\u00a0 \u00a0 \u00a0 Rep\u00fablica \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 de Colombia \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0<\/p>\n
\u00a0\u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0<\/p>\n
\u00a0\u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0<\/p>\n
\u00a0\u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0<\/p>\n
Corte \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0Suprema de Justicia \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0<\/p>\n
\u00a0 \u00a0\u00a0<\/p>\n
CORTE \u00a0SUPREMA \u00a0 DE \u00a0JUSTICIA \u00a0<\/p>\n
SALA \u00a0DE CASACI\u00d3N CIVIL \u00a0<\/p>\n
\u00c1LVARO \u00a0FERNANDO GARC\u00cdA RESTREPO \u00a0<\/p>\n
Magistrado \u00a0ponente \u00a0 \u00a0<\/p>\n
STC8116-2015 \u00a0<\/p>\n
Radicaci\u00f3n \u00a0n.\u00b0 11001-02-03-000-2015-01269-00 \u00a0<\/p>\n
(Aprobado \u00a0en sesi\u00f3n de veinticuatro de junio de dos mil quince) \u00a0<\/p>\n
Bogot\u00e1, \u00a0D. C., veinticinco (25) de junio de dos mil quince (2015).- \u00a0<\/p>\n
La \u00a0Corte resuelve la acci\u00f3n de tutela interpuesta por el \u00a0se\u00f1or \u00c9dgar Andr\u00e9s S\u00e1nchez Portes contra \u00a0los Juzgados Diecis\u00e9is Penal Municipal y Veintid\u00f3s \u00a0Penal del Circuito, ambos de Bogot\u00e1, y la Sala de Casaci\u00f3n \u00a0Penal de la Corte Suprema de Justicia. \u00a0<\/p>\n
ANTECEDENTES \u00a0<\/p>\n
1. \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0El \u00a0apoderado especial de \u00c9dgar Andr\u00e9s S\u00e1nchez \u00a0Portes manifiesta que en el tr\u00e1mite del proceso penal que a \u00a0\u00e9ste se le adelant\u00f3 por el delito de estafa, en el \u00a0Juzgado Penal Municipal acusado, se incurri\u00f3 en un proceder \u00a0que comporta la vulneraci\u00f3n de los derechos fundamentales al \u00a0debido proceso y a la defensa. \u00a0<\/p>\n
2. \u00a0El promotor de la petici\u00f3n, tras relatar las circunstancias \u00a0relacionadas con la denuncia que en su contra formul\u00f3 la \u00a0se\u00f1ora Diana Maritza De La Hoz Sierra, manifiesta que agotadas \u00a0las etapas de rigor, se profiri\u00f3 sentencia condenatoria que \u00a0fue confirmada por la autoridad judicial de superior jerarqu\u00eda. \u00a0<\/p>\n
2.1. \u00a0Aduce que en tiempo se formul\u00f3 el recurso extraordinario de \u00a0casaci\u00f3n que la Sala de Casaci\u00f3n Penal \u00abel \u00a026 de noviembre de 2014 (\u2026) inadmiti\u00f3\u00bb. \u00a0<\/p>\n
2.2. \u00a0El actor constitucional afirma que si se miran bien las cosas, \u00e9l \u00a0\u00abno \u00a0tuvo que ver en las negociaciones que llevaron a cabo los autores de \u00a0la conducta punible de estafa y su v\u00edctima\u00bb, \u00a0de manera que ante la \u00abinexistencia \u00a0de prueba y el defecto en la interpretaci\u00f3n\u00bb, \u00a0es claro que lo resuelto por los funcionarios demandados \u00abdeviene \u00a0en una condena que violenta \u00a0[su]s \u00a0derechos fundamentales\u00bb, \u00a0 pues se le declar\u00f3 responsable sin \u00abtener \u00a0participaci\u00f3n directa en las maniobras enga\u00f1osas de que \u00a0trata la ley\u00bb. \u00a0<\/p>\n
2.3. \u00a0Para terminar indica que \u00abse \u00a0han agotado la totalidad de recursos disponibles, incluyendo el \u00a0extraordinario de casaci\u00f3n conforme a la ley 600 de 2000\u00bb, \u00a0con el prop\u00f3sito de obtener su \u00ababsoluci\u00f3n\u00bb \u00a0debido a que, insiste, \u00abno \u00a0tuvo participaci\u00f3n alguna en los hechos que configuraron la \u00a0condena\u00bb, \u00a0y de cualquier manera, tampoco \u00abconoc\u00eda \u00a0de la ilicitud de su conducta\u00bb \u00a0(fls. 1 a 6, cdno. 1). \u00a0<\/p>\n
