\u00a0 \u00a0 \u00a0 Rep\u00fablica \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 de Colombia \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0<\/p>\n
\u00a0\u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0<\/p>\n
\u00a0\u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0<\/p>\n
\u00a0\u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0<\/p>\n
Corte \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0Suprema de Justicia \u00a0 \u00a0<\/p>\n
CORTE \u00a0SUPREMA DE JUSTICIA \u00a0<\/p>\n
SALA \u00a0DE CASACI\u00d3N CIVIL \u00a0<\/p>\n
\u00c1LVARO \u00a0FERNANDO GARC\u00cdA RESTREPO Magistrado ponente \u00a0<\/p>\n
STC14640-2015 \u00a0<\/p>\n
Radicaci\u00f3n \u00a0n.\u00b0 \u00a011001-02-04-000-2015-01748-01 \u00a0<\/p>\n
(Aprobado \u00a0en sesi\u00f3n de veintiuno de octubre de dos mil quince) \u00a0<\/p>\n
Bogot\u00e1, \u00a0D. C., veintitr\u00e9s (23) de octubre de dos mil quince (2015). \u00a0<\/p>\n
Decide \u00a0la Corte la impugnaci\u00f3n formulada frente al fallo de 10 de \u00a0septiembre de 2015, proferido por la Sala \u00a0de Casaci\u00f3n Penal de esta Corporaci\u00f3n, \u00a0dentro de la acci\u00f3n de amparo promovida por Graciela \u00a0Torres Romero contra \u00a0la Sala \u00a0Penal del Tribunal Superior del Distrito Judicial de Bogot\u00e1, \u00a0tr\u00e1mite al que fueron vinculadas las partes y los \u00a0intervinientes del tr\u00e1mite al que alude el escrito de tutela. \u00a0<\/p>\n
1. \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0La \u00a0accionante reclama la protecci\u00f3n constitucional de los \u00a0derechos fundamentales al debido proceso y a la defensa, \u00a0presuntamente conculcados por la autoridad jurisdiccional accionada, \u00a0en el marco de la acci\u00f3n de tutela que, junto a un nutrido \u00a0grupo de personas, \u00a0promovi\u00f3 contra el Ministerio de \u00a0Transporte y el Instituto Nacional de V\u00edas. \u00a0<\/p>\n
En \u00a0consecuencia, se deduce del escrito de tutela, que la solicitud se \u00a0encuentra concretamente encaminada a que se revisen las providencias \u00a0proferidas por la Sala Penal del Tribunal Superior del Distrito \u00a0Judicial de Bogot\u00e1 el 1\u00ba y 22 de julio de 2015, ello por \u00a0considerar que en tales decisiones se incurri\u00f3 en manifiestas \u00a0\u00abv\u00edas \u00a0de hecho\u00bb (fl. \u00a05, cdno. 1). \u00a0<\/p>\n
2. \u00a0 \u00a0En apoyo de tal pretensi\u00f3n, aduce en s\u00edntesis, que en \u00a0el tr\u00e1mite del asunto al que se ha hecho referencia, la \u00a0autoridad jurisdiccional accionada, a trav\u00e9s de prove\u00eddo \u00a0del 1\u00ba de julio del presente a\u00f1o, dispuso, por un lado, \u00a0rechazar la acci\u00f3n de tutela por ella promovida al evidenciar \u00a0su temeridad, y por otro, declararla improcedente respecto a los \u00a0demandantes restantes. \u00a0<\/p>\n
Se\u00f1ala \u00a0que en consecuencia impugn\u00f3 tal determinaci\u00f3n, empero, \u00a0mediante prove\u00eddo del 22 de julio siguiente dicha Corporaci\u00f3n \u00a0se abstuvo de darle tr\u00e1mite, ello teniendo como fundamento que \u00a0la decisi\u00f3n atacada no hab\u00eda resuelto de fondo su \u00a0solicitud. \u00a0<\/p>\n
Finalmente \u00a0manifiesta que se han vulnerado sus prerrogativas fundamentales, \u00a0puesto que en su sentir, nunca existi\u00f3 actuaci\u00f3n \u00a0temeraria de su parte, pues lo que estaba buscando con la tutela \u00a0anterior es que se diera aplicaci\u00f3n a la sentencia de \u00a0unificaci\u00f3n SU-998 del 2000, respecto del derecho fundamental \u00a0de asociaci\u00f3n sindical en situaciones de despidos masivos del \u00a0personal sindicalizado, prerrogativa que debe ser protegida a trav\u00e9s \u00a0de este mecanismo excepcional (fls. 1 a 8, cdno. 1). \u00a0<\/p>\n
