{"id":90336,"date":"2024-05-31T22:13:26","date_gmt":"2024-05-31T22:13:26","guid":{"rendered":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/2024\/05\/31\/stc6834-2015\/"},"modified":"2024-05-31T22:13:26","modified_gmt":"2024-05-31T22:13:26","slug":"stc6834-2015","status":"publish","type":"post","link":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/2024\/05\/31\/stc6834-2015\/","title":{"rendered":"STC 6834 2015"},"content":{"rendered":"\n<p>\u00a0 \u00a0 \u00a0 Rep\u00fablica \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 de Colombia \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0<\/p>\n<p>\u00a0\u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0<\/p>\n<p>\u00a0\u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0<\/p>\n<p>\u00a0\u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0<\/p>\n<p>Corte \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0Suprema de Justicia \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0<\/p>\n<p>\u00a0 \u00a0\u00a0<\/p>\n<p>CORTE SUPREMA \u00a0DE JUSTICIA \u00a0<\/p>\n<p>SALA \u00a0DE CASACI\u00d3N CIVIL \u00a0<\/p>\n<p>LUIS ARMANDO \u00a0TOLOSA VILLABONA \u00a0<\/p>\n<p>Magistrado \u00a0ponente \u00a0<\/p>\n<p>STC6834-2015 \u00a0<\/p>\n<p>Radicaci\u00f3n \u00a0n.\u00b0 13001-22-21-000-2015-00050-01 \u00a0<\/p>\n<p>(Aprobado \u00a0en sesi\u00f3n de veintisiete de enero de dos mil quince) \u00a0<\/p>\n<p>Bogot\u00e1, \u00a0D. C., dos (2) de junio de dos mil quince (2015). \u00a0<\/p>\n<p>Dec\u00eddese \u00a0la impugnaci\u00f3n interpuesta frente a la sentencia de 23 \u00a0de abril de 2015 dictada por la Sala Civil Especializada en \u00a0Restituci\u00f3n de Tierras del \u00a0Tribunal Superior del Distrito Judicial de Cartagena dentro de la \u00a0acci\u00f3n de tutela instaurada por Carlos Eduardo Cabrera Z\u00fa\u00f1iga \u00a0en contra del Consejo Nacional Electoral. \u00a0<\/p>\n<p>\u00a0 \u00a0\u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0<\/p>\n<p>1. ANTECEDENTES \u00a0<\/p>\n<p>1. \u00a0El \u00a0promotor demanda la protecci\u00f3n del derecho fundamental de \u00a0petici\u00f3n, presuntamente quebrantado por la autoridad \u00a0querellada. \u00a0<\/p>\n<p>2. \u00a0Sostiene, \u00a0como base de su reclamo, en s\u00edntesis, lo siguiente (fl. \u00a01): \u00a0<\/p>\n<p>2.1. \u00a0El 4 de marzo de 2015, requiri\u00f3 a la autoridad querellada le \u00a0certificara (i) si hab\u00eda \u201c(\u2026) presentado \u00a0renuncia al partido pol\u00edtico por el que aspir[\u00f3] \u00a0en \u00a0las pasadas elecciones (\u2026)\u201d \u00a0al cargo de edil; y (ii) si incurr\u00eda en doble militancia por \u00a0inscribirse \u201c(\u2026) en \u00a0otro partido pol\u00edtico (\u2026)\u201d. \u00a0<\/p>\n<p>2.2. \u00a0Hasta la fecha de interposici\u00f3n de la presente salvaguarda \u00a0constitucional no se ha resuelto ese pedimento. \u00a0<\/p>\n<p>3. \u00a0Implora ordenar \u201c(\u2026) se \u00a0d\u00e9 respuesta a (\u2026)\u201d \u00a0su solicitud. \u00a0<\/p>\n<p>1.1. \u00a0Respuesta del accionado \u00a0<\/p>\n<p>La \u00a0entidad convocada se \u00a0opuso a la prosperidad del ruego tuitivo, precisando que el 15 de \u00a0abril de 2015 emiti\u00f3 un pronunciamiento respecto de lo exigido \u00a0por el gestor (fls. 17 a 24). \u00a0<\/p>\n<p>\u00a0 \u00a0\u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0<\/p>\n<p>2. La \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0sentencia impugnada \u00a0 \u00a0<\/p>\n<p>Concedi\u00f3 \u00a0la salvaguarda aduciendo: \u00a0<\/p>\n<p>\u201c(\u2026) \u00a0[E]l \u00a0concepto emitido por la Colegiatura accionada responde de fondo la \u00a0petici\u00f3n elevada por el solicitante, no obstante existen \u00a0varios reparos al procedimiento para la notificaci\u00f3n del \u00a0mismo; inicialmente, que la constancia de env\u00edo de la \u00a0contestaci\u00f3n, cuenta con el r\u00f3tulo en el documento \u00a0adjunto de \u201ctutela Cartagena rad. 20150000\u201d, sin que se \u00a0hiciera referencia a que el contenido del anexo era la respuesta a la \u00a0petici\u00f3n formulada; adicionalmente, el