\u00a0 \u00a0 \u00a0 Rep\u00fablica \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 de Colombia<\/p>\n
\u00a0\u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0<\/p>\n
\u00a0\u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0<\/p>\n
Corte \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0Suprema de Justicia \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0<\/p>\n
CORTE \u00a0SUPREMA DE JUSTICIA \u00a0<\/p>\n
SALA \u00a0DE CASACION CIVIL \u00a0<\/p>\n
MARGARITA \u00a0CABELLO BLANCO \u00a0<\/p>\n
Magistrada \u00a0ponente \u00a0<\/p>\n
STC14919-2015 \u00a0<\/p>\n
Radicaci\u00f3n \u00a0n.\u00b0 11001-02-03-000-2015-02527-00 \u00a0<\/p>\n
(Aprobado en \u00a0sesi\u00f3n de veintiocho de octubre de dos mil quince) \u00a0<\/p>\n
Bogot\u00e1, D. \u00a0C., veintueve (29) de octubre de dos mil quince (2015). \u00a0<\/p>\n
Dec\u00eddese \u00a0la acci\u00f3n de tutela instaurada por \u00a0ZZ1 \u00a0frente a la Sala Civil-Familia-Laboral del Tribunal Superior del \u00a0Distrito Judicial de Villavicencio, integrada por los magistrados \u00a0Octavio Augusto Tejeiro Duque, Claudia S\u00e1nchez Huertas y \u00a0Alberto Romero Romero. \u00a0<\/p>\n
ANTECEDENTES \u00a0<\/p>\n
1. \u00a0La gestora demand\u00f3 la protecci\u00f3n \u00a0constitucional de su derecho fundamental al derecho de petici\u00f3n, \u00a0presuntamente vulnerado por la autoridad acusada dentro de la acci\u00f3n \u00a0de tutela que inici\u00f3 a la Procuradur\u00eda General de la \u00a0Naci\u00f3n \u2013 Oficina de Infancia y Adolescencia. \u00a0<\/p>\n
2. \u00a0Arguy\u00f3, \u00a0como sustento de su reclamo, en s\u00edntesis, lo siguiente: \u00a0<\/p>\n
2.1. \u00a0Que \u00abel \u00a0d\u00eda 7 de abril del presente a\u00f1o, radique un Derecho de \u00a0Petici\u00f3n, cite (sic) el art\u00edculo 23 C.N. y sus \u00a0siguientes, en lo referente al Derecho de Petici\u00f3n, tambi\u00e9n \u00a0cite los art\u00edculos 5, 6, y 7 y sus siguientes CCA\u00bb. \u00a0<\/p>\n
2.2. \u00a0Que \u00abacorde \u00a0con lo reglamentado en el art\u00edculo 6 del C\u00f3digo \u00a0Contencioso Administrativo, se han superado ampliamente en todos los \u00a0t\u00e9rminos para resolver o contestar, se ha vulnerado el \u00a0art\u00edculo 23 y sus siguientes de la Constituci\u00f3n \u00a0Pol\u00edtica de Colombia, se ha vulnerado el art\u00edculo 6\u00ba \u00a0CCA, por parte de los honorables magistrados: Octavio Augusto Tejeiro \u00a0Duque, Claudia S\u00e1nchez Huertas y Alberto Romero Romero, del \u00a0Tribunal Superior del Distrito Judicial de Villavicencio, Meta, Sala \u00a0Civil-Familia. Los Magistrados antes mencionados no est\u00e1n por \u00a0encima de la Constituci\u00f3n y la Ley, tampoco est\u00e1n por \u00a0encima del Contencioso Administrativo, por el contrario, se les puede \u00a0exigir, conocen perfectamente las normas constitucionales y \u00a0administrativas\u00bb. \u00a0<\/p>\n
3. \u00a0La quejosa no realiza solicitud alguna \u00a0(fls. \u00a01-2 Cdno. 1). \u00a0<\/p>\n
LA \u00a0RESPUESTA DEL ACCIONADO Y VINCULADO \u00a0<\/p>\n
El \u00a0colegiado enjuiciado guard\u00f3 silencio. \u00a0<\/p>\n
CONSIDERACIONES \u00a0<\/p>\n
1. \u00a0Reiteradamente \u00a0ha sostenido la jurisprudencia de la Corte que: \u00a0<\/p>\n