3. \u00a0 Pide que se conceda el resguardo constitucional incoado y que se \u00a0adopten las determinaciones que resulten pertinentes. \u00a0<\/p>\n
4. \u00a0 El 10 de junio de 2015, se admiti\u00f3 a tr\u00e1mite la \u00a0demanda de tutela presentada, se orden\u00f3 surtir la publicidad \u00a0de rigor y aportar la documentaci\u00f3n e informaci\u00f3n \u00a0necesarias. \u00a0<\/p>\n
CONSIDERACIONES \u00a0<\/p>\n
1. \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0Se \u00a0evoca que la acci\u00f3n de tutela es un mecanismo particular \u00a0establecido por la Constituci\u00f3n Pol\u00edtica de 1991, para \u00a0la protecci\u00f3n inmediata de los derechos fundamentales de las \u00a0personas, frente a la amenaza o violaci\u00f3n que, en cuanto a \u00a0ellos, pueda derivarse de la actuaci\u00f3n u omisi\u00f3n de las \u00a0autoridades p\u00fablicas o de los particulares, sin que se \u00a0constituya o perfile en una v\u00eda sustitutiva o paralela de los \u00a0medios ordinarios de defensa que la misma norma superior y la ley \u00a0consagran para la salvaguarda de tal clase de derechos. \u00a0<\/p>\n
Tambi\u00e9n \u00a0que, en l\u00ednea de principio, el mencionado mecanismo procesal \u00a0no procede respecto de providencias y actuaciones judiciales, salvo \u00a0que se est\u00e9 en frente del evento excepcional en el que el \u00a0juzgador adopta una determinaci\u00f3n o adelanta un tr\u00e1mite \u00a0en forma alejada de lo razonable, fruto del capricho o de manera \u00a0desconectada del ordenamiento aplicable, con vulneraci\u00f3n o \u00a0amenaza de los derechos fundamentales del respectivo ciudadano, caso \u00a0en el cual es pertinente que el juez constitucional act\u00fae con \u00a0el prop\u00f3sito de conjurar o prevenir el agravio que con la \u00a0actuaci\u00f3n censurada se pueda causar a las partes o \u00a0intervinientes en el proceso. \u00a0<\/p>\n
2. \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0Analizadas \u00a0por la Corte las puntuales acusaciones y las concretas pretensiones \u00a0que en el terreno de los derechos fundamentales present\u00f3, \u00a0el 2 de junio de 2015, el \u00a0apoderado especial del se\u00f1or \u00c9dgar Andr\u00e9s \u00a0S\u00e1nchez Portes contra los Juzgados Diecis\u00e9is Penal \u00a0Municipal y Veintid\u00f3s Penal del Circuito, ambos de Bogot\u00e1, \u00a0y la Sala de Casaci\u00f3n Penal de la Corte Suprema de Justicia \u00a0(fl. 1 idem), \u00a0y con fundamento en lo que revelan los elementos de persuasi\u00f3n \u00a0allegados al expediente, se colige que no tiene vocaci\u00f3n de \u00a0prosperidad la presente acci\u00f3n de tutela. \u00a0<\/p>\n
Deriva \u00a0la afirmaci\u00f3n anterior de que la \u00a0tem\u00e1tica censurada, vale decir, lo resuelto en el acotado \u00a0tr\u00e1mite judicial, fue cerrado por la autoridad judicial \u00a0competente mediante prove\u00eddo emitido el 26 de noviembre de \u00a02014 (fls. 69 a 72 idem), \u00a0de manera que ahora se pretende criticar unas \u00a0providencias \u00a0judiciales que concluyeron un debate legalmente clausurado hace m\u00e1s \u00a0de seis (6) meses, lo \u00a0que evidencia el incumplimiento del requisito de inmediatez \u00a0caracter\u00edstico de la acci\u00f3n de tutela, pues aunque las \u00a0disposiciones \u00a0que disciplinan el amparo constitucional no fijan un t\u00e9rmino \u00a0espec\u00edfico para su formulaci\u00f3n, de acuerdo con los \u00a0principios y criterios que gobiernan dicho mecanismo, atinentes a la \u00a0urgencia, celeridad y eficacia \u00a0-art\u00edculo \u00a03\u00ba del Decreto 2591 de 1991-, se requiere que los interesados \u00a0act\u00faen tan pronto tenga ocurrencia el hecho generador de la \u00a0supuesta vulneraci\u00f3n de los derechos fundamentales. \u00a0<\/p>\n
