<\/p>\n
\u00a0<\/p>\n
Radicaci\u00f3n n.\u00b0 66001-22-13-000-2023-00526-01<\/p>\n
\u00a0<\/p>\n
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\u00a0<\/p>\n
\u00a0<\/p>\n
\u00a0<\/p>\n
AROLDO WILSON QUIROZ MONSALVO<\/p>\n
Magistrado ponente<\/p>\n
\u00a0<\/p>\n
STC2483-2024<\/p>\n
Radicaci\u00f3n n.\u00b0 66001-22-13-000-2023-00526-01 (Aprobado en sesi\u00f3n de seis de marzo de dos mil veinticuatro)<\/p>\n
\u00a0<\/p>\n
Bogot\u00e1, D. C., seis (6) de marzo de dos mil veinticuatro (2024).<\/p>\n
\u00a0<\/p>\n
Se decide la impugnaci\u00f3n interpuesta por la convocante frente a la sentencia del pasado 24 de enero, proferida por el Tribunal Superior del Distrito Judicial de Pereira, Sala Civil-Familia, en la acci\u00f3n de tutela impulsada por Comunicaci\u00f3n Celular S.A. (Comcel S.A.) contra el Juzgado Quinto Civil del Circuito de la misma ciudad, tr\u00e1mite al que fue vinculada Azucena Ram\u00edrez Pati\u00f1o.<\/p>\n
\u00a0<\/p>\n
ANTECEDENTES<\/p>\n
\u00a0<\/p>\n
1. 1. \u00a0La empresa promotora deprec\u00f3, a trav\u00e9s de apoderado, la protecci\u00f3n de sus derechos fundamentales al debido proceso, \u00abcontradicci\u00f3n, defensa y tutela judicial efectiva\u00bb, presuntamente conculcados por la dependencia jurisdiccional repelida. Y en concreto, se deje sin valor lo dirimido dentro del expediente de restituci\u00f3n de inmueble arrendado n.\u00b0 \u00ab2021-00014\u00bb, para, por contera, fijar \u00abaudiencia\u00bb.<\/p>\n
\u00a0<\/p>\n
2. Son hechos relevantes, los que enseguida se develan:<\/p>\n
\u00a0<\/p>\n
2.1. Ante el despacho accionado se surti\u00f3 el descrito paginario, por demanda de Azucena Ram\u00edrez Pati\u00f1o contra la compa\u00f1\u00eda tutelante, bajo la causal de mora. De la contienda provino, grosso modo, fallo de 18 de noviembre de 2022, favorable a la restituci\u00f3n.<\/p>\n
\u00a0<\/p>\n
2.2. El recurso de apelaci\u00f3n formulado por la ah\u00ed enjuiciada (ahora quejosa) respecto a dicho veredicto, fue rechazado con auto de 14 de julio de 2023, por improcedente.<\/p>\n
\u00a0<\/p>\n
2.3. Por conducto de interlocutorio de 11 de agosto postrero el juzgado de cognici\u00f3n corrigi\u00f3 uno de los numerales del fallo arriba en menci\u00f3n.<\/p>\n
\u00a0<\/p>\n
2.4. La titular del pedimento de amparo de la referencia critic\u00f3, en estricto compendio, que el dispensador natural de justicia dispusiera otorgar las aspiraciones del libelo restitutorio, so pretexto de no haber satisfecho -como demandada- la carga de pagar los c\u00e1nones en deuda, pues lo cierto es que s\u00ed fue cumplidora de tal obligaci\u00f3n, conforme los soportes de pago y dep\u00f3sito judicial adjuntos, sin objeci\u00f3n de la adversaria. Situaci\u00f3n que am\u00e9n de significar un dislate de rango f\u00e1ctico, albergar\u00eda una falencia de \u00edndole adjetiva (por desatenci\u00f3n del art\u00edculo 384 del C.G. del P.) y violaci\u00f3n directa de la Constituci\u00f3n, con m\u00e1s respaldo si se la castig\u00f3 con no ser escuchada pese a contestar, sin tener en cuenta sus probanzas.<\/p>\n
\u00a0<\/p>\n
3. El Tribunal a-quo admiti\u00f3 el pliego supralegal, libr\u00f3 las comunicaciones de rigor y, a posteriori, no confiri\u00f3 la medida provisional implorada por la ac\u00e1 gestora.<\/p>\n
\u00a0<\/p>\n
LA INTERVENCI\u00d3N DE LOS CONVOCADOS<\/p>\n
\u00a0<\/p>\n
El Juzgado memor\u00f3 lo acontecido en el certamen en debate -del que brind\u00f3 copia- y se opuso al \u00e9xito del acudimiento, por no vulneraci\u00f3n. Azucena Ram\u00edrez Pati\u00f1o prefiri\u00f3 el silencio.<\/p>\n
\u00a0<\/p>\n
LA SENTENCIA IMPUGNADA<\/p>\n
\u00a0<\/p>\n
Rehus\u00f3 conceder la salvaguarda luego de destacar la pertinencia de las determinaciones del estrado requerido, adem\u00e1s del no agotamiento de solicitud de aclaraci\u00f3n si la promotora estimaba que uno de los llamamientos que se le hicieron en la disputa en disenso carec\u00eda de precisi\u00f3n.<\/p>\n
