<\/p>\n
Radicaci\u00f3n n\u00ba. 11001-02-04-000-2023-02563-01<\/p>\n
\u00a0<\/p>\n
<\/p>\n
\u00a0<\/p>\n
\u00a0<\/p>\n
FRANCISCO TERNERA BARRIOS<\/p>\n
Magistrado Ponente<\/p>\n
\u00a0<\/p>\n
STC2411-2024<\/p>\n
Radicaci\u00f3n n\u00b0. 11001-02-04-000-2023-02563-01<\/p>\n
(Aprobado en sesi\u00f3n del seis de marzo de dos mil veinticuatro)<\/p>\n
\u00a0<\/p>\n
Bogot\u00e1 D. C., seis (6) de marzo de dos mil veinticuatro (2024).<\/p>\n
\u00a0<\/p>\n
La Corte decide la impugnaci\u00f3n interpuesta frente a la sentencia proferida el 16 de enero de 2024 por la Sala de Decisi\u00f3n de Tutelas 1 de la hom\u00f3loga de Casaci\u00f3n Penal de esta Corporaci\u00f3n, que declar\u00f3 improcedente el amparo que el Departamento de Santander interpuso contra la Sala de Descongesti\u00f3n 3 de Casaci\u00f3n Laboral de la Corte Suprema de Justicia y Humberto Trujillo Orejarena. Al tr\u00e1mite se dispuso vincular al Juzgado Sexto Laboral del Circuito de Bucaramanga, la Sala Laboral de los Tribunales Superiores de esta misma ciudad y de Bogot\u00e1, y el Hospital Regional Manuela Beltr\u00e1n del Socoro.<\/p>\n
\u00a0<\/p>\n
I. ANTECEDENTES<\/p>\n
<\/p>\n
1. El Departamento, mediante apoderado judicial, reclama la protecci\u00f3n de sus garant\u00edas superiores al debido proceso, defensa, buena fe, confianza leg\u00edtima, seguridad jur\u00eddica, acceso a la administraci\u00f3n de justicia y sostenibilidad financiera del sistema pensional.\u00a0<\/p>\n
\u00a0<\/p>\n
2. Del escrito inicial y las pruebas allegadas se resaltan los siguientes hechos relevantes:<\/p>\n
\u00a0<\/p>\n
2.1. El se\u00f1or Humberto Trujillo Orejarena demand\u00f3 al Departamento de Santander y al Hospital San Juan de Dios del Socorro, para que se declarara la existencia de un contrato de trabajo a t\u00e9rmino indefinido, desde el 14 de abril de 1983 hasta el 14 de octubre de 2005, que el empleador termin\u00f3 por decisi\u00f3n unilateral y sin justa casusa, por lo cual pidi\u00f3 su condena solidaria y el pago de la pensi\u00f3n plena de jubilaci\u00f3n convencional o, en subsidio, la pensi\u00f3n sanci\u00f3n, as\u00ed como los emolumentos dejados de percibir.<\/p>\n
\u00a0<\/p>\n
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\u00a0<\/p>\n
2.3. Inconforme, el trabajador interpuso recurso de apelaci\u00f3n y, mediante sentencia del 31 de enero de 2012, la Sala de Descongesti\u00f3n Laboral del Tribunal Superior de Bogot\u00e1 confirm\u00f3 el fallo de primera instancia.<\/p>\n
\u00a0<\/p>\n
2.4. En sentencia CSJ SL5567-2019 del 11 de diciembre de 2019, la Sala de Descongesti\u00f3n accionada cas\u00f3 el fallo del Tribunal y decret\u00f3 pruebas de oficio. En sede de instancia, mediante fallo CSJ SL2982-2022 del 3 de agosto de 2022, notificado por edicto del 25 de agosto siguiente, conden\u00f3 al Departamento de Santander a reconocer al demandante la pensi\u00f3n sanci\u00f3n, a partir del 15 de enero de 2015, junto con los incrementos legales, en 14 mesadas anuales, y un retroactivo de $122.284.524,80, pues no se demostr\u00f3 la afiliaci\u00f3n del demandante al sistema de seguridad social.<\/p>\n
\u00a0<\/p>\n
