\u00a0 \u00a0 \u00a0 Rep\u00fablica \u00a0de \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0Colombia \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0<\/p>\n
\u00a0\u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0<\/p>\n
\u00a0\u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0<\/p>\n
Corte \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0Suprema de Justicia \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0<\/p>\n
\u00a0 \u00a0\u00a0<\/p>\n
CORTE \u00a0SUPREMA \u00a0 DE \u00a0JUSTICIA \u00a0<\/p>\n
SALA \u00a0 DE \u00a0CASACI\u00d3N \u00a0CIVIL \u00a0<\/p>\n
FERNANDO \u00a0GIRALDO GUTI\u00c9RREZ \u00a0<\/p>\n
Magistrado \u00a0ponente \u00a0<\/p>\n
STC13402-2015 \u00a0<\/p>\n
Radicaci\u00f3n \u00a0n\u00ba. \u00a011001-02-03-000-2015-02298-00 \u00a0<\/p>\n
(Aprobado \u00a0en sesi\u00f3n de treinta de septiembre de dos mil quince) \u00a0<\/p>\n
Bogot\u00e1, \u00a0D. \u00a0C., primero (1\u00b0) de octubre de dos mil quince (2015). \u00a0<\/p>\n
Se decide la \u00a0tutela de Cesar Augusto Fern\u00e1ndez Otero frente a las Salas de \u00a0Casaci\u00f3n Penal de la Corte Suprema de Justicia, y Penal del \u00a0Tribunal Superior del Distrito Judicial de Manizales y la Fiscal\u00eda \u00a0Delegada ante la \u00faltima. \u00a0<\/p>\n
\u00a0 \u00a0\u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0<\/p>\n
I. ANTECEDENTES \u00a0<\/p>\n
1.- Obrando en \u00a0nombre propio, \u00a0el promotor sostiene que le fueron transgredidos los derechos al \u00a0debido proceso y dignidad humana. \u00a0<\/p>\n
2.- Se\u00f1ala \u00a0como contrarias a sus prerrogativas las sentencias de ambas \u00a0instancias que le impusieron treinta (30) meses de prisi\u00f3n y \u00a0cuarenta (40) de inhabilitaci\u00f3n de derechos y funciones \u00a0p\u00fablicas por el delito de falsedad ideol\u00f3gica en \u00a0documento p\u00fablico en concurso homog\u00e9neo. \u00a0<\/p>\n
3.- Sustenta la \u00a0protecci\u00f3n en los supuestos f\u00e1cticos que pasan a \u00a0compendiarse (fls. 1 al 10): \u00a0<\/p>\n
a.-) \u00a0Que el Fiscal \u00a0Tercero Delegado ante el Tribunal de Manizales le formul\u00f3 \u00a0imputaci\u00f3n por el mencionado il\u00edcito (25 nov. 2011). \u00a0<\/p>\n
b.-) \u00a0Que \u00a0no acept\u00f3 los cargos pero celebr\u00f3 preacuerdo haci\u00e9ndose \u00a0acreedor a la rebaja del cincuenta por ciento (50 %) de la pena. \u00a0<\/p>\n
c.-) \u00a0Que el convenio fue aprobado por el a \u00a0quo, \u00a0quien dict\u00f3 fallo penaliz\u00e1ndolo con treinta y ocho (38) \u00a0meses de sanci\u00f3n intramural y ochenta (80) de inhabilitaci\u00f3n \u00a0para el ejercicio de derechos y funciones p\u00fablicas (3 feb. \u00a02012). \u00a0<\/p>\n
d.-) \u00a0Que lo apel\u00f3 solicitando la modificaci\u00f3n parcial para \u00a0que, en su lugar, se realizara el descuento del cincuenta por ciento \u00a0(50 %) en el castigo accesorio. \u00a0<\/p>\n
e.-) \u00a0Que la Sala de Casaci\u00f3n Penal de la Corte lo \u00a0disminuy\u00f3 \u00a0a cuarenta (40) meses (2 may. 2012). \u00a0<\/p>\n
