\u00a0 \u00a0 \u00a0 Rep\u00fablica \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 de Colombia \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0<\/p>\n
\u00a0\u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0<\/p>\n
\u00a0\u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0<\/p>\n
\u00a0\u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0<\/p>\n
Corte \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0Suprema de Justicia \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0<\/p>\n
\u00a0 \u00a0\u00a0<\/p>\n
CORTE SUPREMA \u00a0DE JUSTICIA \u00a0<\/p>\n
SALA \u00a0DE CASACI\u00d3N CIVIL \u00a0<\/p>\n
LUIS ARMANDO \u00a0TOLOSA VILLABONA \u00a0<\/p>\n
Magistrado \u00a0ponente \u00a0<\/p>\n
STC5828-2015 \u00a0<\/p>\n
Radicaci\u00f3n \u00a0n.\u00b0 11001-02-03-000-2015-00939-00 \u00a0<\/p>\n
(Aprobado \u00a0en sesi\u00f3n de trece de mayo dos mil quince) \u00a0<\/p>\n
Bogot\u00e1, \u00a0D. C., catorce (14) de mayo de dos mil quince (2015). \u00a0<\/p>\n
Dec\u00eddese \u00a0la \u00a0tutela promovida por Fabiola \u00a0Baquero T\u00e9llez respecto de la \u00a0Sala Civil Familia del Tribunal Superior del Distrito Judicial de \u00a0Cartagena, espec\u00edficamente, contra las magistradas Betty \u00a0Fortich P\u00e9rez y Emma G. Hern\u00e1ndez Bonfante, con ocasi\u00f3n \u00a0del \u00a0recurso de revisi\u00f3n propuesto por la aqu\u00ed quejosa \u00a0frente a la sentencia dictada en el juicio de responsabilidad civil \u00a0extracontractual, adelantado a la ahora promotora por Mar\u00eda \u00a0Yanet Gechem de Giraldo. \u00a0<\/p>\n
\u00a0 \u00a0\u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0<\/p>\n
1. ANTECEDENTES \u00a0<\/p>\n
1. \u00a0La \u00a0gestora solicita la protecci\u00f3n de los derechos fundamentales \u00a0al debido proceso y defensa, presuntamente quebrantados por la \u00a0Corporaci\u00f3n querellada. \u00a0<\/p>\n
2. \u00a0Sostiene, \u00a0como base de su reclamo, en s\u00edntesis, que \u00a0interpuso recurso de revisi\u00f3n contra la sentencia dictada el 9 \u00a0de septiembre de 2010 dentro del litigio de responsabilidad citado en \u00a0antelaci\u00f3n, porque ese tr\u00e1mite se adelant\u00f3 \u00a0irregularmente. \u00a0<\/p>\n
Agrega \u00a0que por auto de 27 de octubre de 2014 el colegiado, previo a dar \u00a0tr\u00e1mite al libelo contentivo de esa impugnaci\u00f3n, le \u00a0orden\u00f3, apoyado en el art\u00edculo 383 del C\u00f3digo de \u00a0Procedimiento Civil, prestar cauci\u00f3n por $15.000.000. \u00a0<\/p>\n
Comenta \u00a0que la autoridad tutelada \u00a0fij\u00f3 la anterior suma con fundamento en una norma no vigente, \u00a0pues la misma fue derogada por la regla 358 del C\u00f3digo General \u00a0del Proceso. \u00a0<\/p>\n
Inconforme \u00a0con lo anterior, formul\u00f3 s\u00faplica, desestimada con \u00a0fundamento en el Acuerdo PSAA14-10155 de 28 de mayo de 2014, \u00a0proferido por el Consejo Superior de la Judicatura, el cual suspendi\u00f3 \u00a0la entrada en vigor del mandato jur\u00eddico por ella invocado. \u00a0<\/p>\n
Indica \u00a0que los literales b y c del art\u00edculo 626 del C\u00f3digo \u00a0General del Proceso, dispusieron \u201c(\u2026) que \u00a0el mismo \u00a0entrar\u00eda \u00a0a regir a partir del 1 de enero de 2014, quedando derogado (\u2026)\u201d \u00a0el Decreto 1400 de 1970, concretamente, el canon que exig\u00eda \u00a0prestar cauci\u00f3n para proponer el recurso de revisi\u00f3n. \u00a0<\/p>\n
