\u00a0 \u00a0 \u00a0 Rep\u00fablica \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 de Colombia \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0<\/p>\n
\u00a0\u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0<\/p>\n
\u00a0\u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0<\/p>\n
\u00a0\u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0<\/p>\n
Corte \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0Suprema de Justicia \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0<\/p>\n
\u00a0 \u00a0\u00a0<\/p>\n
CORTE SUPREMA \u00a0DE JUSTICIA \u00a0<\/p>\n
SALA \u00a0DE CASACI\u00d3N CIVIL \u00a0<\/p>\n
LUIS ARMANDO \u00a0TOLOSA VILLABONA \u00a0<\/p>\n
Magistrado \u00a0ponente \u00a0<\/p>\n
STC7548-2015 \u00a0<\/p>\n
Radicaci\u00f3n \u00a0n.\u00b0 11001-22-10-000-2015-00254-01 \u00a0<\/p>\n
(Aprobado \u00a0en sesi\u00f3n de diez de junio de dos mil quince) \u00a0<\/p>\n
Bogot\u00e1, \u00a0D. C., \u00a0diecisiete (17) de junio de dos mil quince (2015). \u00a0<\/p>\n
Dec\u00eddese \u00a0la impugnaci\u00f3n interpuesta frente a la sentencia de 8 \u00a0de mayo de 2015, dictada por la Sala de Familia del Tribunal Superior \u00a0del Distrito Judicial de Bogot\u00e1, \u00a0dentro de la acci\u00f3n de tutela instaurada por Luis Eduardo \u00a0Vargas Brice\u00f1o en contra del Juzgado Segundo de Ejecuci\u00f3n \u00a0de Sentencias en Asuntos de Familia de esta capital, con ocasi\u00f3n \u00a0del juicio ejecutivo de alimentos promovido por Mar\u00eda Isabel \u00a0Gonz\u00e1lez G\u00f3mez, en representaci\u00f3n de sus hijas \u00a0mayores de edad Mar\u00eda Isabel y Beatriz Vargas Gonz\u00e1lez \u00a0respecto del aqu\u00ed gestor. \u00a0<\/p>\n
\u00a0 \u00a0\u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0<\/p>\n
1. \u00a0 \u00a0\u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0<\/p>\n
1. ANTECEDENTES \u00a0<\/p>\n
1. \u00a0El promotor \u00a0solicita la protecci\u00f3n del derecho al debido proceso, \u00a0presuntamente vulnerado por la autoridad accionada. \u00a0<\/p>\n
2. \u00a0La \u00a0causa petendi \u00a0constitucional \u00a0y las correspondientes actuaciones admiten el siguiente compendio: \u00a0<\/p>\n
2.1. \u00a0A trav\u00e9s del litigio ejecutivo objeto de esta salvaguarda, \u00a0iniciado en el 1999 por Mar\u00eda Isabel Gonz\u00e1lez G\u00f3mez \u00a0y tramitado por el Juzgado D\u00e9cimo de Familia, se reclam\u00f3 \u00a0al ahora actor, Luis Eduardo Vargas Brice\u00f1o, el pago de las \u00a0mesadas alimentarias dejadas de cancelar a favor de sus hijas Mar\u00eda \u00a0Isabel y Beatriz Vargas Gonz\u00e1lez, por ese entonces menores de \u00a0edad. \u00a0<\/p>\n
2.2. \u00a0El despacho querellado asumi\u00f3 el conocimiento del comentado \u00a0pleito, y el 6 de marzo de 2015, dispuso \u201c(\u2026) ratificar \u00a0la legitimaci\u00f3n en la causa por activa de (\u2026)\u201d \u00a0la se\u00f1ora Gonz\u00e1lez G\u00f3mez y requiri\u00f3 a las \u00a0partes para \u201c(\u2026) que \u00a0confeccionen y presenten la liquidaci\u00f3n actualizada del \u00a0cr\u00e9dito (\u2026)\u201d. \u00a0<\/p>\n
2.3. \u00a0Reprocha lo antelado, afirmando que la mencionada Gonz\u00e1lez \u00a0G\u00f3mez no puede ser sujeto procesal, debido a que las \u00a0alimentantes son en este momento adultas. \u00a0<\/p>\n
3. Implora revocar \u00a0la providencia aqu\u00ed censurada. \u00a0<\/p>\n
1.1. \u00a0Respuesta del accionado \u00a0<\/p>\n
Juzgado \u00a0Segundo de Ejecuci\u00f3n de Sentencias en Asuntos de Familia \u00a0requiri\u00f3 se concluyera en el presente asunto \u201c(\u2026) \u00a0que \u00a0en momento alguno ha amenazado y menos conculcado el derecho \u00a0fundamental al debido proceso del accionante (\u2026)\u201d \u00a0(fl. 22). \u00a0<\/p>\n
