\u00a0 \u00a0 \u00a0 Rep\u00fablica \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 de Colombia \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0<\/p>\n
\u00a0\u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0<\/p>\n
\u00a0\u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0<\/p>\n
\u00a0\u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0<\/p>\n
Corte \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0Suprema de Justicia \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0<\/p>\n
\u00a0 \u00a0\u00a0<\/p>\n
CORTE SUPREMA \u00a0DE JUSTICIA \u00a0<\/p>\n
SALA DE \u00a0CASACI\u00d3N CIVIL \u00a0<\/p>\n
LUIS ARMANDO \u00a0TOLOSA VILLABONA \u00a0<\/p>\n
Magistrado \u00a0ponente \u00a0<\/p>\n
STC9194-2015 \u00a0<\/p>\n
Radicaci\u00f3n \u00a0n.\u00b0 73001-22-13-000-2015-00229-01 \u00a0<\/p>\n
(Aprobado \u00a0en sesi\u00f3n de quince de julio de dos mil quince) \u00a0<\/p>\n
Bogot\u00e1, \u00a0D. C., diecis\u00e9is \u00a0(16) de julio de dos mil quince (2015). \u00a0<\/p>\n
Dec\u00eddese \u00a0la impugnaci\u00f3n interpuesta frente \u00a0a la sentencia de 3 de junio de 2015, dictada por la Sala Civil \u00a0Familia del Tribunal Superior del Distrito Judicial de Ibagu\u00e9, \u00a0dentro de la acci\u00f3n de tutela instaurada por Diana Patricia \u00a0Murillo Soto en contra del Juzgado Tercero de Familia de esa capital. \u00a0<\/p>\n
\u00a0 \u00a0\u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0<\/p>\n
1. ANTECEDENTES \u00a0<\/p>\n
1. \u00a0La \u00a0promotora \u00a0demanda la protecci\u00f3n del derecho de petici\u00f3n, \u00a0presuntamente vulnerado por la autoridad accionada. \u00a0<\/p>\n
3. \u00a0Implora ordenar al tutelado \u201c(\u2026) realizar \u00a0las gestiones que le correspondan para lograr una respuesta \u00a0suficiente, efectiva y congruente, desarchivando el (\u2026)\u201d \u00a0anotado litigio. \u00a0<\/p>\n
1.1. \u00a0Respuesta del accionado \u00a0<\/p>\n
El \u00a0Juzgado Tercero \u00a0de Familia manifest\u00f3: \u00a0<\/p>\n
\u201c(\u2026) \u00a0[E]l \u00a0tr\u00e1mite para ese tipo de peticiones concierne a un actuar de \u00a0orden judicial, m\u00e1s no a uno netamente administrativo, toda \u00a0vez que corresponde a una impulsi\u00f3n dentro del proceso en \u00a0cuesti\u00f3n, para cuyo efecto y siendo que el expediente se \u00a0encuentra archivado, el jefe de archivo de la rama judicial ha \u00a0establecido unos horarios y tres d\u00edas a la semana para \u00a0desarchivar expedientes, anotando que tenemos varias b\u00fasquedas \u00a0en turno, de ah\u00ed que no ha sido posible atender al \u00a0requerimiento de la tutelante, pasando por alto las solicitudes \u00a0precedentes (\u2026)\u201d \u00a0(fls. 13 y 14). \u00a0<\/p>\n
\u00a0 \u00a0\u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0<\/p>\n
2. La \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0sentencia impugnada \u00a0 \u00a0<\/p>\n
Concedi\u00f3 \u00a0la s\u00faplica tras inferir \u00a0<\/p>\n
\u201c(\u2026) \u00a0[L]as \u00a0diligencias emprendidas por el Juzgado accionado no han resultado \u00a0eficientes ni oportunas ante la situaci\u00f3n planteada por la \u00a0parte actora, teniendo en cuenta adem\u00e1s, que se encuentran de \u00a0por medio los derechos de dos menores de edad, frente a los cuales, \u00a0se alega que el responsable de suministrar alimentos ha incumplido \u00a0con su obligaci\u00f3n, transcurriendo casi dos meses desde la \u00a0formulaci\u00f3n de aqu\u00e9lla petici\u00f3n sin que se \u00a0vislumbre una soluci\u00f3n efectiva (\u2026)\u201d. \u00a0<\/p>\n
En \u00a0consecuencia, orden\u00f3 al \u00a0querellado \u201c(\u2026) emprender \u00a0las gestiones necesarias para que en el t\u00e9rmino de 8 d\u00edas \u00a0contados a partir de la notificaci\u00f3n de [esa] \u00a0decisi\u00f3n, \u00a0encuentre el expediente (\u2026)\u201d. \u00a0<\/p>\n
1.3. \u00a0La \u00a0impugnaci\u00f3n \u00a0<\/p>\n
La \u00a0formul\u00f3 el \u00a0Juzgado Tercero de Familia explicando: \u00a0<\/p>\n
\u201c(\u2026) \u00a0[R]esulta \u00a0improcedente acoger las pretensiones de la accionante de exigir la \u00a0protecci\u00f3n del derecho de petici\u00f3n, toda vez que la \u00a0validez legal del memorial presentado por ella dentro del proceso de \u00a0alimentos fue de car\u00e1cter judicial\u201d. \u00a0<\/p>\n