3. \u00a0Tras \u00a0insistir en las mismas presuntas falencias, exponer su visi\u00f3n \u00a0particular de la forma como debi\u00f3 solucionarse el asunto e \u00a0insistir en \u201c(\u2026) que \u00a0la presentaci\u00f3n de la cauci\u00f3n \u00a0(\u2026)\u201d fue suprimida por el C\u00f3digo General del \u00a0Proceso\u201d, pide, entre otras cosas, revocar \u201c(\u2026) el \u00a0auto de 27 de octubre de 2014 y seguir con el tr\u00e1mite \u00a0(\u2026)\u201d del se\u00f1alado medio de impugnaci\u00f3n. \u00a0<\/p>\n
1.1. \u00a0Respuesta de la accionada \u00a0<\/p>\n
La \u00a0autoridad tutelada adujo estarse a los argumentos esbozados en los \u00a0prove\u00eddos atacados. \u00a0<\/p>\n
2. \u00a0CONSIDERACIONES \u00a0<\/p>\n
1. \u00a0Es \u00a0menester precisar que s\u00f3lo las determinaciones judiciales \u00a0arbitrarias con directa repercusi\u00f3n en los derechos \u00a0fundamentales de las partes o de terceros, son susceptibles de \u00a0cuestionamiento por v\u00eda de tutela, siempre y cuando, claro \u00a0est\u00e1, \u00a0su titular haya agotado los medios legales ordinarios dispuestos \u00a0para hacerlos prevalecer dentro del correspondiente proceso. \u00a0<\/p>\n
2. \u00a0La \u00a0aqu\u00ed promotora, Fabiola Baquero T\u00e9llez, ataca al \u00a0colegiado querellado porque dentro del recurso extraordinario de \u00a0revisi\u00f3n por ella propuesto \u00a0contra la sentencia de segunda instancia emitida dentro del juicio de \u00a0responsabilidad civil extracontractual que se le adelant\u00f3, le \u00a0fij\u00f3 cauci\u00f3n, pues en su opini\u00f3n la norma \u00a0contentiva de tal exigencia pecuniaria desapareci\u00f3 del mundo \u00a0jur\u00eddico. \u00a0<\/p>\n
Tambi\u00e9n \u00a0critica la \u00a0providencia de 19 de diciembre de 2014 que declar\u00f3 infundada \u00a0la s\u00faplica incoada frente a la determinaci\u00f3n \u00a0anteriormente mencionada. \u00a0<\/p>\n
Sin \u00a0embargo, revisados esos \u00a0pronunciamientos, no se advierte irregularidad, porque para \u00a0adoptar las se\u00f1aladas decisiones, la Sala denunciada consign\u00f3, \u00a0en el prove\u00eddo de 27 de octubre de 2014, \u00a0que como \u00a0el recurso de revisi\u00f3n presentado por la aqu\u00ed gestora \u00a0reun\u00eda las exigencias previstas en la regla 382 del C\u00f3digo \u00a0de Procedimiento Civil, la cauci\u00f3n que \u00e9sta deb\u00eda \u00a0prestar era de $15.000.000, la cual pod\u00eda constituir a trav\u00e9s \u00a0de compa\u00f1\u00eda de seguros o entidad de cr\u00e9dito \u00a0legalmente autorizada, concedi\u00e9ndosele para el efecto un plazo \u00a0de 10 d\u00edas a partir de la notificaci\u00f3n de esa \u00a0providencia, todo ello con base en el art\u00edculo 383 ib\u00eddem. \u00a0<\/p>\n
En \u00a0cuanto ata\u00f1e a la determinaci\u00f3n de 19 de diciembre de \u00a02014, mediante la cual se desat\u00f3 la s\u00faplica deprecada \u00a0respecto del auto precedente, la Corporaci\u00f3n indic\u00f3 que \u00a0la demandante se hallaba inconforme con la cauci\u00f3n ordenada \u00a0con soporte en el precepto 383 del C\u00f3digo de Procedimiento \u00a0Civil, pues, en su criterio, esa garant\u00eda fue abolida por el \u00a0art\u00edculo 358 del C\u00f3digo General del Proceso el cual, en \u00a0opini\u00f3n de la censora, se halla vigente; empero tal tesis era \u00a0errada, por cuanto, si bien esta \u00faltima norma debi\u00f3 \u00a0entrar a regir a partir del 1 de enero de 2014, el Consejo Superior \u00a0de la Judicatura mediante Acuerdo PSAA14-10155 de 28 de mayo de 2014, \u00a0suspendi\u00f3 \u201c(\u2026) el \u00a0cronograma que ten\u00eda previsto en el Acuerdo PSAA13-10073 del \u00a027 de Diciembre de 2013 para la entrada en operaci\u00f3n de la Ley \u00a01564 de 2012, en espera de la provisi\u00f3n de recursos \u00a0financieros (\u2026)\u201d. \u00a0<\/p>\n