f.-) \u00a0Que estima \u00a0conculcadas sus garant\u00edas al tenerse en cuenta para tasar la \u00a0condena la circunstancia de mayor punibilidad de que trata el \u00a0art\u00edculo 58 numeral 9 del C\u00f3digo Penal, al \u00a0<<sancionarme en m\u00e1s de una vez por la investidura que \u00a0otrora ten\u00eda al momento de los hechos objeto de reproche \u00a0penal; es \u00a0decir como funcionario de alto rango de la Fiscal\u00eda \u00a0General de la Naci\u00f3n y por la calidad de servidor p\u00fablico>>. \u00a0<\/p>\n
g.-) \u00a0Que si bien las decisiones que cuestiona datan del a\u00f1o 2012, \u00a0en la actualidad surten efectos, pues, las est\u00e1 ejecutando y \u00a0cumpliendo. \u00a0<\/p>\n
4.- \u00a0Pide que se \u00a0le \u00a0<<redosifique \u00a0la pena de prisi\u00f3n impuesta>> (fl. \u00a09). \u00a0<\/p>\n
II. \u00a0RESPUESTA \u00a0DE LOS ACCIONADOS \u00a0<\/p>\n
Hasta \u00a0la fecha de \u00a0someter el proyecto a estudio de la Sala, no se han pronunciado. \u00a0<\/p>\n
TR\u00c1MITE \u00a0<\/p>\n
Agotada la \u00a0instrucci\u00f3n prosigue resolver el reguardo planteado. \u00a0<\/p>\n
\u00a0 \u00a0\u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0<\/p>\n
III. CONSIDERACIONES \u00a0<\/p>\n
1.- La \u00a0controversia se centra en establecer si las autoridades censuradas \u00a0vulneraron el inter\u00e9s superior del gestor, al condenarlo a \u00a0treinta y ocho (38) meses de prisi\u00f3n y cuarenta (40) de \u00a0inhabilitaci\u00f3n de derechos y funciones p\u00fablicas por \u00a0falsedad ideol\u00f3gica de documento p\u00fablico en concurso \u00a0homog\u00e9neo, seg\u00fan \u00e9l, sancion\u00e1ndolo dos \u00a0veces por la calidad de funcionario p\u00fablico que para la \u00e9poca \u00a0de los hechos ten\u00eda. \u00a0<\/p>\n
2.- Por \u00a0la consagraci\u00f3n constitucional de la autonom\u00eda \u00a0judicial, las determinaciones de los funcionarios que administran \u00a0justicia son, en principio, ajenas al an\u00e1lisis propio de la \u00a0salvaguarda prevista en el art\u00edculo 86 de la Carta Pol\u00edtica; \u00a0salvo, en los eventos en que se emita alguna ostensiblemente \u00a0arbitraria y caprichosa, producto de su liberalidad, a tal punto que \u00a0configure una \u201cv\u00eda \u00a0de hecho\u201d, \u00a0y bajo los presupuestos de que la persona afectada acuda dentro de un \u00a0t\u00e9rmino razonable y no tenga o no haya desaprovechado otros \u00a0remedios efectivos para conjurar el agravio. \u00a0<\/p>\n
3.- \u00a0Para \u00a0el examen que se realiza, est\u00e1 demostrado: \u00a0<\/p>\n
a.-) Que el \u00a0Juzgado Segundo Penal Municipal con Funci\u00f3n de Control de \u00a0Garant\u00edas de Manizales, celebr\u00f3 audiencia preliminar \u00a0donde se efectu\u00f3 la <<formulaci\u00f3n \u00a0de imputaci\u00f3n>> en \u00a0contra de Cesar Augusto Fern\u00e1ndez Vega por el referido il\u00edcito \u00a0(25 nov. 2011). \u00a0<\/p>\n
b.-) Que \u00a0en preacuerdo allegado al Centro de Servicios Judiciales, el acusado \u00a0acept\u00f3 la comisi\u00f3n de la conducta para hacerse acreedor \u00a0a la reducci\u00f3n del cincuenta por ciento (50 %) de la pena (2 \u00a0dic.). \u00a0<\/p>\n
