{"id":90211,"date":"2024-05-31T22:13:22","date_gmt":"2024-05-31T22:13:22","guid":{"rendered":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/2024\/05\/31\/stc6495-2015\/"},"modified":"2024-05-31T22:13:22","modified_gmt":"2024-05-31T22:13:22","slug":"stc6495-2015","status":"publish","type":"post","link":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/2024\/05\/31\/stc6495-2015\/","title":{"rendered":"STC 6495 2015"},"content":{"rendered":"\n<p>\u00a0 \u00a0 \u00a0 Rep\u00fablica \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 de Colombia \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0<\/p>\n<p>\u00a0\u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0<\/p>\n<p>\u00a0\u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0<\/p>\n<p>\u00a0\u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0<\/p>\n<p>Corte \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0Suprema de Justicia \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0<\/p>\n<p>\u00a0 \u00a0\u00a0<\/p>\n<p>CORTE SUPREMA \u00a0DE JUSTICIA \u00a0<\/p>\n<p>SALA \u00a0DE CASACI\u00d3N CIVIL \u00a0<\/p>\n<p>LUIS ARMANDO \u00a0TOLOSA VILLABONA \u00a0<\/p>\n<p>Magistrado \u00a0ponente \u00a0<\/p>\n<p>STC6495-2015 \u00a0<\/p>\n<p>Radicaci\u00f3n \u00a0n.\u00b0 66001-22-13-000-2015-00102-01 \u00a0<\/p>\n<p>Bogot\u00e1, \u00a0D. C., veintisiete (27) de mayo de dos mil quince (2015). \u00a0<\/p>\n<p>Dec\u00eddese \u00a0la impugnaci\u00f3n interpuesta frente a la sentencia de 21 \u00a0de abril de 2015 dictada por la Sala Civil Familia del \u00a0Tribunal Superior del Distrito Judicial de Pereira dentro de la \u00a0acci\u00f3n de tutela instaurada por Olga Ligia Garc\u00eda \u00a0Romero en contra del Ministerio de Educaci\u00f3n \u00a0Nacional, el \u00a0Fondo de Prestaciones Sociales del Magisterio, la Fiduciaria \u201cLa \u00a0Previsora\u201d \u00a0y la Secretar\u00eda de Educaci\u00f3n Municipal de esa capital. \u00a0<\/p>\n<p>\u00a0 \u00a0\u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0<\/p>\n<p>1. ANTECEDENTES \u00a0<\/p>\n<p>1. \u00a0La \u00a0promotora demanda la protecci\u00f3n de las prerrogativas al debido \u00a0proceso, petici\u00f3n, \u201cderechos \u00a0adquiridos\u201d \u00a0y \u201cvejez \u00a0en condiciones de dignidad\u201d, \u00a0presuntamente quebrantados por los querellados. \u00a0<\/p>\n<p>2. \u00a0Sostiene, como base de su reclamo, en s\u00edntesis, lo siguiente \u00a0(fls. \u00a041 a 45): \u00a0<\/p>\n<p>2.1. \u00a0Adelant\u00f3 ante el Juzgado Primero Laboral del Circuito un \u00a0juicio ejecutivo laboral en contra del Ministerio de Educaci\u00f3n \u00a0Nacional- Fondo de Prestaciones Sociales del Magisterio. \u00a0<\/p>\n<p>2.2. \u00a0Con ocasi\u00f3n de las medidas de descongesti\u00f3n \u00a0implementadas en la Rama Judicial, el Juez Segundo Adjunto del \u00a0Tercero Laboral del Circuito avoc\u00f3 conocimiento de ese asunto \u00a0y profiri\u00f3 sentencia siguiendo adelante con la ejecuci\u00f3n \u00a0el 7 de febrero de 2012. \u00a0<\/p>\n<p>2.3. \u00a0El 28 de enero de 2013, exigi\u00f3 a la Fiduciaria \u201cLa \u00a0Previsora\u201d, \u00a0dada su condici\u00f3n de \u201c(\u2026) administradora \u00a0del Fondo Nacional de Prestaciones Sociales del Magisterio (\u2026)\u201d, \u00a0dar cumplimiento a la anterior providencia, entidad que remiti\u00f3 \u00a0por competencia ese pedimento a la Secretar\u00eda de Educaci\u00f3n \u00a0Municipal de