\u00a0 \u00a0 \u00a0 Rep\u00fablica \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 de Colombia \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0<\/p>\n
\u00a0\u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0<\/p>\n
\u00a0\u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0<\/p>\n
\u00a0\u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0<\/p>\n
Corte \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0Suprema de Justicia \u00a0 \u00a0<\/p>\n
CORTE \u00a0 SUPREMA \u00a0DE \u00a0JUSTICIA \u00a0<\/p>\n
SALA \u00a0 DE \u00a0CASACI\u00d3N \u00a0CIVIL \u00a0<\/p>\n
\u00c1LVARO \u00a0FERNANDO GARC\u00cdA RESTREPO \u00a0<\/p>\n
Magistrado \u00a0Ponente \u00a0<\/p>\n
STC9510-2015 \u00a0<\/p>\n
Radicaci\u00f3n \u00a0n.\u00b0 11001-02-04-000-2015-00976-01 \u00a0<\/p>\n
(Aprobado \u00a0en sesi\u00f3n de veintid\u00f3s \u00a0de julio de dos mil quince) \u00a0<\/p>\n
Bogot\u00e1, \u00a0D. C., veintid\u00f3s (22) de julio de dos mil quince (2015).- \u00a0<\/p>\n
La \u00a0Corte decide la impugnaci\u00f3n formulada por la se\u00f1ora \u00a0Leidy Magaly Ruiz Urmendiz contra la sentencia proferida el 28 de \u00a0mayo de 2015 por la Sala de Casaci\u00f3n Penal de esta \u00a0Corporaci\u00f3n, con la que se deneg\u00f3 la solicitud de \u00a0tutela incoada por el recurrente frente la Sala Penal del Tribunal \u00a0Superior del Distrito Judicial de Cali. \u00a0<\/p>\n
ANTECEDENTES \u00a0<\/p>\n
1. \u00a0Leidy Magaly Ruiz Urmendiz invoca la protecci\u00f3n de los \u00a0derechos fundamentales previstos por los art\u00edculos 1\u00ba, \u00a02\u00ba, 5\u00ba 29, 86 y 93 de la Carta Pol\u00edtica, que afirma \u00a0le fueron vulnerados en el tr\u00e1mite de la segunda instancia del \u00a0proceso penal que se le adelant\u00f3 en el Juzgado Cuarto Penal \u00a0del Circuito Especializado de Cali. \u00a0<\/p>\n
2. \u00a0Para sustentar la demanda de amparo la accionante \u00a0informa que \u00a0realiz\u00f3 \u00abun \u00a0preacuerdo con la Fiscal\u00eda 15 Especializada de Cali, donde se \u00a0acord\u00f3 una pena de 199 meses y 10 d\u00edas de prisi\u00f3n, \u00a0por los delitos de hurto agravado y calificado, homicidio y \u00a0desaparici\u00f3n forzada\u00bb, \u00a0lo que condujo a que el funcionario de conocimiento emitiera la \u00a0providencia de rigor, que fue protestada por su defensor debido a que \u00a0exist\u00eda desacuerdo en relaci\u00f3n con una de las anotadas \u00a0conductas. \u00a0<\/p>\n
2.1. \u00a0La interesada afirma que el tribunal demandado, al definir el recurso \u00a0interpuesto decidi\u00f3 \u00abnulitar \u00a0el preacuerdo, de \u00a0manera que \u00abfue \u00a0m\u00e1s all\u00e1 de lo pedido en la apelaci\u00f3n \u00a0desconociendo los principios de la reformatio in pejus, debido \u00a0proceso y derecho de defensa, por cuanto invadi\u00f3 la \u00f3rbita \u00a0del fiscal quien es aut\u00f3nomo en la celebraci\u00f3n de \u00a0preacuerdos, por lo cual no se puede hablar de doble beneficio; \u00a0adem\u00e1s, mi abogado defensor hab\u00eda renunciado a la \u00a0apelaci\u00f3n\u00bb. \u00a0<\/p>\n
