a0VALL DE RUT\u00c9N RUIZ \u00a0<\/p>\n
Magistrado \u00a0ponente \u00a0<\/p>\n
STC4276-2015 \u00a0<\/p>\n
Radicaci\u00f3n \u00a0n.\u00b0 11001-02-03-000-2015-00613-00 \u00a0<\/p>\n
Discutido \u00a0y aprobado en sesi\u00f3n de la fecha. \u00a0<\/p>\n
Bogot\u00e1, \u00a0D.C., quince (15) de abril de dos mil quince (2015). \u00a0<\/p>\n
Decide \u00a0la Corte la acci\u00f3n de tutela instaurada por Inversiones Ori\u00f3n \u00a0S.A.S., a trav\u00e9s de apoderada judicial, contra la Sala \u00a0Civil Familia del Tribunal Superior del Distrito Judicial de Santa \u00a0Marta y el Juzgado Segundo Civil del Circuito de la misma ciudad. \u00a0<\/p>\n
ANTECEDENTES \u00a0<\/p>\n
1. \u00a0La promotora reclama \u00a0protecci\u00f3n constitucional de su derecho fundamental al debido \u00a0proceso, que dice conculcado con ocasi\u00f3n de la sentencia de 9 \u00a0de septiembre de 2013 proferida por el Tribunal accionado, \u00a0confirmatoria de la de 21 de septiembre de 2011 emanada del Juzgado \u00a0criticado dentro del juicio ejecutivo mixto promovido por el Banco \u00a0Agrario de Colombia S.A. en su contra, la de la Asociaci\u00f3n de \u00a0Bananeros de la Sierra Nevada de Santa Marta, la Sociedad \u00a0Comercializadora Internacional de Frutas del Campo S.A., Ricardo Jos\u00e9 \u00a0Campo Vives, Ram\u00f3n Alberto Campo Gonz\u00e1lez y Luis Miguel \u00a0Ortega de Andreis. \u00a0<\/p>\n
En \u00a0consecuencia, solicit\u00f3 ordenar a los estrados judiciales \u00a0encausados que \u00abdeclaren \u00a0la nulidad de todo lo actuado y deje sin efecto la orden de seguir \u00a0adelante con la ejecuci\u00f3n\u00bb \u00a0(fl. 42 anterior). \u00a0<\/p>\n
2. \u00a0En \u00a0apoyo de tal pretensi\u00f3n adujo, en s\u00edntesis, que el \u00a0juicio rese\u00f1ado fue instaurado haci\u00e9ndose valer como \u00a0garant\u00eda de la obligaci\u00f3n ejecutada, el contrato de \u00a0hipoteca constituido mediante la escritura p\u00fablica n\u00ba 245 \u00a0otorgada el 26 de enero de 2007 en la Notar\u00eda 2\u00aa de Santa \u00a0Marta, la cual fue allegada en copia con constancia de prestar m\u00e9rito \u00a0ejecutivo y por medio de la que se respald\u00f3 el 20% del pago de \u00a0la deuda. \u00a0<\/p>\n
Agreg\u00f3 \u00a0que ese gravamen fue aclarado mediante la escritura p\u00fablica n\u00ba \u00a0491 de 21 de febrero siguiente otorgada en la misma Notar\u00eda, a \u00a0fin de indicar que con el inmueble hipotecado se garantizaba el pago \u00a0del 100% de lo debido, pero este nuevo acto fue allegado por la parte \u00a0ejecutante sin constancia de prestar m\u00e9rito ejecutivo a pesar \u00a0de tratarse de un requisito establecido en el art\u00edculo 80 del \u00a0Decreto 960 de 1970. \u00a0<\/p>\n
Por \u00a0\u00faltimo adujo que los estrados de primera y segunda instancia \u00a0no acogieron sus alegaciones relacionadas con la aludida falencia y \u00a0dispusieron, en las providencias cuestionadas, seguir adelante con la \u00a0ejecuci\u00f3n, a pesar de que son los \u00fanicos documentos que \u00a0la vinculan al referido cobro coactivo pues no suscribi\u00f3 el \u00a0pagar\u00e9 base del recaudo ya que s\u00f3lo otorg\u00f3 la \u00a0hipoteca para garantizar el pago de dicho t\u00edtulo valor. \u00a0<\/p>\n
