\u00a0 \u00a0 \u00a0 Rep\u00fablica \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 de Colombia \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0<\/p>\n
\u00a0\u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0<\/p>\n
\u00a0\u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0<\/p>\n
\u00a0\u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0<\/p>\n
Corte \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0Suprema de Justicia \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0<\/p>\n
\u00a0\u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0<\/p>\n
\u00a0 \u00a0\u00a0<\/p>\n
CORTE \u00a0SUPREMA DE JUSTICIA \u00a0<\/p>\n
LUIS \u00a0ARMANDO TOLOSA VILLABONA \u00a0<\/p>\n
Magistrado \u00a0ponente \u00a0<\/p>\n
STC10000-2015 \u00a0<\/p>\n
Radicaci\u00f3n \u00a0n.\u00b0 11001-22-03-000-2015-01505-01 \u00a0<\/p>\n
(Aprobado \u00a0en sesi\u00f3n de veintinueve de julio de dos mil quince) \u00a0<\/p>\n
Bogot\u00e1, \u00a0D. C., treinta y uno (31) de julio de dos mil quince (2015). \u00a0<\/p>\n
Decide \u00a0la Corte la impugnaci\u00f3n formulada respecto de la sentencia \u00a0proferida el \u00a01 de julio de 2015 \u00a0por la Sala Civil \u00a0del \u00a0Tribunal Superior del Distrito Judicial de Bogot\u00e1, \u00a0en la acci\u00f3n de tutela promovida por \u00a0Edilma \u00a0Viveros contra el Juzgado Segundo de Ejecuci\u00f3n Civil del \u00a0Circuito de esta capital y Granahorrar Banco comercial S.A., hoy \u00a0BBVA, \u00a0con ocasi\u00f3n del juicio ejecutivo hipotecario impulsado por la \u00a0entidad mencionada frente a Jaime Villareal Hern\u00e1ndez, \u00a0Diego \u00a0Mosquera Viveros y la aqu\u00ed actora. \u00a0<\/p>\n
\u00a0 \u00a0\u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0<\/p>\n
1. ANTECEDENTES \u00a0<\/p>\n
1. \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0La \u00a0petente reclama el amparo de los derechos al debido proceso e \u00a0igualdad, presuntamente quebrantados por los convocados. \u00a0<\/p>\n
2. \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0En \u00a0sustento de su reproche, asevera que obtuvo un pr\u00e9stamo de \u00a0vivienda con el Banco Granahorrar, garantizado con el gravamen \u00a0constituido en el a\u00f1o 1997 sobre el predio adquirido. \u00a0<\/p>\n
2.1. \u00a0Afirma que la mencionada entidad bancaria adelant\u00f3 en su \u00a0contra ejecuci\u00f3n hipotecaria ante el Juzgado Doce Civil del \u00a0Circuito de Bogot\u00e1. \u00a0<\/p>\n
2.2. \u00a0Refiere que la \u00a0reliquidaci\u00f3n aportada por el ejecutante no cumpli\u00f3 los \u00a0par\u00e1metros consignados en la Ley 546 de 1999, y \u201c(\u2026) \u00a0 \u00a0el a quo no la [tuvo] \u00a0como parte activa en el [pleito] \u00a0(\u2026) \u00a0dentro de las actuaciones que adelant\u00f3 el Curador ad litem \u00a0 (\u2026)\u201d. \u00a0<\/p>\n
2.3. \u00a0Advierte que el juicio compulsivo est\u00e1 \u201c(\u2026) \u00a0viciado \u00a0de nulidad desde el primer pronunciamiento como es el mandamiento de \u00a0pago \u00a0[proferido] \u00a0en [su] \u00a0contra (\u2026)\u201d. \u00a0<\/p>\n
3. \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0Pide, \u00a0por tanto, invalidar \u201c(\u2026) \u00a0todas las actuaciones que se originaron con el \u00a0[auto \u00a0de apremio] \u00a0(\u2026)\u201d. \u00a0<\/p>\n
\u00a0 \u00a0\u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0<\/p>\n
1. Respuesta \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0de los accionados y vinculados \u00a0 \u00a0<\/p>\n
El \u00a0Juzgado querellado indic\u00f3: \u201c(\u2026) como \u00a0quiera que no se presentaba causal alguna para que procediera la \u00a0suspensi\u00f3n de la diligencia de remate del bien gravado con \u00a0hipoteca perseguido dentro del presente asunto, la misma se adelant\u00f3, \u00a0adjudic\u00e1ndose el inmueble al cesionario Fideicomiso 3-12375 \u00a0(\u2026)\u201d \u00a0(fl.39). \u00a0<\/p>\n
El \u00a0otro accionado guard\u00f3 silencio. \u00a0<\/p>\n
