<\/p>\n
Rad. n\u00b0 27001-22-08-000-2024-00016-01<\/p>\n
\u00a0<\/p>\n
\u00a0<\/p>\n
\u00a0<\/p>\n
LUIS ALONSO RICO PUERTA<\/p>\n
Magistrado Ponente<\/p>\n
\u00a0<\/p>\n
ATC483-2024<\/p>\n
Radicaci\u00f3n n\u00b027001-22-08-000-2024-00016-01<\/p>\n
(Aprobado en sesi\u00f3n de veinte de marzo de dos mil veinticuatro)<\/p>\n
\u00a0<\/p>\n
Bogot\u00e1, D. C., veinte (20) de marzo de dos mil veinticuatro (2024).<\/p>\n
\u00a0<\/p>\n
Respecto de la impugnaci\u00f3n formulada frente a la sentencia proferida por el Tribunal Superior de Quibd\u00f3 (Sala \u00danica) el pasado 20 de febrero, dentro de la acci\u00f3n de tutela instaurada por el Consejo Comunitario Dos Bocas del municipio de Riosucio (Choc\u00f3) contra el Juzgado Primero Civil del Circuito Especializado en Restituci\u00f3n de Tierras de Quibd\u00f3, la Corte advierte que el asunto se encuentra viciado de nulidad como pasa a explicarse.<\/p>\n
\u00a0<\/p>\n
ANTECEDENTES<\/p>\n
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1. \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0Obrando por intermedio de su representante legal, la persona jur\u00eddica solicitante reclam\u00f3 la protecci\u00f3n de las garant\u00edas fundamentales de las v\u00edctimas a la verdad, justicia y reparaci\u00f3n, acceso a la administraci\u00f3n de justicia, debido proceso sin dilaciones injustificadas, al territorio, \u00abal gobierno propio\u00bb y a la \u00abvida digna en comunidad\u00bb.<\/p>\n
\u00a0<\/p>\n
2. \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0En s\u00edntesis, pretende que a trav\u00e9s de esta excepcional senda constitucional se ordene al estrado cognoscente dar celeridad al tr\u00e1mite de la solicitud de restituci\u00f3n de derechos territoriales distinguida con radicaci\u00f3n 2020-00082, toda vez que desde su admisi\u00f3n (10 de febrero de 2021) a la fecha \u00abno se ha decidido tomar decisi\u00f3n alguna con miras a una sentencia que ponga fin al proceso\u00bb a pesar de que \u00abla ley prev\u00e9 un tiempo de 4 meses para decidir este tipo de casos\u00bb.<\/p>\n
\u00a0<\/p>\n
3. \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0Mediante prove\u00eddo del pasado 20 de febrero la Sala \u00danica del Tribunal Superior de Quibd\u00f3 desestim\u00f3 el ruego, al encontrar, de un lado, que la mora acusada encontraba justificaci\u00f3n en la complejidad del asunto, particularmente, en la actividad de notificar a todas las personas naturales y jur\u00eddicas que pudieran tener alg\u00fan inter\u00e9s o verse afectadas con las decisiones que se llegaren a proferir y, de otro, por existir herramientas jur\u00eddicas a trav\u00e9s de las cuales el Comit\u00e9 accionante puede exigir el cumplimiento de los t\u00e9rminos judiciales, como lo es la vigilancia judicial administrativa.<\/p>\n
\u00a0<\/p>\n
CONSIDERACIONES<\/p>\n
\u00a0<\/p>\n
1. \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0De la atribuci\u00f3n de competencia en materia de amparo constitucional<\/p>\n
\u00a0<\/p>\n
No obstante ser la tutela un mecanismo preferente y sumario, no es ajena -como no lo es ninguna acci\u00f3n judicial- a las reglas del debido proceso, por lo que su conocimiento debe corresponder al juez que se encuentre legalmente facultado para resolverla, dado que, como lo ha explicado la jurisprudencia, en su tr\u00e1mite \u00abse deben satisfacer ciertos presupuestos b\u00e1sicos del juicio como son, entre otros, la capacidad de las partes, la competencia y la debida integraci\u00f3n de la causa pasiva\u00bb (CC A-257 de 1996).<\/p>\n
\u00a0<\/p>\n
El factor de competencia de la acci\u00f3n de tutela se encuentra previsto en el art\u00edculo 37 del Decreto 2591 de 1991, sin embargo, esa disposici\u00f3n solo se ocup\u00f3 de la \u00abpreventiva y territorial\u00bb, de ah\u00ed que art\u00edculo 1\u00ba del Decreto 333 de 2021 (que modific\u00f3 el ordinal 2.2.3.1.2.1 del Decreto 1069 de 2015) dictado por el Presidente de la Rep\u00fablica en ejercicio de las facultades consagradas en el numeral 11 del art\u00edculo 189 de la Constituci\u00f3n Pol\u00edtica, introdujo el \u00abfactor funcional\u00bb en dicha materia, que predetermin\u00f3 el conocimiento de los asuntos entre los diferentes funcionarios judiciales y corporaciones, dependiendo de diferentes aspectos, tales como el nivel de la autoridad o calidad del funcionario demandado.<\/p>\n
