{"id":91067,"date":"2024-05-31T22:13:48","date_gmt":"2024-05-31T22:13:48","guid":{"rendered":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/2024\/05\/31\/stc8977-2015\/"},"modified":"2024-05-31T22:13:48","modified_gmt":"2024-05-31T22:13:48","slug":"stc8977-2015","status":"publish","type":"post","link":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/2024\/05\/31\/stc8977-2015\/","title":{"rendered":"STC 8977 2015"},"content":{"rendered":"\n<p>\u00a0 \u00a0 \u00a0 Rep\u00fablica \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 de Colombia \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0<\/p>\n<p>\u00a0\u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0<\/p>\n<p>\u00a0\u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0<\/p>\n<p>\u00a0\u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0<\/p>\n<p>Corte Suprema de Justicia \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0<\/p>\n<p>\u00a0 \u00a0\u00a0<\/p>\n<p>CORTE \u00a0SUPREMA DE JUSTICIA \u00a0<\/p>\n<p>SALA DE \u00a0CASACI\u00d3N CIVIL \u00a0<\/p>\n<p>LUIS ARMANDO \u00a0TOLOSA VILLABONA \u00a0<\/p>\n<p>Magistrado \u00a0ponente \u00a0<\/p>\n<p>STC8977-2015 \u00a0<\/p>\n<p>Radicaci\u00f3n \u00a0n.\u00ba \u00a011001-02-04-000-2015-00944-01 \u00a0<\/p>\n<p>Bogot\u00e1, \u00a0D. C., diez \u00a0(10) de julio de dos mil quince (2015). \u00a0<\/p>\n<p>Dec\u00eddase \u00a0la impugnaci\u00f3n formulada frente a la sentencia dictada el 26 \u00a0de mayo de 2015 por la Sala de Casaci\u00f3n Penal, dentro de la \u00a0tutela promovida por Jos\u00e9 Libardo Cede\u00f1o Tovar contra \u00a0la Fiscal\u00eda Tercera Delegada ante el Tribunal Superior del \u00a0Distrito Judicial de Neiva, tr\u00e1mite al cual fueron vinculados \u00a0los Juzgados Tercero de Ejecuci\u00f3n Civil Municipal y D\u00e9cimo \u00a0Civil Municipal, ambos de la misma ciudad. \u00a0<\/p>\n<p>1. \u00a0ANTECEDENTES \u00a0<\/p>\n<p>1. \u00a0El demandante solicita la protecci\u00f3n del derecho fundamental \u00a0al debido proceso, presuntamente vulnerado por la autoridad \u00a0querellada. \u00a0<\/p>\n<p>2. \u00a0Sostiene, \u00a0como base de su reproche, en s\u00edntesis, lo compendiado a \u00a0continuaci\u00f3n (fls. 2 y 3): \u00a0<\/p>\n<p>2.1. \u00a0En el Juzgado D\u00e9cimo Civil Municipal de Neiva se adelanta un \u00a0juicio compulsivo singular de menor cuant\u00eda en su contra, y \u00a0como fue indebidamente notificado del mandamiento de pago, procedi\u00f3 \u00a0a instaurar denuncia penal frente a la titular de ese estrado por el \u00a0delito de prevaricato. \u00a0<\/p>\n<p>2.2. \u00a0Habi\u00e9ndose formulado el 7 de octubre de 2014 la citada queja, \u00a0la cual le correspondi\u00f3 a la Fiscal\u00eda Tercera Delegada \u00a0ante el Tribunal de la referida localidad, solicit\u00f3 la \u00a0suspensi\u00f3n del ejecutivo por prejudicialidad, empero, tal \u00a0s\u00faplica fue desestimada porque a\u00fan no se le hab\u00eda \u00a0enterado de la causa penal a la Juez denunciada. \u00a0<\/p>\n<p>2.3. \u00a0Lo anterior le vulnera la garant\u00eda fundamental invocada, pues \u00a0por la demora del ente instructor en iniciarle la correspondiente \u00a0investigaci\u00f3n a la se\u00f1alada funcionaria, no se ha \u00a0podido suspender el pleito coercitivo en comento, y en consecuencia, \u00a0se rematar\u00e1n los bienes cautelados de su propiedad, pese a \u00a0presentarse una serie de irregularidades dentro del tr\u00e1mite. \u00a0<\/p>\n<p>3. \u00a0Por lo precedido, pide de una parte, ordenar a \u201c(\u2026) la \u00a0accionada \u00a0(\u2026) \u00a0impulsar el tr\u00e1mite investigativo con (\u2026) \u00a0celeridad, para que el juzgado civil suspenda el proceso ejecutivo \u00a0(\u2026)\u201d; y de otra, \u201c(\u2026) se \u00a0invalide la decisi\u00f3n del juzgado de ejecuci\u00f3n civil \u00a0(sic) \u00a0(\u2026) en \u00a0la cual se neg\u00f3 a tomar nota a la suspensi\u00f3n procesal \u00a0(\u2026)\u201d. \u00a0<\/p>\n<p>1.1. \u00a0Respuesta \u00a0del accionado e involucrado \u00a0<\/p>\n<p>La \u00a0Fiscal\u00eda Tercera Delegada \u00a0ante el Tribunal de Neiva sostuvo que \u201c(\u2026) el \u00a0proceso (\u2026) \u00a0se ha desarrollado desde el mismo momento en que le fue asignada la \u00a0investigaci\u00f3n en octubre del a\u00f1o pasado, (\u2026) \u00a0incorpor\u00e1[ndose] \u00a0la evidencia documental y testimonial del caso \u00a0(\u2026)\u201d. \u00a0<\/p>\n<p>Agreg\u00f3 que \u00a0<\/p>\n<p>\u201c(\u2026) \u00a0en \u00a0el transcurso de la investigaci\u00f3n se fue allegando el material \u00a0probatorio solicitado por \u00f3rdenes de polic\u00eda judicial, \u00a0se dio otra (\u2026) \u00a0el \u00a024 de noviembre de 2014, en la cual hubo necesidad de otorgar \u00a0prorroga en 4 oportunidades en raz\u00f3n a que el investigador no \u00a0hab\u00eda podido culminar labores (\u2026) \u00a0en \u00a0raz\u00f3n a que estaba disfrutando de [su] \u00a0per\u00edodo de vacaciones y [por] \u00a0cumplir otras tareas en diferentes radicados \u00a0(\u2026)\u201d (fls. 34 y 35). \u00a0<\/p>\n<p>Por \u00a0su parte, el \u00a0Juzgado D\u00e9cimo Civil Municipal de la citada ciudad, se limit\u00f3 \u00a0a realizar un recuento de lo actuado en esa instancia (fl. 45). \u00a0<\/p>\n<p>1.2. La \u00a0sentencia impugnada \u00a0<\/p>\n<p>La Sala de \u00a0Casaci\u00f3n Penal no hizo pronunciamiento alguno frente la queja \u00a0dirigida en contra del Juzgado D\u00e9cimo Civil Municipal de \u00a0Neiva, \u201c(\u2026) como \u00a0quiera que dicho tema est\u00e1 siendo ventilado por el superior \u00a0funcional del citado juez \u00a0(\u2026) conforme \u00a0la compulsa de copias que del expediente realizara el Tribunal \u00a0(\u2026) a \u00a0quien le correspondiera inicialmente por reparto la presente acci\u00f3n \u00a0(\u2026)\u201d. \u00a0<\/p>\n<p>En punto a la \u00a0Fiscal\u00eda, neg\u00f3 el ruego tuitivo tras estimar \u201c(\u2026) \u00a0que \u00a0de acuerdo con las respuesta suministrada por el despacho judicial \u00a0demandado, ninguna irregularidad en sus actuaciones se puede deducir \u00a0y menos concluir que se est\u00e9n vulnerando los derechos \u00a0fundamentales (\u2026) \u00a0reclama[dos] \u00a0(\u2026)\u201d. \u00a0<\/p>\n<p>Agreg\u00f3 que \u00a0el amparo implorado no cumple con el requisito de subsidiariedad, \u00a0pues el gestor puede \u201c(\u2026) recusar \u00a0al funcionario si considera que injustificadamente ha demorado la \u00a0soluci\u00f3n del asunto \u00a0(\u2026)\u201d (fls. 51 a 63). \u00a0<\/p>\n<p>1.3. La \u00a0impugnaci\u00f3n \u00a0<\/p>\n<p>La \u00a0formul\u00f3 \u00a0el peticionario con fundamentos semejantes a los expuestos en el \u00a0escrito inicial (fl. 70). \u00a0<\/p>\n<p>\u00a0 \u00a0\u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0<\/p>\n<p>2. CONSIDERACIONES \u00a0<\/p>\n<p>\u00a0 \u00a0\u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0<\/p>\n<p>1. \u00danicamente \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0las determinaciones judiciales arbitrarias con directa repercusi\u00f3n \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0en las garant\u00edas iusprincipales \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0de las partes o de terceros, son susceptibles de cuestionamiento por \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0v\u00eda de tutela, siempre y cuando, claro est\u00e1, su \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0titular haya agotado los medios legales ordinarios y extraordinarios \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0dispuestos para hacerlos prevalecer dentro del correspondiente \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0pleito. \u00a0<\/p>\n<p>2. Se \u00a0duele el gestor por la demora de la Fiscal\u00eda Tercera Delegada \u00a0ante el Tribunal Superior del Distrito Judicial de Neiva en dar \u00a0impulso a la denuncia penal incoada respecto de la Juez D\u00e9cima \u00a0Civil Municipal de la misma ciudad, tardanza que le frustra la \u00a0posibilidad de requerir la prejudicialidad del litigio civil \u00a0adelantado en su contra. \u00a0<\/p>\n<p>3. Analizada \u00a0la cuesti\u00f3n, se colige la