2.2. \u00a0Precisa que lo que constituy\u00f3 la inicial discordancia fue lo \u00a0atinente al \u00abdelito \u00a0de desaparici\u00f3n forzada\u00bb, \u00a0tem\u00e1tica que considera es dable debatir a partir de \u00abuna \u00a0prueba sobreviniente (\u2026), dado que ese delito en realidad no \u00a0ocurri\u00f3\u00bb \u00a0(fls. 1 y 2, cdno. 1). \u00a0<\/p>\n
3. \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0Solicita \u00a0que, en sede constitucional, se declare \u00abla \u00a0inexistencia de la nulidad decretada por el Tribunal Superior de \u00a0Cali\u00bb (fl. 3 \u00a0idem). \u00a0<\/p>\n
RESPUESTA \u00a0DE LOS ACUSADOS \u00a0<\/p>\n
Las \u00a0Fiscal\u00eda Quince Especializada y el Juzgado Cuarto Penal del \u00a0Circuito Especializado, ambos de Cali, acudieron al tr\u00e1mite \u00a0para indicar las actuaciones surtidas en el se\u00f1alado proceso \u00a0judicial, y aportar copias de las decisiones adoptadas en el se\u00f1alado \u00a0asunto (fls. 35 a 37 y 58 idem). \u00a0<\/p>\n
El \u00a0Tribunal acusado manifest\u00f3 que el auto objeto de la censura, \u00a0del que ados\u00f3 copia, fue proferido el 9 de abril de 2015 (fl. \u00a038 idem). \u00a0<\/p>\n
EL \u00a0FALLO \u00a0IMPUGNADO \u00a0<\/p>\n
La \u00a0Sala de primer grado deneg\u00f3 el resguardo incoado, tras recodar \u00a0el car\u00e1cter excepcional de la acci\u00f3n de tutela frente a \u00a0providencias judiciales, ya que, en esencia, no est\u00e1 \u00a0acreditado que \u00ablos \u00a0prove\u00eddos censurados est\u00e9n fundados en conceptos \u00a0irrazonables o arbitrarios, de tal trascendencia que le corresponda \u00a0al Juez de Tutela conjurarlos\u00bb, en \u00a0la medida que se declar\u00f3 \u00abla \u00a0nulidad del preacuerdo celebrado con la Fiscal\u00eda por \u00a0desatender el principio de legalidad\u00bb que \u00a0\u00abpas\u00f3 \u00a0por alto auscultar\u00bb \u00a0el juzgado de primer grado, pues con lo convenido \u00abla \u00a0procesada resultaba doblemente beneficiada\u00bb, de \u00a0modo que el tribunal acert\u00f3 \u00abal \u00a0reparar tan irregular proceder\u00bb, a \u00a0lo que a\u00f1adi\u00f3 la circunstancia derivada de que el \u00a0escrito orientado a desistir de la alzada se present\u00f3 \u00abel \u00a013 de abril de 2015 cuando (…) ya se hab\u00eda emitido la \u00a0decisi\u00f3n\u00bb pertinente \u00a0(fls. 69 a 87 idem). \u00a0<\/p>\n
LA \u00a0IMPUGNACION \u00a0<\/p>\n
La \u00a0demandante constitucional se limit\u00f3 a apelar el fallo adverso \u00a0(fls. 93 idem). \u00a0<\/p>\n
CONSIDERACIONES \u00a0<\/p>\n
1. \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0Precisa \u00a0la Sala que la acci\u00f3n instaurada es un mecanismo particular \u00a0creado por la Constituci\u00f3n Pol\u00edtica de 1991, para la \u00a0protecci\u00f3n inmediata de los derechos fundamentales de las \u00a0personas, frente a la amenaza o violaci\u00f3n que respecto de \u00a0ellos pueda derivarse por cuenta de la acci\u00f3n u omisi\u00f3n \u00a0de las autoridades p\u00fablicas o de los particulares. \u00a0<\/p>\n
