\u00a0 \u00a0 \u00a0 Rep\u00fablica \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 de Colombia \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0<\/p>\n
\u00a0\u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0<\/p>\n
\u00a0\u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0<\/p>\n
\u00a0\u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0<\/p>\n
Corte \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0Suprema de Justicia \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0<\/p>\n
\u00a0 \u00a0\u00a0<\/p>\n
CORTE \u00a0SUPREMA \u00a0 DE \u00a0JUSTICIA \u00a0<\/p>\n
SALA \u00a0DE CASACI\u00d3N CIVIL \u00a0<\/p>\n
\u00c1LVARO \u00a0FERNANDO GARC\u00cdA RESTREPO \u00a0<\/p>\n
Magistrado Ponente \u00a0<\/p>\n
STC8856-2015 \u00a0<\/p>\n
Radicaci\u00f3n \u00a0n\u00b0 11001-02-03-000-2015-01354-00 \u00a0<\/p>\n
(Aprobado \u00a0en sesi\u00f3n de ocho de julio de dos mil quince) \u00a0<\/p>\n
Bogot\u00e1, \u00a0D. C., nueve (9) de julio de dos mil quince (2015).- \u00a0<\/p>\n
La \u00a0Corte resuelve la acci\u00f3n de tutela interpuesta por \u00a0la Directora General de la Unidad de Servicios Carcelarios y \u00a0Penitenciarios -USPEC- contra el Juzgado Segundo Civil del Circuito \u00a0de La Dorada (Caldas) y la Sala Civil \u2013 Familia del Tribunal \u00a0Superior del Distrito Judicial de Manizales. \u00a0<\/p>\n
ANTECEDENTES \u00a0<\/p>\n
2. \u00a0 La promotora de la petici\u00f3n indica que los funcionarios \u00a0acusados decidieron las instancias del se\u00f1alado asunto de \u00a0car\u00e1cter constitucional, en el sentido de brindar la \u00a0protecci\u00f3n solicitada, y por tanto, ordenaron las medidas \u00a0indicadas en la respectiva sentencia. En concreto, se \u00aborden\u00f3 \u00a0al USPEC: \u2018(\u2026) al INSTITUTO NACIONAL PENITENCIARIO Y \u00a0CARECLARIO \u2013INPEC-, en asocio con el ESTABLECIMIENTO \u00a0PENITENCIARIO DE ALTA Y MEDIANA SEGURIDAD EPAMS de la Dorada Caldas y \u00a0la UNIDAD DE SERVICIOS PENITENCIARIOS Y CARCELARIOS \u2013USPEC- que \u00a0deber\u00e1n iniciar las labores de reparaci\u00f3n y adecuaci\u00f3n \u00a0de la tuber\u00eda de los ba\u00f1os del pabell\u00f3n No. 3, \u00a0donde se encuentra recluido el se\u00f1or WILSON AGUILERA T\u00c9LLEZ \u00a0(\u2026), advirtiendo que para la ejecuci\u00f3n de la misma se \u00a0concede un t\u00e9rmino de un (1) mes\u00bb. \u00a0<\/p>\n
2.1. \u00a0Aduce que para acatar lo resuelto por los juzgadores, se adoptaron \u00a0varias decisiones, en particular, \u00abpara \u00a0la vigencia 2015, se destin\u00f3 una partida de TRESCIENTOS \u00a0OCHENTA Y TRES MILLONES DOSCIENTOS OCHENTA MIL SETECIENTOS CINCUENTA \u00a0Y NUEVE PESOS ($383.280.759), con el fin de contratar el \u00a0mantenimiento de la PTAR, habi\u00e9ndose iniciado el respectivo \u00a0proceso, el cual se encuentra en estudios \u00a0previos\u00bb. \u00a0<\/p>\n
2.2. \u00a0 Destaca que no obstante lo anterior, y sin tener en cuenta \u00abtodos \u00a0los tr\u00e1mites tendientes a cumplir con el fallo de tutela, \u00a0conforme a los procedimientos contractuales que deben desarrollarse, \u00a0con el fin de mejorar las condiciones de habitabilidad de la \u00a0poblaci\u00f3n privada de la libertad, para el caso en concreto del \u00a0EPAMS de La Dorada, Caldas\u00bb, \u00a0se concedi\u00f3 lo pretendido a trav\u00e9s del incidente de \u00a0desacato promovido, imponiendo las sanciones de rigor, que respecto \u00a0de la accionante, el tribunal acusado mantuvo inc\u00f3lumes (fls. \u00a079 a 84, cdno. 1). \u00a0<\/p>\n
3. \u00a0 \u00a0Pide que, en el terreno constitucional, se adopten las \u00a0determinaciones necesarias para erradicar el citado proceder que \u00a0resulta opuesto a la ley. \u00a0<\/p>\n
4. \u00a0 \u00a0 El 1\u00ba de julio de 2015, tras corregirse los defectos \u00a0advertidos, se admiti\u00f3 a tr\u00e1mite la demanda de tutela \u00a0presentada y se orden\u00f3 surtir la publicidad de rigor. \u00a0<\/p>\n
CONSIDERACIONES \u00a0<\/p>\n
