\u00a0 \u00a0 \u00a0 Rep\u00fablica \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 de Colombia \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0<\/p>\n
\u00a0\u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0<\/p>\n
\u00a0\u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0<\/p>\n
\u00a0\u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0<\/p>\n
Corte \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0Suprema de Justicia \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0<\/p>\n
\u00a0 \u00a0\u00a0<\/p>\n
CORTE SUPREMA \u00a0DE JUSTICIA \u00a0<\/p>\n
SALA \u00a0DE CASACI\u00d3N CIVIL \u00a0<\/p>\n
LUIS ARMANDO \u00a0TOLOSA VILLABONA \u00a0<\/p>\n
Magistrado \u00a0ponente \u00a0<\/p>\n
STC4872-2015 \u00a0<\/p>\n
Radicaci\u00f3n \u00a0n.\u00b0 50001-22-13-000-2015-00127-01 \u00a0<\/p>\n
(Aprobado \u00a0en sesi\u00f3n de veintid\u00f3s de abril de dos mil quince) \u00a0<\/p>\n
Bogot\u00e1, \u00a0D. C., veinticuatro \u00a0(24) de abril de dos mil quince (2015) \u00a0<\/p>\n
Dec\u00eddese \u00a0la impugnaci\u00f3n interpuesta frente a la sentencia de 4 \u00a0de marzo de 2015, dictada por la Sala Civil Familia del \u00a0Tribunal Superior del Distrito Judicial de Villavicencio, dentro de \u00a0la tutela instaurada por Carlos Alberto Ch\u00e1vez Clavijo y \u00a0Fernando Medina Romero en contra del Juzgado Segundo de Familia, la \u00a0Alcald\u00eda municipal y la Secretar\u00eda de Gobierno, todos \u00a0de esa capital, y el Jefe de Inspecciones Corregidoras de \u201cPompeya \u00a0y La Cuncia\u201d, \u00a0con ocasi\u00f3n del juicio sucesorio de Ambrosio Parrado P\u00e9rez \u00a0iniciado por Abraham Parrado Romero, tr\u00e1mite extensivo al Juez \u00a0Primero de Familia de esa ciudad. \u00a0<\/p>\n
1. ANTECEDENTES \u00a0<\/p>\n
1. \u00a0Los \u00a0promotores \u00a0solicitan la protecci\u00f3n de los derechos al debido proceso, \u00a0defensa y propiedad, presuntamente vulnerados por los accionados. \u00a0<\/p>\n
2. \u00a0La \u00a0causa petendi \u00a0constitucional \u00a0y las correspondientes actuaciones admiten el siguiente compendio: \u00a0<\/p>\n
2.1. \u00a0Dentro del litigio materia de esta salvaguarda, el \u00a0Juzgado Primero de Familia profiri\u00f3 sentencia el 21 de \u00a0noviembre de 2011, aprobando el trabajo de partici\u00f3n realizado \u00a0por el auxiliar de la justicia designado para tal fin. \u00a0<\/p>\n
2.2. \u00a0El 16 de marzo de 2012, a trav\u00e9s de despacho comisorio \u00a0cumplido por la \u201cInspectora \u00a0Corregidora 4 de Pompeya\u201d, \u00a0se entreg\u00f3 el inmueble \u201cChoapal\u201d \u00a0al se\u00f1or Abraham Parrado Romero. \u00a0<\/p>\n
2.3. \u00a0Mar\u00eda Luc\u00eda G\u00f3mez de Espinosa, quien afirm\u00f3 \u00a0ser copropietaria de ese predio, impetr\u00f3 acci\u00f3n de \u00a0tutela requiriendo dejar sin \u201cvalor \u00a0ni efecto\u201d \u00a0lo antelado, afirmando que le fue cercenada la posibilidad de \u00a0oponerse a la realizaci\u00f3n del comentado acto procedimental. \u00a0<\/p>\n
2.4. \u00a0El ruego fue concedido por los Jueces S\u00e9ptimo Civil Municipal \u00a0y Primero Civil del Circuito de Villavicencio, en primera y segunda \u00a0instancia, respectivamente, disponi\u00e9ndose llevar a cabo \u00a0nuevamente la referida entrega. \u00a0<\/p>\n
