{"id":90165,"date":"2024-05-31T22:13:20","date_gmt":"2024-05-31T22:13:20","guid":{"rendered":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/2024\/05\/31\/stc6208-2015\/"},"modified":"2024-05-31T22:13:20","modified_gmt":"2024-05-31T22:13:20","slug":"stc6208-2015","status":"publish","type":"post","link":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/2024\/05\/31\/stc6208-2015\/","title":{"rendered":"STC 6208 2015"},"content":{"rendered":"\n<p>\u00a0 \u00a0 \u00a0 Rep\u00fablica \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 de Colombia \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0<\/p>\n<p>\u00a0\u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0<\/p>\n<p>\u00a0\u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0<\/p>\n<p>\u00a0\u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0<\/p>\n<p>Corte \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0Suprema de Justicia \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0<\/p>\n<p>\u00a0 \u00a0\u00a0<\/p>\n<p>CORTE \u00a0SUPREMA \u00a0 DE \u00a0JUSTICIA \u00a0<\/p>\n<p>SALA \u00a0DE CASACI\u00d3N CIVIL \u00a0<\/p>\n<p>\u00c1LVARO \u00a0FERNANDO GARC\u00cdA RESTREPO \u00a0<\/p>\n<p>Magistrado Ponente \u00a0 \u00a0<\/p>\n<p>STC6208-2015 \u00a0<\/p>\n<p>Radicaci\u00f3n \u00a0n.\u00b0 11001-02-03-000-2015-00931-00 \u00a0<\/p>\n<p>Bogot\u00e1, D. C., veintiuno \u00a0(21) de mayo de dos mil quince (2015).- \u00a0<\/p>\n<p>Decide \u00a0la Corte la acci\u00f3n de tutela interpuesta por los \u00a0se\u00f1ores Sof\u00eda Rodr\u00edguez Forero y Carlos Julio \u00a0Casallas Herrera contra el Jugado Primero Civil del Circuito de \u00a0Zipaquir\u00e1 y la Sala Civil \u2013 Familia del Tribunal \u00a0Superior del Distrito Judicial de Cundinamarca. \u00a0<\/p>\n<p>ANTECEDENTES \u00a0<\/p>\n<p>1. \u00a0Sof\u00eda \u00a0Rodr\u00edguez Forero y Carlos Julio Casallas Herrera, por conducto \u00a0de apoderado especial, afirman que en el tr\u00e1mite de la demanda \u00a0ejecutiva que por obligaci\u00f3n de hacer ellos promovieron contra \u00a0la se\u00f1ora Mar\u00eda Rubiela Papagayo Espinosa, ante el \u00a0Juzgado Primero Civil del Circuito de Zipaquir\u00e1, la \u00a0autoridades acusadas incurrieron en un proceder que les socava las \u00a0garant\u00edas fundamentales al debido proceso, a la defensa, a la \u00a0igualdad, a la propiedad y al acceso a la justicia. \u00a0<\/p>\n<p>2. \u00a0Como hechos edificantes de la petici\u00f3n indican, en compendio, \u00a0que afianzaron la acotada pretensi\u00f3n coercitiva en la \u00a0documentaci\u00f3n adosada, con el prop\u00f3sito de que se \u00a0ordenara honrar la obligaci\u00f3n de hacer se\u00f1alada en el \u00a0libelo, pero el juzgado de conocimiento no accedi\u00f3 a librar el \u00a0mandamiento ejecutivo de rigor. \u00a0<\/p>\n<p>2.1. \u00a0Informan que el recurso de apelaci\u00f3n interpuesto frente a la \u00a0acotada providencia tampoco triunf\u00f3 porque el tribunal \u00a0confirm\u00f3 el auto adverso. \u00a0<\/p>\n<p>2.2. \u00a0Consideran que con las anteriores decisiones los funcionarios \u00a0competentes soslayaron la aplicaci\u00f3n de las normas legales que \u00a0disciplinan el asunto. Precisaron que el proceder opuesto al \u00a0ordenamiento jur\u00eddico deriva, en concreto, de \u00abdesconocer \u00a0o negar el valor probatorio de la copia del contrato de PROMESA DE \u00a0COMPRAVENTA junto con la copia autenticada del INTERROGATORIO QUE, \u00a0COMO PRUEBA ANTICIPADA, ABSOLVIO LA PROMITENTE VENDEDORA Y DEMANDADA\u00bb \u00a0(fls. \u00a018 a 20, cdno. 1). \u00a0<\/p>\n<p>3. \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0Piden \u00a0que en el terreno constitucional se deje sin efecto el auto emitido \u00a0el 16 de marzo de 2015 con el cual se prohij\u00f3 la decisi\u00f3n \u00a0que deneg\u00f3 la memorada ejecuci\u00f3n (fl. 18 idem). \u00a0<\/p>\n<p>4. \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0Admitida \u00a0a tr\u00e1mite la queja formulada, se dispuso la publicidad de \u00a0rigor y