\u00a0 \u00a0\u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0<\/p>\n
1. La \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0sentencia impugnada \u00a0 \u00a0<\/p>\n
Neg\u00f3 \u00a0la salvaguarda tras inferir: \u00a0<\/p>\n
\u201c(\u2026) \u00a0[S]e \u00a0advierte que la decisi\u00f3n adoptada el 6 de marzo de 2015 por el \u00a0Juez Segundo de Ejecuci\u00f3n en Asuntos de Familia de Bogot\u00e1, \u00a0(\u2026) \u00a0no \u00a0fue objeto de impugnaci\u00f3n por el se\u00f1or Luis Eduardo \u00a0Vargas Brice\u00f1o\u201d. \u00a0<\/p>\n
\u201cLa \u00a0anterior circunstancia, por s\u00ed sola, no da viabilidad a la \u00a0queja constitucional que nos ocupa e impide el estudio de fondo de la \u00a0misma, como quiera que el accionante se abstuvo de hacer uso del \u00a0medio de defensa judicial id\u00f3neo para atacar la legalidad de \u00a0la decisi\u00f3n que le causa agravio, y de manera apresurada, sin \u00a0alegar perjuicio irremediable alguno, decidi\u00f3 acudir \u00a0directamente a esta jurisdicci\u00f3n (\u2026)\u201d \u00a0(fls. 33 a 38). \u00a0<\/p>\n
1.3. \u00a0La impugnaci\u00f3n \u00a0<\/p>\n
La \u00a0formul\u00f3 \u00a0el promotor sin indicar los motivos de su inconformidad (fl. 52). \u00a0<\/p>\n
\u00a0 \u00a0\u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0<\/p>\n
2. CONSIDERACIONES \u00a0<\/p>\n
1. \u00a0Cuestiona \u00a0el tutelante, Luis Eduardo Vargas Brice\u00f1o, el auto de 6 de \u00a0marzo de 2015, a trav\u00e9s del cual el juez querellado mantuvo \u00a0\u201c(\u2026) la \u00a0condici\u00f3n de ejecutante (\u2026)\u201d \u00a0de Mar\u00eda Isabel Gonz\u00e1lez G\u00f3mez. \u00a0<\/p>\n
2. \u00a0Delanteramente se \u00a0advierte la inviabilidad del amparo constitucional deprecado, al \u00a0percatarse la \u00a0ausencia del principio de subsidiariedad, pues el quejoso no atac\u00f3 \u00a0esa determinaci\u00f3n a trav\u00e9s del recurso de reposici\u00f3n, \u00a0procedente de conformidad con lo preceptuado en el art\u00edculo \u00a0348 ej\u00fasdem1. \u00a0De esta manera, desaprovech\u00f3 la oportunidad de controvertir en \u00a0el campo id\u00f3neo, esto es, dentro del litigio, la se\u00f1alada \u00a0providencia. \u00a0<\/p>\n
As\u00ed \u00a0las cosas, no es dable acudir a esta acci\u00f3n excepcional para \u00a0subsanar falencias o desidias en el ejercicio de los mecanismos \u00a0ordinarios y extraordinarios de defensa dispuestos por el legislador \u00a0al interior del proceso. Al respecto, esta Corte ha dicho: \u00a0<\/p>\n
\u201c(\u2026) \u00a0[L]a \u00a0accionante (\u2026), \u00a0no cuestion\u00f3 la decisi\u00f3n adoptada por la funcionaria \u00a0judicial acusada, (\u2026) \u00a0a trav\u00e9s del recurso (\u2026) consagrado por el estatuto \u00a0procesal, incuria que no puede suplirse por este medio \u00a0constitucional. Es claro entonces y como reiteradamente ha sostenido \u00a0la Corte, que esta acci\u00f3n debido a su car\u00e1cter \u00a0excepcional y subsidiario, no resulta apta para debatir reclamaciones \u00a0de linaje procesal, salvo en las eventualidades en que se configuren \u00a0circunstancias de verdadera excepci\u00f3n esto es, de afectaci\u00f3n \u00a0y peligro para los atributos b\u00e1sicos, porque en condiciones \u00a0normales tales pretensiones deben ser ventiladas a trav\u00e9s de \u00a0los instrumentos ordinarios de resguardo judicial y en el presente \u00a0asunto no se acredit\u00f3 que la accionante se encontrara en esa \u00a0extraordinaria condici\u00f3n (\u2026)\u201d2. \u00a0<\/p>\n