Se \u00a0observa, por tanto, que la pretensi\u00f3n de tutela no se formul\u00f3 \u00a0dentro de un moderado y prudencial plazo, pues como se rese\u00f1\u00f3, \u00a0transcurri\u00f3 un tiempo significativo desde que la Sala de \u00a0Casaci\u00f3n Penal de la Corte Suprema de Justicia clausur\u00f3 \u00a0aquella discusi\u00f3n, cuesti\u00f3n que pone de relieve la \u00a0tardanza del querellante S\u00e1nchez Portes y revela el quebranto \u00a0del requisito b\u00e1sico de inmediatez que rige el tr\u00e1mite \u00a0previsto por el art\u00edculo 86 de la Carta Pol\u00edtica, seg\u00fan \u00a0el cual el menoscabo de una garant\u00eda de linaje constitucional \u00a0fundamental impone, en el terreno de que se trata, una pronta \u00a0reacci\u00f3n del supuesto lesionado o agraviado. \u00a0<\/p>\n
En \u00a0esta materia, \u00a0se ha se\u00f1alado de manera uniforme y repetida, por la \u00a0jurisprudencia constitucional, que \u00a0<\/p>\n
\u00ab[t]al \u00a0conclusi\u00f3n no responde a un parecer arbitrario de esta Sala; \u00a0por el contrario, coincide con la posici\u00f3n que sobre el tema \u00a0han fijado la jurisprudencia constitucional y la doctrina nacional. \u00a0En efecto, a pesar de la desaparici\u00f3n del t\u00e9rmino de \u00a0caducidad de dos meses que el art\u00edculo 11 del Decreto 2591 de \u00a01991 hab\u00eda consagrado para ejercer la acci\u00f3n de tutela, \u00a0declarado inexequible por sentencia C-543 de 1992 de la Corte \u00a0Constitucional, con posterioridad a ese pronunciamiento se ha \u00a0determinado por la jurisprudencia constitucional, incluida la de esta \u00a0Sala, que aunque no existe propiamente un plazo espec\u00edfico \u00a0para el ejercicio de la acci\u00f3n de tutela, por su propia \u00a0naturaleza, por lo que constituye el objeto de protecci\u00f3n al \u00a0que apunta, y, en fin, por el prop\u00f3sito inherente a esa \u00a0herramienta de defensa judicial, la interposici\u00f3n del amparo \u00a0debe llevarse a cabo en un t\u00e9rmino que se avenga con la \u00a0inmediatez que contempla el art\u00edculo 86 de la Constituci\u00f3n \u00a0Pol\u00edtica, al punto de permitir que la decisi\u00f3n no sea \u00a0tard\u00eda o extempor\u00e1nea. \u00a0<\/p>\n
Con fundamento \u00a0en lo anterior, se declarar\u00e1 improcedente la acci\u00f3n de \u00a0tutela por causa de la inobservancia del principio de la inmediatez \u00a0que caracteriza su ejercicio adecuado. Esta limitaci\u00f3n tiene \u00a0como objetivo conservar y resaltar el car\u00e1cter \u00e1gil, \u00a0expedito, inmediato, de la tutela como mecanismo de protecci\u00f3n \u00a0de los derechos fundamentales que se estiman vulnerados con la acci\u00f3n \u00a0u omisi\u00f3n de la autoridad p\u00fablica acusada. \u00a0<\/p>\n
3. \u00a0 \u00a0Por tanto, no prospera la demanda en estudio. \u00a0<\/p>\n
DECISI\u00d3N \u00a0<\/p>\n
En \u00a0m\u00e9rito de lo expuesto, la Corte Suprema de Justicia, Sala de \u00a0Casaci\u00f3n Civil, administrando justicia en nombre de la \u00a0Rep\u00fablica y por autoridad de la ley \u00a0DENIEGA \u00a0el reguardo incoado a trav\u00e9s de la acci\u00f3n de tutela \u00a0referenciada. \u00a0<\/p>\n
Comun\u00edquese \u00a0lo aqu\u00ed resuelto a las partes y, en oportunidad, rem\u00edtase \u00a0el expediente a la Corte Constitucional para que asuma lo de su \u00a0cargo. \u00a0<\/p>\n
LUIS ARMANDO \u00a0TOLOSA VILLABONA \u00a0<\/p>\n
Presidente de Sala \u00a0<\/p>\n
MARGARITA \u00a0CABELLO BLANCO \u00a0<\/p>\n
\u00c1LVARO \u00a0FERNANDO GARC\u00cdA RESTREPO \u00a0<\/p>\n
FERNANDO \u00a0GIRALDO GUTI\u00c9RREZ \u00a0<\/p>\n
ARIEL SALAZAR \u00a0RAM\u00cdREZ \u00a0<\/p>\n
\u00a0 \u00a0 \u00a0\u00a0<\/p>\n
<\/p>\n","protected":false},"excerpt":{"rendered":"
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