\u00a0 \u00a0 \u00a0 Rep\u00fablica \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 de Colombia \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0<\/p>\n
\u00a0\u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0<\/p>\n
\u00a0\u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0<\/p>\n
\u00a0\u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0<\/p>\n
\u00a0\u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0<\/p>\n
Corte \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0Suprema de Justicia \u00a0 \u00a0 \u00a0<\/p>\n
CORTE \u00a0 SUPREMA \u00a0DE \u00a0JUSTICIA \u00a0<\/p>\n
SALA \u00a0 DE \u00a0CASACI\u00d3N \u00a0CIVIL \u00a0<\/p>\n
\u00c1LVARO \u00a0FERNANDO GARC\u00cdA RESTREPO \u00a0<\/p>\n
Magistrado \u00a0Ponente \u00a0 \u00a0<\/p>\n
STC5143-2015 \u00a0<\/p>\n
Radicaci\u00f3n \u00a0n\u00b0 11001-02-04-000-2015-00377-01 \u00a0<\/p>\n
Bogot\u00e1, \u00a0D. C., treinta (30) de abril de dos mil quince (2015).- \u00a0<\/p>\n
La \u00a0Corte decide la impugnaci\u00f3n formulada por el se\u00f1or \u00a0Pedro \u00a0Antonio Pimienta Oliveros \u00a0contra la sentencia proferida el 12 de marzo de 2015 por la Sala \u00a0de Casaci\u00f3n Penal \u00a0de \u00a0esta Corporaci\u00f3n, \u00a0con la que se deneg\u00f3 la solicitud de tutela presentada por el \u00a0recurrente frente al Juzgado \u00a0Segundo Penal del Circuito, la \u00a0Fiscal\u00eda Seccional Veintis\u00e9is Delegada ante los \u00a0Juzgados Penales del Circuito y \u00a0el Tribunal \u00a0Superior del Distrito Judicial, todos de San Andr\u00e9s, Islas. \u00a0<\/p>\n
ANTECEDENTES \u00a0<\/p>\n
1. \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0El \u00a0accionante reclama la protecci\u00f3n de los derechos fundamentales \u00a0al debido proceso y al acceso a la administraci\u00f3n de justicia. \u00a0<\/p>\n
2. \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0El \u00a0se\u00f1or Pedro Antonio Pimienta Oliveros para sustentar la \u00a0demanda afirma, que el Juzgado Segundo Penal del Circuito de San \u00a0Andr\u00e9s le adelant\u00f3 un proceso penal por el delito de \u00a0\u00abestafa\u00bb, \u00a0tr\u00e1mite que concluy\u00f3 en primera instancia mediante \u00a0sentencia condenatoria, pero el superior funcional, en sede de \u00a0apelaci\u00f3n, revoc\u00f3 esa decisi\u00f3n para declarar, en \u00a0cambio, la prescripci\u00f3n de la acci\u00f3n penal. \u00a0<\/p>\n
2.1. \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0Informa que contra el fallo anterior el apoderado judicial de la \u00a0parte civil interpuso el recurso de casaci\u00f3n, que se declar\u00f3 \u00a0desierto. \u00a0<\/p>\n
2.2. \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0A\u00f1ade \u00a0que la denunciante en esa misma oportunidad solicit\u00f3 la \u00a0adici\u00f3n del fallo de segundo grado para que como efecto de la \u00a0extinci\u00f3n de la acci\u00f3n penal, se ordenara la \u00a0\u00abcancelaci\u00f3n \u00a0de los registros [fraudulentos] \u00a0que pesan sobre el inmueble objeto del [presunto] \u00a0il\u00edcito\u00bb, \u00a0distinguido con \u00a0folio de matr\u00edcula inmobiliaria No. \u00a0450-4002, en aras de hacer efectivo el restablecimiento de los \u00a0derechos de quien fuera declarada v\u00edctima, petici\u00f3n que \u00a0fue negada mediante prove\u00eddo del 3 de abril de 2014. \u00a0<\/p>\n