El \u00a0titular del Juzgado Doce Civil del Circuito de Bogot\u00e1 rememor\u00f3 \u00a0lo acaecido y manifest\u00f3 atenerse a lo que se llegare a probar \u00a0en el pleito materia del reguardo (fls. 16 al 19). \u00a0<\/p>\n
\u00a0 \u00a0\u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0<\/p>\n
2. La \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0sentencia \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0impugnada \u00a0 \u00a0<\/p>\n
Neg\u00f3 \u00a0el auxilio rogado tras advertir: \u00a0<\/p>\n
\u201c(\u2026) \u00a0[L]a \u00a0acci\u00f3n de tutela es improcedente dado que la misma no cumple \u00a0con el requisito de inmediatez, n\u00f3tese que las decisiones \u00a0refutadas en esta sede constitucional datan de hace m\u00e1s de \u00a0nueve a\u00f1os, pues se dirige contra las actuaciones surtidas \u00a0entre el 13 de marzo de 2003 y 29 de octubre de 2004, sin que dentro \u00a0del lapso transcurrido desde tales fechas hasta la presentaci\u00f3n \u00a0de esta tutela (23 de junio de 2015) la tutelante hubiese acudido a \u00a0la queja constitucional, situaci\u00f3n que no se acompasa con el \u00a0requisito que se analiza. \u00a0<\/p>\n
\u201c(\u2026) \u00a0De \u00a0otra parte n\u00f3tese que la discusi\u00f3n refutada por la \u00a0actora pudo tener rectificaci\u00f3n o soluci\u00f3n en el mismo \u00a0\u00e1mbito procesal de la causa civil donde se origin\u00f3, \u00a0pues de las pruebas obrantes en el plenario no acredit\u00f3 que \u00a0hubiese puesto en conocimiento las nulidades invocadas en su escrito \u00a0de tutela. \u00a0<\/p>\n
\u201cAs\u00ed \u00a0las cosas, se desprende que la accionante cont\u00f3 con todos los \u00a0medios ordinarios para defender sus derechos \u00a0(\u2026)\u201d \u00a0(fls. 71 a 77, cdno. 1). \u00a0<\/p>\n
\u00a0 \u00a0\u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0<\/p>\n
3. La \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0impugnaci\u00f3n \u00a0 \u00a0<\/p>\n
La \u00a0formul\u00f3 la promotora sin indicar los motivos de su \u00a0inconformidad (fl. 98). \u00a0<\/p>\n
2. \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0CONSIDERACIONES \u00a0<\/p>\n
1. \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0Ha \u00a0sido invariable la posici\u00f3n de la jurisprudencia de esta Corte \u00a0al se\u00f1alar que los presupuestos esenciales que orientan la \u00a0acci\u00f3n consagrada en el art\u00edculo 86 de la Constituci\u00f3n \u00a0Pol\u00edtica son su inmediatez y la subsidiariedad. \u00a0<\/p>\n
El \u00a0primero impide que la tutela se convierta en factor de inseguridad \u00a0jur\u00eddica y en fuente de vulneraci\u00f3n de garant\u00edas \u00a0constitucionales de terceros, como tambi\u00e9n que se \u00a0desnaturalice el tr\u00e1mite mismo, en tanto la protecci\u00f3n \u00a0que constituye su objeto, ha de ser efectiva e inmediata ante una \u00a0transgresi\u00f3n o amenaza actual. \u00a0<\/p>\n
Frente \u00a0al tema, esta Colegiatura ha se\u00f1alado: \u00a0<\/p>\n
\u201c(\u2026) \u00a0En \u00a0punto al requisito de la inmediatez, connatural a esta acci\u00f3n \u00a0p\u00fablica, precisa se\u00f1alar que as\u00ed como la \u00a0Constituci\u00f3n Pol\u00edtica, impone al Juzgador el deber de \u00a0brindar protecci\u00f3n inmediata a los derechos fundamentales, al \u00a0ciudadano le asiste el deber rec\u00edproco de colaborar para el \u00a0adecuado funcionamiento de la administraci\u00f3n de justicia \u00a0(ordinal 7, art\u00edculo 95 Superior), en este caso, impetrando \u00a0oportunamente la solicitud tutelar, pues la demora en el ejercicio de \u00a0dicha acci\u00f3n constitucional, puede tomarse, ora como s\u00edntoma \u00a0del car\u00e1cter dudoso de la lesi\u00f3n o puesta en peligro de \u00a0los derechos fundamentales, o como se\u00f1al de aceptaci\u00f3n \u00a0a lo resuelto, contrario en todo caso la urgencia, celeridad, \u00a0eficacia e inmediatez inherente a la lesi\u00f3n o amenaza del \u00a0derecho fundamental\u201d. \u00a0<\/p>\n
