{"id":92479,"date":"2024-05-31T22:14:42","date_gmt":"2024-05-31T22:14:42","guid":{"rendered":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/2024\/05\/31\/stc12572-2015\/"},"modified":"2024-05-31T22:14:42","modified_gmt":"2024-05-31T22:14:42","slug":"stc12572-2015","status":"publish","type":"post","link":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/2024\/05\/31\/stc12572-2015\/","title":{"rendered":"STC 12572 2015"},"content":{"rendered":"\n<p>\u00a0 \u00a0 \u00a0 Rep\u00fablica \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 de Colombia \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0<\/p>\n<p>\u00a0\u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0<\/p>\n<p>\u00a0\u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0<\/p>\n<p>\u00a0\u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0<\/p>\n<p>Corte \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0Suprema de Justicia \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0<\/p>\n<p>\u00a0\u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0<\/p>\n<p>\u00a0 \u00a0\u00a0<\/p>\n<p>CORTE SUPREMA \u00a0DE JUSTICIA \u00a0<\/p>\n<p>SALA DE \u00a0CASACI\u00d3N CIVIL \u00a0<\/p>\n<p>Magistrado \u00a0ponente \u00a0<\/p>\n<p>STC12572-2015 \u00a0<\/p>\n<p>Radicaci\u00f3n \u00a0n.\u00b0 52001-22-13-000-2015-00231-01 \u00a0<\/p>\n<p>(Aprobado \u00a0en sesi\u00f3n \u00a0de diecis\u00e9is de septiembre de dos mil quince) \u00a0<\/p>\n<p>Bogot\u00e1, \u00a0D. C., diecisiete (17) de septiembre de dos mil quince (2015). \u00a0<\/p>\n<p>Decide \u00a0la Corte la impugnaci\u00f3n formulada respecto de la sentencia \u00a0proferida el \u00a010 de agosto de 2015 \u00a0por la Sala Civil \u00a0\u2013 Familia del Tribunal Superior del Distrito Judicial de Pasto, \u00a0en la acci\u00f3n de tutela promovida por Vicente \u00a0Hel\u00ed Bastidas Acosta contra el Juzgado Tercero Civil del \u00a0Circuito de la misma ciudad, tr\u00e1mite al cual se vincul\u00f3 \u00a0a Dora Luc\u00eda Chamorro Unigarro, con ocasi\u00f3n del asunto \u00a0de liquidaci\u00f3n de sociedad patrimonial impetrado por Mar\u00eda \u00a0Gloria Tobar Portilla frente al aqu\u00ed actor. \u00a0<\/p>\n<p>\u00a0 \u00a0\u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0<\/p>\n<p>1. ANTECEDENTES \u00a0<\/p>\n<p>1. \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0El \u00a0accionante reclama el amparo del derecho fundamental al debido \u00a0proceso, presuntamente lesionado por la autoridad jurisdiccional \u00a0atacada. \u00a0<\/p>\n<p>2. \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0En \u00a0apoyo de su reparo, asevera que en el 2007 Mar\u00eda Gloria Tobar \u00a0Portilla demand\u00f3 la declaraci\u00f3n de la uni\u00f3n \u00a0marital de hecho sostenida entre ella y \u00e9l. \u00a0<\/p>\n<p>Finalizado \u00a0ese tr\u00e1mite, se continu\u00f3 con la liquidaci\u00f3n de \u00a0la sociedad patrimonial, decurso donde se le han ocasionado \u201c(\u2026) \u00a0graves \u00a0perjuicios econ\u00f3micos (\u2026)\u201d, \u00a0pues la apoderada del extremo actor, Dora Luc\u00eda Chamorro \u00a0Unigarro, quien recibe los c\u00e1nones de arrendamiento de algunas \u00a0de sus propiedades, no ha \u201creportado\u201d \u00a0tales valores al juzgado. \u00a0<\/p>\n<p>Advierte \u00a0que los da\u00f1os sufridos se aumentan si se considera la tardanza \u00a0injustificada del estrado querellado en definir el asunto criticado y \u00a0su situaci\u00f3n de vulnerabilidad, pues tiene 70 a\u00f1os \u00a0(fls. 2 y 3, cdno. 1). \u00a0<\/p>\n<p>3. \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0Pide, \u00a0en concreto, \u201c(\u2026) requerir \u00a0al [accionado] \u00a0para \u00a0que se siga el (\u2026) \u00a0proceso con los t\u00e9rminos reglamentados por la ley, teniendo en \u00a0cuenta el principio de celeridad (\u2026)\u201d \u00a0(fl. \u00a03, \u00eddem). \u00a0<\/p>\n<p>\u00a0 \u00a0\u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0<\/p>\n<p>1. Respuesta \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0del \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0accionado y vinculada \u00a0 \u00a0<\/p>\n<p>a) \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0El \u00a0juzgado convocado adujo que el juicio de uni\u00f3n marital de \u00a0hecho termin\u00f3 con sentencia el 29 de julio de 2010, confirmada \u00a0por el Tribunal el 15 de julio de 2011. Afirm\u00f3 que luego de \u00a0archivarse esas diligencias, la demandante pidi\u00f3 la \u00a0liquidaci\u00f3n de la sociedad patrimonial el 23 de abril de 2013, \u00a0solicitud admitida y notificada a la pasiva. \u00a0<\/p>\n<p>Advirti\u00f3 \u00a0que tras emplazarse a los acreedores de la sociedad, se fij\u00f3 \u00a0como fecha de inventarios y aval\u00faos el 21 de enero de 2014; en \u00a0esa data los apoderados de las partes pidieron la suspensi\u00f3n \u00a0del asunto por un mes, exigencia atendida favorablemente por el \u00a0despacho. \u00a0<\/p>\n<p>Asegur\u00f3 \u00a0que el promotor del amparo reclam\u00f3 en dos ocasiones la \u00a0celeridad del litigio por estar enfermo, requerimiento contestado \u00a0negativamente. \u00a0<\/p>\n<p>Relat\u00f3 \u00a0que la citada diligencia se surti\u00f3, finalmente, el 5 de junio \u00a0de 2014 y una vez se corri\u00f3 el traslado de los inventarios y \u00a0aval\u00faos, ambos extremos procesales los objetaron. \u00a0<\/p>\n<p>Tras \u00a0abrirse el respectivo decurso incidental, se decretaron como pruebas, \u00a0entre otras, la recepci\u00f3n de algunas declaraciones y la \u00a0rendici\u00f3n de un dictamen por un perito avaluador. \u00a0<\/p>\n<p>Acot\u00f3 \u00a0que \u201c(\u2026) el \u00a0paro nacional de la Rama Judicial (\u2026)\u201d \u00a0dilat\u00f3 el recaudo de esas probanzas; asimismo, destac\u00f3 \u00a0que el 3 y 4 de febrero de 2015 cit\u00f3 a los declarantes, y \u00a0respecto de la experticia enunciada, indic\u00f3 que la demandante \u00a0pidi\u00f3 aclaraci\u00f3n y complementaci\u00f3n, cuesti\u00f3n \u00a0acatada por el auxiliar de la justicia el 30 de junio de 2015; agreg\u00f3 \u00a0que en auto del d\u00eda 27 siguiente, el cual cobr\u00f3 \u00a0ejecutoria el 3 de agosto de 2015, puso en conocimiento de los \u00a0interesados las manifestaciones del perito. \u00a0<\/p>\n<p>Anot\u00f3 \u00a0que lo referido evidenciaba la ausencia de lesi\u00f3n al principio \u00a0de celeridad procesal, pues dada \u201c(\u2026) la \u00a0carga laboral, n\u00famero de procesos y de audiencias y \u00a0diligencias que a diario se deben realizar, [as\u00ed \u00a0como] el \u00a0uso de los recursos legales (\u2026) \u00a0v. \u00a0gr. las objeciones mencionadas (\u2026)\u201d, \u00a0el lapso de duraci\u00f3n del liquidatorio \u201c(\u2026) est\u00e1 \u00a0dentro de los par\u00e1metros que caracterizan este tipo de \u00a0actuaciones (\u2026)\u201d. \u00a0<\/p>\n<p>Finalmente, \u00a0sostuvo que los arrendamientos mencionados por el accionante se \u00a0incluyeron en los inventarios de la sociedad, por lo cual, \u00a0<\/p>\n<p>\u201c(\u2026) \u00a0en \u00a0el evento de que tales c\u00e1nones hagan parte del haber social, \u00a0en el momento procesal se proceder\u00e1 en consecuencia en forma \u00a0legal (\u2026). \u00a0Por \u00a0lo dem\u00e1s, si fuere cierto que la abogada DORA LUC\u00cdA \u00a0CHAMORRO UNIGARRO