{"id":93215,"date":"2024-05-31T22:15:06","date_gmt":"2024-05-31T22:15:06","guid":{"rendered":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/2024\/05\/31\/stc14323-2015\/"},"modified":"2024-05-31T22:15:06","modified_gmt":"2024-05-31T22:15:06","slug":"stc14323-2015","status":"publish","type":"post","link":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/2024\/05\/31\/stc14323-2015\/","title":{"rendered":"STC 14323 2015"},"content":{"rendered":"\n<p>\u00a0 \u00a0 \u00a0 Rep\u00fablica \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 de Colombia \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0<\/p>\n<p>\u00a0\u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0<\/p>\n<p>\u00a0\u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0<\/p>\n<p>\u00a0\u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0<\/p>\n<p>Corte \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0Suprema de Justicia \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0<\/p>\n<p>\u00a0 \u00a0\u00a0<\/p>\n<p>CORTE SUPREMA \u00a0DE JUSTICIA \u00a0<\/p>\n<p>SALA \u00a0DE CASACI\u00d3N CIVIL \u00a0<\/p>\n<p>LUIS ARMANDO \u00a0TOLOSA VILLABONA \u00a0<\/p>\n<p>Magistrado \u00a0ponente \u00a0<\/p>\n<p>STC14323-2015 \u00a0<\/p>\n<p>Radicaci\u00f3n \u00a0n.\u00b0 54001-22-21-000-2015-00143-01 \u00a0<\/p>\n<p>(Aprobado \u00a0en sesi\u00f3n de trece de octubre de dos mil quince) \u00a0<\/p>\n<p>Bogot\u00e1, \u00a0D. C., diecinueve (19) de octubre de dos mil quince (2015). \u00a0<\/p>\n<p>Dec\u00eddese \u00a0la impugnaci\u00f3n interpuesta frente a la sentencia de 8 \u00a0de septiembre de 2015 dictada por la Sala Civil Especializada en \u00a0Restituci\u00f3n de Tierras del \u00a0Tribunal Superior del Distrito Judicial de C\u00facuta dentro de la \u00a0acci\u00f3n de tutela instaurada por Frank Norman Mari\u00f1o \u00a0Sarmiento en contra de la Direcci\u00f3n \u00a0de Impuestos y Aduanas Nacionales -DIAN-. \u00a0<\/p>\n<p>1. ANTECEDENTES \u00a0<\/p>\n<p>1. \u00a0El promotor \u00a0demanda la protecci\u00f3n de los derechos de petici\u00f3n y \u00a0debido proceso, presuntamente quebrantados por la autoridad \u00a0querellada. \u00a0<\/p>\n<p>2. \u00a0Sostiene, \u00a0como base de su reclamo, en s\u00edntesis, lo siguiente (fls. \u00a01 a 7): \u00a0<\/p>\n<p>2.1. \u00a0El ahora actor, Frank Norman Mari\u00f1o Sarmiento, se desempe\u00f1a \u00a0como \u201cfacilitador \u00a0III, grado 3-03\u201d \u00a0en la seccional C\u00facuta de la Direcci\u00f3n de Impuestos y \u00a0Aduanas Nacionales. \u00a0<\/p>\n<p>2.2. \u00a0La se\u00f1alada entidad \u201c(\u2026) implement\u00f3 \u00a0el procedimiento de selecci\u00f3n (\u2026)\u201d \u00a0para empleos \u201ctemporales, \u00a0en encargo y provisionales\u201d, \u00a0y el se\u00f1or Mari\u00f1o Sarmiento se inscribi\u00f3 \u00a0aspirando se le designara como \u201cGestor \u00a0III, c\u00f3digo 303, grado 03\u201d. \u00a0<\/p>\n<p>2.3. \u00a0Mediante Resoluci\u00f3n N\u00b0 3188 de 20 de abril de 2015 la DIAN \u00a0efectu\u00f3 el nombramiento de dos personas en las vacantes \u00a0disponibles para el cargo pretendido por el aqu\u00ed quejoso. \u00a0<\/p>\n<p>2.4. \u00a0Teniendo en cuenta que una de las elegidas no acept\u00f3 el \u00a0trabajo, el querellante requiri\u00f3 a la acusada el 22 de junio \u00a0de 2015, le informara si \u00e9l cumpl\u00eda con los requisitos \u00a0para ser escogido en esa plaza, y de ser as\u00ed se procediera a \u00a0ello. \u00a0<\/p>\n<p>2.5. \u00a0Hasta la fecha de interposici\u00f3n de la presente salvaguarda \u00a0constitucional no se ha resuelto ese pedimento. \u00a0<\/p>\n<p>3. \u00a0Implora ordenar se expida una contestaci\u00f3n \u201c(\u2026) \u00a0clara, \u00a0precisa y concisa (\u2026)\u201d \u00a0a su solicitud. \u00a0<\/p>\n<p>1.1. \u00a0Respuesta del accionado \u00a0<\/p>\n<p>La \u00a0entidad convocada se \u00a0opuso a la prosperidad del ruego tuitivo, precisando que mediante \u00a0oficio N\u00b0 100100206214-002839 de 31 de agosto de 2015 emiti\u00f3 \u00a0un pronunciamiento respecto de lo exigido por el gestor (fls. 32 a \u00a042). \u00a0<\/p>\n<p>\u00a0 \u00a0\u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0<\/p>\n<p>2. La \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0sentencia impugnada \u00a0 \u00a0<\/p>\n<p>Neg\u00f3 \u00a0la salvaguarda aduciendo: \u00a0<\/p>\n<p>\u201c(\u2026) \u00a0[L]a \u00a0DIAN no ha vulnerado los derechos fundamentales invocados por el \u00a0actor, en la medida que acredit\u00f3 haber considerado y evaluado \u00a0el caso particular del se\u00f1or Frank Norman Mari\u00f1o \u00a0Sarmiento, a partir de sus solicitudes y a la luz de la normatividad \u00a0general y especial; adem\u00e1s, demostr\u00f3 igualmente haber \u00a0emitido una respuesta amplia, clara y de fondo (\u2026)\u201d. \u00a0<\/p>\n<p>1.3. \u00a0La impugnaci\u00f3n \u00a0<\/p>\n<p>La \u00a0formul\u00f3 el promotor reiterando los argumentos esgrimidos en el \u00a0libelo genitor, criticando la respuesta emitida por la DIAN por ser \u00a0\u201cevasiva\u201d \u00a0y afirmando que \u201clos \u00a0tiempos\u201d \u00a0del proceso administrativo le \u201c(\u2026) llevar\u00edan \u00a0un perjuicio irremediable, toda vez que (\u2026) \u00a0el tr\u00e1mite de encargo es transitorio \u00a0(\u2026)\u201d (fls. 5 a 11 cdno. Corte). \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0<\/p>\n<p>2. CONSIDERACIONES \u00a0<\/p>\n<p>1. \u00a0En \u00a0torno al derecho de petici\u00f3n, esta Sala ha reiterado su \u00a0car\u00e1cter fundamental por expreso reconocimiento del art\u00edculo \u00a023 de la Constituci\u00f3n Pol\u00edtica. Esa garant\u00eda se \u00a0concreta en la posibilidad de presentar demandas respetuosas a las \u00a0autoridades para obtener respuestas oportunas, completas y adecuadas. \u00a0\u00c9stas deben corresponder a lo solicitado y notificarse en los \u00a0precisos plazos establecidos por la ley1; \u00a0sin que ello implique, el acogimiento del fondo del asunto, por \u00a0cuanto el ordenamiento constitucional no demanda acceder a lo \u00a0peticionado. \u00a0<\/p>\n<p>2. \u00a0Sobre \u00a0el alcance de la prerrogativa supralegal mencionada, esta Sala ha \u00a0precisado: \u00a0<\/p>\n<p>\u201c(\u2026) \u00a0[I] \u00a0El derecho de petici\u00f3n es fundamental y determinante para la \u00a0efectividad de los mecanismos de la democracia participativa, \u00a0garantizando a su vez otros derechos constitucionales, como los \u00a0derechos a la informaci\u00f3n, a la participaci\u00f3n pol\u00edtica \u00a0y a la libertad de expresi\u00f3n; (ii) el n\u00facleo esencial \u00a0del derecho de petici\u00f3n reside en la resoluci\u00f3n pronta \u00a0y oportuna de la cuesti\u00f3n; (iii) la \u00a0petici\u00f3n debe ser resuelta de fondo, de manera clara, \u00a0oportuna, precisa y congruente con lo solicitado; (iv) la respuesta \u00a0debe producirse dentro de un plazo razonable, el cual debe ser lo m\u00e1s \u00a0corto posible; \u00a0(v) la respuesta no implica aceptaci\u00f3n de lo solicitado ni \u00a0tampoco se concreta siempre en una respuesta escrita; (vi) este \u00a0derecho, por regla general, se aplica a entidades estatales, y en \u00a0algunos casos a los particulares; (vii) el silencio administrativo \u00a0negativo, entendido como un mecanismo para agotar la v\u00eda \u00a0gubernativa y acceder a la v\u00eda judicial, no satisface el \u00a0derecho fundamental de petici\u00f3n pues su objeto es distinto. \u00a0Por el contrario, el silencio administrativo es la prueba \u00a0incontrovertible de que se ha violado el derecho de petici\u00f3n; \u00a0(viii) el derecho de petici\u00f3n tambi\u00e9n es aplicable en \u00a0la v\u00eda gubernativa; (ix) la falta de competencia de la entidad \u00a0ante quien se plantea, no la exonera del deber de responder; y (x) \u00a0ante la presentaci\u00f3n de una petici\u00f3n, la entidad \u00a0p\u00fablica debe notificar su respuesta al interesado \u00a0(\u2026)\u201d2 \u00a0(subraya \u00a0la Sala). \u00a0<\/p>\n<p>3. \u00a0Censura