\u00a0 \u00a0 \u00a0 Rep\u00fablica \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 de Colombia \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0<\/p>\n
\u00a0\u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0<\/p>\n
\u00a0\u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0<\/p>\n
\u00a0\u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0<\/p>\n
Corte \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0Suprema de Justicia \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0<\/p>\n
\u00a0 \u00a0\u00a0<\/p>\n
CORTE SUPREMA \u00a0DE JUSTICIA \u00a0<\/p>\n
SALA \u00a0DE CASACI\u00d3N CIVIL \u00a0<\/p>\n
ARIEL SALAZAR \u00a0RAM\u00cdREZ \u00a0<\/p>\n
Magistrado \u00a0ponente \u00a0<\/p>\n
STC9861-2015 \u00a0<\/p>\n
(Aprobado \u00a0en sesi\u00f3n de veintinueve \u00a0de julio de dos mil quince) \u00a0<\/p>\n
Bogot\u00e1, \u00a0D. C., treinta (30) de julio de dos mil quince (2015). \u00a0<\/p>\n
Decide \u00a0la Corte la impugnaci\u00f3n interpuesta contra el fallo de tutela \u00a0proferido el treinta de junio de dos mil quince, por la Sala Civil \u00a0Familia del Tribunal Superior de Ibagu\u00e9, dentro de la acci\u00f3n \u00a0de tutela promovida por Yazmin Tarquino Ariza contra el Ministerio de \u00a0Defensa Nacional y el Grupo de Prestaciones Sociales del Ej\u00e9rcito \u00a0Nacional. \u00a0<\/p>\n
I. ANTECEDENTES \u00a0<\/p>\n
A. La \u00a0pretensi\u00f3n \u00a0<\/p>\n
La \u00a0tutelante solicit\u00f3 el amparo de su derecho fundamental de \u00a0petici\u00f3n, que considera vulnerado por la autoridad accionada, \u00a0porque no ha dado respuesta a la solicitud que present\u00f3 el 11 \u00a0de mayo de 2015. \u00a0<\/p>\n
En \u00a0consecuencia, pretende se ordene a la entidad reconvenida resolver de \u00a0fondo su solicitud. [Folio 3] \u00a0<\/p>\n
B. Los hechos \u00a0<\/p>\n
1. \u00a0El 23 \u00a0de abril de 2001 falleci\u00f3 Andrey Stik Cortes Tarquino, quien \u00a0para ese entonces se desempe\u00f1aba como soldado del Ej\u00e9rcito \u00a0Nacional. [Folio 5, c. 1] \u00a0<\/p>\n
2. \u00a0Ante el deceso, la accionante como progenitora del de \u00a0cujus, \u00a0acudi\u00f3 al Ministerio \u00a0de Defensa Nacional \u2013 Ej\u00e9rcito Nacional \u2013 Grupo de \u00a0Prestaciones Sociales, el 12 de mayo de 2015 \u00a0a solicitar el reconocimiento \u00a0y pago de pensi\u00f3n de sobreviviente a que aduce tiene derecho. \u00a0<\/p>\n
3. \u00a0Asegura la promotora del amparo que no ha recibido respuesta alguna \u00a0frente a su solicitud, por lo que instaur\u00f3 la presente queja. \u00a0<\/p>\n
1. \u00a0El 17 de junio de 2015 se admiti\u00f3 la acci\u00f3n \u00a0constitucional y se orden\u00f3 comunicar a los accionados para que \u00a0ejercieran su derecho a la defensa. [folio 23, c.1] \u00a0<\/p>\n
2. \u00a0La Asesora adscrita de la Oficina Jur\u00eddica del Ministerio de \u00a0Trabajo solicit\u00f3 negar el amparo suplicado como quiera que no \u00a0ha superado el t\u00e9rmino previsto por la jurisprudencia para \u00a0resolver la solicitud de pensiones de sobrevivientes, a saber, cuatro \u00a0meses. [Folio 29, c. 1] \u00a0<\/p>\n