se orden\u00f3 allegar la documentaci\u00f3n que en tal \u00a0providencia se indica. \u00a0<\/p>\n<p>CONSIDERACIONES \u00a0<\/p>\n<p>1. \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0Es \u00a0bastante conocido que la acci\u00f3n de tutela constituye un \u00a0instrumento procesal de tr\u00e1mite preferente y sumario, \u00a0establecido por la Carta Pol\u00edtica de 1991 con el objeto de que \u00a0cada persona por s\u00ed misma o a trav\u00e9s de apoderado o \u00a0agente oficioso, pueda reclamar ante los jueces la protecci\u00f3n \u00a0inmediata de los derechos constitucionales fundamentales, cuando \u00a0estos resulten vulnerados o amenazados de violaci\u00f3n por la \u00a0actuaci\u00f3n u omisi\u00f3n de cualquier autoridad p\u00fablica, \u00a0o de los particulares en los casos taxativamente se\u00f1alados por \u00a0el legislador, seg\u00fan la facultad otorgada para ese fin por el \u00a0art\u00edculo 86 de la Constituci\u00f3n Pol\u00edtica. \u00a0<\/p>\n<p>Dicho \u00a0mecanismo, de acuerdo con el referido precepto, es de car\u00e1cter \u00a0residual y subsidiario porque s\u00f3lo es viable cuando el \u00a0afectado no disponga de otro medio de salvaguarda, salvo que se \u00a0utilice como mecanismo transitorio para evitar un perjuicio \u00a0irremediable. En trat\u00e1ndose de providencias o actuaciones \u00a0judiciales, el mencionado instrumento se torna a\u00fan m\u00e1s \u00a0excepcional, pues s\u00f3lo resulta viable cuando se advierta un \u00a0proceder del funcionario judicial que se pueda tildar de irrazonable, \u00a0arbitrario o caprichoso, caso en el cual se faculta la intervenci\u00f3n \u00a0del juez constitucional para impedir o remediar la respectiva \u00a0vulneraci\u00f3n de los derechos fundamentales. \u00a0<\/p>\n<p>2. \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0Aqu\u00ed, \u00a0luego del estudio correspondiente, se concluye que no \u00a0se puede resolver positivamente la solicitud invocada por el \u00a0apoderado especial de los \u00a0se\u00f1ores Sof\u00eda Rodr\u00edguez Forero y Carlos Julio \u00a0Casallas Herrera, \u00a0merced a que la providencia -atacada- con la cual el Tribunal \u00a0Superior del Distrito Judicial de Cundinamarca resolvi\u00f3 el \u00a0recurso de apelaci\u00f3n, en el sentido de \u00ab[c]onfirmar \u00a0el auto de veinticuatro (24) de julio de dos mil catorce (2014) \u00a0proferido por el Juzgado Primero Civil del Circuito de Zipaquir\u00e1 \u00a0\u2013 Cundinamarca, en \u00a0el interior de la ejecuci\u00f3n impulsada por los accionantes de \u00a0cara a la se\u00f1ora Mar\u00eda Rubiela Papagayo Espinosa, se \u00a0afianz\u00f3 en argumentos jur\u00eddicos que en manera alguna \u00a0pueden considerarse caprichosos o arbitrarios, lo que suprime la \u00a0posibilidad de censurar tal determinaci\u00f3n en el campo de los \u00a0derechos fundamentales, dado que no se trata de actos ileg\u00edtimos \u00a0que claramente se opongan al ordenamiento jur\u00eddico. \u00a0<\/p>\n<p>En \u00a0efecto, la autoridad acusada indic\u00f3, para arribar a la aludida \u00a0conclusi\u00f3n, a partir de dejar establecido que (i) los \u00a0referidos ejecutantes aportaron como base de las s\u00faplicas \u00abla \u00a0reproducci\u00f3n fotost\u00e1tica de la promesa de compraventa \u00a0-copia simple-\u00bb \u00a0y (ii) la ley exige presentar un documento que \u00abpreste \u00a0m\u00e9rito ejecutivo\u00bb, \u00a0o sea \u00abque \u00a0sea original\u00bb \u00a0y \u00abdel \u00a0mismo dimanen, la prestaci\u00f3n debida de manera clara, expresa, \u00a0exigible y provenga del deudor\u00bb, \u00a0que en el caso sometido a consideraci\u00f3n no se colmaron tales \u00a0supuestos porque, en esencia, \u00ablos \u00a0documentos privados deben ser aportados por las partes en original, \u00a0sin embargo, es permisible allegarlos en copia, como lo denotan los \u00a0art\u00edculos 253 y 254 del C.P.C., pero para poder equipararse a \u00a0su original deben haber sido autorizadas -por notario, director de \u00a0oficina