<\/p>\n
Radicaci\u00f3n n.\u00ba 11001-02-30-000-2024-00058-01<\/p>\n
\u00a0<\/p>\n
\u00a0<\/p>\n
\u00a0<\/p>\n
\u00a0<\/p>\n
\u00a0<\/p>\n
AROLDO WILSON QUIROZ MONSALVO<\/p>\n
Magistrado ponente<\/p>\n
\u00a0<\/p>\n
STC2452-2024<\/p>\n
Radicaci\u00f3n n.\u00b0 11001-02-30-000-2024-00058-01<\/p>\n
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\u00a0<\/p>\n
Bogot\u00e1, D.C., seis (6) de marzo de dos mil veinticuatro (2024).<\/p>\n
\u00a0<\/p>\n
Se decide la impugnaci\u00f3n que se interpuso contra el fallo proferido el 6 de febrero de 2024 por la Sala de Casaci\u00f3n Penal de la Corte Suprema de Justicia, dentro de la acci\u00f3n de tutela que promovi\u00f3 Camilo Torres Dur\u00e1n contra la Unidad de Registro Nacional de Abogados del Consejo Superior de la Judicatura.<\/p>\n
\u00a0<\/p>\n
ANTECEDENTES<\/p>\n
\u00a0<\/p>\n
1. \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0El promotor del amparo reclam\u00f3 protecci\u00f3n de sus garant\u00edas al debido proceso e igualdad, que dice vulneradas por la autoridad acusada, por lo que solicit\u00f3 \u00abse expida\u2026 [su] tarjeta profesional de abogado sin ninguna limitaci\u00f3n y sin ning\u00fan costo adicional\u00bb.<\/p>\n
\u00a0<\/p>\n
2. Son hechos relevantes para la definici\u00f3n del presente asunto los siguientes:<\/p>\n
\u00a0<\/p>\n
2.1. En agosto de 2005, el accionante inici\u00f3 sus estudios en derecho en la Universidad Libre (seccional Cali), cursando \u00ab3 a\u00f1os consecutivos\u00bb, los cuales tuvo que suspender \u00abpor situaciones econ\u00f3micas y otras labores ajenas a [su] voluntad\u00bb.<\/p>\n
\u00a0<\/p>\n
2.2. En el a\u00f1o 2018, el promotor retom\u00f3 sus estudios en derecho en la Universidad San Buenaventura de Cali, obteniendo su grado el 26 de octubre de 2023, por lo que solicit\u00f3 la expedici\u00f3n de su tarjeta profesional de abogado, la que recibi\u00f3 el 17 de diciembre siguiente, \u00abde manera condicionada, ya que su estatus es provisional\u00bb, toda vez que \u00abfalta [el] cumplimiento [del] requisito establecido en la ley 1095 de 2018, que establece el sometimiento y aprobaci\u00f3n de una prueba de suficiencia realizada por el Consejo Superior de la Judicatura\u00bb.<\/p>\n
\u00a0<\/p>\n
2.3. En s\u00edntesis, expres\u00f3 el gestor del resguardo que no est\u00e1 obligado a presentar el prenotado examen de \u00absuficiencia\u00bb, comoquiera que \u00abs\u00f3lo aplica para quienes inicien la carrera despu\u00e9s de [la] promulgaci\u00f3n\u00bb de la mencionada Ley (28 de junio de 2018) y \u00e9l inici\u00f3 \u00abla carrera de derecho en el a\u00f1o 2005\u00bb.<\/p>\n
RESPUESTA DEL ACCIONADO<\/p>\n
\u00a0<\/p>\n
La Unidad de Registro Nacional de Abogados del Consejo Superior de la Judicatura precis\u00f3 que el gestor solicit\u00f3 \u00absu inscripci\u00f3n como abogado y la expedici\u00f3n de la tarjeta profesional, como titulado por la Universidad San Buenaventura de Cali\u00bb, ente educativo que, \u00abmediante oficio del 1 de noviembre de 2023\u2026, inform\u00f3 que el accionante inici\u00f3 la carrera de derecho el \u201c31\/07\/2018\u201d, es decir, despu\u00e9s de haber sido promulgada la Ley 1905\u00bb.<\/p>\n
\u00a0<\/p>\n
LA SENTENCIA IMPUGNADA<\/p>\n
\u00a0<\/p>\n
El a quo neg\u00f3 el resguardo porque la accionada \u00abno ha vulnerado ning\u00fan derecho fundamental en la actuaci\u00f3n realizada, dado que las decisiones adoptadas se fundamentan en la informaci\u00f3n suministrada por la universidad y la normatividad aplicable al caso\u00bb, teniendo en cuenta que el t\u00edtulo de abogado conferido al actor, expedido por la Universidad San Buenaventura, \u00abrefleja su formaci\u00f3n acad\u00e9mica entre el 31 de julio de 2028 y el 26 de octubre de 2023\u00bb, por lo que es \u00abevidente que [el quejoso] comenz\u00f3 sus estudios profesionales despu\u00e9s de la promulgaci\u00f3n de la Ley 1905 de 2018, por lo que se le exige la presentaci\u00f3n del examen de Estado\u2026\u00bb.<\/p>\n
