\u00a0 \u00a0 \u00a0 Rep\u00fablica \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0de Colombia \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0<\/p>\n
\u00a0\u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0<\/p>\n
\u00a0\u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0<\/p>\n
\u00a0\u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0<\/p>\n
Corte \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0Suprema de Justicia \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0<\/p>\n
\u00a0 \u00a0\u00a0<\/p>\n
CORTE SUPREMA \u00a0DE JUSTICIA \u00a0<\/p>\n
SALA \u00a0DE CASACI\u00d3N CIVIL \u00a0<\/p>\n
LUIS ARMANDO \u00a0TOLOSA VILLABONA \u00a0<\/p>\n
Magistrado \u00a0ponente \u00a0<\/p>\n
STC7300-2015 \u00a0<\/p>\n
Radicaci\u00f3n n.\u00b0 \u00a011001-02-03-000-2015-01191-00 \u00a0<\/p>\n
(Aprobado \u00a0en sesi\u00f3n de diez de junio de dos mil quince) \u00a0<\/p>\n
Bogot\u00e1, \u00a0D. C., once (11) de junio de dos mil quince (2015). \u00a0<\/p>\n
Dec\u00eddese \u00a0la tutela promovida por Libia Castillo, quien act\u00faa como \u00a0agente oficiosa de Lilia Castillo, frente al Juzgado Segundo Civil \u00a0del Circuito de Tulu\u00e1 y a la Sala Civil Familia del Tribunal \u00a0Superior del Distrito Judicial de Buga, con ocasi\u00f3n del \u00a0proceso ejecutivo hipotecario promovido por Ana Mar\u00eda Riquett \u00a0Currea respecto de la aqu\u00ed representada. \u00a0<\/p>\n
\u00a0 \u00a0\u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0<\/p>\n
1. ANTECEDENTES \u00a0<\/p>\n
1. \u00a0La gestora suplica para su prohijada, la protecci\u00f3n de los \u00a0derechos al debido proceso y vida digna, presuntamente lesionados por \u00a0las autoridades judiciales accionadas. \u00a0<\/p>\n
2. \u00a0En sustento \u00a0de su inconformidad acota, en concreto, que en el juicio materia de \u00a0esta salvaguarda, el \u00a0Juzgado Segundo Civil del Circuito de Tulu\u00e1 \u00a0orden\u00f3 seguir adelante con la ejecuci\u00f3n, no obstante, \u00a0haber declarado probadas las excepciones de \u201c(\u2026) \u00a0regulaci\u00f3n \u00a0o p\u00e9rdida de intereses y exceso de lo debido \u00a0(\u2026)\u201d. \u00a0<\/p>\n
Apelada \u00a0la anterior determinaci\u00f3n por la all\u00ed ejecutante, fue \u00a0revocada el 30 de abril de 2013 por la Sala Civil Familia del \u00a0Tribunal Superior del Distrito Judicial de Buga, desestimando los \u00a0argumentos de defensa propuestos por la demandada. \u00a0<\/p>\n
Posteriormente, \u00a0el predio cautelado fue adjudicado y registrado a la demandante en \u00a0aplicaci\u00f3n a lo dispuesto en el numeral 3\u00ba del art\u00edculo \u00a0557 del C\u00f3digo de Procedimiento Civil. \u00a0<\/p>\n
Censura \u00a0los fallos de primera y segunda instancia, por \u00a0cuanto, en su sentir, se valoraron indebidamente los testimonios \u00a0recabados, los cuales demostraban la \u201c(\u2026) inexistencia \u00a0de la carta de instrucciones otorgada por la deudora a la acreedora \u00a0(sic) (\u2026)\u201d. \u00a0<\/p>\n
Igualmente, \u00a0reprocha el auto que fij\u00f3 fecha para el remate por preterir el \u00a0error en el valor del inmueble, siendo \u00e9ste \u201c(\u2026) \u00a0inferior \u00a0a la liquidaci\u00f3n del cr\u00e9dito \u00a0(\u2026)\u201d. \u00a0<\/p>\n