RESPUESTA \u00a0DEL ACCIONADO \u00a0<\/p>\n
La \u00a0Sala Penal del Tribunal Superior del Distrito Judicial de Bogota, \u00a0dando contestaci\u00f3n al escrito de tutela, se pronunci\u00f3 \u00a0en el sentido de informar que conoci\u00f3 de la acci\u00f3n de \u00a0tutela interpuesta en anterior oportunidad, entre otros, por la \u00a0se\u00f1ora Graciela Torres Romero contra el Ministerio de \u00a0Transporte y el Instituto Nacional de V\u00edas. \u00a0<\/p>\n
As\u00ed \u00a0pues se\u00f1al\u00f3, que el 1\u00ba de julio del a\u00f1o en \u00a0curso \u00abrechaz\u00f3 \u00a0por temeridad\u00bb el \u00a0amparo invocado por la aqu\u00ed interesada, y que el 22 de julio \u00a0siguiente, se abstuvo de dar tr\u00e1mite a la impugnaci\u00f3n \u00a0interpuesta por la misma, puesto que la apelaci\u00f3n s\u00f3lo \u00a0es procedente en aquellos casos en los cuales se cuestiona una \u00a0decisi\u00f3n de fondo, supuesto que no se cumple en la situaci\u00f3n \u00a0bajo estudio, raz\u00f3n por la cual solicit\u00f3 la \u00a0declaratoria de improcedencia del presente tr\u00e1mite \u00a0constitucional (fls. 21 a 23, cdno. 1). \u00a0<\/p>\n
LA \u00a0SENTENCIA IMPUGNADA \u00a0<\/p>\n
El \u00a0Juez constitucional de primera instancia neg\u00f3 la \u00a0protecci\u00f3n invocada, tras considerar que las decisiones \u00a0cuestionadas por la accionante, esto es, la del 1\u00ba de julio del \u00a0presente a\u00f1o, y la del 22 del mismo mes a\u00f1o, proferidas \u00a0por la Sala Penal del Tribunal Superior del Distrito Judicial de \u00a0Bogot\u00e1, de ninguna manera \u00abpodr\u00eda[n] \u00a0catalogarse de arbitrari[as] \u00a0o antojadiz[as], \u00a0o per se vulnerador[as] \u00a0de garant\u00edas fundamentales, ya que obedece[n] \u00a0a una razonada y atendible intelecci\u00f3n de las disposiciones \u00a0del decreto 2591 de 1991\u00bb \u00a0(fls. 56 a 65, cdno. 1). \u00a0<\/p>\n
LA \u00a0IMPUGNACI\u00d3N \u00a0<\/p>\n
CONSIDERACIONES \u00a0<\/p>\n
1. \u00a0Bien \u00a0se sabe, siguiendo los criterios jurisprudenciales de la Corporaci\u00f3n, \u00a0que, en l\u00ednea de principio, la acci\u00f3n instaurada no \u00a0procede contra las providencias o actuaciones judiciales, dado que no \u00a0pertenece al entorno de los Jueces constitucionales inmiscuirse en el \u00a0escenario de los tr\u00e1mites ordinarios en curso o ya terminados, \u00a0para tratar de modificar o cambiar las determinaciones pronunciadas \u00a0en ellos, porque al obrar de esa manera se quebrantar\u00edan los \u00a0principios que contemplan los art\u00edculos 228 y 230 de la \u00a0Constituci\u00f3n Pol\u00edtica. \u00a0<\/p>\n
El \u00a0planteamiento anterior se aplica en una medida a\u00fan mayor, \u00a0cuando la determinaci\u00f3n atacada fue proferida por un juez \u00a0constitucional como ep\u00edlogo del tr\u00e1mite de amparo; de \u00a0lo contrario, se abrir\u00eda la puerta a una espiral infinita de \u00a0acciones de la misma naturaleza, en la que se controvertir\u00eda \u00a0ad \u00a0aeternum \u00a0lo expresado en el primer fallo (ver, entre otras, CSJ STC, 20 may. \u00a02011, Rad. 00659-01; CSJ STC, 9 sep. 2013, Rad. 01258-01 y \u00a0 STC12581-2015). \u00a0<\/p>\n
As\u00ed \u00a0las cosas, de manera sumamente excepcional, se ha admitido la \u00a0intervenci\u00f3n de un segundo juez de amparo cuando en el tr\u00e1mite \u00a0de la acci\u00f3n se ha incurrido en una vulneraci\u00f3n clara y \u00a0ostensible al debido proceso de alguna de las partes o de terceros \u00a0con inter\u00e9s en el resultado del respetivo tr\u00e1mite (ver, \u00a0entre otras, CSJ STC, 25 jun. 2012, Rad. 2012-00069-01, reiterada en \u00a0STC3715-2014, \u00a0STC1196-2014 \u00a0y \u00a0CSJ STC3706-2014)1; \u00a0o cuando la decisi\u00f3n afecta de manera grave una garant\u00eda \u00a0fundamental en sujetos considerados de especial protecci\u00f3n \u00a0(CSJ STP, 3 jul. 2012, Rad. 60963). \u00a0<\/p>\n
