\u00a0 \u00a0 \u00a0 Rep\u00fablica \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 de Colombia \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0<\/p>\n
\u00a0\u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0<\/p>\n
\u00a0\u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0<\/p>\n
\u00a0\u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0<\/p>\n
\u00a0\u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0<\/p>\n
\u00a0\u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0<\/p>\n
\u00a0 \u00a0\u00a0<\/p>\n
CORTE \u00a0 SUPREMA \u00a0DE \u00a0JUSTICIA \u00a0<\/p>\n
SALA \u00a0 DE \u00a0CASACI\u00d3N \u00a0CIVIL \u00a0<\/p>\n
\u00c1LVARO \u00a0FERNANDO GARC\u00cdA RESTREPO \u00a0<\/p>\n
Magistrado \u00a0Ponente \u00a0 \u00a0<\/p>\n
STC6175-2015 \u00a0<\/p>\n
Radicaci\u00f3n \u00a0n\u00b0 11001-02-04-000-2015-00507-01 \u00a0<\/p>\n
(Aprobado \u00a0en sesi\u00f3n de veinte de mayo de dos mil quince) \u00a0<\/p>\n
Bogot\u00e1, \u00a0D. C., veintiuno (21) de mayo de dos mil quince (2015).- \u00a0<\/p>\n
La \u00a0Corte decide la impugnaci\u00f3n formulada por el se\u00f1or \u00a0Pablo \u00a0Enrique Ortiz Mu\u00f1oz \u00a0contra la sentencia proferida el 7 de abril de 2015 por la Sala \u00a0de Casaci\u00f3n Penal de esta Corporaci\u00f3n, \u00a0con la que se deneg\u00f3 la solicitud de tutela incoada por el \u00a0recurrente frente al \u00a0Juzgado Veintitr\u00e9s Penal del Circuito de Conocimiento y la \u00a0Sala Penal del Tribunal Superior del Distrito Judicial, ambos de \u00a0Bogot\u00e1. \u00a0<\/p>\n
ANTECEDENTES \u00a0<\/p>\n
1. \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0Pablo \u00a0Enrique Ortiz Mu\u00f1oz solicita la protecci\u00f3n de sus \u00a0derechos fundamentales al debido proceso, a la igualdad, a la \u00a0libertad y al acceso a la justicia. \u00a0<\/p>\n
2. \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0Para sustentar la protecci\u00f3n \u00a0formulada afirma, que ante el Juzgado Veintitr\u00e9s Penal del \u00a0Circuito de Conocimiento de Bogot\u00e1 se adelant\u00f3 en su \u00a0contra un proceso penal por el delito de \u00abacceso \u00a0carnal abusivo con menor de 14 a\u00f1os\u00bb, \u00a0concluido con \u00a0sentencia condenatoria, confirmada por el tribunal superior acusado. \u00a0<\/p>\n
2.1. \u00a0A continuaci\u00f3n informa que la \u00faltima decisi\u00f3n \u00a0fue impugnada a trav\u00e9s del recurso extraordinario de casaci\u00f3n, \u00a0pero la demanda presentada para sustentarlo fue inadmitida \u00abpor \u00a0vicios de forma\u00bb. \u00a0<\/p>\n
2.2. \u00a0Manifiesta que para la \u00e9poca en que se indica que ocurrieron \u00a0los hechos -9 de abril de 2008- \u00abno \u00a0hab\u00eda entrado en vigencia la ley 1236 de 2008, pero aun as\u00ed \u00a0[le] \u00a0fue aplicada\u00bb, \u00a0situaci\u00f3n que implic\u00f3 una tasaci\u00f3n punitiva m\u00e1s \u00a0alta de la establecida en aquella \u00e9poca. \u00a0<\/p>\n
2.3. \u00a0El promotor de la demanda asevera que con ese proceder de las \u00a0autoridades acusadas le quebrantaron las garant\u00edas invocadas, \u00a0ya que \u00abpese \u00a0a todos los argumentos legales esbozados en las diferentes \u00a0impugnaciones sobre la dosificaci\u00f3n de la pena, que afectaron \u00a0y vulneraron los principios de igualdad y congruencia, los fallos los \u00a0dejaron inc\u00f3lumes\u00bb \u00a0<\/p>\n
3. \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0Solicita \u00a0que en sede constitucional se ordene a la corporaci\u00f3n acusada \u00a0\u00abrevo[car] \u00a0la providencia de fecha 1 de abril de 2011, proferida por el Juzgado \u00a0Veintitr\u00e9s (23) Penal del Circuito con funci\u00f3n de \u00a0Conocimiento de Bogot\u00e1\u00bb (fls. \u00a02 a 17, cdno. 1). \u00a0<\/p>\n
RESPUESTA \u00a0DE LOS ACUSADOS \u00a0<\/p>\n
