\u00a0 \u00a0 \u00a0 Rep\u00fablica \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 de Colombia \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0<\/p>\n
\u00a0\u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0<\/p>\n
\u00a0\u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0<\/p>\n
\u00a0\u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0<\/p>\n
Corte \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0Suprema de Justicia \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0<\/p>\n
\u00a0 \u00a0\u00a0<\/p>\n
CORTE SUPREMA \u00a0DE JUSTICIA \u00a0<\/p>\n
SALA \u00a0DE CASACI\u00d3N CIVIL \u00a0<\/p>\n
LUIS ARMANDO \u00a0TOLOSA VILLABONA \u00a0<\/p>\n
Magistrado \u00a0ponente \u00a0<\/p>\n
STC9036-2015 \u00a0<\/p>\n
Radicaci\u00f3n \u00a0n.\u00b0 66001-22-13-000-2015-00220-01 \u00a0<\/p>\n
(Aprobado \u00a0en sesi\u00f3n de ocho de julio de dos mil quince) \u00a0<\/p>\n
Bogot\u00e1, \u00a0D. C., \u00a0trece (13) de julio de dos mil quince (2015). \u00a0<\/p>\n
Dec\u00eddese \u00a0la impugnaci\u00f3n interpuesta frente a la sentencia de 5 \u00a0de junio de 2015, dictada por la Sala Civil Familia del Tribunal \u00a0Superior del Distrito Judicial de Pereira, \u00a0dentro de la tutela instaurada por Javier El\u00edas Arias Id\u00e1rraga \u00a0en contra del Juzgado Primero Civil del Circuito de esa capital, con \u00a0ocasi\u00f3n de la acci\u00f3n popular iniciada por el aqu\u00ed \u00a0gestor respecto del Banco GNB Sudameris S.A., tr\u00e1mite \u00a0extensivo a la Procuradur\u00eda General de la Naci\u00f3n, la \u00a0Alcald\u00eda de esa localidad y la Defensor\u00eda del Pueblo \u00a0Regional Risaralda. \u00a0<\/p>\n
\u00a0 \u00a0\u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0<\/p>\n
1. ANTECEDENTES \u00a0<\/p>\n
1. \u00a0El promotor \u00a0solicita la protecci\u00f3n de los derechos al debido proceso, \u00a0igualdad y \u201cdebida \u00a0administraci\u00f3n de justicia\u201d, \u00a0presuntamente vulnerados por la autoridad \u00a0querellada. \u00a0<\/p>\n
2. \u00a0La \u00a0causa petendi \u00a0constitucional \u00a0y las correspondientes actuaciones admiten el siguiente compendio: \u00a0<\/p>\n
2.1. \u00a0A trav\u00e9s de la acci\u00f3n popular materia de este \u00a0resguardo, el ahora quejoso pretend\u00eda que el Banco GNB \u00a0Sudameris S.A. contratara \u201c(\u2026) gu\u00eda \u00a0int\u00e9rprete permanente y de planta (\u2026)\u201d \u00a0para atender a las personas con discapacidad auditiva y\/o visual. \u00a0<\/p>\n
2.2. \u00a0El juzgador tutelado admiti\u00f3 el comentado litigio el 12 de \u00a0febrero de 2015 (fls. 3 a 5 cdno. pruebas), disponiendo, a costa del \u00a0actor, \u201c(\u2026) efectu[ar] la \u00a0publicaci\u00f3n de que trata el art\u00edculo 21 de la Ley 472 \u00a0de 1998 (\u2026)\u201d, \u00a0determinaci\u00f3n confirmada el 4 de marzo de 2015, al resolverse \u00a0la reposici\u00f3n impetrada por el interesado \u00a0<\/p>\n
2.3. \u00a0Asevera el querellante que con la imposici\u00f3n de esa carga, se \u00a0est\u00e1 dilatando el pleito subex\u00e1mine, \u00a0por ende, estima que el Juez convocado incurri\u00f3 en mora \u00a0judicial. \u00a0<\/p>\n
2.4. \u00a0Requiri\u00f3 la expedici\u00f3n de una constancia \u201c(\u2026) \u00a0a \u00a0fin de probar [la] \u00a0renuencia [del \u00a0se\u00f1alado funcionario judicial] \u00a0y proceder a iniciar acci\u00f3n de cumplimiento (\u2026)\u201d, \u00a0empero, el 21 de mayo de 2015 (fl. 22), ese funcionario dispuso su \u00a0elaboraci\u00f3n \u201c(\u2026) una \u00a0vez el interesado aporte el arancel judicial (\u2026)\u201d, \u00a0providencia ejecutoriada sin recursos. \u00a0<\/p>\n