el accionante, Frank Norman Mari\u00f1o Sarmiento, la falta \u00a0de respuesta de la Direcci\u00f3n entutelada al requerimiento \u00a0elevado el 22 de junio de 2015, con el cual pretend\u00eda se le \u00a0designara como \u201cGestor \u00a0III, c\u00f3digo 303, grado 03\u201d. \u00a0<\/p>\n<p>4. \u00a0Se advierte que frente \u00a0al pedimento incoado por el ahora gestor, la accionada demostr\u00f3 \u00a0haber remitido contestaci\u00f3n el \u00a031 de agosto de 2015, manifest\u00e1ndole la imposibilidad de \u00a0acceder a su reclamaci\u00f3n, por no cumplir \u201c(\u2026) con \u00a0el requisito de experiencia para el desempe\u00f1o en ese empleo \u00a0(\u2026)\u201d, \u00a0pues no acredit\u00f3 los 3 a\u00f1os de pr\u00e1ctica \u00a0profesional exigidos para el efecto (fls. 34 a 37). \u00a0<\/p>\n<p>5. \u00a0Por lo tanto, refulge que \u00a0la lesi\u00f3n de la garant\u00eda constitucional endilgada se \u00a0super\u00f3 durante el tr\u00e1mite de estas diligencias. La \u00a0informaci\u00f3n suministrada por la querellada es acertada, por \u00a0cuanto le indic\u00f3 al promotor los motivos por los cuales se \u00a0denegaba su postulaci\u00f3n. \u00a0<\/p>\n<p>De \u00a0lo expuesto se colige que en este momento no hay lugar a impartir una \u00a0orden a la entutelada. Es \u00a0pertinente memorar que la satisfacci\u00f3n del derecho fundamental \u00a0de petici\u00f3n no implica aceptar las demandas de los \u00a0interesados. \u00a0<\/p>\n<p>En una acci\u00f3n \u00a0similar esta Sala indic\u00f3: \u00a0<\/p>\n<p>\u201c(\u2026) \u00a0[S]i \u00a0la omisi\u00f3n por la cual la persona se queja (\u2026) \u00a0ya ha sido superada, en el sentido que la pretensi\u00f3n erigida \u00a0en defensa del derecho conculcado (\u2026) \u00a0ha \u00a0sido totalmente [satisfecha] \u00a0(\u2026) \u00a0la tutela pierde su eficacia y raz\u00f3n de ser, por lo que la \u00a0posible orden que llegase a impartir el juez del amparo carecer\u00eda \u00a0de sentido (\u2026)\u201d3. \u00a0<\/p>\n<p>6. \u00a0Finalmente, respecto a los argumentos p\u00e1bulo de la impugnaci\u00f3n \u00a0elevada por el se\u00f1or Mari\u00f1o Sarmiento, atinentes a la \u00a0materializaci\u00f3n de un perjuicio irremediable por conminarlo a \u00a0acudir a la jurisdicci\u00f3n contencioso administrativa a \u00a0controvertir el acto a trav\u00e9s del cual se zanj\u00f3 su \u00a0solicitud, es pertinente precisar que no est\u00e1n acreditadas las \u00a0condiciones del menoscabo aducido, de caracter\u00edsticas graves, \u00a0inminentes y urgentes, y con entidad suficiente para facultar la \u00a0intervenci\u00f3n de esta excepcional jurisdicci\u00f3n. \u00a0<\/p>\n<p>En \u00a0una acci\u00f3n similar, esta Sala indic\u00f3: \u00a0<\/p>\n<p>\u201c(\u2026) \u00a0[N]o \u00a0se han demostrado las circunstancias necesarias para conceder la \u00a0tutela como mecanismo transitorio, por cuanto que sin la presencia de \u00a0los supuestos del perjuicio irremediable que la doctrina \u00a0constitucional reclama para su prosperidad, lo alegado tampoco cumple \u00a0con las caracter\u00edsticas de gravedad, inminencia y apremio de \u00a0la intervenci\u00f3n del Juez Constitucional\u201d4. \u00a0<\/p>\n<p>7. \u00a0No \u00a0obstante, esta Sala ha destacado la idoneidad de la v\u00eda \u00a0contencioso administrativa para zanjar controversias como la de \u00a0marras, afirmando: \u00a0<\/p>\n<p>\u201c(\u2026) \u00a0[E]n este sentido la \u00a0jurisprudencia de la Sala en asuntos que guardan simetr\u00eda con \u00a0el que en este momento es materia de an\u00e1lisis, ha reiterado \u00a0que es `(\u2026) en el escenario de la respectiva acci\u00f3n \u00a0contencioso administrativa que la actora puede invocar las razones \u00a0aqu\u00ed planteadas, con miras a que el juez natural de la \u00a0actividad de la administraci\u00f3n p\u00fablica tome la decisi\u00f3n \u00a0que en derecho corresponda (\u2026)\u201d5. \u00a0<\/p>\n<p>8. \u00a0Por \u00a0los anteriores argumentos, se impone la confirmaci\u00f3n