\u201cTal \u00a0como se sustenta en la contestaci\u00f3n de la tutela, [se] \u00a0ha \u00a0requerido a la demandante para que informe la direcci\u00f3n \u00a0actualizada del demandado, con el fin de hacer efectivo el \u00a0requerimiento en debida forma, (\u2026) \u00a0y \u00a0como ya se expres\u00f3, el desarchive de los procesos tiene su \u00a0tr\u00e1mite, el que se ha venido surtiendo siguiendo las reglas de \u00a0organizaci\u00f3n interna de la persona encargada del archivo \u00a0central (\u2026)\u201d \u00a0(fl. 30). \u00a0<\/p>\n
\u00a0 \u00a0\u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0<\/p>\n
2. CONSIDERACIONES \u00a0<\/p>\n
1. \u00a0Censura \u00a0la funcionaria apelante el fallo constitucional a \u00a0quo, \u00a0aseverando que no es posible deprecar el quebranto del precepto \u00a0iusfundamental \u00a0de \u00a0petici\u00f3n respecto de actuaciones \u201cjudiciales\u201d, \u00a0como aqu\u00ed se propone. Asimismo, indica haber iniciado las \u00a0gestiones pertinentes para dar tr\u00e1mite a lo requerido por la \u00a0tutelante, Diana Patricia Murillo Soto. \u00a0<\/p>\n
2. \u00a0En \u00a0el presente caso, se reprocha al despacho convocado por no responder \u00a0de fondo la solicitud elevada por la aqu\u00ed actora, con la cual \u00a0pretend\u00eda (i) se desarchivara el juicio ejecutivo por \u00a0alimentos de menor de edad propuesto por ella frente a Danny Jawer \u00a0Sereno Pati\u00f1o; y \u00a0(ii) se requiriera al prenombrado \u201c(\u2026) para \u00a0que manifieste porque hasta la fecha no ha cumplido su obligaci\u00f3n \u00a0alimentaria (\u2026)\u201d \u00a0(fl. 8). \u00a0<\/p>\n
2.1. \u00a0En lo ata\u00f1edero al pedimento de desarchive del citado \u00a0expediente, esta Sala reiteradamente ha puntualizado que ello \u00a0corresponde a una actuaci\u00f3n administrativa, regida por las \u00a0reglas del derecho de petici\u00f3n. \u00a0<\/p>\n
En \u00a0un caso de similar acontecer f\u00e1ctico, \u00a0esta Corporaci\u00f3n precis\u00f3: \u00a0<\/p>\n
\u201c(\u2026) \u00a0La \u00a0solicitud presentada en tal sentido por el demandante constitucional \u00a0no recibi\u00f3 repuesta de fondo por parte del titular del \u00a0despacho, perspectiva desde la cual se impon\u00eda tutelar el \u00a0derecho consagrado en el art\u00edculo 23 de la Carta Pol\u00edtica, \u00a0como en efecto lo hizo el Tribunal, que conmin\u00f3 al funcionario \u00a0judicial accionado \u2018para que, en el t\u00e9rmino de dos d\u00edas, \u00a0y luego de efectuar las averiguaciones que el asunto demande, d\u00e9 \u00a0respuesta frontal y de fondo a la petici\u00f3n radicada el 7 de \u00a0octubre de 2010 por el se\u00f1or Rocha Alvarado, ya en forma \u00a0positiva, procediendo al desarchivo del expediente de marras, ora en \u00a0sentido adverso, caso en el cual expondr\u00e1 oportunamente los \u00a0motivos de esa decisi\u00f3n\u2019. (\u2026) \u00a0Sin \u00a0perjuicio de lo anterior, en el evento de que el Juez llegare a \u00a0comprobar de modo irrefutable la p\u00e9rdida del expediente, el \u00a0accionante a\u00fan dispone de mecanismos para la defensa de sus \u00a0intereses pues, como lo destac\u00f3 el Tribunal, es posible \u00a0iniciar su reconstrucci\u00f3n \u00a0(\u2026)\u201d1. \u00a0<\/p>\n
Adicionalmente, \u00a0el \u00a0alcance de la prerrogativa supralegal \u00a0mencionada, esta Sala ha precisado: \u00a0<\/p>\n
\u201c(\u2026) \u00a0[I] \u00a0El derecho de petici\u00f3n es fundamental y determinante para la \u00a0efectividad de los mecanismos de la democracia participativa, \u00a0garantizando a su vez otros derechos constitucionales, como los \u00a0derechos a la informaci\u00f3n, a la participaci\u00f3n pol\u00edtica \u00a0y a la libertad de expresi\u00f3n; (ii) el n\u00facleo esencial \u00a0del derecho de petici\u00f3n reside en la resoluci\u00f3n pronta \u00a0y oportuna de la cuesti\u00f3n; (iii) la \u00a0petici\u00f3n debe ser resuelta de fondo, de manera clara, \u00a0oportuna, precisa y congruente con lo solicitado; (iv) la respuesta \u00a0debe producirse dentro de un