3. \u00a0Implora ordenar (i) entregar el documento exigido; y (ii) compulsar \u00a0copias de la tutela \u201c(\u2026) a \u00a0la Corte Constitucional, a la Procuradur\u00eda General de la \u00a0Naci\u00f3n y a la Fiscal\u00eda General de la Naci\u00f3n, a \u00a0fin de que se enteren del proceder del \u00a0accionado (\u2026)\u201d. \u00a0<\/p>\n
1.1. \u00a0Respuesta del accionado y vinculados \u00a0<\/p>\n
a. \u00a0El \u00a0Juzgado Primero Civil del Circuito se limit\u00f3 a remitir el \u00a0expediente reprochado (cdno. pruebas). \u00a0<\/p>\n
b. \u00a0La Procuradur\u00eda General de la Naci\u00f3n requiri\u00f3 se \u00a0le desvincule \u201c(\u2026) de \u00a0cualquier tipo de responsabilidad (\u2026)\u201d \u00a0(fls. 17 y 18). \u00a0<\/p>\n
c. \u00a0La Alcald\u00eda de Pereira esgrimi\u00f3 su falta de \u00a0legitimaci\u00f3n en la causa por pasiva, por cuanto no \u201c(\u2026) \u00a0ha \u00a0realizado actuaci\u00f3n alguna dentro de la acci\u00f3n popular \u00a0presentada por el se\u00f1or Arias Id\u00e1rraga (\u2026)\u201d \u00a0(fls. 25 a 35). \u00a0<\/p>\n
\u00a0 \u00a0\u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0<\/p>\n
2. La \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0sentencia impugnada \u00a0 \u00a0<\/p>\n
Neg\u00f3 \u00a0la salvaguarda \u00a0tras inferir que \u201c(\u2026) el \u00a0actor no pod\u00eda alegar una vulneraci\u00f3n de sus derechos \u00a0fundamentales, puesto que a la fecha de interposici\u00f3n de la \u00a0tutela no exist\u00eda una decisi\u00f3n tomada por el juzgado \u00a0accionado, que los afectara (\u2026)\u201d \u00a0(fls. 22 a 24 vuelto). \u00a0<\/p>\n
1.3. \u00a0La impugnaci\u00f3n \u00a0<\/p>\n
La \u00a0formul\u00f3 \u00a0el gestor sin indicar los motivos de su inconformidad (fl. 54). \u00a0<\/p>\n
\u00a0 \u00a0\u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0<\/p>\n
2. CONSIDERACIONES \u00a0<\/p>\n
1. \u00a0Se \u00a0duele el actor porque dentro del memorado sublite, \u00a0mediante prove\u00eddo de 21 de mayo de 2015 (fl. 22 cdno. \u00a0pruebas), se le exigi\u00f3 cancelar arancel judicial para expedir \u00a0una certificaci\u00f3n por \u00e9l solicitada (fl. 20 \u00eddem.). \u00a0<\/p>\n
2. \u00a0Delanteramente se \u00a0advierte la inviabilidad del amparo constitucional deprecado, al \u00a0percatarse la \u00a0ausencia del principio de subsidiariedad, pues el quejoso no atac\u00f3 \u00a0esa determinaci\u00f3n a trav\u00e9s del recurso de reposici\u00f3n, \u00a0procedente de conformidad con lo preceptuado en el art\u00edculo \u00a0348 del Estatuto Procesal Civil1. \u00a0De esta manera, desaprovech\u00f3 la oportunidad de controvertir en \u00a0el campo id\u00f3neo, esto es, dentro del litigio, el se\u00f1alado \u00a0prove\u00eddo. \u00a0<\/p>\n
As\u00ed \u00a0las cosas, no es dable acudir a esta acci\u00f3n excepcional para \u00a0subsanar falencias o desidias en el ejercicio de los mecanismos \u00a0ordinarios y extraordinarios de defensa dispuestos por el legislador \u00a0al interior del proceso. Al respecto, esta Corte ha dicho: \u00a0<\/p>\n