El \u00a0Juzgado accionado, tras se\u00f1alar que la condena impuesta en el \u00a0interior del proceso penal seguido frente al se\u00f1or Ortiz Mu\u00f1oz \u00a0fue objeto de apelaci\u00f3n que no prosper\u00f3, indic\u00f3 \u00a0que all\u00ed no reposa el expediente porque el mismo se remiti\u00f3 \u00a0a los Jueces que deben vigilar la pena impuesta (fl. 72 \u00eddem). \u00a0<\/p>\n
A \u00a0su turno la corporaci\u00f3n demandada pidi\u00f3 denegar, por \u00a0improcedente, la petici\u00f3n formulada, con base en que las \u00a0decisiones criticadas fueron tomadas por \u00ablas \u00a0instancias (\u2026) con apego a la legalidad y conforme al material \u00a0probatorio debatido\u00bb, de \u00a0manera que se est\u00e1 es \u00abbuscando \u00a0irregularmente la intervenci\u00f3n que acoja sus planteamientos, \u00a0en cuanto (\u2026) desaprovech\u00f3 la oportunidad de recurrir \u00a0en casaci\u00f3n\u00bb. \u00a0<\/p>\n
EL \u00a0FALLO \u00a0IMPUGNADO \u00a0<\/p>\n
\u00a0 \u00a0\u00a0<\/p>\n
LA \u00a0IMPUGNACION \u00a0<\/p>\n
El \u00a0promotor de la querella recurri\u00f3 la decisi\u00f3n, sin \u00a0exponer los argumentos de su inconformidad (fl. 114 \u00eddem). \u00a0<\/p>\n
CONSIDERACIONES \u00a0<\/p>\n
1. \u00a0Por cuenta de lo previsto por el \u00a0art\u00edculo 86 de la Carta Pol\u00edtica, la tutela es un \u00a0mecanismo instituido para la protecci\u00f3n de los derechos \u00a0fundamentales, cuando sean conculcados o seriamente amenazados por la \u00a0acci\u00f3n o la omisi\u00f3n ileg\u00edtima de una autoridad \u00a0p\u00fablica o, en determinadas hip\u00f3tesis, de los \u00a0particulares, siempre y cuando el afectado no disponga de otro medio \u00a0de defensa judicial. \u00a0<\/p>\n
De \u00a0la misma forma, se ha se\u00f1alado que esta acci\u00f3n, en \u00a0l\u00ednea de principio rector, no proviene respecto de \u00a0providencias judiciales, salvo que el funcionario adopte una decisi\u00f3n \u00a0por completo opuesta al r\u00e9gimen legal previamente se\u00f1alado, \u00a0sin ninguna objetividad, apoyado \u00fanicamente en sus \u00a0particulares designios, a tal extremo que configure una causal de \u00a0procedencia de la acci\u00f3n, situaci\u00f3n frente a la cual se \u00a0abre camino el amparo para restablecer las prerrogativas \u00a0fundamentales conculcados, siempre y cuando se hayan agotado las v\u00edas \u00a0ordinarias de defensa judicial, dado el car\u00e1cter subsidiario y \u00a0residual de la tutela y, \u00a0por supuesto, se observe el requisito de la inmediatez connatural a \u00a0su ejercicio. \u00a0<\/p>\n
2. \u00a0 En el caso sometido a consideraci\u00f3n de la Corte, se concluye \u00a0que la pretensi\u00f3n formulada por \u00a0el se\u00f1or Pablo Enrique Ortiz Mu\u00f1oz no \u00a0puede triunfar, toda vez que la petici\u00f3n incumple el requisito \u00a0de inmediatez que caracteriza esta acci\u00f3n de naturaleza \u00a0excepcional, pues de acuerdo con los soportes adosados al proceso de \u00a0tutela, la demanda constitucional radicada el 11 de marzo de 2015 \u00a0(fl. 17) se dirige a cuestionar, en concreto, el cierre del citado \u00a0proceso que el 12 de julio de 2011 sentenci\u00f3 la Sala Penal del \u00a0Tribunal Superior del Distrito Judicial de Bogot\u00e1 (fls. 77 a \u00a088), esto es, que transcurrieron m\u00e1s de cuarenta y cuatro (44) \u00a0meses desde que acaeci\u00f3 la supuesta vulneraci\u00f3n de los \u00a0derechos fundamentales reclamados. \u00a0<\/p>\n
La \u00a0se\u00f1alada circunstancia permite evidenciar que la aludida \u00a0petici\u00f3n no se present\u00f3 oportunamente, dado que, como \u00a0lo ha se\u00f1alado reiteradamente la jurisprudencia en la materia, \u00a0pese a que las normas \u00a0legales que \u00a0rigen el mecanismo tutelar no fijan un puntual lapso para su \u00a0interposici\u00f3n, de acuerdo con los principios y criterios \u00a0orientadores del mismo -urgencia, celeridad \u00a0y eficacia-1, \u00a0lo consecuente es que se act\u00fae tan pronto tenga ocurrencia el \u00a0hecho generador de la supuesta vulneraci\u00f3n de los derechos \u00a0fundamentales. \u00a0<\/p>\n