Pereira. \u00a0<\/p>\n<p>2.4. \u00a0Despu\u00e9s de numerosos requerimientos elevados con id\u00e9ntica \u00a0finalidad, la aludida dependencia municipal envi\u00f3 la comentada \u00a0reclamaci\u00f3n \u201cde \u00a0manera inexplicable\u201d \u00a0al Ministerio de Educaci\u00f3n Nacional, sin que a la fecha exista \u00a0respuesta de ninguna \u00edndole. \u00a0<\/p>\n<p>3. \u00a0Implora que se ordene lo siguiente: \u00a0<\/p>\n<p>(i) \u00a0A la cartera ministerial convocada remitir \u201c(\u2026) a \u00a0la Secretar\u00eda de Educaci\u00f3n de Pereira y a la Fiduciaria \u00a0los documentos que en el margen de las competencias de dichas \u00a0entidades sean indispensables para agotar el tr\u00e1mite \u00a0administrativo (\u2026)\u201d \u00a0para dar resoluci\u00f3n a su s\u00faplica; \u00a0<\/p>\n<p>(ii) \u00a0A la Secretar\u00eda de Educaci\u00f3n de Pereira \u201c(\u2026) \u00a0elaborar \u00a0el proyecto de acto administrativo (\u2026) \u00a0para \u00a0el acatamiento de la sentencia judicial u orden ejecutiva de que \u00a0trata la solicitud del 28 de enero de 2013 (\u2026)\u201d; \u00a0y \u00a0<\/p>\n<p>(iii) \u00a0A la Fiduciaria \u201cLa \u00a0Previsora\u201d \u00a0S.A. impartir \u201c(\u2026) aprobaci\u00f3n \u00a0al proyecto de acto administrativo (\u2026)\u201d \u00a0elaborado por la mencionada Secretar\u00eda de Educaci\u00f3n. \u00a0<\/p>\n<p>1.1. \u00a0Respuesta de los accionados \u00a0<\/p>\n<p>a. \u00a0La \u00a0Secretar\u00eda de Educaci\u00f3n de Pereira indic\u00f3 que \u00a0\u201c(\u2026) no \u00a0existe fundamento para vincularla (\u2026)\u201d, \u00a0pues ning\u00fan reclamo se dirige en su contra en esta acci\u00f3n \u00a0(fls. 71 a 77). \u00a0<\/p>\n<p>b. \u00a0La Fiduciaria \u201cLa \u00a0Previsora\u201d \u00a0manifest\u00f3: \u00a0<\/p>\n<p>\u201c(\u2026) \u00a0Al \u00a0verificar la base de datos del Fondo Nacional de Prestaciones \u00a0Sociales del Magisterio y la informaci\u00f3n manifestada por la \u00a0accionante, se observ\u00f3 que la solicitud que fundamenta la \u00a0acci\u00f3n de tutela se radic\u00f3 ante la Secretar\u00eda de \u00a0Educaci\u00f3n de Risaralda, (\u2026) \u00a0por \u00a0lo cual ser\u00eda ella la llamada a responder dicha solicitud, sin \u00a0embargo (\u2026) \u00a0se \u00a0pudo evidenciar que no se ha radicado por parte del ente territorial \u00a0la documentaci\u00f3n requerida, es decir, el proyecto de acto \u00a0administrativo para que esta entidad proceda con el estudio de \u00a0verificaci\u00f3n (\u2026)\u201d \u00a0(fls. 78 a 81). \u00a0<\/p>\n<p>c. \u00a0El \u00a0Ministerio de educaci\u00f3n Nacional, a trav\u00e9s de un \u00a0memorial extempor\u00e1neamente arrimado, asever\u00f3 que no es \u00a0<\/p>\n<p>\u201c(\u2026) \u00a0el \u00a0superior jer\u00e1rquico de las Secretar\u00edas de Educaci\u00f3n \u00a0ni de la Fiduciaria La Previsora S.A.; por ello, es que de acuerdo a \u00a0las competencias asignadas a los sujetos obligados a contestar la \u00a0acci\u00f3n de tutela, es (sic) \u00a0el \u00a0vicepresidente de Prestaciones de esa Fiduciaria y la Secretar\u00eda \u00a0de Educaci\u00f3n de la entidad territorial correspondiente, \u00a0quienes deben (\u2026) \u00a0resolver \u00a0la petici\u00f3n de la accionante (\u2026)\u201d \u00a0(fls. 102 a 104 vueltos). \u00a0<\/p>\n<p>\u00a0 \u00a0\u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0<\/p>\n<p>Concedi\u00f3 \u00a0la salvaguarda tras inferir: \u00a0<\/p>\n<p>\u201c(\u2026) \u00a0[L]a \u00a0petici\u00f3n elevada por la actora, cuyo objeto es que se pague la \u00a0suma ordenada en el mandamiento de pago proferido por el Juzgado \u00a0Primero Laboral del Circuito de Pereira, \u00a0no \u00a0ha sido resuelta de fondo por parte del Ministerio de Educaci\u00f3n \u00a0Nacional, al que fue remitida por competencia, pues lo contrario no \u00a0acredit\u00f3\u201d. \u00a0<\/p>\n<p>\u201cEn \u00a0esas condiciones, como se encuentra vencido el t\u00e9rmino legal \u00a0para dar respuesta, contado desde cuando la Secretar\u00eda de \u00a0Educaci\u00f3n Municipal de Pereira envi\u00f3 a esa entidad \u00a0nacional la solicitud elevada por la actora, se considera lesionado \u00a0el derecho de petici\u00f3n y por tanto se conceder\u00e1 la \u00a0tutela solicitada \u00a0(\u2026)\u201d. \u00a0<\/p>\n<p>En \u00a0consecuencia, orden\u00f3 a la cartera convocada responder la \u00a0referida solicitud (fls. 85 a 91). \u00a0<\/p>\n<p>1.3. \u00a0La impugnaci\u00f3n \u00a0<\/p>\n<p>La \u00a0formul\u00f3 la promotora afirmando: \u00a0<\/p>\n<p>\u201c(\u2026) \u00a0[S]i \u00a0bien el Ministerio de Educaci\u00f3n Nacional es el representante \u00a0legal del Fondo de Prestaciones Sociales del Magisterio, \u00e9ste \u00a0no tiene injerencia en el tr\u00e1mite iniciado (\u2026) \u00a0 \u00a0para el cumplimiento de la sentencia, como quiera que el ordenador \u00a0del gasto en virtud del contrato de fiducia p\u00fablica es la \u00a0Fiduciaria \u201cLa Previsora\u201d S.A. y la sustanciaci\u00f3n \u00a0del acto administrativo es competencia por delegaci\u00f3n legal en \u00a0este caso, de la Secretar\u00eda de Educaci\u00f3n del Municipio \u00a0de Pereira (\u2026)\u201d \u00a0(fls. 116 a 119). \u00a0<\/p>\n<p>\u00a0 \u00a0\u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0<\/p>\n<p>2. CONSIDERACIONES \u00a0<\/p>\n<p>1. \u00a0En \u00a0torno al derecho controvertido, \u00a0esta Sala ha reiterado su \u00a0car\u00e1cter fundamental por expreso reconocimiento del art\u00edculo \u00a023 de la Constituci\u00f3n Pol\u00edtica. Esa garant\u00eda se \u00a0concreta en la posibilidad de presentar solicitudes respetuosas a las \u00a0autoridades para obtener respuestas oportunas, completas y adecuadas. \u00a0\u00c9stas deben corresponder a lo solicitado y notificarse en los \u00a0precisos plazos establecidos por la Ley1; \u00a0sin que ello implique, el acogimiento del fondo del asunto, por \u00a0cuanto el ordenamiento constitucional no demanda acceder a lo \u00a0peticionado. \u00a0<\/p>\n<p>2. \u00a0Sobre \u00a0el alcance de la prerrogativa supralegal mencionada, esta Sala ha \u00a0precisado: \u00a0<\/p>\n<p>\u201c(\u2026) \u00a0[I] \u00a0El derecho de petici\u00f3n es fundamental y determinante para la \u00a0efectividad de los mecanismos de la democracia participativa, \u00a0garantizando a su vez otros derechos constitucionales, como los \u00a0derechos a la informaci\u00f3n, a la participaci\u00f3n pol\u00edtica \u00a0y a la libertad de expresi\u00f3n; (ii) el n\u00facleo esencial \u00a0del derecho de petici\u00f3n reside en la resoluci\u00f3n pronta \u00a0y oportuna de la cuesti\u00f3n; (iii) la \u00a0petici\u00f3n debe ser resuelta de fondo, de manera clara, \u00a0oportuna, precisa y congruente con lo solicitado; (iv) la respuesta \u00a0debe producirse dentro de un plazo razonable, el cual debe ser lo m\u00e1s \u00a0corto posible; \u00a0(v) la