En \u00a0cuanto a la eficacia del remedio horizontal, desechado por la actora \u00a0al no ser \u201cobligatorio\u201d, \u00a0la Sala ha expuesto: \u00a0<\/p>\n
\u201c(\u2026) \u00a0Y, \u00a0no se diga que el recurso de reposici\u00f3n es ineficaz porque el \u00a0funcionario que emiti\u00f3 el prove\u00eddo recurrido es quien \u00a0lo resuelve, ya que de aceptarse tal aserto lo que se pondr\u00eda \u00a0en entredicho ser\u00eda la idoneidad y utilidad de dicho medio \u00a0impugnativo, supuestamente porque la autoridad judicial, en \u00a0principio, no variar\u00eda su decisi\u00f3n, razonamiento que la \u00a0Corte considera deleznable, si se tiene en cuenta que lo que anim\u00f3 \u00a0al legislador para instituirlo como mecanismo de defensa fue el de \u00a0brindarle al juez de conocimiento una oportunidad adicional para que \u00a0revise su determinaci\u00f3n y, si hubiere lugar a ello, que la \u00a0enmiende, prop\u00f3sito que, aparte de acompasar con los \u00a0principios de econom\u00eda y celeridad procesal, asegura desde un \u00a0comienzo el derecho de contradicci\u00f3n de los sujetos \u00a0intervinientes, especialmente en asuntos que se tramitan en \u00fanica \u00a0instancia (\u2026)\u201d3. \u00a0<\/p>\n
3. \u00a0Al margen de lo discurrido, en la providencia criticada el \u00a0funcionario verific\u00f3 que la se\u00f1ora Gonz\u00e1lez \u00a0G\u00f3mez ten\u00eda la potestad de acudir en el memorado \u00a0litigio como extremo actor, para reclamar lo adeudado por el ahora \u00a0gestor hasta cuando sus descendientes alcanzaron la adultez. \u00a0<\/p>\n
Al respecto \u00a0precis\u00f3 ese funcionario: \u00a0<\/p>\n
\u201c(\u2026) \u00a0Si \u00a0bien es cierto que al rebasar su minor\u00eda de edad, salvo las \u00a0excepciones legales y previamente demostradas, el alimentario, en \u00a0virtud a la presunci\u00f3n de capacidad que el ordenamiento \u00a0jur\u00eddico le otorga, adquiere el pleno uso de sus derechos y \u00a0acciones, de administraci\u00f3n y disposici\u00f3n de sus bienes \u00a0y que por contera asume su capacidad para ser parte y comparecer \u00a0directamente al proceso, tambi\u00e9n lo es que esa potestad frente \u00a0a la acreencia ejecutada no es absoluta, como quiera que s\u00f3lo \u00a0le es dable disponer de lo que se haya causado con posterioridad a \u00a0haber adquirido esa capacidad, ya que de lo anterior era su cuidadora \u00a0la que debi\u00f3 afrontarlos, pagarlos o conseguirlos para \u00a0satisfacer sus necesidades b\u00e1sicas\u201d. \u00a0<\/p>\n
\u201cSi \u00a0como madre de las beneficiarias de la acci\u00f3n judicial, \u00a0incapaces por su minor\u00eda de edad para el momento de la \u00a0reclamaci\u00f3n de alimentos que se hiciera a su progenitor, en \u00a0ejercicio de los derechos que le confiere la patria potestad, \u00a0consigui\u00f3 que judicialmente se compeliera a su pago, mal har\u00eda \u00a0el propio Estado \u00a0en negarle los derechos que le asiste de recoger el \u00a0pago de esas obligaciones (\u2026)\u201d \u00a0(fls. 4 a 6 cdno. Corte). \u00a0<\/p>\n
Desde \u00a0esa perspectiva, la providencia examinada no se observa descabellada \u00a0al punto de permitir la injerencia de esta justicia. Seg\u00fan lo \u00a0ha expresado esta Corte, \u201c(\u2026) independientemente \u00a0de que se comparta o no la hermen\u00e9utica de los juzgadores \u00a0atacados, ello no descalifica su decisi\u00f3n ni la convierte en \u00a0caprichosa y con entidad suficiente de configurar v\u00eda de hecho \u00a0(\u2026)\u201d4. \u00a0<\/p>\n