improcedencia del auxilio demandado, \u00a0porque si el reclamante estima la falta de actividad por parte del \u00a0ente instructor para darle celeridad a la noticia criminal, tal ruego \u00a0le corresponde impetrarlo a la autoridad acusada, o recusar al \u00a0funcionario accionado en caso de encontrarse en presencia de las \u00a0circunstancias contempladas en el numeral 7\u00b0 del art\u00edculo \u00a056 de la Ley 906 de 2004. \u00a0<\/p>\n<p>Respecto de ese \u00a0\u00faltimo aspecto, esta Corporaci\u00f3n en un caso an\u00e1logo \u00a0expuso: \u00a0<\/p>\n<p>\u201c(\u2026) \u00a0El \u00a0accionante se queja por la demora en que ha incurrido la \u00a0Fiscal\u00eda Primera Delegada ante el Tribunal Superior del \u00a0Distrito Judicial de Medell\u00edn (\u2026)\u201d. \u00a0<\/p>\n<p>\u201c(\u2026) \u00a0Bajo ese contexto, la \u00a0Sala aprecia que tal y como lo consider\u00f3 el juez \u00a0constitucional de primer grado, el accionante tiene a \u00a0su disposici\u00f3n \u00abla figura jur\u00eddica de la \u00a0recusaci\u00f3n\u00bb, (CSJ STC 27 sep 2013, rad. 01645-01). \u00a0Al respecto, en un caso de contornos similares la Corte estim\u00f3 \u00a0que: \u00a0<\/p>\n<p>\u2018(\u2026) \u00a0el ordenamiento procesal penal, en el numeral 7 del art\u00edculo \u00a056 de la Ley 906 de 2004, establece la posibilidad de formular \u00a0impedimento en caso de \u2018que \u00a0el funcionario judicial haya dejado vencer, sin actuar, los t\u00e9rminos \u00a0que la ley se\u00f1ale al efecto, a menos que la demora sea \u00a0debidamente justificada\u2019, y en el art\u00edculo 60 de la \u00a0misma normatividad prev\u00e9 que \u2018si el funcionario en quien \u00a0se d\u00e9 una causal de impedimento no la declarare cualquiera de \u00a0las partes podr\u00e1 recusarlo (\u2026)\u2019, raz\u00f3n por \u00a0la cual, dichos mecanismos de resguardo no \u00a0pueden ser reemplazados o sustituidos a trav\u00e9s de la tutela, \u00a0pues de lo contrario se invadir\u00edan injustificadamente las \u00a0privativas funciones y competencia de otras autoridades (\u2026)\u201d. \u00a0<\/p>\n<p>\u201c(\u2026). \u00a0<\/p>\n<p>\u201c(\u2026) \u00a0En una cuesti\u00f3n similar, dijo la Sala de Casaci\u00f3n Penal \u00a0que \u2018tanto en la Ley 600 de 2000 como 906 de 2004 se ofrece \u00a0a \u00a0las partes dentro del proceso penal el instrumento al cual acudir \u00a0cuando consideren que la no resoluci\u00f3n de los casos por parte \u00a0de los funcionarios judiciales pone en grave riesgo sus derechos, as\u00ed \u00a0el art\u00edculo 99 y 56 respectivamente, numeral 7, que establecen \u00a0las causales de impedimentos y recusaciones: \u00a0<\/p>\n<p>\u201c(\u2026) \u00a0Que \u00a0el funcionario judicial haya dejado vencer, sin actuar, los t\u00e9rminos \u00a0que la ley se\u00f1ale al efecto, a menos que la demora sea \u00a0debidamente justificada (\u2026)\u201d. \u00a0<\/p>\n<p>4. \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0Por tanto, como \u00a0el actor no ha utilizado los medios de defensa a su alcance, es \u00a0evidente el fracaso de esta salvaguarda, por cuanto, mem\u00f3rese, \u00a0este auxilio impone el agotamiento previo de todos los instrumentos \u00a0puestos a disposici\u00f3n de los interesados, dado su car\u00e1cter \u00a0eminentemente residual y subsidiario. \u00a0<\/p>\n<p>Sobre \u00a0lo discurrido, \u00a0esta Colegiatura ha se\u00f1alado: \u00a0<\/p>\n<p>\u201c(\u2026) \u00a0De modo que, si incurri\u00f3 en pigricia y desperdici\u00f3 las \u00a0diferentes oportunidades procesales, es inadmisible la pretensi\u00f3n \u00a0de recurrir tal actuaci\u00f3n por esta v\u00eda extraordinaria o \u00a0de tratar de recuperar mediante ese instrumento tal posibilidad, \u00a0puesto que no ha sido dise\u00f1ado para rescatar t\u00e9rminos \u00a0derrochados, &#8211; pues los mismos son perentorios e improrrogables, (\u2026) \u00a0ni para establecer una paralela forma de control de las actuaciones \u00a0judiciales, circunstancia que, acorde con reiterada jurisprudencia, \u00a0impide la intervenci\u00f3n del