<\/p>\n
Radicaci\u00f3n n\u00ba 11001-02-03-000-2024-00580-00<\/p>\n
\u00a0<\/p>\n
\u00a0<\/p>\n
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\u00a0<\/p>\n
LUIS ALONSO RICO PUERTA<\/p>\n
Magistrado ponente<\/p>\n
\u00a0<\/p>\n
STC2415-2024<\/p>\n
Radicaci\u00f3n n.\u00ba 11001-02-03-000-2024-00580-00\u00a0<\/p>\n
(Aprobado en sesi\u00f3n de seis de marzo de dos mil veinticuatro)<\/p>\n
\u00a0<\/p>\n
Bogot\u00e1, D.C., seis (6) de marzo de dos mil veinticuatro (2024).<\/p>\n
\u00a0<\/p>\n
Decide la Corte la acci\u00f3n de tutela promovida por Yasm\u00edn Andrea M\u00e9ndez L\u00f3pez contra la Sala Civil del Tribunal Superior del Distrito Judicial de Bogot\u00e1 \u2013 magistrada Stella Mar\u00eda Ayazo Perneth, tr\u00e1mite al cual fueron vinculadas las partes e intervinientes en el proceso de responsabilidad civil extracontractual radicado n\u00ba 2020-00186.<\/p>\n
\u00a0<\/p>\n
ANTECEDENTES<\/p>\n
\u00a0<\/p>\n
1.\u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0La solicitante, a trav\u00e9s de apoderado, reclam\u00f3 la protecci\u00f3n de los derechos fundamentales al debido proceso y acceso a la administraci\u00f3n de justicia, presuntamente vulnerados por la corporaci\u00f3n judicial convocada.<\/p>\n
\u00a0<\/p>\n
2.\u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0Expone en s\u00edntesis que, el 1\u00ba de julio de 2020 radic\u00f3 demanda de responsabilidad civil extracontractual contra la empresa de transportes \u00abCootranshuila Ltda.\u00bb por las lesiones sufridas en accidente de tr\u00e1nsito el 17 de diciembre de 2015. El conocimiento del asunto se le asign\u00f3 al Juzgado Veintisiete Civil del Circuito de Bogot\u00e1 (rad. 2020-186) que, el 3 de noviembre de 2022 profiri\u00f3 sentencia de primer grado (tuvo por demostrada la concurrencia de culpas), decisi\u00f3n que apelaron ambas partes.<\/p>\n
\u00a0<\/p>\n
Refiere que el expediente fue sometido al reparto entre los despachos de la Sala Civil del Tribunal Superior de Bogot\u00e1 el 14 de marzo de 2023, correspondi\u00e9ndole la ponencia a la magistrada Stella Mar\u00eda Ayazo Perneth, que avoc\u00f3 la actuaci\u00f3n el 29 de ese mismo mes.<\/p>\n
\u00a0<\/p>\n
Destaca que, tras sustentar oportunamente la alzada, el 30 de agosto, por intermedio de su apoderado, impetr\u00f3 memorial de impulso procesal y, ante la falta de respuesta, el 23 de enero de 2024 radic\u00f3 solicitud de p\u00e9rdida de competencia al tenor del art\u00edculo 121 del C\u00f3digo General del Proceso; no obstante, cuestiona que, la magistrada ponente \u00abno ha dictado sentencia de segunda instancia [\u2026] y tampoco se ha pronunciado sobre la solicitud de p\u00e9rdida de competencia\u00bb, incurriendo en mora judicial.<\/p>\n
\u00a0<\/p>\n
3. \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0Por lo anterior, pretende que, el tribunal accionado \u00abdeclare y\/o decrete la p\u00e9rdida de competencia para seguir conociendo del presente proceso, por haber transcurrido 11 meses desde la recepci\u00f3n del expediente en la Secretar\u00eda del Tribunal Superior, sin que se haya emitido sentencia de segunda instancia; (\u2026) subsidiariamente, que el Tribunal Superior de Bogot\u00e1, Sala Civil [\u2026] se pronuncie frente a la solicitud de p\u00e9rdida de competencia\u00bb.<\/p>\n
\u00a0<\/p>\n
RESPUESTA DE LOS ACCIONADOS Y VINCULADOS<\/p>\n
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La magistrada Stella Mar\u00eda Ayazo Perneth, del Tribunal Superior de Bogot\u00e1, inform\u00f3 que, el 27 de febrero de este a\u00f1o profiri\u00f3 auto mediante el cual decidi\u00f3 no declarar la p\u00e9rdida de competencia y, adem\u00e1s, la prorrog\u00f3 hasta el 20 de abril de 2024 bajo el argumento que, han existido razones objetivas que explican la superaci\u00f3n de los t\u00e9rminos legales.<\/p>\n
\u00a0<\/p>\n