2.5. \u00a0En \u00a0acatamiento de la orden proferida en la memorada salvaguarda, los \u00a0d\u00edas 25 y 26 de septiembre de 2014 se repiti\u00f3 la \u00a0comentada diligencia. \u00a0<\/p>\n
2.6. \u00a0Aseveran los gestores \u00a0que Mar\u00eda Luc\u00eda G\u00f3mez de Espinosa se vali\u00f3 \u00a0de su presunta amistad con el alcalde local, para rehacer la \u00a0actuaci\u00f3n descrita en el punto precedente, en la cual se \u00a0desaloj\u00f3 al se\u00f1or Abraham Parrado y a los dem\u00e1s \u00a0copropietarios, entre tales, ellos, del aludido predio, sin mediar \u00a0orden judicial en ese sentido. \u00a0<\/p>\n
2.7. \u00a0Afirman que lo anterior no fue ordenado por los jueces \u00a0constitucionales que otorgaron el mencionado resguardo. \u00a0<\/p>\n
3. \u00a0Imploran volver \u201c(\u2026) las \u00a0cosas a su estado natural anterior y permitir[les] \u00a0seguir \u00a0gozando de la posici\u00f3n (sic) \u00a0que \u00a0[les] \u00a0fuera \u00a0arrebatada con la diligencia irregular (\u2026)\u201d. \u00a0<\/p>\n
1.1. \u00a0Respuesta de los accionados y convocados \u00a0<\/p>\n
a. \u00a0El \u00a0Juzgado Segundo de Familia indic\u00f3 remitirse \u201c(\u2026) \u00a0a \u00a0lo actuado en ese asunto (\u2026)\u201d \u00a0(fl. 109). \u00a0<\/p>\n
b. \u00a0La Alcald\u00eda de Villavicencio exigi\u00f3 ser exonerada \u201cde \u00a0responsabilidad\u201d, \u00a0por cuanto \u201c(\u2026) en \u00a0ning\u00fan momento se (\u2026) \u00a0vulnera[ron] \u00a0los derechos invocados (\u2026)\u201d \u00a0por los tutelantes (fls. 111 a 125). \u00a0<\/p>\n
c. \u00a0Mar\u00eda Luc\u00eda G\u00f3mez Espinosa deprec\u00f3 la \u00a0desestimaci\u00f3n del amparo, realzando la legalidad de los \u00a0procedimientos ahora censurados (fls. 158 a 165). \u00a0<\/p>\n
\u00a0 \u00a0\u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0<\/p>\n
2. La \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0sentencia impugnada \u00a0 \u00a0<\/p>\n
Neg\u00f3 \u00a0la s\u00faplica tras inferir: \u00a0<\/p>\n
\u201c(\u2026) \u00a0[F]ernando \u00a0Medina Romero, en condici\u00f3n de apoderado de Abraham Parrado \u00a0Romero, y como beneficiario directo en caso de prosperar la nulidad \u00a0por ser copropietario, solicit\u00f3 la nulidad de la diligencia de \u00a0entrega, en los t\u00e9rminos y condiciones del art\u00edculo 34 \u00a0del C\u00f3digo de Procedimiento Civil, sin que a la fecha, se haya \u00a0resuelto por parte del Juzgado (\u2026)\u201d(fls. \u00a0166 a 170. \u00a0<\/p>\n
1.3. \u00a0La impugnaci\u00f3n \u00a0<\/p>\n
La \u00a0formularon \u00a0los quejosos reiterando los argumentos esgrimidos en el libelo \u00a0genitor y afirmando: \u00a0<\/p>\n
\u201c(\u2026) \u00a0Efectivamente \u00a0existe otro medio de car\u00e1cter judicial ante la autoridad \u00a0competente, para lo cual hicimos uso de la interposici\u00f3n de \u00a0nulidad contra la diligencia de entrega, (\u2026) \u00a0radicada \u00a0el 6 de octubre de 2014 (\u2026)\u201d. \u00a0<\/p>\n
\u201c(\u2026) \u00a0[E]s \u00a0bien sabido que los t\u00e9rminos judiciales son exclusivamente \u00a0perentorios para las partes y no para los jueces, lo que en la \u00a0pr\u00e1ctica se traduce en la existencia de tr\u00e1mites y \u00a0dilaciones, muchas de ellas imprevistas, que hacen que esos procesos \u00a0duren meses y meses para culminar en una decisi\u00f3n definitiva, \u00a0como en el presente caso (\u2026) \u00a0al \u00a0d\u00eda de hoy [la \u00a0solicitud de invalidez] no \u00a0ha entrado siquiera para estudio al despacho del juez (\u2026)\u201d \u00a0(fls. 172 a 175). \u00a0<\/p>\n