Tambi\u00e9n \u00a0se recuerda que \u00a0el ordenamiento jur\u00eddico colombiano ha estructurado un sistema \u00a0de administraci\u00f3n de justicia, en el que se le asigna a los \u00a0jueces ordinarios, con el debido acatamiento de las normas \u00a0procesales, la funci\u00f3n constitucional de resolver los \u00a0conflictos que surjan entre los miembros de la comunidad, a trav\u00e9s \u00a0de procedimientos que encuentran soporte en principios tutelares, \u00a0como el debido proceso, el derecho de defensa o la cosa juzgada, \u00a0entre otros, circunstancia que, en l\u00ednea de principio, impone \u00a0concluir que la acci\u00f3n constitucional no procede contra las \u00a0providencias o actuaciones judiciales, pues de lo contrario se \u00a0romper\u00eda el orden establecido y se debilitar\u00eda, \u00a0indebidamente, la seguridad jur\u00eddica que debe imperar. \u00a0<\/p>\n
De \u00a0manera excepcional, entonces, se puede solicitar el resguardo, vale \u00a0decir, cuando se incurra en un comportamiento arbitrario, caprichoso \u00a0o absurdo por parte del juzgador, caso en el cual el juez \u00a0constitucional est\u00e1 habilitado para actuar impartiendo las \u00a0determinaciones que corresponda con el fin de restaurar o proteger \u00a0las prerrogativas injustamente vulneradas o amenazadas. \u00a0<\/p>\n
2. \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0La \u00a0Corte, tras examinar la cuesti\u00f3n f\u00e1ctica expuesta en el \u00a0libelo incoativo del proceso de tutela, as\u00ed como el contenido \u00a0material de los elementos de persuasi\u00f3n aportados al \u00a0expediente, evidencia que si bien mediante prove\u00eddo calendado \u00a0el 9 de abril de 2015 el Tribunal Superior del Distrito Judicial de \u00a0Cali declar\u00f3 \u00abla \u00a0nulidad de lo actuado a partir de la decisi\u00f3n adoptada por la \u00a0se\u00f1ora Juez 4\u00aa Penal del Circuito Especializado de esta \u00a0ciudad en la audiencia del 20 de agosto de 2014, inclusive, con la \u00a0que declar\u00f3 la legalidad del acuerdo celebrado entre la \u00a0Fiscal\u00eda y la procesada LEIDY MAGALY RUIZ URMENDIZ\u00bb (fl. \u00a038 a 43 idem), \u00a0tambi\u00e9n es cierto que esa determinaci\u00f3n se apuntal\u00f3 \u00a0en las particulares reflexiones de orden jur\u00eddico y probatorio \u00a0que condujeron a la Sala de Decisi\u00f3n competente a la se\u00f1alada \u00a0conclusi\u00f3n. \u00a0<\/p>\n
Obs\u00e9rvese \u00a0que la corporaci\u00f3n para el indicado prop\u00f3sito, sostuvo, \u00a0en lo basilar, que de manera \u00abinexplicable \u00a0el se\u00f1or Fiscal (\u2026) desconoci\u00f3 abiertamente el \u00a0contenido del art. 351-2 de la L. 906\/04 pues, de una parte, convino \u00a0con la implicada un cambio en el juicio de tipicidad -de coautora a \u00a0c\u00f3mplice- que le significa una reducci\u00f3n de la pena del \u00a050% de la que le correspond\u00eda en condici\u00f3n de auotora \u00a0-490 meses de prisi\u00f3n solamente por el delito de Desaparici\u00f3n \u00a0Forzada- y, de otra, adicionalmente, convino rebajarle la tercera \u00a0parte de esa pena por aceptar su responsabilidad como c\u00f3mplice \u00a0-motivo por el cual la pena definitiva de prisi\u00f3n acordada la \u00a0redujo a 199 meses 10 d\u00edas por los tres delitos agravados-\u00bb, \u00a0proceder \u00a0que signific\u00f3 un \u00abdoble \u00a0beneficio (\u2026) y, por lo mismo, [un] \u00a0manifiesto desconocimiento de la ley\u00bb \u00a0que entonces era imposible aprobarse. \u00a0<\/p>\n
