\u00a0 \u00a0 \u00a0 Rep\u00fablica \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 de Colombia \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0<\/p>\n
\u00a0\u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0<\/p>\n
\u00a0\u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0<\/p>\n
\u00a0\u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0<\/p>\n
Corte \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0Suprema de Justicia \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0<\/p>\n
\u00a0 \u00a0\u00a0<\/p>\n
CORTE \u00a0SUPREMA DE JUSTICIA \u00a0<\/p>\n
SALA \u00a0DE CASACI\u00d3N CIVIL \u00a0<\/p>\n
LUIS ARMANDO \u00a0TOLOSA VILLABONA \u00a0<\/p>\n
Magistrado \u00a0ponente \u00a0<\/p>\n
STC12124-2015 \u00a0<\/p>\n
Radicaci\u00f3n n.\u00b0 \u00a011001-02-03-000-2015-01994-00 \u00a0<\/p>\n
(Aprobado \u00a0en sesi\u00f3n de nueve de septiembre de dos mil quince) \u00a0<\/p>\n
Dec\u00eddese \u00a0la tutela promovida por William Badio Cuestas frente a la Sala de \u00a0Casaci\u00f3n Penal. \u00a0<\/p>\n
\u00a0 \u00a0\u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0<\/p>\n
1. ANTECEDENTES \u00a0<\/p>\n
1. \u00a0El gestor suplica la protecci\u00f3n de los derechos al debido \u00a0proceso y acceso a la administraci\u00f3n de justicia, \u00a0presuntamente \u00a0lesionados por la autoridad judicial accionada. \u00a0<\/p>\n
2. \u00a0En sustento \u00a0de su inconformidad acota, en concreto, que instaur\u00f3 acci\u00f3n \u00a0de tutela contra el Juez \u00a0Noveno Penal con Funciones de Control de Garant\u00edas y la \u00a0Fiscal\u00eda Treinta y Seis Delegada de la Unidad de Patrimonio \u00a0Econ\u00f3mico, ambos de Barranquilla, asignada a la Sala Penal del \u00a0Tribunal Superior de esa misma ciudad, quien concedi\u00f3 el \u00a0amparo el 1 de junio de 2015. \u00a0<\/p>\n
Impugnada \u00a0la anterior decisi\u00f3n por el estrado all\u00ed accionado, la \u00a0Sala Casaci\u00f3n Penal decret\u00f3 la nulidad de la actuaci\u00f3n \u00a0tras considerar que dicha salvaguarda involucraba exclusivamente a la \u00a0autoridad judicial arriba se\u00f1alada, debiendo conocer en \u00a0primera instancia \u201cun \u00a0despacho con categor\u00eda de circuito\u201d. \u00a0<\/p>\n
Censura \u00a0la determinaci\u00f3n precedente, pues en su opini\u00f3n, se \u00a0incurri\u00f3 en \u201cv\u00eda \u00a0de hecho\u201d \u00a0al preterir la naturaleza funcional del \u201cente \u00a0acusador\u201d \u00a0por \u00e9l censurado, por cuanto \u00e9ste tiene \u201ccar\u00e1cter \u00a0seccional\u201d, \u00a0es decir, \u201cdelegado \u00a0para los jueces penales del circuito de la citada capital\u201d. \u00a0<\/p>\n
Aduce \u00a0que la Corporaci\u00f3n querellada soslay\u00f3 el numeral 2\u00ba \u00a0del art\u00edculo 1 del Decreto 1382 de 2000, el cual establece: \u00a0\u201ccuando \u00a0la acci\u00f3n de tutela se promueva contra un funcionario o \u00a0corporaci\u00f3n judicial, le ser\u00e1 repartida al respectivo \u00a0superior funcional del accionado. Si se dirige contra la fiscal\u00eda \u00a0general de la naci\u00f3n, se repartir\u00e1 al superior \u00a0funcional del juez al que este adscrito el fiscal\u201d \u00a0(fls. 1 a 4, cdno.1). \u00a0<\/p>\n