\u00a0<\/p>\n
LA IMPUGNACI\u00d3N<\/p>\n
\u00a0<\/p>\n
La propuso la convocante con ayuda del mandatario, quien hubo de persistir en sus reproches y discrep\u00f3 de las conclusiones del Tribunal de primera instancia, pues s\u00ed fluye la trasgresi\u00f3n denunciada y la aclaraci\u00f3n no era posible.<\/p>\n
\u00a0<\/p>\n
CONSIDERACIONES<\/p>\n
\u00a0<\/p>\n
1. 1. \u00a0Al tenor del precepto 86 de la Constituci\u00f3n Pol\u00edtica, la tutela es un mecanismo jur\u00eddico en abrigo de las premisas b\u00e1sicas, susceptible de invocar siempre que resulten agraviadas o en peligro inminente por las autoridades p\u00fablicas y los particulares.<\/p>\n
\u00a0<\/p>\n
Por lineamiento jurisprudencial, en lo que concierne a las expresiones y omisiones judiciales, el auxilio vale de manera ins\u00f3lita y sujeto a la presencia de un irrefutable atropello, si \u00abel proceder ileg\u00edtimo no es dable removerlo a trav\u00e9s de los medios ordinarios previstos en la ley\u00bb (CSJ STC, 11 may. 2001, rad. 00183-01) y, obvio, de aparecer el imperativo de la inmediatez.<\/p>\n
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2. Es del caso advertir, de un flanco, que al margen de que el despacho Quinto Civil del Circuito pereirano afirmara en el fustigado fallo de 18 de noviembre de 2022 (corregido hasta el 11 ag. 2023) que no escuchar\u00eda a la empresa tutelante por no probar el pago o consignaci\u00f3n de los c\u00e1nones ocasionados durante el litigio de restituci\u00f3n, lo cierto es que, en \u00faltimas, impl\u00edcitamente s\u00ed la acab\u00f3 oyendo, al punto de que hizo abordaje de sus excepciones de m\u00e9rito, dirigidas a inferir fuerza mayor en el no pago total de la obligaci\u00f3n arrendaticia. As\u00ed las cosas, como la conculcaci\u00f3n enrostrada en lo tocante es inexistente, ning\u00fan tipo de injerencia encontrar\u00eda motivo de cabida, acerca de lo que la Corte tiene delineado:<\/p>\n
\u00a0<\/p>\n
\u2026[S]i la omisi\u00f3n por la cual la persona se queja no existe, o ya ha sido superada, en el sentido que la pretensi\u00f3n erigida en defensa del derecho conculcado est\u00e1 siendo satisfecha o lo ha sido totalmente(\u2026) la tutela pierde su eficacia y raz\u00f3n de ser, por lo que la posible orden que llegase a impartir el juez del amparo carecer\u00eda de sentido\u2026 (CSJ STC, 13 mar. 2009, rad. 00147-01; reiterada en STC, 7 nov. 2012, rad. 02211-01; y STC, 17 sep. 2013, rad. 00184-01. STC6254-2023, 28 jun.).<\/p>\n
\u00a0<\/p>\n
3. Es que, de otra parte, es de recordar que en dicho fallo el estamento juzgador atacado, trat\u00e1ndose de las exceptivas de la tutelante, esgrimi\u00f3:<\/p>\n
\u00a0<\/p>\n
\u2026Sin embargo, es propio adicionar que, con esta decisi\u00f3n no se desconocen las disposiciones adoptadas en el marco de la emergencia sanitaria para el caso de los contratos de arrendamiento, pues, tal como se explic\u00f3 en los fundamentos normativos, el Decreto 579 de 2020 prohibi\u00f3 la realizaci\u00f3n de diligencias de desalojo \u00fanicamente durante el per\u00edodo comprendido entre el 15 de abril y el 30 de junio de 2020, y, entre otras decisiones, aplaz\u00f3 el reajuste que se har\u00eda efectivo en dicho lapso; pero, tambi\u00e9n precis\u00f3 que el pago de los c\u00e1nones causados durante el per\u00edodo descrito as\u00ed como de sus incrementos deb\u00eda darse con posterioridad al 30 de junio de 2020, ya fuera, en los t\u00e9rminos acordados por las partes o en los t\u00e9rminos establecidos en el mismo Decreto.<\/p>\n
En consecuencia, la obligaci\u00f3n referida al pago de los c\u00e1nones pactados y sus reajustes no se extingue en modo alguno por razones de fuerza mayor, como las derivadas de la emergencia sanitaria.<\/p>\n