2.3. \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0El \u00a0actor manifiesta que con posterioridad le pidi\u00f3 al juez de \u00a0conocimiento el levantamiento de las medidas decretadas dentro del \u00a0acotado proceso penal, pero esa autoridad, el 21 de julio de 2014, no \u00a0accedi\u00f3 a dicha reclamaci\u00f3n. \u00a0<\/p>\n
2.4. \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0Afirma \u00a0que con el mencionado proceder de las autoridades judiciales \u00a0accionadas se le vulneraron las garant\u00edas constitucionales \u00a0reclamadas, por cuanto con ellas se le impide \u00abejercer \u00a0sus derechos [sobre \u00a0el citado inmueble], \u00a0contenidos en las escrituras p\u00fablicas n\u00famero 192 de \u00a02002 y 1586 de septiembre de 2002, correspondientes al folio de \u00a0matr\u00edcula 450-4002\u00bb, \u00a0sin tener en cuenta que la acci\u00f3n penal ya prescribi\u00f3. \u00a0<\/p>\n
3. \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0Solicita \u00a0que en sede constitucional, se disponga \u00abla \u00a0cancelaci\u00f3n de las ordenes proferidas por el se\u00f1or \u00a0Fiscal Seccional 26\u00bb \u00a0 que recaen sobre \u00a0el bien inmueble distinguido con folio de matr\u00edcula \u00a0inmobiliaria No. 450-4002 (fls. 1 a 9, cdno. 1). \u00a0<\/p>\n
RESPUESTA \u00a0DE LOS ACUSADOS \u00a0<\/p>\n
El \u00a0Tribunal Superior de San Andr\u00e9s, adujo que en la providencia \u00a0criticada se encuentran claramente expuestos los argumentos que \u00a0soportan la decisi\u00f3n ahora reprochada, que adem\u00e1s lo \u00a0que se pretende es debatir intereses \u00abde \u00a0car\u00e1cter patrimonial o econ\u00f3mico, [sin \u00a0que se] \u00a0adviert[a] \u00a0la presencia de un perjuicio irremediable\u00bb \u00a0(fls. 105 y \u00a0106 \u00eddem). \u00a0<\/p>\n
El \u00a0titular del Juzgado Segundo Penal del Circuito de la misma ciudad, \u00a0afirm\u00f3 que \u00abla \u00a0segunda instancia tom\u00f3 una decisi\u00f3n sobre la pretensi\u00f3n \u00a0perseguida por el actor en auto del 3 de abril de 2014\u00bb \u00a0la que no pod\u00eda \u00a0desconocer, m\u00e1s a\u00fan cuando las diligencias ya se \u00a0encontraban archivadas (fl. 125 \u00edbidem). \u00a0<\/p>\n
EL FALLO \u00a0IMPUGNADO \u00a0<\/p>\n
La \u00a0Sala Penal de esta Corporaci\u00f3n no concedi\u00f3 la \u00a0protecci\u00f3n demandada, tras considerar que el accionante tuvo \u00a0la oportunidad de controvertir la decisi\u00f3n del 21 de julio del \u00a0a\u00f1o anterior a trav\u00e9s del recurso de apelaci\u00f3n, \u00a0pero \u00abno \u00a0agot\u00f3 ese medio de defensa a su alcance, pues su defensor \u00a0desisti\u00f3 del [mismo]\u00bb \u00a0(fls. \u00a0133 a 141 \u00eddem). \u00a0 \u00a0<\/p>\n
LA \u00a0IMPUGNACION \u00a0<\/p>\n
El \u00a0promotor de la querella recurri\u00f3 la decisi\u00f3n, sin \u00a0manifestar los motivos de su inconformidad (fl. 147 idem). \u00a0<\/p>\n
CONSIDERACIONES \u00a0<\/p>\n
1. \u00a0 \u00a0Por consagraci\u00f3n constitucional y legal la acci\u00f3n de \u00a0tutela es un mecanismo preferente y sumario, al alcance de las \u00a0personas para la efectiva protecci\u00f3n de los derechos \u00a0fundamentales, cuando \u00e9stos son vulnerados o amenazados por la \u00a0acci\u00f3n u omisi\u00f3n de las autoridades p\u00fablicas y, \u00a0en veces, de los particulares; sin que se erija en remedio sustituto \u00a0o alternativo de las herramientas previstas en el ordenamiento \u00a0jur\u00eddico para la regular composici\u00f3n de los litigios, a \u00a0los cuales es menester acudir previamente, a menos que proceda la \u00a0tutela en la modalidad de amparo transitorio para evitar un perjuicio \u00a0irremediable y, por supuesto, se observe el requisito de la \u00a0inmediatez. \u00a0<\/p>\n