Por \u00a0lo anterior, anot\u00f3 que deb\u00eda seguirse \u00a0<\/p>\n
\u201c(\u2026) \u00a0la \u00a0regla general del procedimiento, seg\u00fan la cual, los procesos \u00a0admitidos antes de entrar en vigencia las disposiciones sobre \u00a0oralidad, seguir\u00e1n el tramite previsto por la ley vigente al \u00a0momento en que se admitieron, por lo que para el caso las normas \u00a0aplicables son los art\u00edculos 365 a 376 del C. de P.C. (\u2026)\u201d. \u00a0<\/p>\n
3. \u00a0Las decisiones adoptadas por la citada Corporaci\u00f3n no se \u00a0muestran descabelladas, por el contrario, su sustento se encuentra \u00a0justificado en el ordenamiento jur\u00eddico llamado a gobernar el \u00a0asunto. \u00a0<\/p>\n
Es preciso \u00a0recordar que la sola divergencia conceptual no puede ser venero para \u00a0demandar el amparo constitucional porque la tutela no es instrumento \u00a0para definir cu\u00e1l planteamiento hermen\u00e9utico en las \u00a0hip\u00f3tesis de subsunci\u00f3n legal es el v\u00e1lido, ni \u00a0cu\u00e1l de las inferencias valorativas de los elementos f\u00e1cticos \u00a0es la m\u00e1s acertada o la m\u00e1s correcta para dar lugar a \u00a0la intervenci\u00f3n del juez constitucional. \u00a0<\/p>\n
Sobre \u00a0ese t\u00f3pico, esta Corte ha afirmado: \u00a0<\/p>\n
\u201c(\u2026) \u00a0independientemente \u00a0de que se comparta o no la hermen\u00e9utica de los juzgadores \u00a0atacados, ello no descalifica su decisi\u00f3n ni la convierte en \u00a0caprichosa y con entidad suficiente de configurar v\u00eda de \u00a0hecho, la rese\u00f1ada providencia consigna, en suma, un criterio \u00a0interpretativo de los hechos y de las pruebas coherente que, como \u00a0tal, debe ser respetado, aunque \u00e9ste pueda ser susceptible de \u00a0otra ex\u00e9gesis; es decir, para expresarlo \u00a0brevemente: aunque \u00a0la Sala pudiera discrepar de la tesis admitida por los juzgadores de \u00a0instancia accionados, esa disonancia no es motivo para calificar como \u00a0absurda la referida sentencia\u201d1. \u00a0<\/p>\n
4. \u00a0En cuanto hace al reproche consistente en que no se aplic\u00f3 al \u00a0caso materia de esta queja el C\u00f3digo General del Proceso (Ley \u00a01564 de 2012), se pone de presente que de conformidad con el art\u00edculo \u00a0627 del mismo, su vigencia est\u00e1 sometida a las siguientes \u00a0reglas: \u00a0<\/p>\n
a) \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0Solamente \u00a0los art\u00edculos 24, 31, numeral 2\u00ba, 33, numeral 2\u00ba, \u00a0203, 467 y 619 a 627 empezaron a regir desde la promulgaci\u00f3n \u00a0de citada ley, lo que tuvo ocurrencia el 12 de julio de 2012. \u00a0<\/p>\n
b) \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0La pr\u00f3rroga \u00a0consagrada en el art\u00edculo 121 operar\u00e1 por decisi\u00f3n \u00a0del juez o magistrado en cada caso particular, adoptada con sujeci\u00f3n \u00a0al numeral 2\u00ba del citado precepto. \u00a0<\/p>\n
c) \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0Los art\u00edculos \u00a017, numeral 1\u00ba, 18, numeral 1\u00ba, 20, numeral 1\u00ba, 25, \u00a030, numeral 8\u00ba y par\u00e1grafo, 31, numeral 6\u00ba y \u00a0par\u00e1grafo, 32, numeral 5\u00ba y par\u00e1grafo, 94, 95, \u00a0317, 351, 398, 487, par\u00e1grafo, 531 a 576 y 590 son aplicables \u00a0desde el 1\u00ba de octubre de 2012. \u00a0<\/p>\n