respuesta no implica aceptaci\u00f3n de lo solicitado ni \u00a0tampoco se concreta siempre en una respuesta escrita; (vi) este \u00a0derecho, por regla general, se aplica a entidades estatales, y en \u00a0algunos casos a los particulares; (vii) el silencio administrativo \u00a0negativo, entendido como un mecanismo para agotar la v\u00eda \u00a0gubernativa y acceder a la v\u00eda judicial, no satisface el \u00a0derecho fundamental de petici\u00f3n pues su objeto es distinto. \u00a0Por el contrario, el silencio administrativo es la prueba \u00a0incontrovertible de que se ha violado el derecho de petici\u00f3n; \u00a0(viii) el derecho de petici\u00f3n tambi\u00e9n es aplicable en \u00a0la v\u00eda gubernativa; (ix) la falta de competencia de la entidad \u00a0ante quien se plantea, no la exonera del deber de responder; y (x) \u00a0ante la presentaci\u00f3n de una petici\u00f3n, la entidad \u00a0p\u00fablica debe notificar su respuesta al interesado \u00a0(\u2026)\u201d2 \u00a0(subraya \u00a0la Sala). \u00a0<\/p>\n<p>3. \u00a0Se duele la accionante por la falta de respuesta a la reclamaci\u00f3n \u00a0radicada por ella ante la Fiduciaria \u201cLa \u00a0Previsora\u201d \u00a0S.A. el 28 de enero de 2013. \u00a0<\/p>\n<p>Refulge \u00a0con claridad la vulneraci\u00f3n de la prerrogativa supralegal \u00a0invocada por la interesada, pues a pesar de haber formulado su \u00a0pedimento desde hace m\u00e1s de dos a\u00f1os, ninguna de las \u00a0vinculadas lo ha resuelto de fondo. \u00a0<\/p>\n<p>4. \u00a0Sin embargo, la orden dictada por el Tribunal a \u00a0quo \u00a0se adicionar\u00e1, pues seg\u00fan se deduce de lo informado por \u00a0la actora en la impugnaci\u00f3n, as\u00ed como de los memoriales \u00a0arrimados por el Ministerio de Educaci\u00f3n y por la Financiera \u00a0\u201cLa \u00a0Previsora\u201d \u00a0S.A., la comentada cartera ministerial no es, al parecer, la \u00a0encargada de absolver ese requerimiento. \u00a0<\/p>\n<p>Por \u00a0lo tanto, y en aras de evitar una mayor dilaci\u00f3n en la emisi\u00f3n \u00a0de la contestaci\u00f3n a la actora, debido al car\u00e1cter \u00a0prestacional de lo pretendido por aqu\u00e9lla, se ordenar\u00e1 \u00a0al Ministerio de Educaci\u00f3n que dentro de las 48 horas \u00a0siguientes a la notificaci\u00f3n del presente prove\u00eddo, \u00a0proceda a dar respuesta a la aludida solicitud, y en caso de no ser \u00a0competente para ello, la remita a la entidad pertinente, siguiendo la \u00a0ritualidad consignada en el canon 33 del C\u00f3digo Contencioso \u00a0Administrativo3. \u00a0Adicionalmente, quien reciba la mencionada petici\u00f3n, deber\u00e1, \u00a0en colaboraci\u00f3n con las dem\u00e1s convocadas y en un \u00a0t\u00e9rmino no mayor a cinco d\u00edas h\u00e1biles, dar \u00a0tr\u00e1mite preferencial a la misma y producir el acto \u00a0administrativo dando soluci\u00f3n definitiva a aqu\u00e9lla. \u00a0<\/p>\n<p>5. \u00a0Por las razones explicadas, se impone modificar el fallo impugnado. \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0<\/p>\n<p>3. DECISI\u00d3N \u00a0<\/p>\n<p>RESUELVE: \u00a0<\/p>\n<p>PRIMERO: \u00a0MODIFICAR el \u00a0numeral SEGUNDO del ac\u00e1pite resolutivo de la sentencia de \u00a0fecha y lugar de procedencia anotada y CONFIRMARLA \u00a0en \u00a0los dem\u00e1s puntos. \u00a0<\/p>\n<p>En \u00a0consecuencia, se ORDENA \u00a0al \u00a0Ministerio de Educaci\u00f3n Nacional \u00a0que \u00a0dentro \u00a0de las 48 horas siguientes a la notificaci\u00f3n del presente \u00a0prove\u00eddo, proceda a dar respuesta a la solicitud presentada \u00a0por Olga Ligia Garc\u00eda Romero el 28 de enero de 2013, y en caso \u00a0de no ser competente para ello, deber\u00e1 remitirla a la quien \u00a0tenga la obligaci\u00f3n de hacerlo, de conformidad con el canon 33 \u00a0del C\u00f3digo Contencioso Administrativo. Adicionalmente, quien \u00a0reciba la mencionada petici\u00f3n, deber\u00e1, en colaboraci\u00f3n \u00a0con las dem\u00e1s convocadas y en un t\u00e9rmino no mayor a \u00a0cinco d\u00edas h\u00e1biles, dar tr\u00e1mite preferencial a \u00a0la misma y producir el acto administrativo dando soluci\u00f3n \u00a0definitiva a aqu\u00e9lla. \u00a0<\/p>\n<p>SEGUNDO: \u00a0Notif\u00edquese \u00a0lo as\u00ed decidido, mediante comunicaci\u00f3n telegr\u00e1fica, \u00a0a todos los interesados y rem\u00edtase oportunamente el expediente \u00a0a la Corte Constitucional para su eventual revisi\u00f3n. \u00a0<\/p>\n<p>NOTIF\u00cdQUESE \u00a0Y C\u00daMPLASE \u00a0<\/p>\n<p>LUIS ARMANDO \u00a0TOLOSA VILLABONA \u00a0<\/p>\n<p>Presidente de Sala \u00a0<\/p>\n<p>MARGARITA \u00a0CABELLO BLANCO \u00a0<\/p>\n<p>\u00c1LVARO \u00a0FERNANDO GARC\u00cdA RESTREPO \u00a0<\/p>\n<p>FERNANDO \u00a0GIRALDO GUTI\u00c9RREZ \u00a0<\/p>\n<p>ARIEL SALAZAR \u00a0RAM\u00cdREZ \u00a0<\/p>\n<p>JES\u00daS \u00a0VALL DE RUT\u00c9N RUIZ \u00a0<\/p>\n<p>1Habiendo \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0la sentencia C-818 de 2011 declarado inexequibles los art\u00edculos \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a013 a 33 de la Ley 1437 de 2011 relativos al derecho de petici\u00f3n, \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0y adem\u00e1s, al no haber entrado en vigencia la Ley Estatutaria \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0sobre la materia, por encontrarse pendiente del examen de \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0exequibilidad por la Corte Constitucional, transitoriamente se \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0aplicar\u00e1n las normas pertinentes del extinto Decreto Ley 01 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0de 1984, \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0cuya regla 6 dispone: \u201c(\u2026) Las \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0peticiones se resolver\u00e1n o contestar\u00e1n dentro de los \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0quince (15) d\u00edas siguientes a la fecha de su recibo (\u2026)\u201d. \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0<\/p>\n<p>Lo \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0anterior, en consonancia con la jurisprudencia de esta Corporaci\u00f3n, \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0seg\u00fan la cual: \u201c(\u2026) la \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0acci\u00f3n de retirar del ordenamiento un precepto por contrariar \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0la Constituci\u00f3n, implica que la norma derogada recobre \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0vigencia, dado el vicio que afecta la ley sustitutiva o derogatoria \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0(\u2026)\u201d \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0(CSJ Sentencia de 29 de septiembre de 2003, Rad. 20153). \u00a0<\/p>\n<p>2 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0CSJ. STC. 19 de marzo. 