\u201cPrecisamente, \u00a0en orden a procurar el cumplimiento del memorado requisito, la Sala \u00a0en reiterados pronunciamientos ha considerado por t\u00e9rmino \u00a0razonable para la interposici\u00f3n de la acci\u00f3n el de seis \u00a0meses \u00a0(\u2026)\u201d1. \u00a0<\/p>\n
En \u00a0lo concerniente al citado presupuesto, esta Colegiatura ha sostenido: \u00a0<\/p>\n
\u201c(\u2026) \u00a0De modo que, si incurri\u00f3 en pigricia y desperdici\u00f3 las \u00a0diferentes oportunidades procesales, es inadmisible la pretensi\u00f3n \u00a0de recurrir tal actuaci\u00f3n por esta v\u00eda extraordinaria o \u00a0de tratar de recuperar mediante ese instrumento tal posibilidad, \u00a0puesto que no ha sido dise\u00f1ado para rescatar t\u00e9rminos \u00a0derrochados, – pues los mismos son perentorios e improrrogables, (\u2026) \u00a0ni para establecer una paralela forma de control de las actuaciones \u00a0judiciales, circunstancia que, acorde con reiterada jurisprudencia, \u00a0impide la intervenci\u00f3n del Juez constitucional en tanto no \u00a0est\u00e1 dentro de la \u00f3rbita de su competencia suplir la \u00a0incuria, los desaciertos o descuidos de las partes en el ejercicio de \u00a0sus facultades, cargas, o deberes procesales, pues esa no es la \u00a0finalidad para la cual se instituy\u00f3 la tutela (\u2026)\u201d2. \u00a0<\/p>\n
2. \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0Al \u00a0margen de lo expuesto en antelaci\u00f3n, esta Corte cuando se \u00a0trata de procesos ejecutivos por cr\u00e9ditos de vivienda, \u00a0siguiendo la jurisprudencia constitucional, ha sostenido que para \u00a0acceder al resguardo debe revisarse: (i) que la acci\u00f3n haya \u00a0sido interpuesta oportunamente, esto es, antes \u00a0del registro del auto aprobatorio del remate o de adjudicaci\u00f3n \u00a0del inmueble hipotecado; \u00a0(ii) que se haya actuado con una m\u00ednima diligencia dentro del \u00a0compulsivo censurado, ejerci\u00e9ndose los mecanismos de defensa \u00a0procedentes; y (iii) que directa o indirectamente se afecte el \u00a0derecho a la vivienda digna, gobernado por la Ley 546 de 19993. \u00a0<\/p>\n
En \u00a0torno a lo discurrido, en la Sentencia SU-813 de 2007, la Corte \u00a0Constitucional razon\u00f3: \u00a0<\/p>\n
\u201c(\u2026) \u00a0Los \u00a0jueces que est\u00e9n conociendo de acciones de tutela relativas a \u00a0la terminaci\u00f3n de procesos ejecutivos que se refieran a \u00a0cr\u00e9ditos de viviendas iniciados con anterioridad al 31 de \u00a0diciembre de 1999, deber\u00e1n seguir, entre otros, el precedente \u00a0sentado en la presente sentencia de unificaci\u00f3n. Por lo tanto, \u00a0a) deber\u00e1n conceder la acci\u00f3n de tutela cuando i) este \u00a0haya sido interpuesta de manera oportuna antes de que se haya \u00a0registrado el auto aprobatorio del remate o de adjudicaci\u00f3n \u00a0del inmueble y ii) cuando el demandante en dicho proceso ejecutivo \u00a0haya actuado con una diligencia m\u00ednima dentro del mismo (\u2026)\u201d4 \u00a0(Subrayado \u00a0fuera del texto). \u00a0<\/p>\n
En \u00a0un reciente pronunciamiento, esa Colegiatura indic\u00f3 adem\u00e1s: \u00a0<\/p>\n
\u201c(\u2026) \u00a0En \u00a0trat\u00e1ndose de procesos ejecutivos hipotecarios iniciados antes \u00a0de 1999, esta Corporaci\u00f3n ha especificado que el principio de \u00a0inmediaci\u00f3n se cumple \u2013para efectos de proteger a \u00a0terceros adquirientes de buena fe\u2013 si la acci\u00f3n de \u00a0tutela ha sido instaurada antes de que el bien rematado en p\u00fablica \u00a0subasta sea registrado (\u2026)\u201d5 \u00a0(subrayas de esta Sala). \u00a0<\/p>\n