Juez constitucional en tanto no \u00a0est\u00e1 dentro de la \u00f3rbita de su competencia suplir la \u00a0incuria, los desaciertos o descuidos de las partes en el ejercicio de \u00a0sus facultades, cargas, o deberes procesales, pues esa no es la \u00a0finalidad para la cual se instituy\u00f3 la tutela (\u2026)\u201d2. \u00a0<\/p>\n<p>5. \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0De \u00a0acuerdo con lo expresado, el resguardo deprecado ser\u00e1 \u00a0desestimado. \u00a0<\/p>\n<p>3. \u00a0DECISI\u00d3N \u00a0<\/p>\n<p>En m\u00e9rito \u00a0de lo expuesto, la Corte Suprema de Justicia, en Sala de Casaci\u00f3n \u00a0Civil, administrando justicia en nombre de la Rep\u00fablica y por \u00a0autoridad de la ley, \u00a0<\/p>\n<p>RESUELVE: \u00a0<\/p>\n<p>PRIMERO: \u00a0CONFIRMAR \u00a0la sentencia de fecha, contenido y procedencia anotadas. \u00a0<\/p>\n<p>SEGUNDO: \u00a0Comun\u00edquese \u00a0telegr\u00e1ficamente lo resuelto en esta providencia a los \u00a0interesados y oportunamente env\u00edese el expediente a la Corte \u00a0Constitucional para su eventual revisi\u00f3n. \u00a0<\/p>\n<p>NOTIF\u00cdQUESE \u00a0Y C\u00daMPLASE \u00a0<\/p>\n<p>LUIS ARMANDO \u00a0TOLOSA VILLABONA \u00a0<\/p>\n<p>Presidente de Sala \u00a0<\/p>\n<p>MARGARITA \u00a0CABELLO BLANCO \u00a0<\/p>\n<p>\u00c1LVARO \u00a0FERNANDO GARC\u00cdA RESTREPO \u00a0<\/p>\n<p>FERNANDO \u00a0GIRALDO GUTI\u00c9RREZ \u00a0<\/p>\n<p>ARIEL SALAZAR \u00a0RAM\u00cdREZ \u00a0<\/p>\n<p>1 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0CSJ. \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0Civil. Sentencia de \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a018 de diciembre de 2014, exp. 11001-02-04-000-2014-02258-01. \u00a0<\/p>\n<p>2 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0Sentencia \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0de \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a06 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0de julio de 2010, exp. -2010-00241-01; ratificada el 2 de marzo de \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a02011, exp. \u00a02010-000380-01. \u00a0<\/p>\n<p>\u00a0 \u00a0 \u00a0\u00a0<\/p>\n<p><\/p>\n","protected":false},"excerpt":{"rendered":"<p>\u00a0 \u00a0 \u00a0 Rep\u00fablica \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 de Colombia \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0\u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0\u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0\u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 Corte Suprema de Justicia \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0\u00a0 CORTE \u00a0SUPREMA DE JUSTICIA \u00a0 SALA DE \u00a0CASACI\u00d3N CIVIL \u00a0 LUIS ARMANDO \u00a0TOLOSA [&hellip;]<\/p>\n","protected":false},"author":1,"featured_media":0,"comment_status":"open","ping_status":"open","sticky":false,"template":"","format":"standard","meta":{"footnotes":""},"categories":[96],"tags":[],"class_list":["post-91067","post","type-post","status-publish","format-standard","hentry","category-96"],"_links":{"self":[{"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/posts\/91067","targetHints":{"allow":["GET"]}}],"collection":[{"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/posts"}],"about":[{"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/types\/post"}],"author":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/users\/1"}],"replies":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/comments?post=91067"}],"version-history":[{"count":0,"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/posts\/91067\/revisions"}],"wp:attachment":[{"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/media?parent=91067"}],"wp:term":[{"taxonomy":"category","embeddable":true,"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/categories?post=91067"},{"taxonomy":"post_tag","embeddable":true,"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/tags?post=91067"}],"curies":[{"name":"wp","href":"https:\/\/api.w.org\/{rel}","templated":true}]}}