Radicaci\u00f3n no. 66001-22-13-000-2023-00413-01<\/p>\n
FRANCISCO TERNERA BARRIOS<\/p>\n
Magistrado Ponente<\/p>\n
STC585-2024<\/p>\n
Radicaci\u00f3n n\u00b0. 66001-22-13-000-2023-00413-01<\/p>\n
(Aprobado en sesi\u00f3n del treinta y uno de enero de dos mil veinticuatro)<\/p>\n
Bogot\u00e1, D. C., treinta y uno (31) de enero de dos mil veinticuatro (2024).<\/p>\n
Decide la Corte la impugnaci\u00f3n interpuesta frente a la sentencia proferida el 20 de noviembre de 2023 por la Sala Civil Familia del Tribunal Superior del Distrito Judicial de Pereira, que declar\u00f3 improcedente el amparo solicitado por Gerardo Alonso Herrera Hoyos en contra del Juzgado Segundo Civil del Circuito de Pereira. Al tr\u00e1mite se dispuso vincular a la Alcald\u00eda y la Personer\u00eda de Pereira, la Defensor\u00eda del Pueblo y la Procuradur\u00eda General de la Naci\u00f3n \u2013 Regionales Risaralda-, la Notar\u00eda Primera de Pereira, a Cotty Morales Caama\u00f1o y a Oscar Garc\u00e9s Quintero.<\/p>\n
I. I. \u00a0ANTECEDENTES<\/p>\n
1. El promotor demanda la salvaguarda de su garant\u00eda fundamental al debido proceso.<\/p>\n
2. Del escrito inicial y las pruebas allegadas se establecen los siguientes hechos relevantes:<\/p>\n
2.1. El tutelante interpuso una acci\u00f3n popular contra la Notario Primero de Pereira, que fue admitida el 8 de julio de 2021 por el Juzgado Segundo Civil del Circuito de Pereira. Este prove\u00eddo no fue recurrido.<\/p>\n
2.2. El 25 de noviembre de 2022, el actor popular solicit\u00f3 al Juzgado perder competencia, conforme con lo previsto en el art\u00edculo 121 del C\u00f3digo General del Proceso.<\/p>\n
2.3. El 12 de diciembre de 2022, el Juzgado cognoscente profiri\u00f3 sentencia, en la que ampar\u00f3 el derecho colectivo invocado. Adicionalmente, en su parte considerativa, no acept\u00f3 la p\u00e9rdida de competencia, por no ser aplicable en acciones populares. Esta decisi\u00f3n no fue recurrida.<\/p>\n
2.4. El 7 de marzo de 2023, el Juzgado fij\u00f3 agencias en derechos y aprob\u00f3 la liquidaci\u00f3n de costas, decisi\u00f3n se mantuvo el 11 de mayo posterior. Surtidas otras actuaciones, el 12 de octubre de 2023, se orden\u00f3 el archivo del expediente.<\/p>\n
4. Por lo anterior, solicita que se ordene al Juzgado accionado perder competencia y remitir el proceso a los jueces administrativos.<\/p>\n
. RESPUESTAS RECIBIDAS<\/p>\n
1. El Juzgado accionado indic\u00f3 que vulner\u00f3 derecho alguno del tutelante, quien tampoco expuso en el proceso lo planteado en esta sede. Destac\u00f3 que el fallo de primera instancia cobr\u00f3 ejecutoria.<\/p>\n
2. La Procuradur\u00eda Regional de Instrucci\u00f3n de Risaralda solicit\u00f3 su desvinculaci\u00f3n de este tr\u00e1mite constitucional.<\/p>\n
3. La Alcald\u00eda de Pereira afirm\u00f3 que no ha desconocido las garant\u00edas del accionante.<\/p>\n
III. LA SENTENCIA IMPUGNADA<\/p>\n
El a quo constitucional declar\u00f3 improcedente el amparo invocado, por incumplir el presupuesto de subsidiariedad, pues el actor popular no solicit\u00f3 la nulidad de lo actuado y no interpuso recurso de apelaci\u00f3n contra la sentencia de primera instancia.<\/p>\n
. LA IMPUGNACI\u00d3N<\/p>\n
La formul\u00f3 el tutelante, quien manifest\u00f3 que el Juzgado enjuiciado no ten\u00eda competencia para conocer el asunto desde el 24 de febrero de 2022, pues debi\u00f3 tramitarse por un juez administrativo.<\/p>\n
. CONSIDERACIONES<\/p>\n
1. La Sala confirmar\u00e1 el fallo impugnado, porque la tutela no supera los presupuestos de subsidiariedad e inmediatez.<\/p>\n
1.1. Revisadas las actuaciones procesales atacadas, se advierte que, frente al auto del 8 de julio de 2021, por el cual el Juzgado accionado avoc\u00f3 conocimiento de la acci\u00f3n popular, el tutelante no interpuso el recurso procedente, como lo establece el art\u00edculo 36 de la Ley 472 de 1998, omisi\u00f3n que imposibilita el uso de esta senda constitucional, dado que este no es el medio para redimir oportunidades legales fenecidas (CSJ STC8682-2023).<\/p>\n
1.2. A lo anterior se suma que frente al auto referido y el fallo de primera instancia, proferido el 12 de diciembre de 2022, la tutela no cumple con el presupuesto de inmediatez, pues se radic\u00f3 el 17 de octubre de 2023, esto es, cuando se hab\u00eda superado el t\u00e9rmino de 6 meses que se ha considerado razonable para promover esta acci\u00f3n constitucional (CSJ STC2283-2022), sin que se adviertan motivos para que el actor no hubiera acudido a esta instancia tempestivamente.<\/p>\n
VI. DECISI\u00d3N<\/p>\n
En m\u00e9rito de lo expuesto, la Corte Suprema de Justicia, en Sala de Casaci\u00f3n Civil, Agraria y Rural administrando justicia en nombre de la Rep\u00fablica de Colombia y por autoridad de la ley, CONFIRMA la sentencia impugnada.<\/p>\n
Comun\u00edquese esta providencia a los interesados en la forma prevista por el art\u00edculo 30 del Decreto 2591 de 1991. Oportunamente, rem\u00edtase el expediente a la Corte Constitucional para su eventual revisi\u00f3n.<\/p>\n
NOTIF\u00cdQUESE Y C\u00daMPLASE<\/p>\n
FERNANDO AUGUSTO JIM\u00c9NEZ VALDERRAMA<\/p>\n
Presidente de Sala<\/p>\n
MARTHA PATRICIA GUZM\u00c1N \u00c1LVAREZ\u00a0<\/p>\n
AROLDO WILSON QUIROZ MONSALVO\u00a0<\/p>\n
LUIS ALONSO RICO PUERTA\u00a0<\/p>\n
OCTAVIO AUGUSTO TEJEIRO DUQUE<\/p>\n
FRANCISCO TERNERA BARRIOS<\/p>\n
Radicaci\u00f3n no. 66001-22-13-000-2023-00413-01<\/p>\n
\u00a0 \u00a0<\/p>\n
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