\u201c(\u2026) \u00a0[L]a \u00a0accionante (\u2026), \u00a0no cuestion\u00f3 la decisi\u00f3n adoptada por la funcionaria \u00a0judicial acusada, (\u2026) \u00a0a trav\u00e9s del recurso (\u2026) consagrado por el estatuto \u00a0procesal, incuria que no puede suplirse por este medio \u00a0constitucional. Es claro entonces y como reiteradamente ha sostenido \u00a0la Corte, que esta acci\u00f3n debido a su car\u00e1cter \u00a0excepcional y subsidiario, no resulta apta para debatir reclamaciones \u00a0de linaje procesal, salvo en las eventualidades en que se configuren \u00a0circunstancias de verdadera excepci\u00f3n esto es, de afectaci\u00f3n \u00a0y peligro para los atributos b\u00e1sicos, porque en condiciones \u00a0normales tales pretensiones deben ser ventiladas a trav\u00e9s de \u00a0los instrumentos ordinarios de resguardo judicial y en el presente \u00a0asunto no se acredit\u00f3 que la accionante se encontrara en esa \u00a0extraordinaria condici\u00f3n (\u2026)\u201d2. \u00a0<\/p>\n
En \u00a0cuanto a la eficacia del remedio horizontal, la Sala ha expuesto: \u00a0<\/p>\n
\u201c(\u2026) \u00a0Y, \u00a0no se diga que el recurso de reposici\u00f3n es ineficaz porque el \u00a0funcionario que emiti\u00f3 el prove\u00eddo recurrido es quien \u00a0lo resuelve, ya que de aceptarse tal aserto lo que se pondr\u00eda \u00a0en entredicho ser\u00eda la idoneidad y utilidad de dicho medio \u00a0impugnativo, supuestamente porque la autoridad judicial, en \u00a0principio, no variar\u00eda su decisi\u00f3n, razonamiento que la \u00a0Corte considera deleznable, si se tiene en cuenta que lo que anim\u00f3 \u00a0al legislador para instituirlo como mecanismo de defensa fue el de \u00a0brindarle al juez de conocimiento una oportunidad adicional para que \u00a0revise su determinaci\u00f3n y, si hubiere lugar a ello, que la \u00a0enmiende, prop\u00f3sito que, aparte de acompasar con los \u00a0principios de econom\u00eda y celeridad procesal, asegura desde un \u00a0comienzo el derecho de contradicci\u00f3n de los sujetos \u00a0intervinientes, especialmente en asuntos que se tramitan en \u00fanica \u00a0instancia (\u2026)\u201d3. \u00a0<\/p>\n
3. \u00a0En \u00a0caso de estimar Arias Id\u00e1rraga que su condici\u00f3n \u00a0econ\u00f3mica le impide costear los gastos derivados del juicio, \u00a0debe informar tal circunstancia al juez tutelado, para que aqu\u00e9l \u00a0analice la viabilidad de solicitar al Fondo para la Defensa de los \u00a0Derechos e Intereses Colectivos la financiaci\u00f3n del decurso \u00a0procesal4. \u00a0<\/p>\n
4. \u00a0Finalmente, \u00a0frente a las afirmaciones relacionadas con la presunta consumaci\u00f3n \u00a0de conductas que podr\u00edan ser objeto de investigaciones penales \u00a0o disciplinarias al interior del juicio reprochado, es menester \u00a0precisar que le \u00a0incumbe al interesado ponerlas en conocimiento de las autoridades \u00a0respectivas, asumiendo su responsabilidad por la denuncia y las \u00a0consecuencias que se deriven de ello. \u00a0<\/p>\n
Respecto \u00a0a este t\u00f3pico, la Corporaci\u00f3n expres\u00f3: \u00a0<\/p>\n
\u201c(\u2026) \u00a0[E]s \u00a0preciso indicar que si el aqu\u00ed convocante estima que alguno de \u00a0los intervinientes incurri\u00f3 en conductas disciplinarias y \u00a0penales que deben averiguarse, y cuenta con los elementos y \u00a0argumentos necesarios para sostener su denuncia, est\u00e1 \u00a0facultado para radicar en forma directa la noticia criminal \u00a0o \u00a0sancionatoria respectiva, haci\u00e9ndose por supuesto responsable \u00a0de su gesti\u00f3n y consecuencias. Sobre el punto ha dicho la \u00a0Sala: \u2018En relaci\u00f3n a la petici\u00f3n de compulsar \u00a0copias a la Fiscal\u00eda General de la Naci\u00f3n, el \u00a0peticionario queda en plena libertad de formular la correspondiente \u00a0denuncia penal toda vez que no se cuentan con los elementos de juicio \u00a0para determinar la existencia de un delito (\u2026)\u201d5. \u00a0<\/p>\n
