<\/p>\n
Radicaci\u00f3n n.\u00b0 11001-02-03-000-2024-00476-00<\/p>\n
\u00a0<\/p>\n
\u00a0<\/p>\n
\u00a0<\/p>\n
\u00a0<\/p>\n
\u00a0<\/p>\n
AROLDO WILSON QUIROZ MONSALVO<\/p>\n
Magistrado ponente<\/p>\n
\u00a0<\/p>\n
STC2459-2024<\/p>\n
Radicaci\u00f3n n.\u00b0 11001-02-03-000-2024-00476-00<\/p>\n
(Aprobado en sesi\u00f3n de seis de marzo de dos mil veinticuatro)<\/p>\n
\u00a0<\/p>\n
Bogot\u00e1, D. C., seis (6) de marzo de dos mil veinticuatro (2024).<\/p>\n
\u00a0<\/p>\n
Se decide la acci\u00f3n de tutela promovida por Eduardo Romero Rodr\u00edguez y Carlos Alberto Orjuela Ortiz contra el Tribunal Superior del Distrito Judicial, Sala Civil, as\u00ed como frente al Juzgado Quinto Civil del Circuito, ambos de Bogot\u00e1, tr\u00e1mite al que fueron vinculados los part\u00edcipes en el asunto que suscita la presente queja constitucional.<\/p>\n
\u00a0<\/p>\n
ANTECEDENTES<\/p>\n
\u00a0<\/p>\n
1. 1. \u00a0Los convocantes deprecaron, a trav\u00e9s de apoderado, el patrocinio de sus derechos fundamentales al debido proceso y \u00abacceso a la administraci\u00f3n de justicia\u00bb, presuntamente conculcados por las dependencias jurisdiccionales repelidas. Y en concreto, se ordene invalidar lo dirimido dentro del dossier de impugnaci\u00f3n de actos de asamblea n.\u00b0 \u00ab2022-00072\u00bb.<\/p>\n
2. 2. \u00a0Como sustento se\u00f1alaron, en lo relevante, que ante el Juzgado Quinto Civil del Circuito de Bogot\u00e1 se surte, con ocasi\u00f3n de auto de 23 de febrero de 2023, el paginario verbal arriba descrito, por demanda de ellos frente al Supremo Consejo Colombiano del Grado 33\u00ba – Rito Escoc\u00e9s Antiguo y Aceptado de la Francmasoner\u00eda, por impedimento que exteriorizara el juez Cuarto de la misma especialidad y ciudad (inicial conocedor).<\/p>\n
\u00a0<\/p>\n
Relataron que por conducto de providencia de 10 de julio siguiente el despacho ahora a cargo les rechaz\u00f3 de plano una solicitud de nulidad. Interlocutorio confirmado por el correspondiente Tribunal Superior, Sala Civil, en sede de apelaci\u00f3n suya, en virtud de pronunciamiento de 1\u00b0 de diciembre postrero.<\/p>\n
\u00a0<\/p>\n
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\u00a0<\/p>\n
3. Se imparti\u00f3 adelanto al pliego supralegal de marras. Y en paralelo, quedaron libradas las comunicaciones de rigor.<\/p>\n
LAS RESPUESTAS DE LOS CONVOCADOS<\/p>\n
\u00a0<\/p>\n
El Tribunal se opuso al \u00e9xito de la clama, por no vulneraci\u00f3n. El Juzgado memor\u00f3 lo acontecido y dijo estarse a lo resuelto. Los dos brindaron separadamente copia del litigio en disenso. El Supremo Consejo Colombiano del Grado 33\u00ba – Rito Escoc\u00e9s Antiguo y Aceptado de la Francmasoner\u00eda, con apoyo de mandatario, tambi\u00e9n se mostr\u00f3 en disfavor de la prosperidad del excepcional acudimiento, por su inviabilidad am\u00e9n de la pertinencia de las determinaciones cuestionadas, en tanto que acorde al art\u00edculo 145 del C\u00f3digo General del Proceso la declaratoria de impedimento no afecta la validez de lo agotado con antelaci\u00f3n.<\/p>\n
\u00a0<\/p>\n
CONSIDERACIONES<\/p>\n
\u00a0<\/p>\n
1. 1. \u00a0Al tenor del precepto 86 de la Constituci\u00f3n Pol\u00edtica, la tutela es un mecanismo jur\u00eddico en abrigo de las premisas b\u00e1sicas, susceptible de invocar siempre que resulten laceradas o en peligro inminente por las autoridades p\u00fablicas y los particulares.<\/p>\n
\u00a0<\/p>\n
Por lineamiento doctrinario, en lo que concierne a las actuaciones judiciales, el resguardo cabe de manera ins\u00f3lita y ce\u00f1ido a la presencia de un irrefutable desafuero, si \u00abel proceder ileg\u00edtimo no es dable removerlo a trav\u00e9s de los medios (\u2026) previstos en la ley\u00bb (CSJ STC, 11 may. 2001, rad. 00183-01); y por antonomasia, de acaecer el imperativo de la inmediatez.<\/p>\n
\u00a0<\/p>\n
2. Compete auscultar en sus cimientos el auto de 1\u00b0 de diciembre de 2023, al ser el que en segunda instancia defini\u00f3 sobre la controversia sub examine. N\u00f3tese que el Tribunal Superior de Bogot\u00e1, en lo medular, ah\u00ed esgrimi\u00f3:<\/p>\n
\u00a0<\/p>\n