T\u00e9ngase \u00a0en cuenta que la sola divergencia conceptual no puede ser venero para \u00a0demandar el amparo porque la tutela no es instrumento para definir \u00a0cu\u00e1l planteamiento hermen\u00e9utico en las hip\u00f3tesis \u00a0de subsunci\u00f3n legal es el v\u00e1lido, ni cu\u00e1l de las \u00a0inferencias valorativas de los elementos f\u00e1cticos es la m\u00e1s \u00a0acertada o la m\u00e1s correcta para dar lugar a la intervenci\u00f3n \u00a0del juez constitucional. El ruego previsto en la regla 86 es residual \u00a0y subsidiario. \u00a0<\/p>\n
4. \u00a0Por los anteriores argumentos, se \u00a0impone la confirmaci\u00f3n del fallo impugnado. \u00a0<\/p>\n
3. \u00a0DECISI\u00d3N \u00a0<\/p>\n
En m\u00e9rito \u00a0de lo expuesto, la Corte Suprema de Justicia, en Sala de Casaci\u00f3n \u00a0Civil, administrando justicia en nombre de la Rep\u00fablica y por \u00a0autoridad de la ley, \u00a0<\/p>\n
RESUELVE: \u00a0<\/p>\n
PRIMERO: \u00a0CONFIRMAR \u00a0la sentencia de fecha y lugar de procedencia anotada. \u00a0<\/p>\n
SEGUNDO: \u00a0Comun\u00edquese \u00a0telegr\u00e1ficamente lo resuelto en esta providencia a los \u00a0interesados y oportunamente env\u00edese el expediente a la Corte \u00a0Constitucional para su eventual revisi\u00f3n. \u00a0<\/p>\n
NOTIF\u00cdQUESE \u00a0Y C\u00daMPLASE \u00a0<\/p>\n
LUIS ARMANDO \u00a0TOLOSA VILLABONA \u00a0<\/p>\n
Presidente de Sala \u00a0<\/p>\n
MARGARITA \u00a0CABELLO BLANCO \u00a0<\/p>\n
\u00c1LVARO \u00a0FERNANDO GARC\u00cdA RESTREPO \u00a0<\/p>\n
FERNANDO \u00a0GIRALDO GUTI\u00c9RREZ \u00a0<\/p>\n
ARIEL SALAZAR \u00a0RAM\u00cdREZ \u00a0<\/p>\n
1 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0\u201cArt. 348. \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0Salvo norma en contrario, el recurso de reposici\u00f3n procede \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0contra los autos que dicte el juez, contra los del Magistrado \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0sustanciador no susceptibles de s\u00faplica y contra los de la \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0Sala de Casaci\u00f3n Civil de la Corte Suprema de Justicia, para \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0que se revoquen o reformen (\u2026)\u201d. \u00a0<\/p>\n
2 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0CSJ. \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0STC. 11 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0abr. 2011, rad. \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a000043-01; \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0reiterada el 25 de junio, 12 de septiembre y 1 de noviembre de 2012, \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0rad. 00143-01, 00100-01 y 0176-01, respectivamente. \u00a0<\/p>\n
3 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0COLOMBIA, \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0CSJ. Civil. Sentencia de \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a028 de marzo de 2012, exp. 2012-00050-01, reiterada el 15 de mayo y \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0el 17 de octubre del mismo a\u00f1o, exps. 2012-00017-01 y \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a02012-02127-00. \u00a0<\/p>\n
4 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0COLOMBIA, \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0CSJ. Civil. Sentencia de 18 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0de marzo de 2010, exp. 2010-00367-00; \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0ver en el mismo sentido el fallo de \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a018 de diciembre de 2012, exp. 2012-01828-01. \u00a0<\/p>\n
8 \u00a0 \u00a0 \u00a0<\/p>\n
<\/p>\n","protected":false},"excerpt":{"rendered":"
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