\u00a0 \u00a0\u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0<\/p>\n
2. CONSIDERACIONES \u00a0<\/p>\n
1. \u00a0Cuestionan \u00a0los gestores la diligencia de entrega del predio \u201cChoapal\u201d \u00a0llevada a cabo los d\u00edas 25 y 26 de septiembre de 2014, por \u00a0cuanto, seg\u00fan afirman, se realiz\u00f3 sin \u201cautorizaci\u00f3n \u00a0legal\u201d. \u00a0<\/p>\n
2. \u00a0No \u00a0hay lugar a acceder a la salvaguarda, por cuanto respecto del \u00a0presunto defecto ahora ventilado y con similar sustento al de este \u00a0amparo, Fernando Medina Romero, obrando como apoderado del se\u00f1or \u00a0Abraham Parrado Romero, inco\u00f3 requerimiento de anulaci\u00f3n \u00a0del acto procedimental aqu\u00ed reprochado, a\u00fan pendiente \u00a0de decisi\u00f3n por el Juzgado accionado. \u00a0<\/p>\n
Por \u00a0consiguiente, el resguardo desemboca en la hip\u00f3tesis de \u00a0improcedencia estipulada en el inciso 3\u00ba del art\u00edculo 86 \u00a0de la Carta Pol\u00edtica en armon\u00eda con el canon 6\u00ba \u00a0del Decreto 2591 de 1991, pues los petentes pretenden un \u00a0pronunciamiento anticipado de esta especial jurisdicci\u00f3n, \u00a0sobre aspectos que deben ser resueltos por el juzgador natural, de \u00a0consiguiente, sin asidero por esta v\u00eda residual y \u00a0extraordinaria. \u00a0<\/p>\n
Al respecto, esta \u00a0Sala ha manifestado: \u00a0<\/p>\n
\u201c(\u2026) \u00a0[E]n \u00a0trat\u00e1ndose de instrumentos dirigidos a la preservaci\u00f3n \u00a0de los derechos, el medio judicial de protecci\u00f3n es, por \u00a0excelencia, el proceso y, por lo tanto, a nadie le es dable quejarse \u00a0por la hipot\u00e9tica vulneraci\u00f3n de sus derechos \u00a0fundamentales, si goz\u00f3 y a\u00fan cuenta con la oportunidad \u00a0de controvertir las decisiones de las que hoy discrepa (\u2026). \u00a0Por lo dem\u00e1s, es palmario que la tutela no es un mecanismo que \u00a0se pueda activar, seg\u00fan la discrecionalidad del interesado, \u00a0para tratar de rescatar las oportunidades perdidas, como tampoco para \u00a0reclamar prematuramente un pronunciamiento del juez constitucional, \u00a0que le est\u00e1 vedado, por cuanto no puede arrogarse \u00a0anticipadamente facultades que no le corresponden, con miras a \u00a0decidir lo que debe resolver el funcionario competente (\u2026) \u00a0para \u00a0que de una manera r\u00e1pida y eficaz se le proteja el derecho \u00a0fundamental al debido proceso\u2019, pues, reit\u00e9rase, no \u00a0es \u00a0este un instrumento del que pueda hacer uso antojadizamente el \u00a0interesado, ni mucho menos para eludir el que de manera espec\u00edfica \u00a0se\u00f1ale la ley (\u2026)\u201d1. \u00a0<\/p>\n
3. \u00a0Al margen de lo discurrido, a pesar de la comparecencia de Fernando \u00a0Medina Romero al litigio, Carlos Alberto Ch\u00e1vez a\u00fan no \u00a0ha puesto en conocimiento del juez entutelado las \u00a0supuestas anomal\u00edas irregularidades \u00a0registradas en la comentada entrega de ese inmueble, acreditando la \u00a0calidad de copropietario que dice ostentar respecto del mismo, sin \u00a0que a la fecha haya procedido a ello, seg\u00fan informaci\u00f3n \u00a0suministrada por la Secretar\u00eda de la Sala Civil Familia del \u00a0Tribunal Superior del Distrito Judicial de Villavicencio (fls. 3 y 4 \u00a0cdno. Corte). \u00a0<\/p>\n