correo al que fue \u00a0enviado el comunicado, fue el suministrado por el peticionario a esta \u00a0Judicatura, y no correspondi\u00f3 a la informaci\u00f3n que \u00a0suministrara en su solicitud como lugar de notificaciones al Consejo \u00a0Nacional Electoral (\u2026)\u201d. \u00a0<\/p>\n<p>En \u00a0consecuencia, orden\u00f3 a la convocada \u201c(\u2026) resolver \u00a0y notificar de manera efectiva (\u2026)\u201d \u00a0el pedimento del accionante (fls. 55 a 60). \u00a0<\/p>\n<p>1.3. \u00a0La impugnaci\u00f3n \u00a0<\/p>\n<p>\u00a0 \u00a0\u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0<\/p>\n<p>2. CONSIDERACIONES \u00a0<\/p>\n<p>1. \u00a0En \u00a0torno al derecho de petici\u00f3n, esta Sala ha reiterado su \u00a0car\u00e1cter fundamental por expreso reconocimiento del art\u00edculo \u00a023 de la Constituci\u00f3n Pol\u00edtica. Esa garant\u00eda se \u00a0concreta en la posibilidad de presentar demandas respetuosas a las \u00a0autoridades para obtener respuestas oportunas, completas y adecuadas. \u00a0\u00c9stas deben corresponder a lo solicitado y notificarse en los \u00a0precisos plazos establecidos por la ley1; \u00a0sin que ello implique, el acogimiento del fondo del asunto, por \u00a0cuanto el ordenamiento constitucional no demanda acceder a lo \u00a0peticionado. \u00a0<\/p>\n<p>2. \u00a0Sobre \u00a0el alcance de la prerrogativa supralegal mencionada, esta Sala ha \u00a0precisado: \u00a0<\/p>\n<p>\u201c(\u2026) \u00a0[I] \u00a0El derecho de petici\u00f3n es fundamental y determinante para la \u00a0efectividad de los mecanismos de la democracia participativa, \u00a0garantizando a su vez otros derechos constitucionales, como los \u00a0derechos a la informaci\u00f3n, a la participaci\u00f3n pol\u00edtica \u00a0y a la libertad de expresi\u00f3n; (ii) el n\u00facleo esencial \u00a0del derecho de petici\u00f3n reside en la resoluci\u00f3n pronta \u00a0y oportuna de la cuesti\u00f3n; (iii) la \u00a0petici\u00f3n debe ser resuelta de fondo, de manera clara, \u00a0oportuna, precisa y congruente con lo solicitado; (iv) la respuesta \u00a0debe producirse dentro de un plazo razonable, el cual debe ser lo m\u00e1s \u00a0corto posible; \u00a0(v) la respuesta no implica aceptaci\u00f3n de lo solicitado ni \u00a0tampoco se concreta siempre en una respuesta escrita; (vi) este \u00a0derecho, por regla general, se aplica a entidades estatales, y en \u00a0algunos casos a los particulares; (vii) el silencio administrativo \u00a0negativo, entendido como un mecanismo para agotar la v\u00eda \u00a0gubernativa y acceder a la v\u00eda judicial, no satisface el \u00a0derecho fundamental de petici\u00f3n pues su objeto es distinto. \u00a0Por el contrario, el silencio administrativo es la prueba \u00a0incontrovertible de que se ha violado el derecho de petici\u00f3n; \u00a0(viii) el derecho de petici\u00f3n tambi\u00e9n es aplicable en \u00a0la v\u00eda gubernativa; (ix) la falta de competencia de la entidad \u00a0ante quien se plantea, no la exonera del deber de responder; y (x) \u00a0ante la presentaci\u00f3n de una petici\u00f3n, la entidad \u00a0p\u00fablica debe notificar su respuesta al interesado \u00a0(\u2026)\u201d2 \u00a0(subraya \u00a0la Sala). \u00a0<\/p>\n<p>3. \u00a0Censura el ente tutelado el fallo de primer grado, afirmando haber \u00a0dado soluci\u00f3n a lo pretendido por Carlos Eduardo Cabrera \u00a0Z\u00fa\u00f1iga el 16 de abril de 2015, remitiendo por correo \u00a0electr\u00f3nico y postal el oficio correspondiente. \u00a0<\/p>\n<p>4. \u00a0Se advierte que la lesi\u00f3n de la garant\u00eda constitucional \u00a0endilgada se super\u00f3 durante el tr\u00e1mite de estas \u00a0diligencias y antes de dictarse el fallo constitucional de primer \u00a0grado. \u00a0<\/p>\n<p>En \u00a0efecto, frente al requerimiento elevado por el ahora gestor, la \u00a0accionada acredit\u00f3 haber remitido al aqu\u00ed gestor, \u00a0contestaci\u00f3n el \u00a016 de abril de 2015, en la cual le manifest\u00f3: \u00a0<\/p>\n<p>\u201c(\u2026) \u00a0Pregunta \u00a01: \u201cPor lo anterior solicito al Consejo