\u00a0<\/p>\n
En el presente caso se configura la nulidad por falta de competencia prevista en el numeral 1\u00b0 del art\u00edculo 133 del C\u00f3digo General del Proceso, la cual, por ser funcional, seg\u00fan el canon 138 \u00eddem (aplicable a la acci\u00f3n de tutela en raz\u00f3n de lo dispuesto en el art\u00edculo 4\u00b0 del Decreto 306 de 1992, reglamentario del Decreto 2591 de 1991), implica que \u00ablo actuado conservar\u00e1 su validez y el proceso se enviar\u00e1 de inmediato al juez competente; pero si se hubiere dictado sentencia, esta se invalidar\u00e1\u00bb.<\/p>\n
2. \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0Definici\u00f3n de la competencia<\/p>\n
\u00a0<\/p>\n
Al revisar el diligenciamiento de este asunto, observa la Corte la falta de competencia del Tribunal Superior de Quibd\u00f3 para resolver la presente acci\u00f3n, al advertirse que el reclamo compromete a un juzgado especializado en restituci\u00f3n de tierras.<\/p>\n
\u00a0<\/p>\n
En efecto, cuando la salvaguarda se dirige contra autoridades jurisdiccionales, la regla consagrada en el ordinal 5\u00ba del art\u00edculo 1\u00ba del Decreto 333 de 2021 (que modific\u00f3 el art\u00edculo 2.2.3.1.2.1 del Decreto 1069 de 2015) determina que la misma \u00abser\u00e1 repartida, para su conocimiento en primera instancia, al respectivo superior funcional de la autoridad judicial accionada\u00bb (Se resalta).<\/p>\n
\u00a0<\/p>\n
Bajo tal entendimiento, es claro que la atribuci\u00f3n para conocer este resguardo en primera instancia, recae en la Sala Civil Especializada en Restituci\u00f3n de Tierras del Tribunal Superior de Antioquia, por ser para el caso puntual y dada la especialidad del asunto, el \u00absuperior funcional\u00bb del estrado al que se atribuye la lesi\u00f3n de garant\u00edas funcionales.<\/p>\n
\u00a0<\/p>\n
En tal virtud, se concluye que en el presente asunto se encuentra configurada la nulidad prevista en el numeral 1 del art\u00edculo 133 del C\u00f3digo General del Proceso, la cual, por ser funcional, en atenci\u00f3n a lo normado en el canon 138 \u00eddem, implica que \u00ab\u2026 lo actuado conservar\u00e1 su validez y el proceso se enviar\u00e1 de inmediato al juez competente; pero si se hubiere dictado sentencia, esta se invalidar\u00e1\u00bb (Subraya la Sala)<\/p>\n
\u00a0<\/p>\n
3. \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0La actuaci\u00f3n que se invalida<\/p>\n
\u00a0<\/p>\n
De conformidad con lo se\u00f1alado, se impone declarar la falta de competencia de la Sala \u00danica del Tribunal Superior de Quibd\u00f3 para conocer en primera instancia la presente salvaguarda y, en consecuencia, como se ha dictado sentencia bajo dicha irregularidad vulneradora del debido proceso, decretar su nulidad, ordenando la remisi\u00f3n del expediente a la Sala Civil Especializada en Restituci\u00f3n de Tierras del Tribunal Superior de Antioquia a efectos de que sea sometido a reparto entre los integrantes de la misma.<\/p>\n
\u00a0<\/p>\n
De esta forma, en cumplimiento del inciso final del art\u00edculo 138 del C\u00f3digo General del Proceso que dispone que \u00ab[e]l auto que declare una nulidad indicar\u00e1 la actuaci\u00f3n que debe renovarse\u00bb, se precisa que se invalidar\u00e1 el tr\u00e1mite a partir del auto admisorio de la acci\u00f3n supralegal, para que el funcionario que deba asumir el conocimiento del asunto determine la procedencia o no de la misma, sin perjuicio de lo que estime necesario complementar (vr. g. decretar medidas cautelares, practicar otras pruebas o realizar notificaciones omitidas).<\/p>\n
\u00a0<\/p>\n
4. \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0Sobre la facultad para decretar nulidades<\/p>\n
\u00a0<\/p>\n
Esta Sala en cuanto a esa potestad, en pret\u00e9ritas oportunidades ha se\u00f1alado que:<\/p>\n
\u00a0<\/p>\n
\u00ab(\u2026) hace suya la preocupaci\u00f3n de la Honorable Corte Constitucional expresada en el auto 124 de 2009 (exp. I.C.C.1404) sobre la imperiosa necesidad de evitar la dilaci\u00f3n en el tr\u00e1mite de las acciones de tutela para garantizar su finalidad, eficiencia y eficacia, esto es, la protecci\u00f3n efectiva e inmediata de los derechos fundamentales (\u2026).<\/p>\n