(\u2026)[L]as nulidades procesales fueron consagradas en el Ordenamiento Procesal Civil (\u2026) para salvaguardar el (\u2026) debido proceso. De esta manera, son taxativas las causales…<\/p>\n
\u00a0<\/p>\n
(\u2026)<\/p>\n
\u00a0<\/p>\n
En desarrollo de esas premisas, enunciar el art\u00edculo 29 de la Constituci\u00f3n Pol\u00edtica como habilitador del tr\u00e1mite del incidente de nulidad no encuentra asidero, pues como lo ha se\u00f1alado la jurisprudencia, quien considere que est\u00e1 viciada la legalidad de las actuaciones de un procedimiento civil, debe sujetar su pedimento a las causales del art\u00edculo 133 (\u2026) procesal[ y] a la oportunidad procesal pertinente para expresar su alegato, como viene de verse.<\/p>\n
\u00a0<\/p>\n
Y fijado este punto, debe decirse que el vicio alegado no se encuadr\u00f3 en ninguna de las causales de nulidad del art\u00edculo 133 procesal, exigencia prevista en la norma, para que pueda entrarse a su estudio de fondo.<\/p>\n
\u00a0<\/p>\n
Adem\u00e1s, conforme lo prev\u00e9 el art\u00edculo 135 ib\u00eddem \u201c[e]l juez rechazar\u00e1 de plano la solicitud de nulidad que se funde en causal distinta de las determinadas en este cap\u00edtulo o en hechos que pudieron alegarse como excepciones previas, o la que se proponga despu\u00e9s de saneada\u201d\u2026<\/p>\n
\u00a0<\/p>\n
Si lo anterior es as\u00ed\u2026, se mantendr\u00e1 el auto apelado, pues como se argument\u00f3 la irregularidad deprecada no encuentra asidero… (\u00c9nfasis).<\/p>\n
\u00a0<\/p>\n
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\u00a0<\/p>\n
Es que, en rigor, los convocantes revelan un mero desacuerdo en torno a la forma en que el Tribunal fustigado dispuso ratificar el rechazo de su solicitud de nulidad, luego de descartar la irregularidad por ellos atribuida como motivo de invalidaci\u00f3n, as\u00ed como porque no la soportaron en ninguna de las causales taxativas de la ley adjetiva vigente. Planteamientos que son dif\u00edciles de descalificarlos de plano o tildarlos de aviesos, \u00abm\u00e1xime si (\u2026)no est\u00e1 demostrado el defecto apuntado\u2026, ya que (\u2026) se desconocer\u00edan normas de orden p\u00fablico(\u2026) y [se] entrar\u00eda a la relaci\u00f3n procesal a usurpar las funciones asignadas v\u00e1lidamente\u00bb en el finiquite del \u00abconflicto de intereses\u00bb (CSJ STC, 11 en. 2005, rad. 01451; reiterada en STC7135, 2 jun. 2016).<\/p>\n
\u00a0<\/p>\n
Divergir del fundamento de un dictado judicial no desemboca, a simple vista, en laceraci\u00f3n ostensible, si en cuenta se tiene que \u00abno se puede recurrir a la acci\u00f3n tutelar para [sugerir] al fallador una determinada interpretaci\u00f3n de las normas (\u2026) aplicables (\u2026) o una espec\u00edfica valoraci\u00f3n probatoria, a efectos de que su raciocinio coincida con el de las partes\u00bb (CSJ STC, 18 abr. 2012, rad. 00009-01; y STC, 12 ag. 2013, rad. 00125-01; reiterada en STC18711, 10 nov. 2017).<\/p>\n
\u00a0<\/p>\n
3. Se impone, ergo, cerrar paso a la salvaguarda protestada.<\/p>\n
DECISI\u00d3N<\/p>\n
\u00a0<\/p>\n
En m\u00e9rito de lo expuesto, la Corte Suprema de Justicia, Sala de Casaci\u00f3n Civil, Agraria y Rural, administrando justicia en nombre de la Rep\u00fablica de Colombia y por autoridad de la ley, deniega el amparo implorado.<\/p>\n
\u00a0<\/p>\n
Notif\u00edquese por el canal m\u00e1s \u00e1gil. Rem\u00edtanse las diligencias a la Corte Constitucional para la eventual revisi\u00f3n, de no impugnarse.<\/p>\n
\u00a0<\/p>\n
\u00a0<\/p>\n
\u00a0<\/p>\n
FERNANDO AUGUSTO JIM\u00c9NEZ VALDERRAMA<\/p>\n
Presidente de Sala<\/p>\n
\u00a0<\/p>\n
\u00a0<\/p>\n
HILDA GONZ\u00c1LEZ NEIRA<\/p>\n
\u00a0<\/p>\n
\u00a0<\/p>\n
MARTHA PATRICIA GUZM\u00c1N \u00c1LVAREZ<\/p>\n
\u00a0<\/p>\n
\u00a0<\/p>\n
AROLDO WILSON QUIROZ MONSALVO<\/p>\n
\u00a0<\/p>\n
\u00a0<\/p>\n
LUIS ALONSO RICO PUERTA<\/p>\n
\u00a0<\/p>\n
\u00a0<\/p>\n
OCTAVIO AUGUSTO TEJEIRO DUQUE<\/p>\n
\u00a0<\/p>\n
\u00a0<\/p>\n
FRANCISCO TERNERA BARRIOS<\/p>\n
Radicaci\u00f3n n.\u00b0 11001-02-03-000-2024-00476-00<\/p>\n
\u00a0<\/p>\n
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