el derecho de petici\u00f3n \u00a0no s\u00f3lo implica la potestad de elevar peticiones respetuosas a \u00a0las autoridades; envuelve adem\u00e1s la necesidad de que se brinde \u00a0una respuesta adecuada y oportuna -que no formal ni necesariamente \u00a0favorable- dentro del marco de imparcialidad, eficacia y publicidad \u00a0que caracteriza al Estado Social de Derecho…\u2019 El derecho de \u00a0petici\u00f3n supone para el Estado la obligaci\u00f3n positiva \u00a0de resolver con prontitud y de manera congruente acerca de la \u00a0solicitud elevada, lo que no implica que ese pronunciamiento tenga \u00a0que ser favorable, pues como bien se sabe la garant\u00eda \u00a0constitucional mencionada tiende a asegurar respuestas oportunas y \u00a0apropiadas en relaci\u00f3n con aquello que de las autoridades se \u00a0pide, no a obtener de estas \u00faltimas una resoluci\u00f3n que \u00a0indefectiblemente acceda a las pretensiones del solicitante\u00bb \u00a0(CSJ STC, 10 Dic. 2012, Rad. 00120-01). \u00a0<\/p>\n
2. \u00a0La \u00a0gestora cuestiona \u00a0la omisi\u00f3n de repuesta por parte de la autoridad encartada al \u00a0derecho de petici\u00f3n elevado el 7 de abril de 2015, oportunidad \u00a0en la que se\u00f1al\u00f3 \u00abde \u00a0la manera m\u00e1s atenta y respetuosa, le solicito por medio del \u00a0presente derecho de petici\u00f3n, hacer lo pertinente, para que \u00a0estas pruebas sean tenidas en cuenta, por el HONORABLE JUEZ DE \u00a0SEGUNDA INSTANCIA, teniendo en cuenta, que la acci\u00f3n de \u00a0tutela, No. 50001-22-13-002-2015-00152-00, se encuentra en su \u00a0despacho, es oportuno, hacer llegar pruebas documentadas, que son \u00a0fundamentales, para una mayor comprensi\u00f3n, del HONORABLE JUEZ \u00a0DE SEGUNDA INSTANCIA\u00bb. \u00a0<\/p>\n
3. \u00a0Analizado \u00a0lo anteriormente rese\u00f1ado, advierte la Sala que respecto a la \u00a0inconformidad expuesta por la actora, esto es, el silencio por parte \u00a0del tribunal cuestionado frente al requerimiento elevado el 7 de \u00a0abril hoga\u00f1o, la protecci\u00f3n impetrada, no puede \u00a0encontrar resguardo en esta excepcional v\u00eda, comoquiera que la \u00a0solicitud formulada, ata\u00f1e a aspectos propios del tr\u00e1mite \u00a0surtido en la salvaguarda constitucional que ZZ (aqu\u00ed \u00a0accionante) adelant\u00f3 en contra de la Procuradur\u00eda \u00a0General de la Naci\u00f3n, invocando tambi\u00e9n la protecci\u00f3n \u00a0de la prerrogativa esencial al \u00abderecho \u00a0de petici\u00f3n\u00bb. \u00a0<\/p>\n
Sobre el \u00a0particular, esta Corporaci\u00f3n ha dicho que: \u00a0<\/p>\n
conforme a \u00a0reiterada jurisprudencia constitucional, el derecho de petici\u00f3n \u00a0resulta improcedente dentro del marco de una actuaci\u00f3n \u00a0judicial, a no ser que la solicitud guarde relaci\u00f3n con temas \u00a0de car\u00e1cter eminentemente administrativo. Y ello es as\u00ed \u00a0porque los procesos judiciales se hallan bajo el imperio del \u00a0ordenamiento procedimental que corresponda, de obligatoria aplicaci\u00f3n \u00a0para los funcionarios de conocimiento. \u00a0<\/p>\n