\u00a0<\/p>\n
(\u2026) [E]mpero, no comparte su posici\u00f3n respecto a que los jueces no est\u00e1n facultados para declararse incompetentes o para decretar nulidades por falta de competencia con base en la aplicaci\u00f3n o interpretaci\u00f3n de las reglas de reparto del decreto 1382 de 2000\u2019 el cual \u2018\u2026en manera alguna puede servir de fundamento para que los jueces o corporaciones que ejercen jurisdicci\u00f3n constitucional se declaren incompetentes para conocer de una acci\u00f3n de tutela, puesto que las reglas en \u00e9l contenidas son meramente de reparto\u201d.<\/p>\n
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\u201cEn efecto, el Decreto 1382 de 2002, reglamenta el art\u00edculo 37 del Decreto 2591 de 2001 relativo a la competencia de los jueces para conocer de la acci\u00f3n de tutela y, por supuesto, establece las reglas de reparto entre los jueces competentes (\u2026)\u00bb (CSJ ATC, 13 may. 2009, rad. 00083-01, citado entre otros en ATC7895-2016, 17 nov. 2016, rad. 02149-01 y ATC8631-2016, 14 dic. 2016, rad. 00374-01).<\/p>\n
\u00a0<\/p>\n
DECISI\u00d3N<\/p>\n
\u00a0<\/p>\n
En m\u00e9rito de lo expuesto, la Sala de Casaci\u00f3n Civil, Agraria y Rural de la Corte Suprema de Justicia, RESUELVE:<\/p>\n
\u00a0<\/p>\n
PRIMERO. Declarar la nulidad de todo lo actuado por la Sala \u00danica del Tribunal Superior de Quibd\u00f3 dentro de la acci\u00f3n de tutela incoada por el Consejo Comunitario Dos Bocas del municipio de Riosucio (Choc\u00f3), inclusive, desde el auto admisorio del amparo.<\/p>\n
\u00a0<\/p>\n
SEGUNDO. Remitir el expediente a la secretar\u00eda de la Sala Civil Especializada en Restituci\u00f3n de Tierras del Tribunal Superior de Antioquia, a efectos de que sea sometida a reparto entre los integrantes de la misma.<\/p>\n
\u00a0<\/p>\n
TERCERO. Por secretar\u00eda comunicar lo aqu\u00ed resuelto a los interesados y expedir las comunicaciones que sean pertinentes.<\/p>\n
\u00a0<\/p>\n
\u00a0<\/p>\n
FERNANDO AUGUSTO JIM\u00c9NEZ VALDERRAMA<\/p>\n
Presidente de Sala<\/p>\n
\u00a0<\/p>\n
HILDA GONZ\u00c1LEZ NEIRA<\/p>\n
\u00a0<\/p>\n
MARTHA PATRICIA GUZM\u00c1N \u00c1LVAREZ<\/p>\n
\u00a0<\/p>\n
AROLDO WILSON QUIROZ MONSALVO<\/p>\n
\u00a0<\/p>\n
LUIS ALONSO RICO PUERTA<\/p>\n
\u00a0<\/p>\n
(Comisi\u00f3n de Servicios)<\/p>\n
OCTAVIO AUGUSTO TEJEIRO DUQUE<\/p>\n
\u00a0<\/p>\n
FRANCISCO TERNERA BARRIOS<\/p>\n
\u00a0<\/p>\n
Rad. n\u00b0 27001-22-08-000-2024-00016-01<\/p>\n
\u00a0<\/p>\n
\u00a0 \u00a0<\/p>\n
<\/p>\n","protected":false},"excerpt":{"rendered":"
Rad. n\u00b0 27001-22-08-000-2024-00016-01 \u00a0 \u00a0 \u00a0 LUIS ALONSO RICO PUERTA Magistrado Ponente \u00a0 ATC483-2024 Radicaci\u00f3n n\u00b027001-22-08-000-2024-00016-01 (Aprobado en sesi\u00f3n de veinte de marzo de dos mil veinticuatro) \u00a0 Bogot\u00e1, D. C., veinte (20) de marzo de dos mil veinticuatro (2024). \u00a0 Respecto de la impugnaci\u00f3n formulada frente a la sentencia proferida por el Tribunal Superior […]<\/p>\n","protected":false},"author":1,"featured_media":0,"comment_status":"open","ping_status":"open","sticky":false,"template":"","format":"standard","meta":{"footnotes":""},"categories":[100],"tags":[],"class_list":["post-94947","post","type-post","status-publish","format-standard","hentry","category-marzo-2024"],"_links":{"self":[{"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/posts\/94947","targetHints":{"allow":["GET"]}}],"collection":[{"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/posts"}],"about":[{"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/types\/post"}],"author":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/users\/1"}],"replies":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/comments?post=94947"}],"version-history":[{"count":0,"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/posts\/94947\/revisions"}],"wp:attachment":[{"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/media?parent=94947"}],"wp:term":[{"taxonomy":"category","embeddable":true,"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/categories?post=94947"},{"taxonomy":"post_tag","embeddable":true,"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/tags?post=94947"}],"curies":[{"name":"wp","href":"https:\/\/api.w.org\/{rel}","templated":true}]}}