administrativa o de polic\u00eda, o secretario de oficina \u00a0judicial al amparo de una orden judicial- de donde se encuentre su \u00a0original o copia autenticada, previo cotejo con su original; por \u00a0ende, s\u00f3lo se consideran aut\u00e9nticas las copias, si se \u00a0enfilan en algunos de los eventos de la norma en cita, situaci\u00f3n \u00a0que brilla por su ausencia\u00bb, sin \u00a0que el art\u00edculo 11 de la Ley 1395 de 2010 pueda alterar la \u00a0conclusi\u00f3n porque ese precepto \u00abno \u00a0es extensivo a todos los casos, pues precisamente el legislador en \u00a0los art\u00edculos 254 y 268 C.P.C., estatuy\u00f3 los requisitos \u00a0para que los documentos privados guarden resguardo probatorio, normas \u00a0que no se derogaron, entonces, no puede d\u00e1rsele el alcance de \u00a0t\u00edtulo ejecutivo a la copia simple de la promesa de \u00a0compraventa adosada por la pare ejecutante\u00bb \u00a0 (fls. 8 a 16 idem). \u00a0<\/p>\n<p>En \u00a0virtud de lo anterior, es inobjetable que la corporaci\u00f3n \u00a0demandada efectivamente revel\u00f3 los motivos para arribar a los \u00a0efectos de los que nuevamente difiere la quejosa, cuesti\u00f3n que \u00a0comporta desestimar la petici\u00f3n especial incoada, puesto que \u00a0el soporte de la querella no guarda relaci\u00f3n con una tem\u00e1tica \u00a0propia o genuina derivada del quebranto de los derechos \u00a0fundamentales, sino con una opini\u00f3n o criterio que no coincide \u00a0con el que objetivamente aplicaron los jueces competentes. \u00a0<\/p>\n<p>Debe \u00a0tenerse presente, recuerda la Sala, que el mecanismo de que se trata \u00a0-la acci\u00f3n de tutela-, no se puede considerar como un recurso \u00a0m\u00e1s para controvertir las decisiones judiciales o buscar una \u00a0nueva y favorable valoraci\u00f3n de la tem\u00e1tica examinada, \u00a0de modo que \u00a0<\/p>\n<p>\u00abno \u00a0es posible acudir a \u00e9l para obtener un pronunciamiento \u00a0diferente del que avalaron los Jueces del conocimiento (\u2026), \u00a0menos a\u00fan si la determinaci\u00f3n cuestionada obedece a una \u00a0interpretaci\u00f3n racional, la cual, con independencia de su \u00a0valor doctrinal o de su peso dial\u00e9ctico y con prescindencia de \u00a0que ciertamente se comparta, no puede ser enjuiciada por el Juez \u00a0 constitucional, quien \u00a0de hacerlo, se estar\u00eda inmiscuyendo -de \u00a0manera inconsulta- en el \u00e1mbito propio de otra jurisdicci\u00f3n\u00bb \u00a0(CSJ STC 16 jul. 1999, Rad. 6621, reiterada el 21 oct. 2014, Rad. \u00a002147-00). \u00a0<\/p>\n<p>3. \u00a0 Las razones que preceden, obligan a declarar la improcedencia del \u00a0resguardo que en esta providencia se decide. \u00a0<\/p>\n<p>DECISI\u00d3N \u00a0<\/p>\n<p>Comun\u00edquese \u00a0lo aqu\u00ed resuelto a las partes y, en oportunidad, rem\u00edtase \u00a0el expediente a la Corte Constitucional para que asuma lo de su \u00a0cargo. \u00a0<\/p>\n<p>LUIS ARMANDO \u00a0TOLOSA VILLABONA \u00a0<\/p>\n<p>Presidente de Sala \u00a0<\/p>\n<p>MARGARITA \u00a0CABELLO BLANCO \u00a0<\/p>\n<p>\u00c1LVARO \u00a0FERNANDO GARC\u00cdA RESTREPO \u00a0<\/p>\n<p>FERNANDO \u00a0GIRALDO GUTI\u00c9RREZ \u00a0<\/p>\n<p>ARIEL SALAZAR \u00a0RAM\u00cdREZ \u00a0<\/p>\n<p>PRIMERA \u00a0INSTANCIA \u00a0<\/p>\n<p>RESUMEN: \u00a000931-00 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0VENCE: 21 MAY.\/ 15 \u00a0<\/p>\n<p>PROYECT\u00d3: \u00a0JEAA \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0<\/p>\n<p>* ACCIONANTE: \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0Sof\u00eda Rodr\u00edguez y otro.