Del \u00a0mismo modo, cuando la lesi\u00f3n actual o potencial del derecho \u00a0esencial comprometido provenga de actuaciones o providencias \u00a0judiciales, la jurisprudencia constitucional desde antes precisa la \u00a0procedencia del amparo de manera excepcional, es decir s\u00f3lo \u00a0\u00abcuando \u00a0se detecta una desviaci\u00f3n arbitraria, caprichosa o absurda del \u00a0fallador\u00bb \u00a0(CSJ ST, 16 jul. \u00a01999, Rad. 6621; criterio reiterado en STC13064-2014; \u00a0STC13498-2014; STC13518-2004; STC13533-2014; STC13534-2014; \u00a0STC13813-2014). \u00a0<\/p>\n
3. \u00a0 \u00a0En el caso bajo \u00a0estudio se observa de entrada la improcedencia de la solicitud de \u00a0amparo, pues \u00e9sta no re\u00fane el presupuesto de la \u00a0inmediatez, si se tiene en cuenta las \u00e9pocas en las cuales se \u00a0emitieron las decisiones que se cuestionan, dado que la providencia \u00a0de la Sala Penal del Tribunal Superior del Distrito Judicial de San \u00a0Andr\u00e9s Islas, emitida el 3 de abril de 2014 para definir la \u00a0tem\u00e1tica ahora cuestionada (fls. 32 a 44, \u00eddem), \u00a0y la dictada el 11 de agosto del mismo a\u00f1o por el Juzgado \u00a0Segundo Penal del Circuito de la misma ciudad, con el fin de denegar \u00a0la cancelaci\u00f3n de las \u00f3rdenes emitidas por la Fiscal\u00eda \u00a0(fls. 10 a 16 \u00eddem), \u00a0permanecieron indemnes por un tiempo significativo, en tanto que la \u00a0presente demanda constitucional se radic\u00f3 s\u00f3lo hasta el \u00a027 de febrero de 2015 (fl. 95 \u00eddem), \u00a0lo que evidencia la tardanza en la formulaci\u00f3n del reclamo. \u00a0<\/p>\n
Al \u00a0punto es suficientemente conocido, que pese a que las disposiciones \u00a0que disciplinan el amparo tutelar no fijan un t\u00e9rmino \u00a0espec\u00edfico para su formulaci\u00f3n, de acuerdo con los \u00a0principios y criterios que gobiernan dicho mecanismo, relacionados \u00a0con la urgencia, celeridad y eficacia -art\u00edculo 3\u00ba del \u00a0Decreto 2591 de 1991-, se requiere que el interesado act\u00fae tan \u00a0pronto tenga ocurrencia el hecho generador de la supuesta vulneraci\u00f3n \u00a0de los derechos fundamentales. \u00a0<\/p>\n
Se \u00a0establece, entonces, que la s\u00faplica no se formul\u00f3 \u00a0dentro de un prudencial plazo, pues como se rese\u00f1\u00f3, \u00a0pas\u00f3 un periodo de tiempo importante -aproximadamente nueve \u00a0meses contados a partir de la decisi\u00f3n del Tribunal acusado y \u00a0m\u00e1s de seis meses respecto de la providencia del juzgado \u00a0demandado-, sin que el accionante solicitara la protecci\u00f3n de \u00a0los derechos que considera vulnerados con dicha providencia, cuesti\u00f3n \u00a0que pone de relieve su inactividad y denota el quebranto del \u00a0presupuesto b\u00e1sico de inmediatez que rige el tr\u00e1mite \u00a0previsto por el art\u00edculo 86 de la Carta Pol\u00edtica, seg\u00fan \u00a0la cual el menoscabo de una garant\u00eda de linaje constitucional \u00a0fundamental impone, en el terreno de que se trata, una pronta \u00a0reacci\u00f3n del supuesto lesionado o agraviado. \u00a0<\/p>\n
La \u00a0Corte, en la materia, ha se\u00f1alado que \u00a0<\/p>\n
\u00ab[t]al \u00a0conclusi\u00f3n no responde a un parecer arbitrario de esta Sala; \u00a0por el contrario, coincide con la posici\u00f3n que sobre el tema \u00a0han fijado la jurisprudencia constitucional y la doctrina nacional. \u00a0<\/p>\n
