{"id":91063,"date":"2024-05-31T22:13:48","date_gmt":"2024-05-31T22:13:48","guid":{"rendered":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/2024\/05\/31\/stc8971-2015\/"},"modified":"2024-05-31T22:13:48","modified_gmt":"2024-05-31T22:13:48","slug":"stc8971-2015","status":"publish","type":"post","link":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/2024\/05\/31\/stc8971-2015\/","title":{"rendered":"STC 8971 2015"},"content":{"rendered":"\n<p>\u00a0 \u00a0 \u00a0 Rep\u00fablica \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 de Colombia \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0<\/p>\n<p>\u00a0\u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0<\/p>\n<p>\u00a0\u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0<\/p>\n<p>\u00a0\u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0<\/p>\n<p>Corte \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0Suprema de Justicia \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0<\/p>\n<p>\u00a0 \u00a0\u00a0<\/p>\n<p>CORTE SUPREMA \u00a0DE JUSTICIA \u00a0<\/p>\n<p>SALA \u00a0DE CASACI\u00d3N CIVIL \u00a0<\/p>\n<p>LUIS ARMANDO \u00a0TOLOSA VILLABONA \u00a0<\/p>\n<p>Magistrado \u00a0ponente \u00a0<\/p>\n<p>STC8971-2015 \u00a0<\/p>\n<p>Radicaci\u00f3n \u00a0n.\u00b0 47001-22-13-000-2015-00119-01 \u00a0<\/p>\n<p>(Aprobado \u00a0en sesi\u00f3n de ocho de julio de dos mil quince) \u00a0<\/p>\n<p>Bogot\u00e1, \u00a0D. C., diez \u00a0(10) de julio de dos mil quince (2015). \u00a0<\/p>\n<p>Dec\u00eddese \u00a0la impugnaci\u00f3n interpuesta frente a la sentencia de 2 de junio \u00a0de 2015, dictada por la Sala Civil Familia del \u00a0Tribunal Superior del Distrito Judicial de Santa Marta, dentro de la \u00a0tutela instaurada por Roger Alfonso Castro Daza en contra del Juzgado \u00a0Tercero de Familia de esa capital, con ocasi\u00f3n del juicio de \u00a0impugnaci\u00f3n de paternidad del aqu\u00ed gestor respecto de \u00a0los menores M.J. y R.J. C. F., tr\u00e1mite extensivo \u00a0al \u00a0Juez Segundo de Familia y a la Procuradur\u00eda Delegada para \u00a0Asuntos de Familia, ambos de esa ciudad. \u00a0<\/p>\n<p>\u00a0 \u00a0\u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0<\/p>\n<p>1. \u00a0El \u00a0promotor \u00a0solicita la protecci\u00f3n de los derechos al debido proceso y \u00a0acceso a la administraci\u00f3n de justicia, presuntamente \u00a0vulnerados por la autoridad accionada. \u00a0<\/p>\n<p>2. \u00a0Sostiene, \u00a0como base de su reclamo, en s\u00edntesis, lo siguiente (fls. \u00a01 a 8): \u00a0<\/p>\n<p>2.1. \u00a0A trav\u00e9s del \u00a0litigio objeto de esta salvaguarda, se pretend\u00eda la \u00a0impugnaci\u00f3n de la paternidad del ahora actor, Roger Alfonso \u00a0Castro Daza, respecto de los menores M.J. y R.J. C. F. \u00a0<\/p>\n<p>2.2. \u00a0El \u00a06 de mayo de 2015, el Juzgado Tercero de Familia declar\u00f3 la \u00a0nulidad de todo lo actuado en ese pleito arguyendo \u201cfalta \u00a0de jurisdicci\u00f3n\u201d. \u00a0<\/p>\n<p>2.3. \u00a0No interpuso ning\u00fan recurso en contra de la anterior \u00a0determinaci\u00f3n, por cuanto \u201c(\u2026) labora \u00a0en la ciudad de Cartagena y su apoderada le manifest\u00f3 que \u00a0solamente tuvo conocimiento de la misma el d\u00eda 13 de mayo en \u00a0las horas de la tarde (\u2026)\u201d. \u00a0<\/p>\n<p>2.4. \u00a0Indica \u00a0que se le est\u00e1 causando un perjuicio irremediable, pues \u00a0actualmente cursa un juicio ejecutivo por alimentos en favor de los \u00a0anotados infantes, en el cual se decret\u00f3 una cuota alimentaria \u00a0provisional equivalente al 50% de su salario. \u00a0<\/p>\n<p>3. \u00a0Implora revocar \u00a0la anulaci\u00f3n del se\u00f1alado pleito de impugnaci\u00f3n \u00a0de paternidad. \u00a0<\/p>\n<p>1.1. \u00a0Respuesta del accionado y vinculados \u00a0<\/p>\n<p>a. \u00a0El \u00a0Juzgado Tercero de Familia deprec\u00f3 la denegaci\u00f3n del \u00a0amparo arguyendo que \u201c(\u2026) el \u00a0interesado