De \u00a0la misma forma, se\u00f1ala que en la diligencia de secuestro no se \u00a0identific\u00f3 correctamente el predio, teniendo en cuenta que \u00a0\u201c(\u2026) \u00a0el \u00e1rea y linderos tienen inconsistencias (\u2026)\u201d. \u00a0<\/p>\n
Finalmente, \u00a0aduce la agente oficiosa que la se\u00f1ora Lilia \u00a0Castillo tiene 80 a\u00f1os y padece de una enfermedad mental \u00a0denominada \u201c(\u2026) ansiedad \u00a0e irritabilidad (\u2026)\u201d, \u00a0raz\u00f3n por la cual no puede comparecer directamente al juicio. \u00a0<\/p>\n
3. \u00a0Pide, por \u00a0tanto, proteger las prerrogativas invocadas e invalidar las \u00a0decisiones atacadas. \u00a0<\/p>\n
1.1. \u00a0Respuesta del accionado \u00a0<\/p>\n
La \u00a0Corporaci\u00f3n querellada pidi\u00f3 negar las pretensiones de \u00a0la actora, ateni\u00e9ndose a lo manifestado en el fallo por ella \u00a0adoptado (fls. 262 a 263, cdno. 1). \u00a0<\/p>\n
Por \u00a0su parte, el Juzgado Segundo Civil del Circuito de Tulu\u00e1 \u00a0rese\u00f1\u00f3 \u00a0la actuaci\u00f3n materia de este resguardo, reconociendo a su vez \u00a0que el prove\u00eddo de adjudicaci\u00f3n del fundo a la \u00a0acreedora presenta un error num\u00e9rico entre el aval\u00fao y \u00a0el precio por el cual se ofert\u00f3 en subasta, pues se adjudic\u00f3 \u00a0por $78\u00b4376.200,oo, correspondiendo realmente a \u00a0$127.490.160,oo, cifra \u00faltima que equivale al 70% del \u00a0justiprecio \u00a0real, yerro que corregir\u00e1 de oficio una vez la Corte emita la \u00a0correspondiente sentencia de primera instancia (fls. 176 a 178, cdno. \u00a01). \u00a0<\/p>\n
\u00a0 \u00a0\u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0<\/p>\n
2. CONSIDERACIONES \u00a0<\/p>\n
1. \u00a0Se \u00a0admitir\u00e1 la actuaci\u00f3n de Libia Castillo \u00a0en \u00a0su condici\u00f3n de agente oficiosa, al avizorar en el plenario \u00a0que Lilia Castillo sobrelleva una enfermedad mental, la cual le \u00a0impide comparecer por s\u00ed misma a esta salvaguarda (fls. 24 a \u00a031, cdno. 1). \u00a0<\/p>\n
Frente \u00a0a esa representaci\u00f3n, esta Sala ha expuesto: \u00a0<\/p>\n
\u201c(\u2026) \u00a0[E]n lo atinente a la \u00a0\u2018agencia oficiosa\u2019, bueno es recordar que el canon \u00a0pertinente, art\u00edculo 10, Decreto 2591 de 1991, exige la \u00a0demostraci\u00f3n de la imposibilidad de los agenciados de promover \u00a0su propia defensa y la afirmaci\u00f3n de la raz\u00f3n de tal \u00a0circunstancia en el escrito en que se pide la protecci\u00f3n, tal \u00a0como con insistencia lo ha interpretado la Sala (\u2026)\u201d1. \u00a0<\/p>\n
2. \u00a0La \u00a0petente cuestiona las \u00a0actuaciones de los querellados por: (i) los errores al identificar el \u00a0predio cautelado en el secuestro; (ii) preterir los testimonios con \u00a0los cuales acredit\u00f3 la ausencia de la carta de instrucciones; \u00a0y (iii) porque en la diligencia de remate se ofert\u00f3 el \u00a0inmueble por un precio \u201c(\u2026) \u00a0inferior \u00a0a la liquidaci\u00f3n del cr\u00e9dito \u00a0(\u2026)\u201d. \u00a0<\/p>\n