del fallo \u00a0impugnado. \u00a0<\/p>\n<p>3. DECISI\u00d3N \u00a0<\/p>\n<p>En m\u00e9rito \u00a0de lo expuesto, la Corte Suprema de Justicia, en Sala de Casaci\u00f3n \u00a0Civil, administrando justicia en nombre de la Rep\u00fablica y por \u00a0autoridad de la ley, \u00a0<\/p>\n<p>PRIMERO: \u00a0CONFIRMAR \u00a0la sentencia de fecha y lugar de procedencia anotada. \u00a0<\/p>\n<p>SEGUNDO: \u00a0Notif\u00edquese \u00a0lo as\u00ed decidido, mediante comunicaci\u00f3n telegr\u00e1fica, \u00a0a todos los interesados y rem\u00edtase oportunamente el expediente \u00a0a la Corte Constitucional para su eventual revisi\u00f3n. \u00a0<\/p>\n<p>NOTIF\u00cdQUESE \u00a0Y C\u00daMPLASE \u00a0<\/p>\n<p>LUIS ARMANDO \u00a0TOLOSA VILLABONA \u00a0<\/p>\n<p>Presidente de Sala \u00a0<\/p>\n<p>MARGARITA \u00a0CABELLO BLANCO \u00a0<\/p>\n<p>\u00c1LVARO \u00a0FERNANDO GARC\u00cdA RESTREPO \u00a0<\/p>\n<p>FERNANDO \u00a0GIRALDO GUTI\u00c9RREZ \u00a0<\/p>\n<p>ARIEL SALAZAR \u00a0RAM\u00cdREZ \u00a0<\/p>\n<p>1La \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0sentencia C-818 de 2011 declar\u00f3 inexequibles los art\u00edculos \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a013 a 33 de la Ley 1437 de 2011 relativos al derecho de petici\u00f3n \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0y, sobre la materia, recientemente se promulg\u00f3 la Ley 1755 de \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a02015. \u00a0<\/p>\n<p>2 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0CSJ. STC. 19 de marzo. 2014, Rad. 08001-22-13-000-2014-00053-01 \u00a0<\/p>\n<p>3 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0CSJ.STC. \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a07 nov. 2012, Rad. 11001-02-04-000-2012-02211-01. \u00a0<\/p>\n<p>4 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0CSJ \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0STC 11 de mayo de 2010, exp. 00249-01. \u00a0<\/p>\n<p>5 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0CSJ. STC. 10 dic. 2008, rad. 2008-00414-01. \u00a0<\/p>\n<p>8 \u00a0 \u00a0 \u00a0<\/p>\n<p><\/p>\n","protected":false},"excerpt":{"rendered":"<p>\u00a0 \u00a0 \u00a0 Rep\u00fablica \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 de Colombia \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0\u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0\u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0\u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 Corte \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0Suprema de Justicia \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0\u00a0 CORTE SUPREMA \u00a0DE JUSTICIA \u00a0 SALA \u00a0DE CASACI\u00d3N CIVIL [&hellip;]<\/p>\n","protected":false},"author":1,"featured_media":0,"comment_status":"open","ping_status":"open","sticky":false,"template":"","format":"standard","meta":{"footnotes":""},"categories":[96],"tags":[],"class_list":["post-93215","post","type-post","status-publish","format-standard","hentry","category-96"],"_links":{"self":[{"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/posts\/93215","targetHints":{"allow":["GET"]}}],"collection":[{"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/posts"}],"about":[{"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/types\/post"}],"author":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/users\/1"}],"replies":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/comments?post=93215"}],"version-history":[{"count":0,"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/posts\/93215\/revisions"}],"wp:attachment":[{"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/media?parent=93215"}],"wp:term":[{"taxonomy":"category","embeddable":true,"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/categories?post=93215"},{"taxonomy":"post_tag","embeddable":true,"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/tags?post=93215"}],"curies":[{"name":"wp","href":"https:\/\/api.w.org\/{rel}","templated":true}]}}