En punto de \u00a0esta tem\u00e1tica ya se ha pronunciado la Sala en diversas \u00a0oportunidades (v.gr. sentencia de 30 de mayo de 2006, exp. \u00a076001-2210-000-2006-00019-01), resaltando que es necesario \u00a0diferenciar las solicitudes radicadas ante un funcionario judicial \u00a0que aluden a un tr\u00e1mite administrativo propio de su funci\u00f3n, \u00a0de las que est\u00e1n dirigidas o relacionadas con un proceso \u00a0judicial sometido a su conocimiento. Las primeras se regir\u00e1n \u00a0por las normas que regulan la actividad de la administraci\u00f3n \u00a0p\u00fablica (C\u00f3digo Contencioso Administrativo), mientras \u00a0que las segundas lo har\u00e1n por las disposiciones que regulan el \u00a0tr\u00e1mite de los procesos judiciales (C\u00f3digo de \u00a0Procedimiento Civil, Penal, etc., seg\u00fan sea el caso)\u2026\u201d \u00a0(CSJ \u00a0STC, 27 Oct. 2011, rad. 00371, reiterado, entre otros, el 8 Feb. y 31 \u00a0Jul. 2013, rads. 00172 y 00231-01, respectivamente y 3 Jun. 2015, \u00a0rad. 01039-00). \u00a0<\/p>\n
4. \u00a0En asunto de temperamento similar, la Corte se\u00f1al\u00f3 que: \u00a0<\/p>\n
Esta \u00a0Corporaci\u00f3n en reiteradas oportunidades ha sostenido, que \u00a0en la \u00f3rbita de los procesos judiciales no tiene cabida el \u00a0derecho de petici\u00f3n, salvo lo concerniente a actuaciones de \u00a0linaje administrativo, y ello tiene su explicaci\u00f3n en que las \u00a0normas procesales son las llamadas a ser aplicadas para efectos de \u00a0dar contestaci\u00f3n a las solicitudes de las partes. \u00a0<\/p>\n
Sobre \u00a0el particular, esta Sala ha puntualizado que: \u00a0<\/p>\n
(\u2026) \u00a0Las peticiones que se formulan ante los funcionarios judiciales, \u00a0dentro del marco de una actuaci\u00f3n judicial deben resolverse de \u00a0acuerdo [con] las formas propias del juicio y que el desconocimiento \u00a0de \u00e9stas comporta la vulneraci\u00f3n del derecho del debido \u00a0proceso (art. 29 de la C. P.), el cual comienza con la garant\u00eda \u00a0del libre acceso a la administraci\u00f3n de justicia, tambi\u00e9n \u00a0consagrado como principio fundamental por el art. 229 ej\u00fasdem. \u00a0 De acuerdo con lo anotado se ha sostenido, que s\u00f3lo se les \u00a0puede imputar el desconocimiento del derecho de petici\u00f3n a \u00a0dichos funcionarios, cuando se trate de pedimentos sobre asuntos \u00a0netamente administrativos que como tales est\u00e1n regulados por \u00a0las normas que disciplinan la administraci\u00f3n p\u00fablica. \u00a0(CSJ STC, 20 y 31 Mar. 2000. Rad. Nos. 4822 y 4867). \u00a0<\/p>\n
Por \u00a0lo tanto, en este caso espec\u00edfico, no era necesario que la \u00a0jueza acusada respondiera \u00abel derecho de petici\u00f3n\u00bb, \u00a0por tratarse de una actuaci\u00f3n judicial surtida dentro del \u00a0incidente de desacato que formul\u00f3 el actor contra el INPEC y \u00a0Caprecom EPS\u00bb (CSJ \u00a0STC, 5 Feb. 2014, rad. 00365-01). \u00a0<\/p>\n
5. \u00a0Con todo, la autoridad cuestionada inform\u00f3 en esta instancia \u00a0que \u00a0\u00abpara la calenda en que se recibi\u00f3 la petici\u00f3n, \u00a0el expediente de tutela 2015-00152-00 estaba en esta colegiatura y \u00a0que, posteriormente, fue remitido a la Corte para que desatara la \u00a0impugnaci\u00f3n interpuesta, por lo que el derecho de petici\u00f3n \u00a0debe obrar en esa actuaci\u00f3n\u00bb; \u00a0am\u00e9n que esta Corporaci\u00f3n en providencia de 20 de mayo \u00a0de 2015 confirm\u00f3 la negativa del a-quo \u00a0y en sede se revisi\u00f3n no fue seleccionada (fls. ). \u00a0<\/p>\n