recibe esos c\u00e1nones, (\u2026) \u00a0el \u00a0accionante cuenta con las herramientas jur\u00eddicas pertinentes \u00a0(\u2026)\u201d \u00a0(fls. 10 al 15, cdno. 1). \u00a0<\/p>\n<p>b) \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0Dora \u00a0Luc\u00eda Chamorro Unigarro se opuso a la prosperidad de la \u00a0salvaguarda porque el litigio reprochado se ha surtido \u201c(\u2026) \u00a0en \u00a0debida forma y en los t\u00e9rminos de ley (\u2026)\u201d. \u00a0A\u00f1adi\u00f3 que las imputaciones a ella realizadas son \u00a0falsas, pues \u00a0<\/p>\n<p>\u201c(\u2026) \u00a0jam\u00e1s \u00a0h[a] \u00a0tenido \u00a0que ver con manejo de dineros, ni por cuota alimentaria, ni por \u00a0administraci\u00f3n de los bienes en ning\u00fan momento. (\u2026) \u00a0Pero \u00a0el se\u00f1or VICENTE HEL\u00cd BASTIDAS, ya ha sobrepasado las \u00a0normas de comportamiento y respeto, y siempre bajo la premisa de la \u00a0ofensa en [su] \u00a0contra, \u00a0por ser la apoderada de la se\u00f1ora GLORIA TOVAR PORTILLA, (\u2026) \u00a0por \u00a0tanto, est\u00e1 haciendo aseveraciones que rayan en la \u00f3rbita \u00a0del derecho penal, por tanto (sic) \u00a0ruego \u00a0(\u2026) \u00a0compulsar \u00a0copias para que se investigue la conducta del accionante (\u2026)\u201d \u00a0(fls. \u00a016 y 17, \u00eddem). \u00a0<\/p>\n<p>\u00a0 \u00a0\u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0<\/p>\n<p>El \u00a0Tribunal desestim\u00f3 \u00a0el amparo suplicado porque, pese a la condici\u00f3n de sujeto \u00a0especial del petente, los atrasos en los cuales ha incurrido el \u00a0fallador convocado \u201c(\u2026) no \u00a0son absurdos y se justifican en la carga laboral que presentan [ese] \u00a0tipo \u00a0de despachos judiciales (\u2026)\u201d. \u00a0<\/p>\n<p>Agreg\u00f3 \u00a0que los reparos en torno al \u201c(\u2026) manejo \u00a0de los c\u00e1nones de arrendamiento (\u2026)\u201d, \u00a0son ajenos al objeto de la acci\u00f3n de tutela por concernir a \u00a0una cuesti\u00f3n de tipo econ\u00f3mico, adem\u00e1s, dichos \u00a0cuestionamientos \u201c(\u2026) pueden \u00a0ser dirimid[o]s \u00a0(\u2026) \u00a0a \u00a0trav\u00e9s de las herramientas que entrega la ley (\u2026)\u201d \u00a0(fls. \u00a020 al 24, cdno. 1). \u00a0<\/p>\n<p>\u00a0 \u00a0\u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0<\/p>\n<p>3. La \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0impugnaci\u00f3n \u00a0 \u00a0<\/p>\n<p>El \u00a0promotor \u00a0impugn\u00f3 el fallo memorado con apoyo en argumentos similares a \u00a0los expresados en el libelo introductor (fls. 26 al 30, cdno. 1). \u00a0<\/p>\n<p>2. \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0CONSIDERACIONES \u00a0<\/p>\n<p>1. \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0Examinada \u00a0la queja constitucional, se advierte que el promotor cuestiona (i) la \u00a0tardanza en la cual ha incurrido el despacho acusado en desatar el \u00a0pleito liquidatorio acusado; y (ii) la administraci\u00f3n de los \u00a0c\u00e1nones de arrendamiento generados por las propiedades \u00a0inventariadas en el asunto reprochado y recibidos por Dora Luc\u00eda \u00a0Chamorro Unigarro. \u00a0<\/p>\n<p>2. \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0En \u00a0torno al primer motivo de censura, se advierte su fracaso, por cuanto \u00a0examinado el informe rendido por el juzgador convocado, no se colige \u00a0una mora judicial injustificada en su gesti\u00f3n. \u00a0<\/p>\n<p>Sobre \u00a0la demora \u00a0en las actuaciones jurisdiccionales, esta Corporaci\u00f3n ha \u00a0precisado: \u00a0<\/p>\n<p>\u201c(\u2026) \u00a0[U]no \u00a0de los