2014, Rad. 08001-22-13-000-2014-00053-01 \u00a0<\/p>\n<p>3 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0\u201c(\u2026) \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0Art\u00edculo \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a033: Funcionario incompetente: Si el funcionario a quien se dirige la \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0petici\u00f3n, o ante quien se cumple el deber legal de solicitar \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0que inicie la actuaci\u00f3n administrativa, no es el competente, \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0deber\u00e1 informarlo en el acto al interesado, si \u00e9ste \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0act\u00faa verbalmente; o dentro del t\u00e9rmino de diez (10) \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0d\u00edas, a partir de la recepci\u00f3n si obr\u00f3 por \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0escrito; en este \u00faltimo caso el funcionario a quien se hizo \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0la petici\u00f3n deber\u00e1 enviar el escrito, dentro del mismo \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0t\u00e9rmino, al competente, y los t\u00e9rminos establecidos \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0para decidir se ampliar\u00e1n en diez (10) d\u00edas (\u2026)\u201d. \u00a0<\/p>\n<p>10 \u00a0 \u00a0 \u00a0<\/p>\n<p><\/p>\n","protected":false},"excerpt":{"rendered":"<p>\u00a0 \u00a0 \u00a0 Rep\u00fablica \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 de Colombia \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0\u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0\u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0\u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 Corte \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0Suprema de Justicia \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0\u00a0 CORTE SUPREMA \u00a0DE JUSTICIA \u00a0 SALA \u00a0DE CASACI\u00d3N CIVIL [&hellip;]<\/p>\n","protected":false},"author":1,"featured_media":0,"comment_status":"open","ping_status":"open","sticky":false,"template":"","format":"standard","meta":{"footnotes":""},"categories":[96],"tags":[],"class_list":["post-90211","post","type-post","status-publish","format-standard","hentry","category-96"],"_links":{"self":[{"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/posts\/90211","targetHints":{"allow":["GET"]}}],"collection":[{"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/posts"}],"about":[{"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/types\/post"}],"author":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/users\/1"}],"replies":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/comments?post=90211"}],"version-history":[{"count":0,"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/posts\/90211\/revisions"}],"wp:attachment":[{"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/media?parent=90211"}],"wp:term":[{"taxonomy":"category","embeddable":true,"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/categories?post=90211"},{"taxonomy":"post_tag","embeddable":true,"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/tags?post=90211"}],"curies":[{"name":"wp","href":"https:\/\/api.w.org\/{rel}","templated":true}]}}