d) \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0Las \u00a0dem\u00e1s normas entrar\u00e1n en vigencia en el per\u00edodo \u00a0que va desde el 1\u00ba de enero de 2014 hasta el 31 de enero de \u00a02017, conforme la programaci\u00f3n que establezca el Consejo \u00a0Superior de la Judicatura, atendiendo los factores indicados en el \u00a0numeral 6\u00ba del art\u00edculo que se comenta, cronograma que si \u00a0bien es verdad se estableci\u00f3 mediante Acuerdo N\u00ba \u00a0PSAA13-1073 del 27 de diciembre de 2013, fue suspendido por la misma \u00a0Corporaci\u00f3n con el Acuerdo N\u00ba PSAA14-10155 del 28 de mayo \u00a0de 2014. \u00a0<\/p>\n
e) La Ley 1716 de \u00a02014 pospuso la entrada en vigencia de gran parte del articulado en \u00a0comento hasta el 31 de diciembre de 2015. \u00a0<\/p>\n
Se \u00a0sigue de lo narrado, que el precepto relacionado con el recurso de \u00a0revisi\u00f3n, venero de la queja constitucional, no ha entrado a \u00a0operar en ninguno de los Distritos Judiciales del pa\u00eds y, por \u00a0ende, carece de fundamento la pretensi\u00f3n para que su caso se \u00a0rija por las previsiones de esa reciente legislaci\u00f3n. Lo dicho \u00a0no significa que la Corte proh\u00edje la inferencia que sobre la \u00a0cauci\u00f3n realiza la tutelante. \u00a0<\/p>\n
5. \u00a0Por \u00a0las \u00a0razones se\u00f1aladas, el amparo deprecado ser\u00e1 \u00a0desestimado. \u00a0<\/p>\n
3. DECISI\u00d3N \u00a0<\/p>\n
En m\u00e9rito \u00a0de lo expuesto, la Corte Suprema de Justicia, en Sala de Casaci\u00f3n \u00a0Civil, administrando justicia en nombre de la Rep\u00fablica y por \u00a0autoridad de la ley, \u00a0<\/p>\n
RESUELVE: \u00a0<\/p>\n
PRIMERO: \u00a0NEGAR \u00a0la tutela solicitada por \u00a0Fabiola \u00a0Baquero T\u00e9llez respecto de la \u00a0Sala Civil Familia del Tribunal Superior del Distrito Judicial de \u00a0Cartagena, con ocasi\u00f3n del \u00a0recurso de revisi\u00f3n \u00a0propuesto por la aqu\u00ed quejosa frente a la sentencia dictada en \u00a0el juicio de responsabilidad civil extracontractual, adelantado a la \u00a0ahora promotora por Mar\u00eda Yanet Gechem de Giraldo. \u00a0<\/p>\n
SEGUNDO: \u00a0Notif\u00edquese \u00a0lo as\u00ed decidido, mediante comunicaci\u00f3n telegr\u00e1fica, \u00a0a todos los interesados. \u00a0<\/p>\n
TERCERO: \u00a0Si \u00a0este fallo no fuere impugnado rem\u00edtase el expediente a la \u00a0Corte Constitucional para su eventual revisi\u00f3n. \u00a0<\/p>\n
NOTIF\u00cdQUESE \u00a0Y C\u00daMPLASE \u00a0<\/p>\n
LUIS ARMANDO \u00a0TOLOSA VILLABONA \u00a0<\/p>\n
Presidente de Sala \u00a0<\/p>\n
MARGARITA \u00a0CABELLO BLANCO \u00a0<\/p>\n
\u00c1LVARO \u00a0FERNANDO GARC\u00cdA RESTREPO \u00a0<\/p>\n
FERNANDO \u00a0GIRALDO GUTI\u00c9RREZ \u00a0<\/p>\n
ARIEL SALAZAR \u00a0RAM\u00cdREZ \u00a0<\/p>\n
JES\u00daS \u00a0VALL DE RUT\u00c9N RUIZ \u00a0<\/p>\n
1 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0Fallo \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0de 18 de marzo de 2010, exp. 00367-00, reiterado el 3 de junio de \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a02011, exp. 00974-01 y el 18 de enero de 2012. \u00a0<\/p>\n
9 \u00a0 \u00a0 \u00a0<\/p>\n
<\/p>\n","protected":false},"excerpt":{"rendered":"
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