principios que integran el debido proceso, consiste en que \u00a0trat\u00e1ndose de actuaciones judiciales o administrativas, \u00e9stas \u00a0fuera de ser p\u00fablicas, se cumplan sin dilaciones \u00a0\u2018injustificadas\u2019, o sea, que el tr\u00e1mite se \u00a0desenvuelva con sujeci\u00f3n a la legislaci\u00f3n ritual \u00a0legalmente establecida, y por ende, con observancia de los pasos y \u00a0t\u00e9rminos que la normatividad ha organizado para los diferentes \u00a0procesos y actuaciones administrativas. Si, sin motivo justificado, \u00a0el funcionario judicial o administrativo se desentiende de impulsar y \u00a0decidir la actuaci\u00f3n dentro de los periodos se\u00f1alados \u00a0por el ordenamiento (arts. 209 y 228 Const. Nal.), tal conducta es \u00a0lesiva del derecho constitucional del debido proceso, como \u00a0ciertamente en el punto lo se\u00f1ala el art\u00edculo 29 de la \u00a0Carta Pol\u00edtica. Porque las personas, no solo tienen derecho a \u00a0acceder a la justicia (art. 229 Const. Nal.), sino adem\u00e1s que \u00a0sus s\u00faplicas o peticiones se impulsen y decidan con \u00a0acatamiento a los t\u00e9rminos procesales [\u2026] (CSJ STC Feb. \u00a015 1995 rad. 1937, reiterada, entre otras, CSJ STC 8 Jun. 2010, rad. \u00a000814-00 y 19 Dic. 2012, rad. 00814-00) (\u2026)\u201d. \u00a0<\/p>\n<p>\u201cAsimismo, \u00a0ha expuesto que: \u00a0<\/p>\n<p>\u201c[L]a \u00a0protecci\u00f3n del derecho fundamental al debido proceso por mora \u00a0judicial, se circunscribe a la verificaci\u00f3n objetiva de su \u00a0calificaci\u00f3n entre justificada e injustificada, pues si existe \u00a0alguna de las causales de justificaci\u00f3n, tales como la fuerza \u00a0mayor, el caso fortuito, la culpa del tercero o cualquier otra \u00a0circunstancia objetiva y razonable que permita establecer que la mora \u00a0es aceptable, no podr\u00e1 predicarse la violaci\u00f3n del \u00a0derecho al debido proceso. \u00a0Se insiste, la \u00a0 protecci\u00f3n \u00a0efectiva del derecho opera cuando la mora judicial es injustificada \u00a0(CSJ \u00a0STC, 19 sep. 2008, rad. 01138-00; reiterado, entre otros \u00a0pronunciamientos, en CSJ STC, 25 feb. 2013, rad. 00003-01) (\u2026)\u201d1. \u00a0<\/p>\n<p>Por \u00a0tanto, esta salvaguarda no prospera frente al juez accionado, pues \u00a0sin desconocer la situaci\u00f3n de vulnerabilidad del censor, \u00a0conforme al criterio decantado de esta Corte, las situaciones de \u00a0dilaci\u00f3n que abren paso a este excepcional mecanismo deben \u00a0carecer de defensa, es decir, ser el resultado de un comportamiento \u00a0ap\u00e1tico del juzgado acusado, lo cual no se vislumbra en este \u00a0caso, pues la relaci\u00f3n pormenorizada de las distintas etapas \u00a0adelantadas dentro del juicio liquidatorio atacado, donde se ha \u00a0garantizado el derecho de contradicci\u00f3n de los sujetos \u00a0procesales, devela con suficiencia los motivos por los cuales a\u00fan \u00a0no ha se ha emitido la decisi\u00f3n final en ese litigio. \u00a0<\/p>\n<p>3. \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0Ahora, \u00a0en lo atinente al reparo entablado frente a Dora Luc\u00eda \u00a0Chamorro Unigarro, se advierte su fracaso no s\u00f3lo porque las \u00a0especiales circunstancias previstas por el art\u00edculo 42 del \u00a0Decreto 2591 de 1991, para la viabilidad de la acci\u00f3n de \u00a0tutela contra particulares no est\u00e1n acreditadas, sino adem\u00e1s, \u00a0por cuanto el querellante tiene a su alcance las herramientas \u00a0ordinarias correspondientes para obtener la restituci\u00f3n de los \u00a0dineros supuestamente recibidos por la