3. \u00a0El 30 de junio del a\u00f1o en curso la Sala Civil Familia del \u00a0Tribunal de Ibagu\u00e9 neg\u00f3 el amparo porque la acci\u00f3n \u00a0se torna prematura para exigirle contestaci\u00f3n, pues atendiendo \u00a0la naturaleza de lo pretendido, la entidad accionada cuenta con \u00a0cuatro meses para resolverla de fondo. [Folios 30 a 34, c. 1] \u00a0<\/p>\n
4. \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0Inconforme \u00a0la promotora impugn\u00f3 el fallo \u00a0manifestando que \u00a0el t\u00e9rmino que debe tenerse en cuenta para resolver ese tipo \u00a0de solicitudes es el previsto en la ley 717 de 2001. [Folios \u00a042 a 44, c. 1] \u00a0<\/p>\n
II. \u00a0CONSIDERACIONES \u00a0<\/p>\n
1. \u00a0El \u00a0art\u00edculo 23 de la Constituci\u00f3n Pol\u00edtica \u00a0garantiza el derecho fundamental de todas las personas a dirigirse \u00a0ante las autoridades y, eventualmente, a los particulares, para \u00a0obtener una respuesta de fondo a sus solicitudes, formuladas en \u00a0inter\u00e9s general o particular. El derecho de petici\u00f3n, \u00a0en consecuencia, tiene una doble dimensi\u00f3n: a) la posibilidad \u00a0de acudir ante el destinatario, y b) y la de obtener una respuesta \u00a0pronta, adecuada y congruente con la cuesti\u00f3n planteada. \u00a0<\/p>\n
La esencia de \u00a0dicha prerrogativa comprende, entonces: (i) pronta resoluci\u00f3n, \u00a0(ii) contestaci\u00f3n de fondo y (iii) notificaci\u00f3n de \u00e9sta \u00a0al interesado, sin que el derecho a que se emita un pronunciamiento, \u00a0pueda confundirse con acceder a lo pedido, concepto este \u00faltimo \u00a0que no hace parte del n\u00facleo esencial de la garant\u00eda \u00a0constitucional. \u00a0<\/p>\n
2. \u00a0En \u00a0el \u00a0caso objeto de estudio, es claro que la queja constitucional tiene \u00a0fundamento en \u00a0la inconformidad de la reclamante, por la presunta omisi\u00f3n en \u00a0que incurri\u00f3 la entidad accionada al no brindarle respuesta a \u00a0la petici\u00f3n que le presentara el 12 de mayo \u00faltimo en \u00a0la que solicit\u00f3 el reconocimiento y pago de la pensi\u00f3n \u00a0de sobreviviente. \u00a0<\/p>\n
Ateniendo \u00a0la naturaleza de la solicitud, cabe acotar, que sobre el tema del \u00a0derecho de petici\u00f3n de reconocimiento de prerrogativas \u00a0pensionales, esta Corporaci\u00f3n ha reiterado, conforme a la ley \u00a0y la jurisprudencia, los plazos espec\u00edficos para responderlos: \u00a0<\/p>\n
\u201c(\u2026) \u00a0solicitudes relativas al reconocimiento de un derecho pensional, la \u00a0jurisprudencia constitucional ha se\u00f1alado especiales t\u00e9rminos \u00a0para su resoluci\u00f3n, por parte de las entidades de previsi\u00f3n \u00a0correspondientes. As\u00ed, se tiene que dichas instituciones \u00a0cuentan con: \u201c(i) Quince (15) d\u00edas para comunicar al \u00a0solicitante el estado del tr\u00e1mite respectivo (art\u00edculo \u00a06 del C.C.A.), (ii) Cuatro (4) meses para resolver o decidir de fondo \u00a0sobre el reconocimiento de la pensi\u00f3n solicitada (seg\u00fan \u00a0interpretaci\u00f3n anal\u00f3gica del art\u00edculo 19 del \u00a0decreto 656 de 1994), salvo \u00a0que se trate del reconocimiento de pensi\u00f3n de sobrevivientes, \u00a0cuyo t\u00e9rmino en virtud del art\u00edculo 1\u00ba de la ley \u00a0717 de 2001 es de dos (2) meses. \u00a0Y (iii) Seis (6) meses para realizar el pago efectivo de las \u00a0respectivas mesadas pensionales (art\u00edculo 4 de la ley 700 de \u00a02001)\u201d\u00a0\u00a0(Sentencias T-147 y\u00a0T-134 de 2006,\u00a0T-968 \u00a0de 2005 y T-588 de 2003, entre otras)\u201d CSJ \u00a0STL, 26 oct. 2012, rad. 2012-00242-01, reiterada en sentencia CSJ \u00a0STL, 29 may. 2007, rad. 2007-00015-01, CSJ STL, 25 nov, rad. \u00a02013-00231-01 y CSJ STC8292-2015. \u00a0<\/p>\n
De \u00a0este modo, resulta evidente que el amparo del derecho fundamental de \u00a0petici\u00f3n suplicado, se torna improcedente, por prematuro, pues \u00a0la solicitud elevada por la actora fue recibida por la entidad \u00a0accionada el 12 de mayo del a\u00f1o en curso, por lo tanto, para \u00a0la fecha en que se present\u00f3 la acci\u00f3n \u2013 17 de \u00a0junio de 2015 \u2013 s\u00f3lo hab\u00eda transcurrido un poco \u00a0m\u00e1s un mes, aspecto en el que se advierte, que el ente \u00a0reconvenido, para atender \u00a0la solicitud de la promotora cuenta con 2 meses, de suerte que no \u00a0puede predicarse la existencia de la vulneraci\u00f3n denunciada \u00a0habida cuenta que para la fecha de la presentaci\u00f3n de la \u00a0acci\u00f3n no hab\u00eda expirado el t\u00e9rmino legal con \u00a0que cuenta la entidad para dar respuesta de fondo al petitorio de la \u00a0querellante. \u00a0<\/p>\n
4. \u00a0De \u00a0las anteriores consideraciones surge evidente que la protecci\u00f3n \u00a0reclamada en esta excepcional v\u00eda deb\u00eda denegarse, por \u00a0lo que se confirmar\u00e1 el fallo objeto de impugnaci\u00f3n, \u00a0pero por las razones aqu\u00ed consignadas. \u00a0<\/p>\n
III. DECISI\u00d3N \u00a0<\/p>\n
En \u00a0m\u00e9rito de lo expuesto la Corte Suprema de Justicia, en Sala de \u00a0Casaci\u00f3n Civil, administrando justicia en nombre de la \u00a0Rep\u00fablica de Colombia y por autoridad de la ley, \u00a0CONFIRMA la \u00a0sentencia de procedencia y fecha se\u00f1aladas. \u00a0<\/p>\n
Comun\u00edquese \u00a0telegr\u00e1ficamente esta decisi\u00f3n a los interesados y en \u00a0oportunidad, rem\u00edtanse las diligencias a la Corte \u00a0Constitucional para su eventual revisi\u00f3n. \u00a0<\/p>\n
LUIS ARMANDO \u00a0TOLOSA VILLABONA \u00a0<\/p>\n
Presidente de Sala \u00a0<\/p>\n
MARGARITA \u00a0CABELLO BLANCO \u00a0<\/p>\n
\u00c1LVARO \u00a0FERNANDO GARC\u00cdA RESTREPO \u00a0<\/p>\n
FERNANDO \u00a0GIRALDO GUTI\u00c9RREZ \u00a0<\/p>\n
ARIEL SALAZAR \u00a0RAM\u00cdREZ \u00a0<\/p>\n
\u00a0 \u00a0 \u00a0\u00a0<\/p>\n
<\/p>\n","protected":false},"excerpt":{"rendered":"
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