En \u00a0efecto, a pesar de la desaparici\u00f3n del t\u00e9rmino de \u00a0caducidad de dos meses que el art\u00edculo 11 del Decreto 2591 de \u00a01991 hab\u00eda consagrado para ejercer la acci\u00f3n de tutela, \u00a0declarado inexequible por sentencia C-543 de 1992 de la Corte \u00a0Constitucional, con posterioridad a ese pronunciamiento se ha \u00a0determinado por la jurisprudencia constitucional, incluida la de esta \u00a0Sala, que aunque no existe propiamente un plazo espec\u00edfico \u00a0para el ejercicio de la acci\u00f3n de tutela, por su propia \u00a0naturaleza, por lo que constituye el objeto de protecci\u00f3n al \u00a0que apunta, y, en fin, por el prop\u00f3sito inherente a esa \u00a0herramienta de defensa judicial, la interposici\u00f3n del amparo \u00a0debe llevarse a cabo en un t\u00e9rmino que se avenga con la \u00a0inmediatez que contempla el art\u00edculo 86 de la Constituci\u00f3n \u00a0Pol\u00edtica, al punto de permitir que la decisi\u00f3n no sea \u00a0tard\u00eda o extempor\u00e1nea. \u00a0<\/p>\n
Con \u00a0fundamento en lo anterior, se declarar\u00e1 improcedente la acci\u00f3n \u00a0de tutela por causa de la inobservancia del principio de la \u00a0inmediatez que caracteriza su ejercicio adecuado. Esta limitaci\u00f3n \u00a0tiene como objetivo conservar y resaltar el car\u00e1cter \u00e1gil, \u00a0expedito, inmediato, de la tutela como mecanismo de protecci\u00f3n \u00a0de los derechos fundamentales que se estiman vulnerados con la acci\u00f3n \u00a0u omisi\u00f3n de la autoridad p\u00fablica acusada. \u00a0<\/p>\n
Aquellas \u00a0situaciones en que el hecho violatorio del derecho fundamental no \u00a0guarde razonable cercan\u00eda en el tiempo con el ejercicio de la \u00a0acci\u00f3n, no deben, en principio, ser amparadas, en parte a modo \u00a0de sanci\u00f3n por la demora o negligencia del accionante en \u00a0acudir a la jurisdicci\u00f3n para reclamar tal protecci\u00f3n \u00a0y, tambi\u00e9n, por evitar perjuicios, estos s\u00ed actuales, a \u00a0terceros que hayan derivado situaciones jur\u00eddicas de las \u00a0circunstancias no cuestionadas oportunamente\u00bb \u00a0(CSJ STC, 3 \u00a0 oct. 2007, rad. 2007-01230; reiterada en CSJ STC6842-2014). \u00a0<\/p>\n
4. \u00a0 \u00a0Por tanto, se confirmar\u00e1 el fallo impugnado. \u00a0<\/p>\n
DECISI\u00d3N \u00a0<\/p>\n
En \u00a0m\u00e9rito de lo expuesto, la Corte Suprema de Justicia, Sala de \u00a0Casaci\u00f3n Civil, administrando justicia en nombre de la \u00a0Rep\u00fablica y por autoridad de la ley, \u00a0CONFIRMA el \u00a0fallo proferido por la Sala de Casaci\u00f3n Penal de la Corte \u00a0Suprema de Justicia, dentro de la acci\u00f3n de tutela \u00a0referenciada. \u00a0<\/p>\n
Comun\u00edquese \u00a0telegr\u00e1ficamente lo aqu\u00ed resuelto a las partes y, en \u00a0oportunidad, rem\u00edtase el expediente a la Corte Constitucional \u00a0para que asuma lo de su cargo. \u00a0<\/p>\n
LUIS \u00a0ARMANDO TOLOSA VILLABONA \u00a0<\/p>\n
Presidente \u00a0de Sala \u00a0<\/p>\n
MARGARITA \u00a0CABELLO BLANCO \u00a0<\/p>\n
\u00c1LVARO \u00a0FERNANDO GARC\u00cdA RESTREPO \u00a0<\/p>\n
FERNANDO \u00a0GIRALDO GUTI\u00c9RREZ \u00a0<\/p>\n
ARIEL \u00a0SALAZAR RAM\u00cdREZ \u00a0<\/p>\n
JES\u00daS \u00a0VALL DE RUT\u00c9N RUIZ \u00a0<\/p>\n
\u00a0 \u00a0 \u00a0\u00a0<\/p>\n
<\/p>\n","protected":false},"excerpt":{"rendered":"
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