prenombrada. \u00a0<\/p>\n<p>En \u00a0este punto, corresponde anotar que \u00a0si Chamorro Unigarro estima la comisi\u00f3n de conductas punibles \u00a0por parte del aqu\u00ed tutelante, es ella quien debe poner esas \u00a0circunstancias en conocimiento de las autoridades competentes. \u00a0<\/p>\n<p>4. \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0En \u00a0consecuencia, se confirmar\u00e1 el fallo impugnado. \u00a0<\/p>\n<p>3. \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0DECISI\u00d3N \u00a0<\/p>\n<p>En m\u00e9rito \u00a0de lo expuesto, la Corte Suprema de Justicia, en Sala de Casaci\u00f3n \u00a0Civil, administrando justicia en nombre de la Rep\u00fablica y por \u00a0autoridad de la ley, \u00a0<\/p>\n<p>RESUELVE: \u00a0<\/p>\n<p>PRIMERO: \u00a0CONFIRMAR \u00a0la sentencia de fecha y lugar de procedencia anotada. \u00a0<\/p>\n<p>SEGUNDO: \u00a0Notif\u00edquese \u00a0lo as\u00ed decidido, mediante comunicaci\u00f3n telegr\u00e1fica, \u00a0a todos los interesados y rem\u00edtase oportunamente el expediente \u00a0a la Corte Constitucional para su eventual revisi\u00f3n. \u00a0<\/p>\n<p>NOTIF\u00cdQUESE \u00a0Y C\u00daMPLASE \u00a0<\/p>\n<p>LUIS ARMANDO \u00a0TOLOSA VILLABONA \u00a0<\/p>\n<p>Presidente \u00a0de Sala \u00a0<\/p>\n<p>MARGARITA \u00a0CABELLO BLANCO \u00a0<\/p>\n<p>\u00c1LVARO \u00a0FERNANDO GARC\u00cdA RESTREPO \u00a0<\/p>\n<p>FERNANDO \u00a0GIRALDO GUTI\u00c9RREZ \u00a0<\/p>\n<p>ARIEL \u00a0SALAZAR RAM\u00cdREZ \u00a0<\/p>\n<p>1 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0Corte Suprema de Justicia. STC de 5 de mayo de 2015, exp. \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a023001-22-14-000-2014-00203-02. \u00a0<\/p>\n<p>\u00a0 \u00a0 \u00a0\u00a0<\/p>\n<p><\/p>\n","protected":false},"excerpt":{"rendered":"<p>\u00a0 \u00a0 \u00a0 Rep\u00fablica \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 de Colombia \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0\u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0\u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0\u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 Corte \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0Suprema de Justicia \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0\u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0\u00a0 CORTE SUPREMA \u00a0DE JUSTICIA [&hellip;]<\/p>\n","protected":false},"author":1,"featured_media":0,"comment_status":"open","ping_status":"open","sticky":false,"template":"","format":"standard","meta":{"footnotes":""},"categories":[96],"tags":[],"class_list":["post-92479","post","type-post","status-publish","format-standard","hentry","category-96"],"_links":{"self":[{"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/posts\/92479","targetHints":{"allow":["GET"]}}],"collection":[{"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/posts"}],"about":[{"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/types\/post"}],"author":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/users\/1"}],"replies":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/comments?post=92479"}],"version-history":[{"count":0,"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/posts\/92479\/revisions"}],"wp:attachment":[{"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/media?parent=92479"}],"wp:term":[{"taxonomy":"category","embeddable":true,"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/categories?post=92479"},{"taxonomy":"post_tag","embeddable":true,"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/tags?post=92479"}],"curies":[{"name":"wp","href":"https:\/\/api.w.org\/{rel}","templated":true}]}}