plazo razonable, el cual debe ser lo m\u00e1s \u00a0corto posible; \u00a0(v) la respuesta no implica aceptaci\u00f3n de lo solicitado ni \u00a0tampoco se concreta siempre en una respuesta escrita; (vi) este \u00a0derecho, por regla general, se aplica a entidades estatales, y en \u00a0algunos casos a los particulares; (vii) el silencio administrativo \u00a0negativo, entendido como un mecanismo para agotar la v\u00eda \u00a0gubernativa y acceder a la v\u00eda judicial, no satisface el \u00a0derecho fundamental de petici\u00f3n pues su objeto es distinto. \u00a0Por el contrario, el silencio administrativo es la prueba \u00a0incontrovertible de que se ha violado el derecho de petici\u00f3n; \u00a0(viii) el derecho de petici\u00f3n tambi\u00e9n es aplicable en \u00a0la v\u00eda gubernativa; (ix) la falta de competencia de la entidad \u00a0ante quien se plantea, no la exonera del deber de responder; y (x) \u00a0ante la presentaci\u00f3n de una petici\u00f3n, la entidad \u00a0p\u00fablica debe notificar su respuesta al interesado \u00a0(\u2026)\u201d2 \u00a0(subraya \u00a0la Sala). \u00a0<\/p>\n
2.2. \u00a0Frente a la solicitud radicada por la ahora gestora, el \u00a0Juzgado manifest\u00f3 en este ruego que (i) inici\u00f3 el \u00a0tr\u00e1mite para lograr el \u201cdesarchive \u00a0del expediente\u201d; \u00a0y (ii) exhort\u00f3 a la interesada, se\u00f1ora Murillo Soto, \u00a0para que comunicara la \u201cdirecci\u00f3n \u00a0actualizada\u201d \u00a0del extremo pasivo en ese litigio a fin de efectuar el requerimiento \u00a0exigido por ella. \u00a0<\/p>\n
Se advierte que \u00a0existe quebranto a la prerrogativa iusfundamental \u00a0invocada, \u00a0por cuanto, con la informaci\u00f3n suministrada por el despacho \u00a0entutelado, se est\u00e1 dilatando indefinidamente la expedici\u00f3n \u00a0de una contestaci\u00f3n integral a la gestora, pues se debe \u00a0indicar una fecha, al menos estimada, en la cual finalizar\u00e1 el \u00a0tr\u00e1mite o el plazo razonable para desarchivar el comentado \u00a0litigio. Todo lo anterior, en consonancia con las normas reguladoras \u00a0del derecho de petici\u00f3n3. \u00a0<\/p>\n
3. Por \u00a0las razones explicadas, se impone revalidar el fallo impugnado. \u00a0<\/p>\n
\u00a0 \u00a0\u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0<\/p>\n
3. DECISI\u00d3N \u00a0<\/p>\n
En m\u00e9rito \u00a0de lo expuesto, la Corte Suprema de Justicia, en Sala de Casaci\u00f3n \u00a0Civil, administrando justicia en nombre de la Rep\u00fablica y por \u00a0autoridad de la ley, \u00a0<\/p>\n
PRIMERO: \u00a0CONFIRMAR \u00a0la sentencia de fecha y lugar de procedencia anotada. \u00a0<\/p>\n
SEGUNDO: \u00a0Comun\u00edquese \u00a0telegr\u00e1ficamente lo resuelto en esta providencia a los \u00a0interesados y oportunamente env\u00edese el expediente a la Corte \u00a0Constitucional para su eventual revisi\u00f3n. \u00a0<\/p>\n
NOTIF\u00cdQUESE \u00a0Y C\u00daMPLASE \u00a0<\/p>\n
LUIS ARMANDO \u00a0TOLOSA VILLABONA \u00a0<\/p>\n
Presidente de Sala \u00a0<\/p>\n
MARGARITA \u00a0CABELLO BLANCO \u00a0<\/p>\n
\u00c1LVARO \u00a0FERNANDO GARC\u00cdA RESTREPO \u00a0<\/p>\n
FERNANDO \u00a0GIRALDO GUTI\u00c9RREZ \u00a0<\/p>\n
ARIEL SALAZAR \u00a0RAM\u00cdREZ \u00a0<\/p>\n
1 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0CSJ. STC. 2 de febrero de 2011, Rad. 2010-01269-01, \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0reiterada en la sentencia de 15 de mayo de 2013, Rad. 2013-00242-02. \u00a0<\/p>\n
2 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0CSJ. STC. 19 de marzo. 2014, Rad. 08001-22-13-000-2014-00053-01 \u00a0<\/p>\n
3 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0La \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0sentencia C-818 de 2011 declar\u00f3 inexequibles los art\u00edculos \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a013 a 33 de la Ley 1437 de 2011 relativos al derecho de petici\u00f3n \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0y, sobre la materia, recientemente se promulg\u00f3 la Ley 1755 de \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a02015. \u00a0<\/p>\n
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