1. \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0Como es \u00a0suficientemente conocido, la acci\u00f3n de tutela es instrumento \u00a0procesal de tr\u00e1mite preferente y sumario, establecido por la \u00a0Carta Pol\u00edtica de 1991 con el objeto de que cada persona por \u00a0s\u00ed misma o a trav\u00e9s de apoderado o agente oficioso, \u00a0pueda reclamar ante los jueces la protecci\u00f3n inmediata de los \u00a0derechos constitucionales fundamentales, cuando estos resulten \u00a0vulnerados o amenazados de violaci\u00f3n por la acci\u00f3n u \u00a0omisi\u00f3n de cualquier autoridad p\u00fablica, o de los \u00a0particulares en los casos taxativamente se\u00f1alados por el \u00a0legislador, seg\u00fan la facultad otorgada para ese fin por el \u00a0art\u00edculo 86 de la Constituci\u00f3n Nacional. \u00a0<\/p>\n
Tal \u00a0mecanismo de protecci\u00f3n, de acuerdo con el referido precepto, \u00a0es de car\u00e1cter residual y subsidiario porque s\u00f3lo \u00a0procede cuando el afectado no disponga de otro medio judicial de \u00a0salvaguarda, salvo que se utilice como mecanismo transitorio para \u00a0evitar un perjuicio irremediable. En trat\u00e1ndose de \u00a0providencias o actuaciones judiciales, el mencionado instrumento se \u00a0torna a\u00fan m\u00e1s excepcional, pues s\u00f3lo resulta \u00a0viable cuando se advierta un proceder del funcionario judicial que se \u00a0pueda tildar de irrazonable, arbitrario o caprichoso, caso en el cual \u00a0se faculta la intervenci\u00f3n del juez constitucional para evitar \u00a0o remediar la respectiva vulneraci\u00f3n de los derechos \u00a0fundamentales. \u00a0<\/p>\n
2. \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0Descendiendo \u00a0al caso concreto, la Corte concluye que la acci\u00f3n de tutela \u00a0interpuesta \u00a0por la Directora General de la Unidad de Servicios Carcelarios y \u00a0Penitenciarios -USPEC-, no \u00a0tiene vocaci\u00f3n de prosperidad, en virtud de lo que, el 25 de \u00a0junio de 2015, el Juzgado Segundo Civil del Circuito de La Dorada \u00a0(Caldas) resolvi\u00f3 en punto a la cuesti\u00f3n materia de la \u00a0acci\u00f3n de tutela incoada, puesto que, atendiendo a las \u00a0reflexiones consignadas en esa providencia, decidi\u00f3 \u00a0\u00abSUSPENDER, \u00a0por el t\u00e9rmino de 6 meses, la ejecuci\u00f3n de las \u00a0sanciones impuestas dentro del incidente de desacato promovido por el \u00a0incumplimiento del fallo de tutela interpuesta por WILSON AGUIILERA \u00a0TELLEZ en contra de la USPEC, el INPEC y el EPAMS de La Dorada\u00bb \u00a0(fl. 131 a 134 idem). \u00a0<\/p>\n
Lo \u00a0anterior \u00a0pone de relieve que, al margen de la procedencia del mecanismo de \u00a0tutela para cuestionar decisiones emitidas en un terreno de la misma \u00a0estirpe, lo cierto es que en el sub \u00a0lite \u00a0para la fecha de esta providencia ya ces\u00f3 la posible o \u00a0eventual vulneraci\u00f3n o amenaza a los derechos fundamentales \u00a0cuyo amparo reclam\u00f3 la demandante, habida cuenta que la \u00a0autoridad judicial competente, dio a conocer que, por las razones \u00a0all\u00ed indicadas, por ahora no era posible mantener en pie las \u00a0sanciones inicialmente impuestas, lo que conduc\u00eda a paralizar \u00a0o detener los efectos materiales derivados de aqu\u00e9llas. \u00a0<\/p>\n
3. \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0Las breves \u00a0consideraciones que preceden imponen a la Corte denegar el amparo \u00a0impetrado. \u00a0<\/p>\n
DECISI\u00d3N \u00a0<\/p>\n
En \u00a0m\u00e9rito de lo expuesto, la Corte Suprema de Justicia, Sala de \u00a0Casaci\u00f3n Civil, administrando justicia en nombre de la \u00a0Rep\u00fablica y por autoridad de la ley \u00a0DENIEGA \u00a0el amparo incoado a trav\u00e9s de la acci\u00f3n de tutela \u00a0referenciada. \u00a0<\/p>\n
Comun\u00edquese \u00a0lo aqu\u00ed resuelto a las partes y, en oportunidad, rem\u00edtase \u00a0el expediente a la Corte Constitucional para que asuma lo de su \u00a0cargo. \u00a0<\/p>\n
LUIS ARMANDO \u00a0TOLOSA VILLABO \u00a0<\/p>\n
Presidente de Sala \u00a0<\/p>\n
MARGARITA \u00a0CABELLO BLANCO \u00a0<\/p>\n
\u00c1LVARO \u00a0FERNANDO GARC\u00cdA RESTREPO \u00a0<\/p>\n
FERNANDO \u00a0GIRALDO GUTI\u00c9RREZ \u00a0<\/p>\n
ARIEL SALAZAR \u00a0RAM\u00cdREZ \u00a0<\/p>\n
\u00a0 \u00a0 \u00a0\u00a0<\/p>\n
<\/p>\n","protected":false},"excerpt":{"rendered":"
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