5. \u00a0Por los anteriores argumentos, se impone la confirmaci\u00f3n del \u00a0fallo impugnado. \u00a0<\/p>\n
3. \u00a0DECISI\u00d3N \u00a0<\/p>\n
En m\u00e9rito \u00a0de lo expuesto, la Corte Suprema de Justicia, en Sala de Casaci\u00f3n \u00a0Civil, administrando justicia en nombre de la Rep\u00fablica y por \u00a0autoridad de la ley, \u00a0<\/p>\n
RESUELVE: \u00a0<\/p>\n
PRIMERO: \u00a0CONFIRMAR \u00a0la sentencia de fecha y lugar de procedencia anotada. \u00a0<\/p>\n
SEGUNDO: \u00a0Comun\u00edquese \u00a0telegr\u00e1ficamente lo resuelto en esta providencia a los \u00a0interesados y oportunamente env\u00edese el expediente a la Corte \u00a0Constitucional para su eventual revisi\u00f3n. \u00a0<\/p>\n
NOTIF\u00cdQUESE \u00a0Y C\u00daMPLASE \u00a0<\/p>\n
LUIS ARMANDO \u00a0TOLOSA VILLABONA \u00a0<\/p>\n
Presidente de Sala \u00a0<\/p>\n
MARGARITA \u00a0CABELLO BLANCO \u00a0<\/p>\n
\u00c1LVARO \u00a0FERNANDO GARC\u00cdA RESTREPO \u00a0<\/p>\n
FERNANDO \u00a0GIRALDO GUTI\u00c9RREZ \u00a0<\/p>\n
ARIEL SALAZAR \u00a0RAM\u00cdREZ \u00a0<\/p>\n
1 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0\u201cArt. \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0348. Salvo norma en contrario, el recurso de reposici\u00f3n \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0procede contra los autos que dicte el juez, contra los del \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0Magistrado sustanciador no susceptibles de s\u00faplica y contra \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0los de la Sala de Casaci\u00f3n Civil de la Corte Suprema de \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0Justicia, para que se revoquen o reformen (\u2026)\u201d. \u00a0<\/p>\n
2 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0CSJ. \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0STC. 11 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0abr. 2011, rad. \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a000043-01; \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0reiterada el 25 de junio, 12 de septiembre y 1 de noviembre de 2012, \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0rad. 00143-01, 00100-01 y 0176-01, respectivamente. \u00a0<\/p>\n
3 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0CSJ. \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0Civil. Sentencia de \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a028 de marzo de 2012, exp. 2012-00050-01, reiterada el 15 de mayo y \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0el 17 de octubre del mismo a\u00f1o, exps. 2012-00017-01 y \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a02012-02127-00. \u00a0<\/p>\n
4 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0Postura reiterada en sentencia proferida el 15 de abril de 2015, \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0exp. 2015-0067-01. \u00a0<\/p>\n
5 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0CSJ STC 11 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0de noviembre de 2011, exp. 00502-01, reiterada el 14 de marzo de \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a02013, exp. 00492-00. \u00a0<\/p>\n
8 \u00a0 \u00a0 \u00a0<\/p>\n
<\/p>\n","protected":false},"excerpt":{"rendered":"
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