3. \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0La \u00a0Corte admiti\u00f3 a tr\u00e1mite la demanda de la referencia, \u00a0dispuso tener en cuenta como prueba la documental aportada por el \u00a0accionante, requiri\u00f3 copia de las piezas procesales \u00a0pertinentes y orden\u00f3 librar las comunicaciones de rigor. \u00a0<\/p>\n
4. \u00a0La Colegiatura \u00a0encartada manifest\u00f3 que la solicitud de resguardo carece del \u00a0requisito de la inmediatez y remiti\u00f3 en copia la providencia \u00a0cuestionada, \u00a0mientras que el Juzgado que conoci\u00f3 de la ejecuci\u00f3n en \u00a0primera instancia relat\u00f3 el tr\u00e1mite que dio a tal \u00a0acci\u00f3n. \u00a0<\/p>\n
5. El Branco \u00a0Agrario indic\u00f3 que carece de legitimaci\u00f3n por pasiva en \u00a0el presente reclamo constitucional, pues no vulner\u00f3 ning\u00fan \u00a0derecho fundamental de la accionante. \u00a0<\/p>\n
CONSIDERACIONES \u00a0<\/p>\n
1. \u00a0En \u00a0virtud de su finalidad tutelar exclusiva de los derechos \u00a0fundamentales y sus caracter\u00edsticas residual y subsidiaria, la \u00a0constante jurisprudencia ha puntualizado la procedencia excepcional \u00a0del amparo respecto de actuaciones y providencias judiciales, \u00fanica \u00a0y exclusivamente en presencia de una irrefutable actuaci\u00f3n \u00a0ileg\u00edtima no susceptible de corregir mediante los mecanismos \u00a0ordinarios \u00a0previstos en la ley, en cuanto no se oriente a sustituir, \u00a0desvirtuar e infirmar los medios, \u00a0recursos, acciones e instrumentos normales de protecci\u00f3n o \u00a0defensa del derecho, desconocer e invadir la \u00f3rbita de los \u00a0jueces naturales, ejercer sus funciones, discrepar de sus decisiones \u00a0y, naturalmente, siempre que se ejerza en t\u00e9rmino razonable. \u00a0<\/p>\n
2. \u00a0Con base en tal premisa y descendiendo al caso de autos, concluye la \u00a0Corte que la \u00a0solicitud de resguardo carece del requisito de inmediatez, habida \u00a0cuenta de que entre la fecha de expedici\u00f3n de la \u00faltima \u00a0de las sentencias \u00a0criticadas, esto es, 9 de septiembre de 2013, por medio de la cual el \u00a0Tribunal encartado confirm\u00f3 el fallo del Juzgado Segundo Civil \u00a0del Circuito de Santa Marta en el proceso ejecutivo objeto de la \u00a0queja constitucional, y \u00a0la de interposici\u00f3n de la demanda que nos ocupa, 16 de marzo \u00a0de 2015 (fl. 1 precedente), transcurri\u00f3 un lapso que supera el \u00a0de seis (6) meses fijado por la consistente jurisprudencia de esta \u00a0Corporaci\u00f3n, como razonable y proporcional para que la persona \u00a0afectada en sus prerrogativas b\u00e1sicas ejerza esta acci\u00f3n \u00a0constitucional; sin que la parte accionante hubiera alegado ni menos \u00a0demostrado motivo alguno que justifique tan notoria tardanza. \u00a0<\/p>\n