Sobre la mora que se le endilga, sostuvo que, aunque reconoce que el plazo previsto en el art\u00edculo 121 de la codificaci\u00f3n procedimental feneci\u00f3 sin dictar sentencia de segundo grado, ello obedeci\u00f3 a situaciones que no le pueden ser atribuibles; al respecto aclar\u00f3 que, el 20 de abril de 2023 se produjo el cambio de titular del despacho, por lo que se \u00abrenov\u00f3 el t\u00e9rmino para que el tribunal decida la instancia\u00bb, conforme lo ha aceptado la jurisprudencia de la Corte Suprema. A\u00f1adi\u00f3 que, la sede judicial tiene un atraso significativo de asuntos por resolver, lo que se suma a que el reparto de asuntos constitucionales estuvo suspendido y luego debi\u00f3 ser compensado. Inform\u00f3 que actualmente cuenta con un total de 221 expedientes pendientes.<\/p>\n
\u00a0<\/p>\n
CONSIDERACIONES<\/p>\n
\u00a0<\/p>\n
1. \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0Problema jur\u00eddico.<\/p>\n
\u00a0<\/p>\n
Corresponde a la Corte establecer si la Sala Civil del Tribunal Superior de Bogot\u00e1, despacho de la magistrada Stella Mar\u00eda Ayazo Perneth, vulner\u00f3 las prerrogativas invocadas por el quejoso al incurrir, supuestamente, en mora judicial, respecto de la definici\u00f3n de la segunda instancia en el litigio radicado n\u00ba 2020-00186 y, no pronunciarse frente a la solicitud de p\u00e9rdida de competencia de conformidad con el art\u00edculo 121 del C\u00f3digo General del Proceso.<\/p>\n
\u00a0<\/p>\n
2. \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0De la acci\u00f3n de tutela y su naturaleza jur\u00eddica.<\/p>\n
\u00a0<\/p>\n
El art\u00edculo 86 de la Constituci\u00f3n Pol\u00edtica consagr\u00f3 este instrumento como un mecanismo extraordinario, preferente, subsidiario y residual para la protecci\u00f3n de los derechos constitucionales fundamentales, ante el menoscabo o la amenaza derivados de acci\u00f3n u omisi\u00f3n atribuible a las autoridades p\u00fablicas o a los particulares, en las situaciones espec\u00edficamente precisadas en la ley.<\/p>\n
\u00a0<\/p>\n
Puede suceder que dentro del tr\u00e1mite constitucional finalice la vulneraci\u00f3n o la amenaza acusada en el escrito introductorio, respecto de lo cual se ha entendido que si la acci\u00f3n se instituy\u00f3 para garantizar la efectividad de los derechos fundamentales de los ciudadanos, en caso de prosperar, el amparo se debe traducir en una orden encaminada a la protecci\u00f3n actual y cierta de aquellas prerrogativas, la cual se concreta en una conducta positiva; \u00a0en la intermisi\u00f3n de los hechos causantes de la perturbaci\u00f3n o amenaza; o por v\u00eda de imponer la abstenci\u00f3n de actos transgresores.<\/p>\n
\u00a0<\/p>\n
3. \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0De la Carencia actual de objeto.<\/p>\n
\u00a0<\/p>\n
Ahora bien, si desaparecen los supuestos de hecho aducidos, bien porque ces\u00f3 la conducta violatoria, dej\u00f3 de tener vigencia o aplicaci\u00f3n el acto que vulner\u00f3 el derecho, o se realiz\u00f3 la actividad cuya omisi\u00f3n constitu\u00eda desconocimiento del mismo, se pierde el motivo del amparo, de ah\u00ed que no tendr\u00eda objeto impartir alguna orden, porque aquella caer\u00eda en el vac\u00edo.<\/p>\n
\u00a0<\/p>\n
Ante ese panorama, el juez de tutela una vez constate la superaci\u00f3n del presunto hecho vulnerador, necesariamente le corresponde declarar la improcedencia del resguardo.<\/p>\n
\u00a0<\/p>\n
Al respecto la Corte ha sostenido que:<\/p>\n
\u00a0<\/p>\n
\u00ab(\u2026) la carencia de objeto impide que el fallador constitucional intervenga en relaci\u00f3n con situaciones que al momento de la sentencia ya no existen, o al menos no se suscitan con las caracter\u00edsticas de origen, ya que (\u2026) si la omisi\u00f3n por la cual la persona se queja no existe o ya ha sido superada, en el sentido que la pretensi\u00f3n erigida en defensa del derecho conculcado est\u00e1 siendo satisfecha o lo ha sido totalmente (\u2026) la tutela pierde su eficacia y raz\u00f3n de ser (\u2026)\u00bb (CSJ. STC de 13 mar. 2009, rad. 00147-01, reiterada en STC1836-2017, 15 feb. 2017, rad. 00388-01, entre otras).<\/p>\n