<\/p>\n<p>* ACCIONADOS: \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0Tribunal Superior de C\/marca. \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0<\/p>\n<p>* DERECHOS: \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0DEBIDO PROCESO y otros<\/p>\n<p>* MOTIVO \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0SOLICITUD DE AMPARO: \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0Los quejosos promovieron demanda ejecutiva por obligaci\u00f3n de \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0hacer contra Mar\u00eda Papagayo, en el J. 1\u00ba. C. Cto. de \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0Zipaquir\u00e1, pero ese funcionario deneg\u00f3 librar la orden \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0ejecutiva solicitada con prove\u00eddo que el tribunal acusado, en \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0sede apelaci\u00f3n, mantuvo inc\u00f3lume. Critica ese proceder \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0porque, en s\u00edntesis, no se tuvo en cuenta que la copia de la \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0promesa de compraventa aportada y el interrogatorio de parte \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0allegado, acorde con el art. 11 de la Ley 1395 de 2010, colman las \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0exigencias del art. 488 cpc. Pide conceder el amparo y dejar sin \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0efectos las decisiones emitidas por los citados funcionarios.<\/p>\n<p>* PROYECTO \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0CORTE: DENIEGA, \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0en rigor, no hay proceder ileg\u00edtimo, pues, es claro que el \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0tribunal en el auto de 16 de marzo de 2015 indic\u00f3 los motivos \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0para mantener la criticada negativa. Dijo, en compendio, que lo que \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0aqu\u00ed, sin el cumplimiento de la ley, se trajo fue una copia \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0de la promesa de contrato, cuando la ley exige -art. 488 cpc- es \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0cumplir con aportar el original de un documento con las exigencias \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0all\u00ed previstas. Criterio razonable. \u00a0<\/p>\n<p>\u00a0 \u00a0 \u00a0\u00a0<\/p>\n<p><\/p>\n","protected":false},"excerpt":{"rendered":"<p>\u00a0 \u00a0 \u00a0 Rep\u00fablica \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 de Colombia \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0\u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0\u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0\u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 Corte \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0Suprema de Justicia \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0\u00a0 CORTE \u00a0SUPREMA \u00a0 DE \u00a0JUSTICIA \u00a0 SALA \u00a0DE CASACI\u00d3N [&hellip;]<\/p>\n","protected":false},"author":1,"featured_media":0,"comment_status":"open","ping_status":"open","sticky":false,"template":"","format":"standard","meta":{"footnotes":""},"categories":[96],"tags":[],"class_list":["post-90165","post","type-post","status-publish","format-standard","hentry","category-96"],"_links":{"self":[{"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/posts\/90165","targetHints":{"allow":["GET"]}}],"collection":[{"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/posts"}],"about":[{"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/types\/post"}],"author":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/users\/1"}],"replies":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/comments?post=90165"}],"version-history":[{"count":0,"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/posts\/90165\/revisions"}],"wp:attachment":[{"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/media?parent=90165"}],"wp:term":[{"taxonomy":"category","embeddable":true,"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/categories?post=90165"},{"taxonomy":"post_tag","embeddable":true,"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/tags?post=90165"}],"curies":[{"name":"wp","href":"https:\/\/api.w.org\/{rel}","templated":true}]}}