En \u00a0relaci\u00f3n con el indicado requisito, vale decir, con la \u00a0oportunidad para presentar las acciones constitucionales orientadas a \u00a0obtener la protecci\u00f3n de un derecho fundamental, se ha \u00a0se\u00f1alado que cuando la presunta vulneraci\u00f3n de una de \u00a0tales prerrogativas \u00a0<\/p>\n
\u00abno \u00a0guarde razonable cercan\u00eda en el tiempo con el ejercicio de la \u00a0acci\u00f3n, no debe, en principio, ser amparad[a], \u00a0en parte a modo de sanci\u00f3n por la demora o negligencia del \u00a0accionante en acudir a la jurisdicci\u00f3n para reclamar tal \u00a0protecci\u00f3n y, tambi\u00e9n, por evitar perjuicios, estos si \u00a0actuales, a terceros que hayan derivado situaciones jur\u00eddicas \u00a0de las circunstancias no cuestionadas oportunamente. \u00a0<\/p>\n
As\u00ed \u00a0las cosas, en el presente evento no puede tenerse por cumplida la \u00a0exigencia de inmediatez de la solicitud por cuanto supera en mucho el \u00a0lapso razonable de los seis \u00a0meses que se \u00a0adopta, y no se demostr\u00f3, ni invoc\u00f3 siquiera, \u00a0justificaci\u00f3n de tal demora por el accionante\u00bb \u00a0(CSJ STC sent. \u00a02 \u00a0ago. 2007, rad. 00188, se subraya). \u00a0<\/p>\n
El \u00a0indicado criterio la Corte lo ha reiterado en el sentido de se\u00f1alar \u00a0que \u00a0<\/p>\n
\u00aben \u00a0suma, ante la reviviscencia pretoriana de la acci\u00f3n de tutela \u00a0contra sentencias judiciales, se hace imprescindible fijar un t\u00e9rmino \u00a0consuntivo del recurso constitucional, pues no puede quedar abierto \u00a0intemporalmente el debate judicial, ya que ello conspirar\u00eda \u00a0contra la seguridad jur\u00eddica y los derechos de todas las \u00a0partes involucradas en el litigio, quienes fundados en la confianza \u00a0legitima que les otorga la firmeza de un fallo judicial, no podr\u00edan \u00a0ser sorprendidos en cualquier momento posterior, con un nuevo debate \u00a0que frustre los derechos as\u00ed adquiridos y las situaciones \u00a0consolidadas. Las partes, y quienes con ellas puedan establecer \u00a0relaciones de todo orden, ajustan su proceder a las se\u00f1ales \u00a0que emite el ordenamiento jur\u00eddico por medio de las sentencias \u00a0judiciales en firme. De este modo, en funci\u00f3n de adquirir la \u00a0certeza y predictibilidad necesarias a la estabilidad de las \u00a0relaciones jur\u00eddicas, la clausura de la oportunidad de atacar \u00a0las sentencias judiciales es un imperativo constitucional\u00bb (CSJ \u00a0STC sent. 14 sep. 2007, rad. 01316, reiterada el 10 abr. 2013 rad. \u00a000681, STC7076-2014). \u00a0<\/p>\n
3. \u00a0Por tanto, no es viable la petici\u00f3n de amparo, por lo que se \u00a0confirmar\u00e1 la determinaci\u00f3n impugnada. \u00a0<\/p>\n
DECISI\u00d3N \u00a0<\/p>\n
En \u00a0m\u00e9rito de lo expuesto, la Corte Suprema de Justicia, Sala de \u00a0Casaci\u00f3n Civil, administrando justicia en nombre de la \u00a0Rep\u00fablica y por autoridad de la ley, \u00a0CONFIRMA el \u00a0fallo proferido por la Sala de Casaci\u00f3n Penal de la Corte \u00a0Suprema de Justicia, dentro de la acci\u00f3n de tutela \u00a0referenciada \u00a0<\/p>\n
Comun\u00edquese \u00a0telegr\u00e1ficamente lo aqu\u00ed resuelto a las partes y, en \u00a0oportunidad, rem\u00edtase el expediente a la Corte Constitucional \u00a0para que asuma lo de su cargo. \u00a0<\/p>\n
LUIS \u00a0ARMANDO TOLOSA VILLABONA \u00a0<\/p>\n
Presidente \u00a0de Sala \u00a0<\/p>\n
MARGARITA \u00a0CABELLO BLANCO \u00a0<\/p>\n
\u00c1LVARO \u00a0FERNANDO GARC\u00cdA RESTREPO \u00a0<\/p>\n
FERNANDO \u00a0GIRALDO GUTI\u00c9RREZ \u00a0<\/p>\n
ARIEL \u00a0SALAZAR RAM\u00cdREZ \u00a0<\/p>\n
JES\u00daS \u00a0VALL DE RUT\u00c9N RUIZ \u00a0<\/p>\n
1 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 Art\u00edculo 3\u00ba \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0del Decreto 2591 de 1991. \u00a0 \u00a0 \u00a0<\/p>\n
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