Por \u00faltimo, y no menos importante es recordar que, seg\u00fan el transcrito art\u00edculo 6 del decreto\u2026, las disposiciones del mismo son aplicables a inmuebles con destinaci\u00f3n comercial solo en los casos en los que el arrendatario sea una persona natural, micro, peque\u00f1a o mediana empresa; calidades que no detenta la sociedad demandada, puesto que, seg\u00fan el certificado de existencia y representaci\u00f3n legal y \u201cde conformidad con lo previsto en el art\u00edculo 2.2.1.13.2.1 del Decreto 1074 de 2015 y la Resoluci\u00f3n 2225 de 2019 del DANE, el tama\u00f1o de la empresa es Grande\u201d\u2026 (\u00c9nfasis).<\/p>\n
\u00a0<\/p>\n
Prove\u00eddo que m\u00e1s all\u00e1 de compartirse no subyace arbitrario, subjetivo o antojadizo, lo que desecha las vulneraciones aducidas, las que, por ende, no son de recibo en esta calzada especial\u00edsima de apoyo, con m\u00e1s soporte si el Juzgado explic\u00f3 de modo razonable sobre la inviabilidad de las defensas de fondo de la ac\u00e1 convocante al interior del pleito restitutivo, en virtud de planteamientos que son dif\u00edciles de descalificarlos de plano o tildarlos de aviesos, \u00abm\u00e1xime si (\u2026)no est\u00e1 demostrado el defecto apuntado\u2026, ya que (\u2026) se desconocer\u00edan normas de orden p\u00fablico(\u2026) y [se] entrar\u00eda a la relaci\u00f3n procesal a usurpar las funciones asignadas v\u00e1lidamente\u00bb en el finiquite del \u00abconflicto de intereses\u00bb (CSJ STC, 11 en. 2005, rad. 01451; reiterada en STC7135, 2 jun. 2016).<\/p>\n
\u00a0<\/p>\n
Divergir del fundamento de un pronunciamiento judicial no desemboca, a simple vista, en laceraci\u00f3n ostensible, si en cuenta se tiene que \u00abno se puede recurrir a la acci\u00f3n tutelar para [sugerir] al fallador una determinada interpretaci\u00f3n de las normas (\u2026) aplicables (\u2026) o una espec\u00edfica valoraci\u00f3n probatoria, a efectos de que su raciocinio coincida con el de las partes\u00bb (CSJ STC, 18 abr. 2012, rad. 00009-01; y STC, 12 ag. 2013, rad. 00125-01; reiterada en STC18711, 10 nov. 2017).<\/p>\n
\u00a0<\/p>\n
4. En complemento, y en gracia de discusi\u00f3n, la aqu\u00ed pretensora pudo intentar nulidad si apreciaba que le fue pretermitida la pr\u00e1ctica de sus pruebas, o incluso la posibilidad de alegar de conclusi\u00f3n (art. 133 -nums. 5\u00b0\/6\u00b0- del C. G. del P.), lo que redunda en la improsperidad del instrumento de la referencia, que s\u00f3lo se abre paso ante la falta de herramientas \u00f3ptimas de protecci\u00f3n, al \u00abno est[ar] concebid[o] para sustituirlos o desplazarlos, subsanar falencias procesales\u2026, ni mucho menos para restablecer oportunidades precluidas o t\u00e9rminos fenecidos\u2026\u00bb (CSJ STC, 8 abr. 2008, rad. 00065-01; reiterada, entre otras, en STC, 4 jun. 2013, rad. 00585-01; STC, 21 ag. 2013, rad. 01258-01; y STC, 17 sep. 2013, rad. 01329-01).<\/p>\n
\u00a0<\/p>\n
5. Se impone, ergo, ratificar el dictamen del Tribunal de origen, aunque por las consideraciones venidas de esbozar.<\/p>\n
\u00a0<\/p>\n
DECISI\u00d3N<\/p>\n
\u00a0<\/p>\n
En m\u00e9rito de lo expuesto, la Corte Suprema de Justicia, Sala de Casaci\u00f3n Civil, Agraria y Rural, administrando justicia en nombre de la Rep\u00fablica de Colombia y por autoridad de la ley, confirma la sentencia impugnada.<\/p>\n
Notif\u00edquese por el canal m\u00e1s \u00e1gil y eficaz. Rem\u00edtanse las diligencias a la Corte Constitucional, para la eventual revisi\u00f3n.<\/p>\n
\u00a0<\/p>\n
\u00a0<\/p>\n
FERNANDO AUGUSTO JIM\u00c9NEZ VALDERRAMA<\/p>\n
Presidente de Sala<\/p>\n
\u00a0<\/p>\n
HILDA GONZ\u00c1LEZ NEIRA<\/p>\n
\u00a0<\/p>\n
MARTHA PATRICIA GUZM\u00c1N \u00c1LVAREZ<\/p>\n
\u00a0<\/p>\n
AROLDO WILSON QUIROZ MONSALVO<\/p>\n
\u00a0<\/p>\n
LUIS ALONSO RICO PUERTA<\/p>\n
\u00a0<\/p>\n
OCTAVIO AUGUSTO TEJEIRO DUQUE<\/p>\n
\u00a0<\/p>\n
FRANCISCO TERNERA BARRIOS<\/p>\n
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Radicaci\u00f3n n.\u00b0 66001-22-13-000-2023-00526-01<\/p>\n
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