3. \u00a0Pide, por \u00a0tanto, invalidar la decisi\u00f3n de segundo grado y en su lugar, \u00a0imprimirle tr\u00e1mite a la alzada. \u00a0<\/p>\n
1.1. \u00a0Respuesta del accionado y vinculado \u00a0<\/p>\n
La \u00a0Sala de Casaci\u00f3n Penal, a trav\u00e9s del magistrado Jos\u00e9 \u00a0Luis Barcel\u00f3 Camacho, pidi\u00f3 negar el amparo, \u00a0manifestando que invalid\u00f3 el referido juicio porque constat\u00f3 \u00a0que el reproche del actor en la salvaguarda primigenia, se \u201cencauzaba \u00a0solamente frente al auto de 23 de abril de 2005\u201d, \u00a0emitido por el Juez Noveno \u00a0Penal con Funciones de Control de Garant\u00edas (fls. 100 a 102, \u00a0cdno.1). \u00a0<\/p>\n
La \u00a0Sala Penal del Tribunal Superior de Barranquilla se limit\u00f3 a \u00a0se\u00f1alar el resumen de la actuaci\u00f3n motivo de queja \u00a0(fls. 121 a 126, cdno. 1). \u00a0<\/p>\n
\u00a0 \u00a0\u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0<\/p>\n
2. CONSIDERACIONES \u00a0<\/p>\n
1. \u00a0Desde \u00a0la g\u00e9nesis de esta acci\u00f3n certera y uniformemente en \u00a0pro de la seguridad jur\u00eddica y de la vigencia del Estado \u00a0democr\u00e1tico, esta Sala ha advertido la improcedencia de las \u00a0demandas de amparo formuladas contra actuaciones en materia de \u00a0salvaguarda por contarse con herramientas id\u00f3neas para su \u00a0ejecuci\u00f3n o su control constitucional. \u00a0<\/p>\n
Las \u00a0equivocaciones o desafueros de los jueces de tutela al ocuparse de la \u00a0sustanciaci\u00f3n de sus decisiones no se resuelven con una nueva \u00a0acci\u00f3n de naturaleza id\u00e9ntica para contrarrestar el \u00a0supuesto quebranto. Para el efecto el ordenamiento jur\u00eddico \u00a0dise\u00f1\u00f3 la impugnaci\u00f3n frente al fallo de primer \u00a0grado, la revisi\u00f3n y, a\u00fan la insistencia en caso de \u00a0negarse este \u00faltimo, instrumentos procedentes ante los \u00a0funcionarios habilitados para ello. Ahora, si se trata de la \u00a0ejecuci\u00f3n de la determinaci\u00f3n estimatoria de la \u00a0pretensi\u00f3n cuando la parte accionada reh\u00fasa su \u00a0cumplimiento, el desacato es medio adecuado. \u00a0<\/p>\n
2. \u00a0Al margen de lo discurrido, se duele el petente porque la \u00a0Corporaci\u00f3n querellada declar\u00f3 sin fundamento alguno, \u00a0la nulidad del referido tr\u00e1mite constitucional por vinculaci\u00f3n \u00a0aparente de la Fiscal\u00eda Treinta \u00a0y Seis Delegada de la Unidad de Patrimonio Econ\u00f3mico de \u00a0Barranquilla. \u00a0<\/p>\n
3. \u00a0 \u00a0De aceptarse estudiar de fondo el presente asunto, el mismo no \u00a0saldr\u00eda avante, pues auscultado el \u00a0referenciado sublite \u00a0no se advierte la vulneraci\u00f3n de los derechos fundamentales \u00a0invocados, al avizorar la Corte que la Sala de Casaci\u00f3n \u00a0accionada examin\u00f3 razonablemente la actuaci\u00f3n, lo cual \u00a0descarta un actuar irregular producto de su exclusiva voluntad. \u00a0<\/p>\n