Establecido \u00a0lo anterior, y a partir de reiterar lo que la autoridad de primer \u00a0grado advirti\u00f3 en torno a que el escrito contentivo del \u00a0desistimiento del recurso de apelaci\u00f3n se present\u00f3 \u00a0cuando \u00e9ste ya hab\u00eda sido resuelto (fls. 43 y 44 idem), \u00a0queda al descubierto que los jueces de segundo grado exteriorizaron \u00a0las razones para proceder en la forma reprochada, y con prescindencia \u00a0de que en el terreno estrictamente legal se compartan integralmente \u00a0esas motivaciones, debe se\u00f1alarse que no se est\u00e1 ante \u00a0un proceder que apareje error susceptible de protecci\u00f3n en \u00a0sede de tutela, habida cuenta que la providencia cuestionada se \u00a0apuntal\u00f3, entonces, en un trabajo hermen\u00e9utico que no \u00a0luce antojadizo, ni contrario a las normas que hoy informan la \u00a0naturaleza jur\u00eddica de los asuntos penales. \u00a0<\/p>\n
Debe \u00a0evocarse una vez m\u00e1s que de manera uniforme se ha sostenido \u00a0que los jueces naturales \u00a0gozan de una indiscutida a la par que necesaria autonom\u00eda para \u00a0interpretar las leyes y valorar los elementos de persuasi\u00f3n \u00a0existentes en un determinado asunto, tem\u00e1tica sobre la \u00a0cual en sentencia (CSJ STC 27 \u00a0sep. 2012, Rad. 02014-00, reiterada 16 ene. 2014, Rad. 03024-00), se \u00a0dijo que: \u00a0<\/p>\n
\u00ab[n]o \u00a0estar eventualmente de acuerdo con las (\u2026) resoluciones \u00a0de los Tribunales (\u2026), no implica que se conviertan en una \u00a0\u2018v\u00eda \u00a0de hecho\u2019, \u00a0pues, como ya se indic\u00f3, las \u00a0mismas incorporan un criterio que en estrictez es preciso respetar, \u00a0aunque el asunto pueda ser pasible de otra interpretaci\u00f3n\u00bb \u00a0<\/p>\n
3. \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0As\u00ed las cosas, como lo puso de presente la Sala especializada \u00a0de primera instancia, no es viable la petici\u00f3n de amparo \u00a0incoada, lo que significa la necesidad de confirmar la providencia \u00a0examinada. \u00a0<\/p>\n
DECISI\u00d3N \u00a0<\/p>\n
En \u00a0m\u00e9rito de lo expuesto, la Corte Suprema de Justicia, Sala de \u00a0Casaci\u00f3n Civil, administrando justicia en nombre de la \u00a0Rep\u00fablica y por autoridad de la ley, \u00a0CONFIRMA el \u00a0fallo proferido por la Sala de Casaci\u00f3n Penal de la Corte \u00a0Suprema de Justicia, dentro de la acci\u00f3n de tutela \u00a0referenciada. \u00a0<\/p>\n
LUIS ARMANDO \u00a0TOLOSA VILLABONA \u00a0<\/p>\n
Presidente de Sala \u00a0<\/p>\n
MARGARITA \u00a0CABELLO BLANCO \u00a0<\/p>\n
\u00c1LVARO \u00a0FERNANDO GARC\u00cdA RESTREPO \u00a0<\/p>\n
FERNANDO \u00a0GIRALDO GUTI\u00c9RREZ \u00a0<\/p>\n
ARIEL SALAZAR \u00a0RAM\u00cdREZ \u00a0<\/p>\n
\u00a0 \u00a0 \u00a0\u00a0<\/p>\n
<\/p>\n","protected":false},"excerpt":{"rendered":"
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