En \u00a0la materia, se ha sostenido que \u00a0<\/p>\n
si \u00a0bien la jurisprudencia no ha se\u00f1alado de manera un\u00e1nime \u00a0el t\u00e9rmino en el cual debe operar el decaimiento de la \u00a0petici\u00f3n de amparo frente a decisiones judiciales por falta de \u00a0inmediatez, s\u00ed resulta di\u00e1fano que \u00e9ste no puede \u00a0ser tan ampl\u00edo que impida la consolidaci\u00f3n de las \u00a0situaciones jur\u00eddicas creadas por la jurisdicci\u00f3n y, \u00a0menos a\u00fan, que no permita adquirir certeza sobre los derechos \u00a0reclamados. En este orden de ideas un lapso de tiempo como el que \u00a0aqu\u00ed ha transcurrido, (algo m\u00e1s de dos a\u00f1os), \u00a0adem\u00e1s de excesivo, pone de manifiesto la ausencia de apremio \u00a0en la interposici\u00f3n del amparo y el \u00e1nimo, simplemente, \u00a0de reabrir una cuesti\u00f3n oportunamente decidida por la \u00a0jurisdicci\u00f3n. En verdad, muy breve ha de ser el tiempo que \u00a0debe transcurrir entre la fecha de la determinaci\u00f3n judicial \u00a0acusada y el reclamo constitucional que se enfila contra ella, con \u00a0miras a que \u00e9ste \u00faltimo no pierda su raz\u00f3n de \u00a0ser, convirti\u00e9ndose, subsecuentemente, en un instrumento que \u00a0genere incertidumbre, zozobra y menoscabo a los derechos y leg\u00edtimos \u00a0intereses de terceros. \u00a0<\/p>\n
As\u00ed \u00a0las cosas, en el presente evento no puede tenerse por cumplida la \u00a0exigencia de inmediatez de la solicitud por cuanto supera en mucho el \u00a0lapso razonable de los seis meses que se adopta, y no se demostr\u00f3, \u00a0ni invoc\u00f3 siquiera, justificaci\u00f3n de tal demora por el \u00a0accionante \u00a0(CSJ STC de 2 de agosto de 2007, rad. No. 2007-00188-01, reiterada en \u00a0sentencia 10 de mayo de 2012, rad. 11001-02-04-000-2012-00413-01). \u00a0<\/p>\n
3. \u00a0Lo anterior se considera suficiente para denegar la protecci\u00f3n \u00a0pedida. \u00a0<\/p>\n
DECISI\u00d3N \u00a0<\/p>\n
Con \u00a0fundamento en lo expuesto, la Corte Suprema de Justicia, en Sala de \u00a0Casaci\u00f3n Civil, administrando Justicia en nombre de la \u00a0Rep\u00fablica y por autoridad de la Ley, NIEGA \u00a0el \u00a0amparo solicitado. \u00a0<\/p>\n
Comun\u00edquese \u00a0mediante telegrama a los interesados, y si la decisi\u00f3n no es \u00a0impugnada, rem\u00edtase el expediente a la Corte Constitucional \u00a0para su eventual revisi\u00f3n. \u00a0<\/p>\n
LUIS ARMANDO TOLOSA \u00a0VILLABONA \u00a0<\/p>\n
Presidente de la Sala \u00a0<\/p>\n
MARGARITA \u00a0CABELLO BLANCO \u00a0<\/p>\n
\u00c1LVARO \u00a0FERNANDO GARC\u00cdA RESTREPO \u00a0<\/p>\n
FERNANDO \u00a0GIRALDO GUTI\u00c9RREZ \u00a0<\/p>\n
ARIEL \u00a0SALAZAR RAM\u00cdREZ \u00a0<\/p>\n
JES\u00daS VALL DE RUT\u00c9N \u00a0RUIZ \u00a0<\/p>\n
\u00a0 \u00a0 \u00a0\u00a0<\/p>\n
<\/p>\n","protected":false},"excerpt":{"rendered":"
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