El \u00a0proceso ejecutivo no finaliza con la ejecutoria de la sentencia, de \u00a0modo que para el cotejo de la oportunidad temporal en la \u00a0interposici\u00f3n de la tutela, debe atenderse a las actuaciones \u00a0subsiguientes con las cuales se busca la realizaci\u00f3n y el \u00a0cumplimiento del objeto del juicio, consistente en la efectividad de \u00a0la garant\u00eda para satisfacer el cr\u00e9dito cobrado, antes \u00a0de la almoneda, y mientras ello ocurre, como ha advertido la \u00a0jurisprudencia6, \u00a0el accionante debe agotar los medios procesales para que cese la \u00a0posible vulneraci\u00f3n a sus derechos fundamentales. \u00a0<\/p>\n
3. \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0A \u00a0la luz de lo expuesto, una vez revisado el proceso materia de esta \u00a0salvaguarda, \u00e9ste se inici\u00f3 en diciembre de 2002 y \u00a0surtidas las etapas correspondientes, el 25 de junio de 2015 se llev\u00f3 \u00a0a cabo la diligencia de remate en la cual se le adjudic\u00f3 el \u00a0bien objeto de garant\u00eda real a la cesionaria Fideicomiso \u00a03-12375, quien hizo postura por el valor de su cr\u00e9dito (fls \u00a0406 a 409 cdno, principal), acto que no ha sido registrado en el \u00a0respectivo folio de matr\u00edcula inmobiliaria. \u00a0<\/p>\n
4. \u00a0Ahora, las mismas diligencias revelan que la aqu\u00ed gestora \u00a0estuvo asistida por curador ad \u00a0litem y \u00a0una vez enterada de la existencia de ese pleito, no ha acudido ante \u00a0el juez natural a exponer los vicios, presuntamente acaecidos en \u00a0relaci\u00f3n con la reliquidaci\u00f3n alegada y la presunta \u00a0falta de representaci\u00f3n, pese a ser ese funcionario el llamado \u00a0a establecer si le asiste o no raz\u00f3n en sus alegatos, \u00a0determinaciones que podr\u00e1n ser controvertidas a trav\u00e9s \u00a0de los recursos procedentes. \u00a0<\/p>\n
Lo \u00a0anterior evidencia la inexistencia de la \u201cm\u00ednima \u00a0diligencia\u201d \u00a0necesaria para otorgar la salvaguarda pretendida en este tipo de \u00a0asuntos. \u00a0<\/p>\n
5. \u00a0Por los anteriores argumentos, se impone la confirmaci\u00f3n del \u00a0fallo impugnado. \u00a0<\/p>\n
3. \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0DECISI\u00d3N \u00a0<\/p>\n
En \u00a0m\u00e9rito de lo expuesto, la Corte Suprema de Justicia, en Sala \u00a0de Casaci\u00f3n Civil, administrando justicia en nombre de la \u00a0Rep\u00fablica y por autoridad de la ley, \u00a0<\/p>\n
PRIMERO: \u00a0CONFIRMAR \u00a0la sentencia de fecha y lugar de procedencia anotada. \u00a0<\/p>\n
SEGUNDO: \u00a0Comun\u00edquese \u00a0telegr\u00e1ficamente lo resuelto en esta providencia a los \u00a0interesados y oportunamente env\u00edese el expediente a la Corte \u00a0Constitucional para su eventual revisi\u00f3n. \u00a0<\/p>\n
Devolver \u00a0al Juzgado de origen el expediente remitido en calidad de pr\u00e9stamo. \u00a0<\/p>\n
NOTIF\u00cdQUESE \u00a0Y C\u00daMPLASE \u00a0<\/p>\n
Presidente \u00a0de Sala \u00a0<\/p>\n
MARGARITA \u00a0CABELLO BLANCO \u00a0<\/p>\n
\u00c1LVARO \u00a0FERNANDO GARC\u00cdA RESTREPO \u00a0<\/p>\n
FERNANDO \u00a0GIRALDO GUTI\u00c9RREZ \u00a0<\/p>\n
ARIEL \u00a0SALAZAR RAM\u00cdREZ \u00a0<\/p>\n
1 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0CSJ \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0STC, 29 Abr 2009, Rad. 2009-00624-00. \u00a0<\/p>\n
2 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0Sentencia de \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a06 de julio de \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a02010, exp. -2010-00241-01; ratificada el 2 de marzo de 2011, exp. \u00a0\u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a02010-000380-01. \u00a0<\/p>\n
4 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0Sentencia SU-813 de 2007, reiterada en Sentencia T-1240-08. \u00a0<\/p>\n
5 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0Sentencia \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0T-881-2013. \u00a0<\/p>\n
6 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0Sentencia T-7108 de 2012. \u00a0 \u00a0 \u00a0<\/p>\n
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