3. \u00a0En lo que ata\u00f1e al primero y segundo t\u00f3pico, se \u00a0aplicar\u00e1n los efectos de la inmediatez, pues \u00a0seg\u00fan lo inform\u00f3 la accionante y revisado el \u00a0expediente, la diligencia de secuestro se materializ\u00f3 el 25 de \u00a0septiembre de 2010 y la sentencia de segundo grado se emiti\u00f3 \u00a0por el Tribunal querellado el 30 \u00a0de abril de 2013, por \u00a0tanto, el \u00a0resguardo fue deprecado tard\u00edamente el 27 \u00a0de mayo de 2015, cuando han transcurrido m\u00e1s de 2 a\u00f1os \u00a0contados desde la \u00faltima de las se\u00f1aladas datas, \u00a0per\u00edodo que supera el lapso de 6 meses adoptado por la Sala \u00a0como razonable para reclamar la protecci\u00f3n. \u00a0<\/p>\n
En \u00a0reiteradas ocasiones esta Corporaci\u00f3n ha dicho: \u00a0<\/p>\n
\u201c(\u2026) \u00a0[S]i \u00a0bien la jurisprudencia no ha se\u00f1alado un\u00e1nime el \u00a0t\u00e9rmino en el cual debe operar el decaimiento de la petici\u00f3n \u00a0de amparo frente a decisiones judiciales por falta de inmediatez, s\u00ed \u00a0resulta di\u00e1fano que \u00e9ste no puede ser tan amplio que \u00a0impida la consolidaci\u00f3n de las situaciones jur\u00eddicas \u00a0creadas por la jurisdicci\u00f3n (\u2026) \u00a0[por tanto] (\u2026) muy \u00a0breve ha de ser el tiempo que debe transcurrir entre la fecha de la \u00a0determinaci\u00f3n judicial acusada y el reclamo constitucional que \u00a0se enfila contra ella, con miras a que \u00e9ste \u00faltimo no \u00a0pierda su raz\u00f3n de ser (\u2026) \u00a0en \u00a0el presente evento no puede tenerse por cumplida la exigencia de \u00a0inmediatez de la solicitud por cuanto supera en mucho el lapso \u00a0razonable de los seis meses que se adopta, y no se demostr\u00f3, \u00a0ni invoc\u00f3 siquiera, justificaci\u00f3n \u00a0de tal demora por el \u00a0accionante (\u2026)\u201d2. \u00a0<\/p>\n
La \u00a0reclamante no puede acudir a este auxilio iusfundamental \u00a0a se\u00f1alar la vulneraci\u00f3n de sus intereses a su \u00a0arbitrio, pues si bien no existe t\u00e9rmino de caducidad para \u00a0interponerlo, s\u00ed se impone ejercerlo dentro de un plazo \u00a0prudente, m\u00e1s a\u00fan cuando la urgencia que se precisa \u00a0para predicar lo grave del perjuicio, exige una pronta reacci\u00f3n \u00a0del supuesto lesionado o agraviado. \u00a0<\/p>\n
4. \u00a0No se abrir\u00e1 paso \u00a0al \u00a0argumento relativo a la \u00a0presunta irregularidad de la almoneda por no advertirse que el bien \u00a0cautelado sali\u00f3 a venta p\u00fablica por un valor m\u00ednimo \u00a0respecto \u201c(\u2026) al \u00a0aprobado en la liquidaci\u00f3n \u00a0del cr\u00e9dito (sic) \u00a0(\u2026)\u201d, pues dicho reclamo debi\u00f3 alegarlo la actora \u00a0antes \u00a0de adjudicarse el fundo a la ejecutante; sin embargo, no lo hizo, \u00a0inobservando de esa manera lo dispuesto en los incisos 3\u00ba y 1\u00ba \u00a0de los art\u00edculo 527 y 530 del C\u00f3digo de Procedimiento \u00a0Civil. \u00a0<\/p>\n
As\u00ed las \u00a0cosas, no es dable acudir a este tr\u00e1mite excepcional, por \u00a0cuanto no es v\u00eda paralela o sustituta de los recursos \u00a0ordinarios o extraordinarios de refutaci\u00f3n judicial, ni es \u00a0senda para superar la incuria procesal. \u00a0<\/p>\n