En \u00a0efecto, para resolver de la manera criticada, la se\u00f1alada \u00a0colegiatura indic\u00f3 que el relato f\u00e1ctico expuesto por \u00a0William \u00a0Badio Cuestas en su libelo tuitivo, revelaba prima \u00a0facie \u00a0que el epicentro de su inconformidad giraba en torno a la decisi\u00f3n \u00a0del Juez Noveno \u00a0Penal con Funciones de Control de Garant\u00edas de Barranquilla, \u00a0proferida el 23 \u00a0de abril de 2015, ordenando la suspensi\u00f3n del poder \u00a0dispositivo e imposici\u00f3n de medida cautelar respecto de un \u00a0inmueble de propiedad del aqu\u00ed actor, pues seg\u00fan \u00e9ste, \u00a0no hab\u00eda sido \u201cnotificado \u00a0de la celebraci\u00f3n de la audiencia en donde se adopt\u00f3 \u00a0tal determinaci\u00f3n\u201d. \u00a0<\/p>\n
Apoyada \u00a0en los anteriores supuestos, concluy\u00f3 la Sala tutelada: \u00a0<\/p>\n
\u201c(\u2026) \u00a0[E]l Art\u00edculo \u00a01\u00ba, numeral 2\u00ba, del Decreto 1382 de 2000 establece que \u00a0\u00abcuando la acci\u00f3n de tutela se promueva contra un \u00a0funcionario o corporaci\u00f3n judicial, le ser\u00e1 repartida \u00a0al respectivo superior funcional del accionado. Si se dirige contra \u00a0la Fiscal\u00eda General de la Naci\u00f3n, se repartir\u00e1 \u00a0al superior funcional del juez al que est\u00e9 adscrito el \u00a0fiscal\u201d. \u00a0<\/p>\n
\u201cEn \u00a0el subjudice, la acci\u00f3n involucra al Juzgado 9\u00ba Penal \u00a0Municipal con Funci\u00f3n de Control de Garant\u00edas (\u2026). \u00a0Entonces, aplicando la regla rese\u00f1ada, la acci\u00f3n debi\u00f3 \u00a0ser conocida por un despacho con categor\u00eda de circuito. \u00a0<\/p>\n
\u201cEn \u00a0consecuencia, se decretar\u00e1 la nulidad de las diligencias, \u00a0inclusive, desde el auto por medio del cual se admiti\u00f3 la \u00a0demanda, \u00a0y se ordenar\u00e1 su env\u00edo al reparto de los juzgados \u00a0penales del circuito de Barranquilla, \u00a0para lo de su cargo. Se \u00a0aclara que permanecen inc\u00f3lumes las pruebas recaudadas (\u2026)\u201d. \u00a0<\/p>\n
4. \u00a0As\u00ed \u00a0las cosas se \u00a0descarta la posibilidad de predicar una v\u00eda de hecho en la \u00a0actuaci\u00f3n rese\u00f1ada porque, al margen del criterio que \u00a0la Corte pudiera tener1, \u00a0no \u00a0se advierte un proceder arbitrario y caprichoso por parte del \u00a0Tribunal accionado, por tanto, no hay lugar a la intervenci\u00f3n \u00a0de esta particular justicia, reservada para casos de evidente \u00a0desafuero judicial. \u00a0<\/p>\n
Ahora, \u00a0si el actor disiente de estas apreciaciones, no por ello se abre \u00a0camino la prosperidad del reclamo constitucional; no es suficiente \u00a0una decisi\u00f3n discutible o poco convincente, sino que \u00e9sta \u00a0se encuentre afectada por defectos superlativos y carentes de \u00a0fundamento objetivo, situaci\u00f3n que por supuesto no ocurre en \u00a0el subex\u00e1mine. \u00a0<\/p>\n
Al respecto, esta \u00a0Sala ha sostenido: \u00a0<\/p>\n