2. \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0Descendiendo \u00a0al caso concreto, tras \u00a0realizar el correspondiente escrutinio en relaci\u00f3n con la \u00a0actual demanda de resguardo constitucional instaurada por la se\u00f1ora \u00a0Graciela Torres Romero, la Corte evidencia que lo solicitado debe \u00a0desestimarse, habida cuenta que la queja est\u00e1 puntualmente \u00a0dirigida contra la providencia proferida el 1\u00ba de julio del \u00a0presente a\u00f1o por la Sala Penal del Tribunal Superior del \u00a0Distrito Judicial de esta ciudad, mediante la cual se rechaz\u00f3 \u00a0por temeridad la acci\u00f3n de tutela que en pret\u00e9rita \u00a0ocasi\u00f3n impuls\u00f3 contra el Ministerio de Transporte y el \u00a0Instituto Nacional de V\u00edas (fls. 24 a 37, cdno. 1), y contra \u00a0la del 22 del mismo mes y a\u00f1o, en virtud de la cual dicha \u00a0Corporaci\u00f3n dispuso abstenerse de tramitar la impugnaci\u00f3n \u00a0interpuesta por la aqu\u00ed interesada en contra de dicha \u00a0determinaci\u00f3n. \u00a0<\/p>\n
3. \u00a0Ciertamente, \u00a0la jurisprudencia constitucional ha insistido en que ante una \u00a0ocasional falta o desafuero en que puedan incurrir los jueces de \u00a0tutela al ocuparse de las decisiones con las que se resuelva sobre el \u00a0se\u00f1alado mecanismo excepcional, no es un nuevo instrumento de \u00a0la misma naturaleza el adecuado para contrarrestar el supuesto \u00a0quebranto, toda vez que con ese fin el legislador dise\u00f1\u00f3 \u00a0la impugnaci\u00f3n y la revisi\u00f3n eventual, \u00fanicos \u00a0recursos procesales que pueden interponerse o solicitarse ante los \u00a0funcionarios habilitados para el efecto, lo que permite corroborar el \u00a0fracaso de la nueva protecci\u00f3n presentada. \u00a0<\/p>\n
En este sentido, \u00a0la Sala ha se\u00f1alado que proceder de esta manera \u00a0<\/p>\n
\u00abevita \u00a0la cadena ilimitada de litigios que se generar\u00edan en caso de \u00a0admitirse acciones de tutela contra sentencias que decidan el amparo \u00a0constitucional, de modo que instituy\u00f3 a la Corte \u00a0Constitucional como el \u00f3rgano que pone fin al debate en punto \u00a0de protecci\u00f3n de los derechos fundamentales, mediante ese \u00a0mecanismo\u00bb \u00a0(STC9563-2015). \u00a0<\/p>\n
4. \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0Sin \u00a0m\u00e1s razones por innecesarias, se impone la confirmaci\u00f3n \u00a0del fallo de primera instancia \u00a0por las razones aqu\u00ed expuestas. \u00a0<\/p>\n
DECISI\u00d3N \u00a0<\/p>\n
En \u00a0m\u00e9rito de lo expuesto, la Corte Suprema de Justicia, en Sala \u00a0de Casaci\u00f3n Civil, administrando justicia en nombre de la \u00a0Rep\u00fablica y por autoridad de la Ley, CONFIRMA \u00a0la \u00a0sentencia objeto de impugnaci\u00f3n. \u00a0<\/p>\n
Comun\u00edquese \u00a0telegr\u00e1ficamente lo aqu\u00ed resuelto a las partes, al \u00a0a-quo \u00a0y, en oportunidad, rem\u00edtase el expediente a la Corte \u00a0Constitucional para su eventual revisi\u00f3n. \u00a0<\/p>\n
LUIS ARMANDO \u00a0TOLOSA VILLABONA \u00a0<\/p>\n
Presidente de Sala \u00a0<\/p>\n
MARGARITA \u00a0CABELLO BLANCO \u00a0<\/p>\n
\u00c1LVARO \u00a0FERNANDO GARC\u00cdA RESTREPO \u00a0<\/p>\n
FERNANDO \u00a0GIRALDO GUTI\u00c9RREZ \u00a0<\/p>\n
ARIEL SALAZAR \u00a0RAM\u00cdREZ \u00a0<\/p>\n
1 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0Criterio \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0compartido en CC T-205\/14. \u00a0<\/p>\n
8 \u00a0 \u00a0 \u00a0<\/p>\n
<\/p>\n","protected":false},"excerpt":{"rendered":"
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