Por \u00a0consiguiente, refuerza la inviabilidad del amparo constitucional \u00a0deprecado, la \u00a0ausencia del principio de subsidiariedad, pues Ch\u00e1vez Clavijo \u00a0no ha planteado en el campo id\u00f3neo, esto es, dentro del \u00a0juicio, las inconformidades aqu\u00ed suscitadas. \u00a0<\/p>\n
En \u00a0relaci\u00f3n a este tema, esta Corte ha dicho: \u00a0<\/p>\n
\u201c(…) [S]e \u00a0ha dejado asentado por la Corporaci\u00f3n que a\u00fan frente a \u00a0eventuales vicios, si el afectado no hizo uso de los mecanismos \u00a0ordinarios existentes a favor de su causa; por ejemplo, si fue remiso \u00a0a esgrimir recursos, nulidades, etc., dicha actitud le veda la \u00a0posibilidad de acudir, con posterioridad, a alternativas como la \u00a0tutela. Pues \u00e9ste mecanismo, por lo excepcional, am\u00e9n \u00a0de su naturaleza subsidiaria, no deviene como un recurso alterno o \u00a0suplementario y su invocaci\u00f3n resulta leg\u00edtima en la \u00a0medida en que el afectado no cuente con recursos legales para evitar \u00a0la vulneraci\u00f3n de la que se duele \u00a0(\u2026)\u201d2. \u00a0<\/p>\n
4. \u00a0Por \u00a0los anteriores argumentos, se impone la confirmaci\u00f3n del fallo \u00a0impugnado. \u00a0<\/p>\n
3. \u00a0DECISI\u00d3N \u00a0<\/p>\n
En m\u00e9rito \u00a0de lo expuesto, la Corte Suprema de Justicia, en Sala de Casaci\u00f3n \u00a0Civil, administrando justicia en nombre de la Rep\u00fablica y por \u00a0autoridad de la ley, \u00a0<\/p>\n
RESUELVE: \u00a0<\/p>\n
PRIMERO: \u00a0CONFIRMAR \u00a0la sentencia de fecha y lugar de procedencia anotada. \u00a0<\/p>\n
SEGUNDO: \u00a0Comun\u00edquese \u00a0telegr\u00e1ficamente lo resuelto en esta providencia a los \u00a0interesados y oportunamente env\u00edese el expediente a la Corte \u00a0Constitucional para su eventual revisi\u00f3n. \u00a0<\/p>\n
NOTIF\u00cdQUESE \u00a0Y C\u00daMPLASE \u00a0<\/p>\n
LUIS ARMANDO \u00a0TOLOSA VILLABONA \u00a0<\/p>\n
MARGARITA \u00a0CABELLO BLANCO \u00a0<\/p>\n
\u00c1LVARO \u00a0FERNANDO GARC\u00cdA RESTREPO \u00a0<\/p>\n
FERNANDO \u00a0GIRALDO GUTI\u00c9RREZ \u00a0<\/p>\n
ARIEL SALAZAR \u00a0RAM\u00cdREZ \u00a0<\/p>\n
JES\u00daS \u00a0VALL DE RUT\u00c9N RUIZ \u00a0<\/p>\n
1 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0COLOMBIA, \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0CSJ. Civil. Sentencia de 22 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0de febrero de 2010, exp. 00312-01; reiterada el 20 de marzo de 2013, \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0exp, 00051-01; \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0y el 17 de septiembre de 2013, exp. 1700122130002013-00211-01, entre \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0otras. \u00a0<\/p>\n
2CSJ \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0STC \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a023 de febrero de 2007. Rad. 02068-1, reiterada, entre otros \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0pronunciamientos, el 19 de mayo de 2011. Rad. 00412-01. \u00a0<\/p>\n
9 \u00a0 \u00a0 \u00a0<\/p>\n
<\/p>\n","protected":false},"excerpt":{"rendered":"
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