\u201c(\u2026) \u00a0[C]omparta \u00a0o no, [esta \u00a0Corporaci\u00f3n] \u00a0el an\u00e1lisis (\u2026) \u00a0efectuado por los juzgadores accionados, el mecanismo de amparo \u00a0constitucional no est\u00e1 previsto para desquiciar providencias \u00a0judiciales con apoyo en la diferencia de opini\u00f3n de aqu\u00e9llos \u00a0a quienes fueron adversas, obrar en contrario equivaldr\u00eda al \u00a0desconocimiento de los principios de autonom\u00eda e independencia \u00a0que inspiran la funci\u00f3n p\u00fablica de administrar justicia \u00a0y conllevar\u00eda a erosionar el r\u00e9gimen de jurisdicci\u00f3n \u00a0y competencias previstas en el ordenamiento jur\u00eddico a trav\u00e9s \u00a0del ejercicio espurio de una facultad constitucional, al que exhorta \u00a0el promotor de este amparo (\u2026)\u201d2. \u00a0<\/p>\n
5. \u00a0Es preciso memorar que la sola divergencia conceptual no puede ser \u00a0venero para demandar el amparo constitucional porque la tutela no es \u00a0instrumento para definir cu\u00e1l planteamiento hermen\u00e9utico \u00a0en las hip\u00f3tesis de subsunci\u00f3n legal es el v\u00e1lido, \u00a0ni cu\u00e1l de las inferencias valorativas de los elementos \u00a0f\u00e1cticos es el m\u00e1s acertado o el m\u00e1s correcto \u00a0para dar lugar a la intervenci\u00f3n del juez constitucional. El \u00a0resguardo previsto en la regla 86 es residual y subsidiario. \u00a0<\/p>\n
6. \u00a0Por las razones anotadas, no se conceder\u00e1 el amparo deprecado. \u00a0<\/p>\n
\u00a0 \u00a0\u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0<\/p>\n
3. DECISI\u00d3N \u00a0<\/p>\n
En m\u00e9rito \u00a0de lo expuesto, la Corte Suprema de Justicia, en Sala de Casaci\u00f3n \u00a0Civil, administrando justicia en nombre de la Rep\u00fablica y por \u00a0autoridad de la ley, \u00a0<\/p>\n
PRIMERO: \u00a0NEGAR la \u00a0tutela solicitada por William Badio Cuestas frente a la Sala de \u00a0Casaci\u00f3n Penal. \u00a0<\/p>\n
SEGUNDO: \u00a0Comunicar \u00a0telegr\u00e1ficamente lo resuelto en esta providencia a los \u00a0interesados y oportunamente env\u00edese el expediente a la Corte \u00a0Constitucional para su eventual revisi\u00f3n. \u00a0<\/p>\n
NOTIF\u00cdQUESE \u00a0Y C\u00daMPLASE \u00a0<\/p>\n
LUIS ARMANDO \u00a0TOLOSA VILLABONA \u00a0<\/p>\n
Presidente de Sala \u00a0<\/p>\n
MARGARITA \u00a0CABELLO BLANCO \u00a0<\/p>\n
\u00c1LVARO \u00a0FERNANDO GARC\u00cdA RESTREPO \u00a0<\/p>\n
FERNANDO \u00a0GIRALDO GUTI\u00c9RREZ \u00a0<\/p>\n
ARIEL SALAZAR \u00a0RAM\u00cdREZ \u00a0<\/p>\n
1CSJ. \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0STC. 17 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0abr. 2013, Rad. 00743-00; v\u00e9ase igualmente, entre otras, las \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0sentencias de 15 de febrero de 2012, Rad. 00219-00 y 10 de mayo de \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a02005, Rad. 00142-00. \u00a0<\/p>\n
2CSJ. \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0STC. 15 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0de feb. 2011, Rad. \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a02010-01404-01, reiterado STC. 24. sep. 2013, Rad. \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a02013-02137-00. \u00a0<\/p>\n
\u00a0 \u00a0 \u00a0\u00a0<\/p>\n
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