6. De acuerdo con \u00a0lo discurrido, no se otorgar\u00e1 la protecci\u00f3n impetrada. \u00a0<\/p>\n
DECISI\u00d3N \u00a0<\/p>\n
En m\u00e9rito \u00a0de lo expuesto, la Corte Suprema de Justicia, en Sala de Casaci\u00f3n \u00a0Civil, administrando justicia en nombre de la Rep\u00fablica y por \u00a0autoridad de la ley, NIEGA \u00a0la \u00a0tutela solicitada. \u00a0<\/p>\n
Comun\u00edquese \u00a0telegr\u00e1ficamente lo resuelto en esta providencia a los \u00a0interesados y, en caso de no ser impugnada, oportunamente env\u00edese \u00a0el expediente a la Corte Constitucional para su eventual revisi\u00f3n. \u00a0<\/p>\n
Notif\u00edquese \u00a0<\/p>\n
LUIS ARMANDO \u00a0TOLOSA VILLABONA \u00a0<\/p>\n
Presidente \u00a0de Sala \u00a0<\/p>\n
MARGARITA \u00a0CABELLO BLANCO \u00a0<\/p>\n
\u00c1LVARO \u00a0FERNANDO GARC\u00cdA RESTREPO \u00a0<\/p>\n
FERNANDO \u00a0GIRALDO GUTI\u00c9RREZ \u00a0<\/p>\n
ARIEL SALAZAR \u00a0RAM\u00cdREZ \u00a0<\/p>\n
1 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0En virtud del art\u00edculo 47 del C\u00f3digo de la Infancia y \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0la Adolescencia, armonizado con el canon 7\u00ba de la Ley 1581 de \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a02012, se omite el nombre de la menor. \u00a0<\/p>\n
\u00a0 \u00a0 \u00a0\u00a0<\/p>\n
<\/p>\n","protected":false},"excerpt":{"rendered":"
\u00a0 \u00a0 \u00a0 Rep\u00fablica \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 de Colombia \u00a0\u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0\u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 Corte \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0Suprema de Justicia \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 CORTE \u00a0SUPREMA DE JUSTICIA \u00a0 SALA \u00a0DE CASACION CIVIL \u00a0 MARGARITA \u00a0CABELLO BLANCO \u00a0 Magistrada \u00a0ponente \u00a0 STC14919-2015 \u00a0 Radicaci\u00f3n \u00a0n.\u00b0 […]<\/p>\n","protected":false},"author":1,"featured_media":0,"comment_status":"open","ping_status":"open","sticky":false,"template":"","format":"standard","meta":{"footnotes":""},"categories":[96],"tags":[],"class_list":["post-93445","post","type-post","status-publish","format-standard","hentry","category-96"],"_links":{"self":[{"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/posts\/93445","targetHints":{"allow":["GET"]}}],"collection":[{"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/posts"}],"about":[{"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/types\/post"}],"author":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/users\/1"}],"replies":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/comments?post=93445"}],"version-history":[{"count":0,"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/posts\/93445\/revisions"}],"wp:attachment":[{"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/media?parent=93445"}],"wp:term":[{"taxonomy":"category","embeddable":true,"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/categories?post=93445"},{"taxonomy":"post_tag","embeddable":true,"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/tags?post=93445"}],"curies":[{"name":"wp","href":"https:\/\/api.w.org\/{rel}","templated":true}]}}