Nacional Electoral me \u00a0certifique que en este momento presento renuncia al partido pol\u00edtico \u00a0por el que aspir\u00e9 en las elecciones pasadas, y me inscrib\u00ed \u00a0a otro en el tiempo de militancia\u201d. \u00a0<\/p>\n<p>\u201cSe \u00a0responde: El art\u00edculo 2 de la Ley 1475 de 2011, predica que \u00a0quienes no son directivos u ostentan cargos de elecci\u00f3n \u00a0popular por un partido o movimiento pol\u00edtico, es decir al solo \u00a0militante, le basta la simple presentaci\u00f3n de la renuncia \u00a0previa a la inscripci\u00f3n en el nuevo partido o movimiento \u00a0pol\u00edtico para no incurrir en doble militancia\u201d. \u00a0<\/p>\n<p>\u201cPregunta \u00a02: \u201cEn caso negativo me certifiquen hasta que d\u00eda puedo \u00a0presentar mi renuncia, para proceder a realizar mi inscripci\u00f3n \u00a0en otro partido\u201d. \u00a0<\/p>\n<p>\u201cSe \u00a0responde: Tal como se precis\u00f3 en la anterior respuesta, el \u00a0s\u00f3lo militante por no ser directivo, ni ostentar cargo de \u00a0elecci\u00f3n por un partido o movimiento pol\u00edtico, podr\u00e1 \u00a0presentar renuncia en cualquier momento previo a inscribirse por uno \u00a0nuevo\u201d. \u00a0<\/p>\n<p>\u201cEs \u00a0de anotar que las anteriores consideraciones se emiten de manera \u00a0general, por lo que no constituye la resoluci\u00f3n a situaciones \u00a0particulares y concretas que tengan la capacidad de generar efectos \u00a0jur\u00eddicos vinculantes (\u2026)\u201d \u00a0(fls. 45 a 51 vuelto). \u00a0<\/p>\n<p>5. \u00a0De lo anterior se colige que en este momento no hay lugar a impartir \u00a0una orden a la demandada, porque al quejoso se le envi\u00f3 por \u00a0correo postal y electr\u00f3nico la aludida contestaci\u00f3n, \u00a0como consta a folios 74 y 76. \u00a0<\/p>\n<p>En \u00a0una acci\u00f3n similar la Corte indic\u00f3: \u00a0<\/p>\n<p>\u201c(\u2026) \u00a0[S]i \u00a0la omisi\u00f3n por la cual la persona se queja (\u2026) \u00a0ya ha sido superada, en el sentido que la pretensi\u00f3n erigida \u00a0en defensa del derecho conculcado (\u2026) \u00a0ha \u00a0sido totalmente [satisfecha] \u00a0(\u2026) \u00a0la tutela pierde su eficacia y raz\u00f3n de ser, por lo que la \u00a0posible orden que llegase a impartir el juez del amparo carecer\u00eda \u00a0de sentido (\u2026)\u201d3. \u00a0<\/p>\n<p>6. \u00a0La informaci\u00f3n suministrada por la accionada es acertada, pues \u00a0le indic\u00f3 al promotor la normatividad y procedimiento para \u00a0renunciar a un partido o movimiento pol\u00edtico, e inscribirse en \u00a0otro sin incurrir en doble militancia. \u00a0<\/p>\n<p>7. \u00a0Por \u00a0los anteriores argumentos, se impone infirmar del fallo impugnado, \u00a0para en su lugar desestimar el amparo deprecado. \u00a0<\/p>\n<p>3. DECISI\u00d3N \u00a0<\/p>\n<p>En m\u00e9rito \u00a0de lo expuesto, la Corte Suprema de Justicia, en Sala de Casaci\u00f3n \u00a0Civil, administrando justicia en nombre de la Rep\u00fablica y por \u00a0autoridad de la ley, \u00a0<\/p>\n<p>RESUELVE: \u00a0<\/p>\n<p>PRIMERO: \u00a0REVOCAR \u00a0la sentencia de fecha y lugar de procedencia anotada. En \u00a0consecuencia, se NIEGA \u00a0la tutela deprecada por Carlos Eduardo Cabrera Z\u00fa\u00f1iga. \u00a0<\/p>\n<p>SEGUNDO: \u00a0Notif\u00edquese \u00a0lo as\u00ed decidido, mediante comunicaci\u00f3n telegr\u00e1fica, \u00a0a todos los interesados y rem\u00edtase oportunamente el expediente \u00a0a la Corte Constitucional para su eventual revisi\u00f3n. \u00a0<\/p>\n<p>NOTIF\u00cdQUESE \u00a0Y C\u00daMPLASE \u00a0<\/p>\n<p>LUIS ARMANDO \u00a0TOLOSA VILLABONA \u00a0<\/p>\n<p>Presidente de Sala \u00a0<\/p>\n<p>MARGARITA \u00a0CABELLO BLANCO \u00a0<\/p>\n<p>\u00c1LVARO \u00a0FERNANDO GARC\u00cdA RESTREPO \u00a0<\/p>\n<p>FERNANDO \u00a0GIRALDO GUTI\u00c9RREZ \u00a0<\/p>\n<p>ARIEL SALAZAR \u00a0RAM\u00cdREZ \u00a0<\/p>\n<p>JES\u00daS \u00a0VALL DE RUT\u00c9N RUIZ \u00a0<\/p>\n<p>1Habiendo \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0la sentencia C-818 de 2011 declarado inexequibles los art\u00edculos \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a013 a 33 de la Ley 1437 de 2011 relativos al derecho de petici\u00f3n, \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0y adem\u00e1s, al no haber entrado en vigencia la Ley Estatutaria \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0sobre la materia, por encontrarse pendiente del examen de \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0exequibilidad por la Corte Constitucional, transitoriamente se \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0aplicar\u00e1n las normas pertinentes del extinto Decreto Ley 01 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0de 1984, \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0cuya regla 6 dispone: \u201c(\u2026) Las \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0peticiones se resolver\u00e1n o contestar\u00e1n dentro de los \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0quince (15) d\u00edas siguientes a la fecha de su recibo (\u2026)\u201d. \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0<\/p>\n<p>Lo \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0anterior, en consonancia con la jurisprudencia de esta Corporaci\u00f3n, \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0seg\u00fan la cual: \u201c(\u2026) la \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0acci\u00f3n de retirar del ordenamiento un precepto por contrariar \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0la Constituci\u00f3n, implica que la norma derogada recobre \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0vigencia, dado el vicio que afecta la ley sustitutiva o derogatoria \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0(\u2026)\u201d \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0(CSJ Sentencia de 29 de septiembre de 2003, Rad. 20153). \u00a0<\/p>\n<p>2 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0CSJ. STC. 19 de marzo. 2014, Rad. 08001-22-13-000-2014-00053-01 \u00a0<\/p>\n<p>3 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0CSJ.STC. \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a07 nov. 2012, Rad. 11001-02-04-000-2012-02211-01. \u00a0<\/p>\n<p>8 \u00a0 \u00a0 \u00a0<\/p>\n<p><\/p>\n","protected":false},"excerpt":{"rendered":"<p>\u00a0 \u00a0 \u00a0 Rep\u00fablica \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 de Colombia \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0\u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0\u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0\u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 Corte \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0Suprema de Justicia \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0\u00a0 CORTE SUPREMA \u00a0DE JUSTICIA \u00a0 SALA \u00a0DE CASACI\u00d3N CIVIL [&hellip;]<\/p>\n","protected":false},"author":1,"featured_media":0,"comment_status":"open","ping_status":"open","sticky":false,"template":"","format":"standard","meta":{"footnotes":""},"categories":[96],"tags":[],"class_list":["post-90336","post","type-post","status-publish","format-standard","hentry","category-96"],"_links":{"self":[{"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/posts\/90336","targetHints":{"allow":["GET"]}}],"collection":[{"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/posts"}],"about":[{"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/types\/post"}],"author":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/users\/1"}],"replies":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/comments?post=90336"}],"version-history":[{"count":0,"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/posts\/90336\/revisions"}],"wp:attachment":[{"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/media?parent=90336"}],"wp:term":[{"taxonomy":"category","embeddable":true,"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/categories?post=90336"},{"taxonomy":"post_tag","embeddable":true,"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/tags?post=90336"}],"curies":[{"name":"wp","href":"https:\/\/api.w.org\/{rel}","templated":true}]}}