permiti\u00f3 la ejecutoria del auto que decret\u00f3 \u00a0la nulidad y rechaz\u00f3 la demanda sin interponer ning\u00fan \u00a0recurso (\u2026)\u201d \u00a0(fl. 135). \u00a0<\/p>\n<p>b. \u00a0El \u00a0Juez Segundo de Familia solicit\u00f3 su desvinculaci\u00f3n \u00a0esgrimiendo su falta de legitimaci\u00f3n por pasiva, \u201c(\u2026) \u00a0por \u00a0no encontrar en las actuaciones relacionadas en el expediente (\u2026)\u201d \u00a0reproche alguno dirigido en su contra (fls. 144 a 146). \u00a0<\/p>\n<p>c. \u00a0La Procuradur\u00eda General de la Naci\u00f3n manifest\u00f3 \u00a0que \u201c(\u2026) al \u00a0se\u00f1or Roger Alfonso Castro Daza no se le vulneraron (\u2026)\u201d \u00a0las prerrogativas iusfundamentales \u00a0invocadas \u00a0(fls. 138 a 140). \u00a0<\/p>\n<p>d. \u00a0La Defensor\u00eda de Familia de Santa Marta requiri\u00f3 al \u00a0Tribunal a \u00a0quo tener \u00a0\u201c(\u2026) en \u00a0cuenta el inter\u00e9s superior de los ni\u00f1os (\u2026)\u201d \u00a0(fl. 142). \u00a0<\/p>\n<p>\u00a0 \u00a0\u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0<\/p>\n<p>2. La \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0sentencia impugnada \u00a0 \u00a0<\/p>\n<p>Neg\u00f3 \u00a0la \u00a0salvaguarda tras inferir: \u00a0<\/p>\n<p>\u201c(\u2026) \u00a0[E]l \u00a0accionante no ejerci\u00f3 los recursos ordinarios para \u00a0controvertir el prove\u00eddo que por esta acci\u00f3n se \u00a0censura, sin que sea dable la justificaci\u00f3n otorgada para no \u00a0impetrar aqu\u00e9llos, referentes a no vivir en es[a] \u00a0ciudad, \u00a0atendiendo a que, como se dijo, sus derechos estaban siendo \u00a0defendidos por una abogada a quien se le exige la diligencia dentro \u00a0del mandato encomendado (\u2026)\u201d \u00a0(fls. 151 a 155 vuelto). \u00a0<\/p>\n<p>1.3. \u00a0La impugnaci\u00f3n \u00a0<\/p>\n<p>La \u00a0formul\u00f3 \u00a0el promotor reiterando los argumentos esgrimidos en el libelo genitor \u00a0(fls. 162 a 169). \u00a0<\/p>\n<p>\u00a0 \u00a0\u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0<\/p>\n<p>2. CONSIDERACIONES \u00a0<\/p>\n<p>1. \u00a0Cuestiona \u00a0el quejoso, Roger Alfonso Castro Daza, que dentro del comentado \u00a0subex\u00e1mine, \u00a0mediante providencia de 6 de mayo de 2015, se haya declarado la \u00a0nulidad de lo actuado por \u201cfalta \u00a0de jurisdicci\u00f3n\u201d. \u00a0<\/p>\n<p>El \u00a0funcionario entutelado arrib\u00f3 a esa conclusi\u00f3n, luego \u00a0de razonar: \u00a0<\/p>\n<p>\u201c(\u2026) \u00a0[E]xiste \u00a0nulidad insanable por falta de jurisdicci\u00f3n, puesto que la \u00a0anulaci\u00f3n de los registros de nacimiento de los menores (\u2026), \u00a0al ser un acto administrativo, debe tramitarse ante la jurisdicci\u00f3n \u00a0de lo contencioso administrativo, previo el agotamiento de la v\u00eda \u00a0gubernativa, habida consideraci\u00f3n que las decisiones en lo \u00a0tocante a los registros de nacimiento, son de competencia del \u00a0registrador del estado civil o de los notarios (\u2026)\u201d \u00a0(fls. 121 a 123). \u00a0<\/p>\n<p>En consecuencia, \u00a0rechaz\u00f3 la aludida demanda y dispuso la entrega de la misma \u00a0junto con sus anexos al aqu\u00ed tutelante. \u00a0<\/p>\n<p>As\u00ed \u00a0las cosas, no es dable acudir a esta acci\u00f3n excepcional para \u00a0subsanar falencias o desidias en el ejercicio de los mecanismos \u00a0ordinarios y extraordinarios de defensa dispuestos por el legislador \u00a0al interior del proceso. Al respecto, esta Colegiatura ha dicho: \u00a0<\/p>\n<p>\u201c(\u2026) \u00a0[L]a \u00a0accionante (\u2026), \u00a0no cuestion\u00f3 la decisi\u00f3n adoptada por la funcionaria \u00a0judicial acusada, (\u2026) \u00a0a trav\u00e9s del recurso (\u2026) consagrado por el estatuto \u00a0procesal, incuria que no puede suplirse por este medio \u00a0constitucional. Es claro entonces y como reiteradamente ha sostenido \u00a0la Corte, que esta acci\u00f3n debido a su car\u00e1cter \u00a0excepcional y subsidiario, no resulta apta para debatir reclamaciones \u00a0de linaje procesal, salvo en las eventualidades en que se configuren \u00a0circunstancias de verdadera excepci\u00f3n esto es, de afectaci\u00f3n \u00a0y peligro para los atributos b\u00e1sicos, porque en condiciones \u00a0normales tales pretensiones deben ser ventiladas a trav\u00e9s de \u00a0los instrumentos ordinarios de resguardo judicial y en el presente \u00a0asunto no se acredit\u00f3 que la accionante se encontrara en esa \u00a0extraordinaria condici\u00f3n (\u2026)\u201d2. \u00a0<\/p>\n<p>En \u00a0cuanto a la eficacia del remedio horizontal, la Sala ha expuesto: \u00a0<\/p>\n<p>\u201c(\u2026) \u00a0Y, \u00a0no se diga que el recurso de reposici\u00f3n es ineficaz porque el \u00a0funcionario que emiti\u00f3 el prove\u00eddo recurrido es quien \u00a0lo resuelve, ya que de aceptarse tal aserto lo que se pondr\u00eda \u00a0en entredicho ser\u00eda la idoneidad y utilidad de dicho medio \u00a0impugnativo, supuestamente porque la autoridad judicial, en \u00a0principio, no variar\u00eda su decisi\u00f3n, razonamiento que la \u00a0Corte considera deleznable, si se tiene en cuenta que lo que anim\u00f3 \u00a0al legislador para instituirlo como mecanismo de defensa fue el de \u00a0brindarle al juez de conocimiento una oportunidad adicional para que \u00a0revise su determinaci\u00f3n y, si hubiere lugar a ello, que la \u00a0enmiende, prop\u00f3sito que, aparte de acompasar con los \u00a0principios de econom\u00eda y celeridad procesal, asegura desde un \u00a0comienzo el derecho de contradicci\u00f3n de los sujetos \u00a0intervinientes, especialmente en asuntos que se tramitan en \u00fanica \u00a0instancia (\u2026)\u201d3. \u00a0<\/p>\n<p>No \u00a0son de recibo para esta Corporaci\u00f3n las exculpaciones \u00a0esbozadas por el querellante para su comportamiento omisivo, \u00a0atinentes a que no conoci\u00f3 de lo acontecido en el comentado \u00a0litigio por residir en otra ciudad, porque ello no es \u00f3bice \u00a0para cumplir el deber de las partes de consultar el estado del \u00a0proceso, para lo cual, pod\u00eda hacer uso de los medios \u00a0electr\u00f3nicos fijados por la Rama Judicial para tal fin. \u00a0<\/p>\n<p>Adicionalmente, \u00a0\u00e9l mismo afirm\u00f3 contar con la asistencia de una \u00a0profesional del derecho, por ende, prima \u00a0facie se \u00a0presume guarnecido su derecho de defensa. \u00a0<\/p>\n<p>3. \u00a0Por \u00a0los anteriores argumentos, se impone la confirmaci\u00f3n del fallo \u00a0impugnado. \u00a0<\/p>\n<p>3. \u00a0DECISI\u00d3N \u00a0<\/p>\n<p>En m\u00e9rito \u00a0de lo expuesto, la Corte Suprema de Justicia, en Sala de Casaci\u00f3n \u00a0Civil, administrando justicia en nombre de la Rep\u00fablica y por \u00a0autoridad de la ley, \u00a0<\/p>\n<p>RESUELVE: \u00a0<\/p>\n<p>PRIMERO: \u00a0CONFIRMAR \u00a0la sentencia de fecha y lugar de procedencia anotada. \u00a0<\/p>\n<p>SEGUNDO: \u00a0Comun\u00edquese \u00a0telegr\u00e1ficamente lo resuelto en esta providencia a los \u00a0interesados y oportunamente env\u00edese el expediente a la Corte \u00a0Constitucional para su eventual revisi\u00f3n. \u00a0<\/p>\n<p>NOTIF\u00cdQUESE \u00a0Y C\u00daMPLASE \u00a0<\/p>\n<p>LUIS ARMANDO \u00a0TOLOSA VILLABONA \u00a0<\/p>\n<p>Presidente de Sala \u00a0<\/p>\n<p>MARGARITA \u00a0CABELLO BLANCO \u00a0<\/p>\n<p>\u00c1LVARO \u00a0FERNANDO GARC\u00cdA RESTREPO \u00a0<\/p>\n<p>FERNANDO \u00a0GIRALDO GUTI\u00c9RREZ \u00a0<\/p>\n<p>ARIEL SALAZAR \u00a0RAM\u00cdREZ \u00a0<\/p>\n<p>1 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0\u201cArt. \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0348. Salvo norma en contrario, el recurso de reposici\u00f3n \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0procede contra los autos que dicte el juez, contra los del \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0Magistrado sustanciador no susceptibles de s\u00faplica y contra \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0los de la Sala de Casaci\u00f3n Civil de la Corte Suprema de \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0Justicia, para que se revoquen o reformen (\u2026)\u201d. \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0<\/p>\n<p>\u201c(\u2026) \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0Art. 147. El auto que decrete la nulidad de todo el proceso, o de \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0una parte del mismo sin la cual no fuere posible adelantar el \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0tr\u00e1mite de la instancia, ser\u00e1 apelable en el efecto \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0suspensivo. El que decrete la nulidad de una parte del proceso que \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0no impida la continuaci\u00f3n del tr\u00e1mite de la instancia, \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0lo ser\u00e1 en el efecto diferido (\u2026)\u201d. \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0<\/p>\n<p>2 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0CSJ. \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0STC. 11 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0abr. 2011, rad. \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a000043-01; \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0reiterada el 25 de junio, 12 de septiembre y 1 de noviembre de 2012, \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0rad. 00143-01, 00100-01 y 0176-01, respectivamente. \u00a0<\/p>\n<p>3 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0CSJ. \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0Civil. Sentencia de \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a028 de marzo de 2012, exp. 2012-00050-01, reiterada el 15 de mayo y \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0el 17 de octubre del mismo a\u00f1o, exps. 2012-00017-01 y \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a02012-02127-00. \u00a0<\/p>\n<p>8 \u00a0 \u00a0 \u00a0<\/p>\n<p><\/p>\n","protected":false},"excerpt":{"rendered":"<p>\u00a0 \u00a0 \u00a0 Rep\u00fablica \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 de Colombia \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0\u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0\u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0\u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 Corte \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0Suprema de Justicia \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0\u00a0 CORTE SUPREMA \u00a0DE JUSTICIA \u00a0 SALA \u00a0DE CASACI\u00d3N CIVIL [&hellip;]<\/p>\n","protected":false},"author":1,"featured_media":0,"comment_status":"open","ping_status":"open","sticky":false,"template":"","format":"standard","meta":{"footnotes":""},"categories":[96],"tags":[],"class_list":["post-91063","post","type-post","status-publish","format-standard","hentry","category-96"],"_links":{"self":[{"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/posts\/91063","targetHints":{"allow":["GET"]}}],"collection":[{"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/posts"}],"about":[{"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/types\/post"}],"author":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/users\/1"}],"replies":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/comments?post=91063"}],"version-history":[{"count":0,"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/posts\/91063\/revisions"}],"wp:attachment":[{"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/media?parent=91063"}],"wp:term":[{"taxonomy":"category","embeddable":true,"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/categories?post=91063"},{"taxonomy":"post_tag","embeddable":true,"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/tags?post=91063"}],"curies":[{"name":"wp","href":"https:\/\/api.w.org\/{rel}","templated":true}]}}