\u00a0<\/p>\n
4. \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0Caso concreto.<\/p>\n
\u00a0<\/p>\n
Centra la actora su reproche en la supuesta mora judicial por parte de la magistratura acusada para resolver la segunda instancia en el proceso de responsabilidad civil extracontractual radicado 2020-00186, asunto que avoc\u00f3 el 29 de marzo de 2023.<\/p>\n
\u00a0<\/p>\n
No obstante, en respuesta al traslado de la presente demanda, la funcionaria convocada inform\u00f3 que el 27 de febrero emiti\u00f3 pronunciamiento sobre la solicitud de p\u00e9rdida de competencia, prorrog\u00e1ndola hasta el 20 de abril de la anualidad que transcurre, determinaci\u00f3n en la que adem\u00e1s, se ocup\u00f3 de explicar las circunstancias objetivas que le impidieron dictar el fallo de instancia dentro del plazo establecido por la normativa adjetiva, agregando que, de \u00abacceder en este momento a la p\u00e9rdida autom\u00e1tica de competencia entorpecer\u00eda y dilatar\u00eda a\u00fan m\u00e1s el tr\u00e1mite del proceso, por cuanto este se encuentra en turno para resolver y ser\u00e1 llevado pr\u00f3ximamente a Sala de decisi\u00f3n\u00bb.<\/p>\n
\u00a0<\/p>\n
Lo anterior revela que, como la accionada en el transcurso de este grado de conocimiento de la acci\u00f3n tutelar, acredit\u00f3 haber dado impulso al tr\u00e1mite judicial cuya resoluci\u00f3n se reclama, la s\u00faplica exteriorizada en dicho sentido por la gestora de resguardo carece actualmente de objeto por advertirse superado el hecho al que atribuy\u00f3 la transgresi\u00f3n, esto es, se reitera, a partir del proferimiento de la decisi\u00f3n que resolvi\u00f3 lo concerniente a la p\u00e9rdida de competencia.<\/p>\n
\u00a0<\/p>\n
Es decir, como el motivo de la salvaguarda incoada ces\u00f3 en el curso de este diligenciamiento, por sustracci\u00f3n de materia deviene su improcedencia; de manera que, innecesario resulta cualquier pronunciamiento que pudiere hacerse al respecto, conforme lo previsto en el art\u00edculo 26 del Decreto 2591 de 1991.<\/p>\n
\u00a0<\/p>\n
En definitiva, por no existir agravio actual de las prerrogativas fundamentales denunciadas, de acuerdo a lo decantado, se declara la inviabilidad del ruego.<\/p>\n
\u00a0<\/p>\n
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\u00a0<\/p>\n
El hecho que origin\u00f3 la queja y en el cual se sustent\u00f3, se encuentra superado, dado que, durante el transcurso de esta primera instancia constitucional, la magistrada accionada resolvi\u00f3 lo relativo a la p\u00e9rdida de competencia del canon 121 del C\u00f3digo General del Proceso, como lo reclamaba la quejosa.<\/p>\n
\u00a0<\/p>\n
DECISI\u00d3N<\/p>\n
\u00a0<\/p>\n
En m\u00e9rito de lo expuesto, la Corte Suprema de Justicia en Sala de Casaci\u00f3n Civil, Agraria y Rural administrando justicia en nombre de la Rep\u00fablica y por autoridad de la ley, NIEGA el amparo incoado a trav\u00e9s de la acci\u00f3n de tutela referenciada.<\/p>\n
\u00a0<\/p>\n
Comun\u00edquese lo aqu\u00ed resuelto a las partes por medio expedito y, en caso de no ser impugnado el fallo, rem\u00edtanse las presentes diligencias a la Corte Constitucional para su eventual revisi\u00f3n.<\/p>\n
\u00a0<\/p>\n
\u00a0<\/p>\n
FERNANDO AUGUSTO JIM\u00c9NEZ VALDERRAMA<\/p>\n
Presidente de Sala<\/p>\n
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\u00a0<\/p>\n
HILDA GONZ\u00c1LEZ NEIRA<\/p>\n
\u00a0<\/p>\n
\u00a0<\/p>\n
MARTHA PATRICIA GUZM\u00c1N \u00c1LVAREZ<\/p>\n
\u00a0<\/p>\n
\u00a0<\/p>\n
AROLDO WILSON QUIROZ MONSALVO<\/p>\n
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LUIS ALONSO RICO PUERTA<\/p>\n
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\u00a0<\/p>\n
OCTAVIO AUGUSTO TEJEIRO DUQUE<\/p>\n
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\u00a0<\/p>\n
FRANCISCO TERNERA BARRIOS<\/p>\n
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Radicaci\u00f3n n\u00ba 11001-02-03-000-2024-00580-00<\/p>\n
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