Esta \u00a0Sala ha sido enf\u00e1tica al se\u00f1alar: \u00a0<\/p>\n
\u201c(\u2026) \u00a0[C]uando hay \u00a0[negligencia] de \u00a0las partes en el empleo de las defensas frente a las decisiones \u00a0judiciales, es vedado para el Juez de tutela penetrar en las \u00a0cuestiones procedimentales que informan los tr\u00e1mites \u00a0respectivos, pues a este amparo, eminentemente subsidiario, s\u00f3lo \u00a0es dable acudir cuando no se ha tenido otra posibilidad \u201cjudicial\u201d \u00a0de resguardo; adem\u00e1s, si las partes dejan de utilizar los \u00a0dispositivos de defensa previstos por el orden jur\u00eddico, – \u00a0como aqu\u00ed ocurri\u00f3 -, quedan sujetas a las consecuencias \u00a0de las determinaciones que le sean adversas, que ser\u00edan el \u00a0fruto de su propia incuria (\u2026)\u201d3. \u00a0<\/p>\n
5. \u00a0Por las razones anotadas, el amparo deprecado ser\u00e1 negado. \u00a0<\/p>\n
\u00a0 \u00a0\u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0<\/p>\n
3. DECISI\u00d3N \u00a0<\/p>\n
En m\u00e9rito \u00a0de lo expuesto, la Corte Suprema de Justicia, en Sala de Casaci\u00f3n \u00a0Civil, administrando justicia en nombre de la Rep\u00fablica y por \u00a0autoridad de la ley, \u00a0<\/p>\n
RESUELVE: \u00a0<\/p>\n
PRIMERO: \u00a0NEGAR la \u00a0tutela solicitada por Libia Castillo, quien act\u00faa como agente \u00a0oficiosa de Lilia Castillo, frente al Juzgado Segundo Civil del \u00a0Circuito de Tulu\u00e1 y a la Sala Civil Familia del Tribunal \u00a0Superior del Distrito Judicial de Buga, con ocasi\u00f3n del \u00a0proceso ejecutivo hipotecario promovido por Ana Mar\u00eda Riquett \u00a0Currea respecto de la aqu\u00ed representada. \u00a0<\/p>\n
TERCERO: \u00a0Si \u00a0este fallo no fuere impugnado, rem\u00edtase la actuaci\u00f3n a \u00a0la Corte Constitucional para su eventual revisi\u00f3n. \u00a0<\/p>\n
NOTIF\u00cdQUESE \u00a0Y C\u00daMPLASE \u00a0<\/p>\n
LUIS \u00a0ARMANDO TOLOSA VILLABONA \u00a0<\/p>\n
Presidente \u00a0de Sala \u00a0<\/p>\n
MARGARITA \u00a0CABELLO BLANCO \u00a0<\/p>\n
\u00c1LVARO \u00a0FERNANDO GARC\u00cdA RESTREPO \u00a0<\/p>\n
FERNANDO \u00a0GIRALDO GUTI\u00c9RREZ \u00a0<\/p>\n
ARIEL \u00a0SALAZAR RAM\u00cdREZ \u00a0<\/p>\n
1CSJ \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0STC 26 de noviembre de \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a02010, exp, 00372-01, citada el 29 de abril de 2011, exp, 00080-01. \u00a0<\/p>\n
2 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0CSJ STC 2 de agosto. 2007, Rad. 00188-01, reiterada, entre otros \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0pronunciamientos, en aquel de 16 de mayo de 2013, Rad. 000103-01. \u00a0<\/p>\n
3 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0CSJ SC 26 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0de enero de 2011, exp. 00027-00; reiterada el 11 de abril de 2012, \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0exp. 00616-00. \u00a0<\/p>\n
8 \u00a0 \u00a0 \u00a0<\/p>\n
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