c.-) \u00a0Que el Tribunal aprob\u00f3 el pacto (17 ene. 2012), y luego le \u00a0impuso treinta y ocho (38) meses de prisi\u00f3n y ochenta (80) de \u00a0inhabilitaci\u00f3n para el ejercicio de derechos y funciones \u00a0p\u00fablicas (3 feb.). \u00a0<\/p>\n
d.-) Que la Sala \u00a0de Casaci\u00f3n Penal de la Corte convalid\u00f3 la decisi\u00f3n, \u00a0con la modificaci\u00f3n de <<fijar \u00a0la pena de inhabilitaci\u00f3n para el ejercicio de derechos y \u00a0funciones p\u00fablicas en cuarenta (40) meses>> \u00a0(2 may. 2012). \u00a0<\/p>\n
e.-) \u00a0Que esta acci\u00f3n fue radicada el 23 de septiembre del a\u00f1o \u00a0en curso. \u00a0<\/p>\n
4.- No se \u00a0acoger\u00e1 la tutela por los siguientes motivos: \u00a0<\/p>\n
Para \u00a0hacer procedente y cierto el requerimiento de prontitud, consagrado \u00a0en el art\u00edculo 86 de la Constituci\u00f3n Pol\u00edtica, \u00a0la jurisprudencia de esta Corporaci\u00f3n ha fijado un plazo de \u00a0seis (6) meses, para que aquella pueda ejercerse, de tal manera que \u00a0no deja al arbitrio de los litigantes ni del juzgador establecerlo, \u00a0lo que no implica que sea inamovible ante excepcionales \u00a0circunstancias que el afectado debe invocar y acreditar. \u00a0<\/p>\n
As\u00ed \u00a0ha expresado \u00a0<\/p>\n
(\u2026) \u00a0Ahora, si bien la jurisprudencia no ha se\u00f1alado de manera \u00a0un\u00e1nime el t\u00e9rmino en el cual debe operar el \u00a0decaimiento de la petici\u00f3n de amparo frente a decisiones \u00a0judiciales por falta de inmediatez, s\u00ed resulta di\u00e1fano \u00a0que \u00e9ste no puede ser tan amplio que impida la consolidaci\u00f3n \u00a0de las situaciones jur\u00eddicas creadas por la jurisdicci\u00f3n \u00a0y, menos a\u00fan, que no permita adquirir certeza sobre los \u00a0derechos reclamados\u2026En verdad, muy breve ha de ser el tiempo \u00a0que debe transcurrir entre la fecha de la determinaci\u00f3n \u00a0judicial acusada y el reclamo constitucional que se enfila contra \u00a0ella, con miras a que \u00e9ste \u00faltimo no pierda su raz\u00f3n \u00a0de ser, convirti\u00e9ndose, subsecuentemente, en un instrumento \u00a0que genere incertidumbre, zozobra y menoscabo a los derechos y \u00a0leg\u00edtimos intereses de terceros.(\u2026) As\u00ed las \u00a0cosas, en el presente evento no puede tenerse por cumplida la \u00a0exigencia de inmediatez de la solicitud por cuanto supera en mucho el \u00a0lapso razonable de los seis meses que se adopta, y no se demostr\u00f3, \u00a0ni invoc\u00f3 siquiera, justificaci\u00f3n de tal demora por el \u00a0accionante (CSJ \u00a0STC, 17 de marzo de 2014, exp. 00012-01, \u00a0STC-2015, 16 abr. rad. 00662-00, STC6984-2015, \u00a04 jun. rad. 01127-00, STC2015, 16 jul. rad. 01510-00, STC2015, 26 \u00a0ago. rad. 01815-00, STC-2015, 23 sep. rad. 02233-00). \u00a0<\/p>\n
En el caso \u00a0concreto, el citado principio de celeridad no se encuentra \u00a0satisfecho, ya que entre la fecha del veredicto de primera instancia \u00a0(3 feb. 2012), el de la Sala Penal de la Corte (2 may. 2012) y \u00a0la del escrito genitor (23 sep. 2015), \u00a0se \u00a0super\u00f3 ampliamente el semestre que se ha estimado como \u00a0razonable para intentar la tutela, lo que torna improcedente el \u00a0estudio de fondo del asunto. \u00a0<\/p>\n