\u00a0<\/p>\n
LA IMPUGNACI\u00d3N<\/p>\n
\u00a0<\/p>\n
El promotor reiter\u00f3 sus alegaciones iniciales, enfiladas a predicar que no est\u00e1 obligado a presentar el examen de estado que estableci\u00f3 el art\u00edculo 1905 de 2018, comoquiera que comenz\u00f3 sus estudios en derecho con antelaci\u00f3n a la promulgaci\u00f3n de esa Ley.<\/p>\n
\u00a0<\/p>\n
CONSIDERACIONES<\/p>\n
\u00a0<\/p>\n
1. Conforme al art\u00edculo 86 de la Constituci\u00f3n Pol\u00edtica, la acci\u00f3n de tutela es un mecanismo jur\u00eddico concebido para proteger los derechos fundamentales, cuando son vulnerados o amenazados por los actos u omisiones de las autoridades, en determinadas hip\u00f3tesis, por los particulares, cuya naturaleza subsidiaria y residual no permite sustituir o desplazar a los jueces funcionalmente competentes, ni los medios comunes de defensa judicial.<\/p>\n
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2. Bajo esa \u00f3ptica, revisada la demanda de tutela, se advierte que lo pretendido por el actor, en esencia, es ser exonerado del examen de estado que prev\u00e9 la ley 1905 de 2018 y, en consecuencia, se le expida una tarjeta profesional definitiva, comoquiera que, seg\u00fan \u00e9l, re\u00fane los presupuestos necesarios para esos efectos.<\/p>\n
\u00a0<\/p>\n
As\u00ed las cosas, concluye la Corte que la solicitud de resguardo resulta inviable, comoquiera que no se verifica de los elementos de juicio recaudados en estas diligencias, que el querellante hubiese reclamado a la autoridad accionada, previamente a la interposici\u00f3n del mecanismo constitucional, \u00a0la prenotada exoneraci\u00f3n, con la finalidad de que dicho ente, atendiendo las circunstancias especiales que aduce tener, emita un acto administrativo sobre su caso concreto, el cual, incluso, ser\u00eda susceptible de enjuiciamiento ante la Jurisdicci\u00f3n Contenciosa Administrativa, a trav\u00e9s del ejercicio del medio de control de nulidad y restablecimiento del derecho, en caso de resultar lesivo de sus garant\u00edas constitucionales.<\/p>\n
\u00a0<\/p>\n
En ese orden de ideas, siendo ese el escenario id\u00f3neo para controvertir la legalidad del asunto cuestionado, se configura la causal de improcedencia contemplada en el inciso 3\u00ba del art\u00edculo 86 de la Carta Pol\u00edtica en concordancia con el art\u00edculo 6\u00ba del Decreto 2591 de 1991.<\/p>\n
\u00a0<\/p>\n
3. Basta lo dicho en precedencia para confirmar la decisi\u00f3n objeto de censura, pero por los motivos aqu\u00ed expuestos.<\/p>\n
\u00a0<\/p>\n
DECISI\u00d3N<\/p>\n
\u00a0<\/p>\n
En m\u00e9rito de lo expuesto, la Corte Suprema de Justicia, en Sala de Casaci\u00f3n Civil, Agraria y Rural, administrando justicia en nombre de la Rep\u00fablica y por autoridad de la ley, confirma el fallo impugnado.<\/p>\n
\u00a0<\/p>\n
Comun\u00edquese mediante telegrama a los interesados y rem\u00edtase el expediente a la Corte Constitucional para la eventual revisi\u00f3n.<\/p>\n
\u00a0<\/p>\n
\u00a0<\/p>\n
FERNANDO AUGUSTO JIM\u00c9NEZ VALDERRAMA<\/p>\n
Presidente de Sala<\/p>\n
\u00a0<\/p>\n
\u00a0<\/p>\n
HILDA GONZ\u00c1LEZ NEIRA<\/p>\n
\u00a0<\/p>\n
\u00a0<\/p>\n
MARTHA PATRICIA GUZM\u00c1N \u00c1LVAREZ<\/p>\n
\u00a0<\/p>\n
\u00a0<\/p>\n
AROLDO WILSON QUIROZ MONSALVO<\/p>\n
\u00a0<\/p>\n
\u00a0<\/p>\n
LUIS ALONSO RICO PUERTA<\/p>\n
\u00a0<\/p>\n
\u00a0<\/p>\n
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\u00a0<\/p>\n
\u00a0<\/p>\n
FRANCISCO TERNERA BARRIOS<\/p>\n
Radicaci\u00f3n n.\u00ba 11001-02-30-000-2024-00058-01<\/p>\n
\u00a0<\/p>\n
\u00a0<\/p>\n
\u00a0 \u00a0<\/p>\n
<\/p>\n","protected":false},"excerpt":{"rendered":"
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