3. La entidad gestora aduce que las sentencias de casaci\u00f3n incurrieron en un grave abuso del derecho, toda vez que la orden de reconocer una pensi\u00f3n sanci\u00f3n a favor del se\u00f1or Humberto Trujillo Orejarena no cuenta con sustento probatorio alguno y se aleja de la realidad de los hechos, lo que implica pagar una pensi\u00f3n con cargo al sistema pensional a la cual no se tiene derecho, por cuanto no es cierto que en el expediente no repose documento alguno que acredite la afiliaci\u00f3n del demandante.<\/p>\n
\u00a0<\/p>\n
Se\u00f1ala que, por el pago del retroactivo pensional y de las mesadas futuras que debe hacerse, la protecci\u00f3n invocada es urgente, en aras de no afectar el erario y garantizar el principio de sostenibilidad financiera, \u00abas\u00ed exista otro medio de defensa\u00bb, en tanto el \u00abno es el recurso extraordinario de revisi\u00f3n el medio eficaz para evitar la consumaci\u00f3n del perjuicio irremediable que se ocasiona\u00bb. Adem\u00e1s, frente al presupuesto de la inmediatez, precisa que, como se trata de recursos p\u00fablicos y de un da\u00f1o que se prolonga en el tiempo, debe flexibilizarse.<\/p>\n
\u00a0<\/p>\n
4. Con sustento en lo descrito, pide dejar sin efecto los citados fallos de casaci\u00f3n y dictar una nueva sentencia, que se ajuste a derecho; en subsidio, pretende que tales decisiones se suspendan de manera transitoria, \u00abhasta tanto se resuelva el recurso extraordinario de revisi\u00f3n que se iniciar\u00eda en virtud de su orden tutelar\u00bb.<\/p>\n
\u00a0<\/p>\n
II. RESPUESTAS RECIBIDAS<\/p>\n
\u00a0<\/p>\n
1. La Sala de Descongesti\u00f3n de Casaci\u00f3n Laboral accionada aleg\u00f3 la improcedencia de la tutela, porque no cumple con el presupuesto de la inmediatez, y agreg\u00f3 que no incurri\u00f3 en la supuesta vulneraci\u00f3n de los derechos fundamentales aludidos.<\/p>\n
\u00a0<\/p>\n
2. Humberto Trujillo Orejarena, a trav\u00e9s de apoderado, dijo que la tutela es improcedente, porque no cumple los presupuestos de inmediatez y subsidiariedad, y no se demostr\u00f3 la existencia de un perjuicio irremediable.<\/p>\n
\u00a0<\/p>\n
3. La Sala Laboral del Tribunal Superior de Bucaramanga solicit\u00f3 su desvinculaci\u00f3n del tr\u00e1mite, porque no incurri\u00f3 en acci\u00f3n u omisi\u00f3n que afecte al actor, y asever\u00f3 que la tutela no se present\u00f3 en forma tempestiva.<\/p>\n
\u00a0<\/p>\n
4. La Procuradur\u00eda Delegada para Asuntos del Trabajo y la Seguridad Social inst\u00f3 su desvinculaci\u00f3n del proceso, porque del escrito de tutela no se desprende que la parte actora atribuya a dicha entidad alguna conducta.<\/p>\n
\u00a0<\/p>\n
III. LA SENTENCIA IMPUGNADA<\/p>\n
\u00a0<\/p>\n
El a quo constitucional declar\u00f3 improcedente el amparo, porque no cumple con el principio de la inmediatez, dado que se super\u00f3 el t\u00e9rmino de 6 meses, que se ha considerado razonable para acudir a este mecanismo.<\/p>\n
\u00a0<\/p>\n
IV. LA IMPUGNACI\u00d3N<\/p>\n
\u00a0<\/p>\n
El Departamento accionante reiter\u00f3 los argumentos del escrito inicial y afirm\u00f3 que, seg\u00fan jurisprudencia de la Corte Constitucional, el principio de inmediatez puede flexibilizarse, cuando la vulneraci\u00f3n o amenaza de los derechos fundamentales permanece a pesar del paso del tiempo, como ocurre en este caso.<\/p>\n
\u00a0<\/p>\n
V. CONSIDERACIONES<\/p>\n
\u00a0<\/p>\n
1. La Sala confirmar\u00e1 el fallo impugnado, porque la acci\u00f3n de tutela no supera los presupuestos de inmediatez y subsidiariedad.<\/p>\n