Adem\u00e1s, el \u00a0querellante no aleg\u00f3, ni menos prob\u00f3 que por \u00a0circunstancias ajenas a su voluntad, estuvo en imposibilidad de \u00a0acudir tempranamente al mecanismo residual, activ\u00e1ndolo, se \u00a0itera, superado el per\u00edodo antes se\u00f1alado. \u00a0<\/p>\n
La mera \u00a0manifestaci\u00f3n de sentirse damnificado por los fallos que ahora \u00a0cuestiona, los cuales est\u00e1 <<ejecutando \u00a0y cumpliendo>> no \u00a0es suficiente para tener por superada la demora en la interposici\u00f3n \u00a0de la salvaguarda, m\u00e1xime cuando fue enjuiciado y condenado \u00a0como consecuencia de su propio actuar. \u00a0<\/p>\n
Adem\u00e1s, \u00a0trat\u00e1ndose de providencias judiciales, la jurisprudencia de la \u00a0Sala ha sido uniforme en se\u00f1alar que el t\u00e9rmino antes \u00a0indicado, se computa desde la fecha de la decisi\u00f3n atacada, \u00a0que en este evento, se itera data del 2 de mayo de 2012. \u00a0<\/p>\n
La \u00a0Corporaci\u00f3n, en STC \u00a018 dic 2013, rad. 01210-01, STC9399-2014, \u00a0rad. 01468-00, STC-2015, 16 abr. rad. 00662-00, STC-2015, 28 may, \u00a0rad. 01085-00, STC6984-2015, \u00a04 jun. rad. 01127-00, STC-2015, 23 sep. rad. 02233-00, tiene \u00a0sentado \u00a0<\/p>\n
(\u2026) como \u00a0los hechos en los que se sustenta la demanda constitucional datan de \u00a0hace m\u00e1s de seis meses\u2026 aquella no satisface la \u00a0exigencia de la tempestividad\u2026 circunstancia que deja sin \u00a0soporte la protecci\u00f3n,\u2026 ahora,\u2026no se acredit\u00f3 \u00a0la imposibilidad para presentar el amparo en tiempo\u2026 \u2018en \u00a0orden a procurar el cumplimiento del memorado requisito, la Sala en \u00a0reiterados pronunciamientos ha considerado por t\u00e9rmino \u00a0ajustado para la interposici\u00f3n de la queja el de seis meses. \u00a0<\/p>\n
5.- Por \u00a0consiguiente, se desestimar\u00e1 la protecci\u00f3n suplicada. \u00a0<\/p>\n
\u00a0 \u00a0\u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0<\/p>\n
III. DECISI\u00d3N \u00a0<\/p>\n
En m\u00e9rito \u00a0de lo expuesto, la Corte Suprema de Justicia en Sala de Casaci\u00f3n \u00a0Civil, administrando justicia en nombre de la Rep\u00fablica y por \u00a0autoridad de la ley, NIEGA \u00a0el amparo solicitado. \u00a0<\/p>\n
Comun\u00edquese \u00a0telegr\u00e1ficamente lo aqu\u00ed resuelto a las partes y de no \u00a0ser impugnado el fallo, oportunamente rem\u00edtase el expediente a \u00a0la Corte Constitucional para su eventual revisi\u00f3n. \u00a0<\/p>\n
Notif\u00edquese \u00a0<\/p>\n
LUIS ARMANDO \u00a0TOLOSA VILLABONA \u00a0<\/p>\n
Presidente de \u00a0Sala \u00a0<\/p>\n
MARGARITA \u00a0CABELLO BLANCO \u00a0<\/p>\n
\u00c1LVARO \u00a0FERNANDO GARC\u00cdA RESTREPO \u00a0<\/p>\n
FERNANDO \u00a0GIRALDO GUTI\u00c9RREZ \u00a0<\/p>\n
ARIEL SALAZAR \u00a0RAM\u00cdREZ \u00a0<\/p>\n
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