\u00a0<\/p>\n
2. En efecto, la sentencia de casaci\u00f3n CSJ SL2982-2022 fue notificada por edicto el 25 de esos mismos mes y a\u00f1o y la tutela objeto de estudio fue interpuesta el 13 de diciembre de 2023, es decir, pasados los 6 meses que la jurisprudencia ha estimado razonables para acudir a la acci\u00f3n de tutela, lo cual impide hacer un an\u00e1lisis de fondo frente a lo all\u00ed determinado.<\/p>\n
\u00a0<\/p>\n
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<\/p>\n
3. Adicionalmente, tampoco se cumple con el presupuesto de la subsidiaridad, pues la entidad territorial tiene a su disposici\u00f3n el recurso extraordinario de revisi\u00f3n previsto en el art\u00edculo 20 de la Ley 797 de 2003, como lo ha considerado reiteradamente esta Sala de Casaci\u00f3n Civil (CSJ STC574-2020, CSJ STC4595-2022, CSJ STC7508-2022, CSJ STC15449-2022, CSJ STC16050-2022, CSJ STC1585-2023, CSJ STC1748-2023, CSJ STC3335-2023).<\/p>\n
\u00a0<\/p>\n
Ahora, en cuanto a que se ordene la suspensi\u00f3n transitoria de los fallos de casaci\u00f3n controvertidos, a efectos de evitar un perjuicio irremediable, dado que se estar\u00edan afectando las finanzas del Estado, cabe se\u00f1alar que el recurso extraordinario de revisi\u00f3n es el escenario id\u00f3neo para formular esos reparos, raz\u00f3n por la cual no puede el juez de tutela adelantarse a resolver un asunto que debe ser decidido mediante el uso del recurso referido. Sobre el particular, ha establecido esta Sala:<\/p>\n
\u00a0<\/p>\n
…la ret\u00f3rica expuesta no diluye la exigencia de procedibilidad echada de menos p\u00e1rrafos atr\u00e1s, comoquiera que no se demostr\u00f3 que con el pago de la \u00abmesada y retroactivo pensional\u00bb concedidos (\u2026), se ponga en grave riesgo el mencionado r\u00e9gimen prestacional, carga que debe soportar la entidad impulsora hasta tanto acredite, en aquel contexto, que lo otorgado no acompasa con el ordenamiento jur\u00eddico (CSJ STC9548-2022, reiterada en CSJ STC15449-2022, CSJ STC1585-2023).<\/p>\n
\u00a0<\/p>\n
VI. DECISI\u00d3N<\/p>\n
\u00a0<\/p>\n
En m\u00e9rito de lo expuesto, la Corte Suprema de Justicia, en Sala de Casaci\u00f3n Civil, Agraria y Rural, administrando justicia en nombre de la Rep\u00fablica y por autoridad de la ley, CONFIRMA la sentencia impugnada.<\/p>\n
\u00a0<\/p>\n
Comun\u00edquese lo resuelto en esta providencia a los interesados, por el medio m\u00e1s expedito, de conformidad con lo previsto en el art\u00edculo 30 del Decreto 2591 de 1991, y env\u00edese el expediente a la Corte Constitucional, para su eventual revisi\u00f3n.<\/p>\n
\u00a0<\/p>\n
NOTIF\u00cdQUESE Y C\u00daMPLASE<\/p>\n
\u00a0<\/p>\n
FERNANDO AUGUSTO JIM\u00c9NEZ VALDERRAMA<\/p>\n
Presidente de Sala<\/p>\n
\u00a0<\/p>\n
HILDA GONZ\u00c1LEZ NEIRA<\/p>\n
\u00a0<\/p>\n
MARTHA PATRICIA GUZM\u00c1N \u00c1LVAREZ<\/p>\n
\u00a0<\/p>\n
AROLDO WILSON QUIROZ MONSALVO<\/p>\n
\u00a0<\/p>\n
LUIS ALONSO RICO PUERTA<\/p>\n
\u00a0<\/p>\n
OCTAVIO AUGUSTO TEJEIRO DUQUE<\/p>\n
\u00a0<\/p>\n
FRANCISCO TERNERA BARRIOS<\/p>\n
\u00a0<\/p>\n
Radicaci\u00f3n n\u00ba. 11001-02-04-000-2023-02563-01<\/p>\n
\u00a0<\/p>\n
<\/p>\n
\u00a0 \u00a0<\/p>\n
<\/p>\n","protected":false},"excerpt":{"rendered":"
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