{"id":95121,"date":"2025-06-10T14:26:36","date_gmt":"2025-06-10T14:26:36","guid":{"rendered":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/2025\/06\/10\/stc2779-2024\/"},"modified":"2025-06-10T14:26:36","modified_gmt":"2025-06-10T14:26:36","slug":"stc2779-2024","status":"publish","type":"post","link":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/2025\/06\/10\/stc2779-2024\/","title":{"rendered":"STC2779-2024"},"content":{"rendered":"\n<p><\/p>\n<p>\u00a0<\/p>\n<p>Radicaci\u00f3n no. 13001-22-13-000-2024-00052-01<\/p>\n<p>\u00a0<\/p>\n<p>\u00a0<\/p>\n<p>\u00a0<\/p>\n<p>FRANCISCO TERNERA BARRIOS<\/p>\n<p>Magistrado Ponente<\/p>\n<p>\u00a0<\/p>\n<p>STC2779-2024<\/p>\n<p>Radicaci\u00f3n n\u00b0. 13001-22-13-000-2024-00052-01<\/p>\n<p>(Aprobado en sesi\u00f3n del trece de marzo de dos mil veinticuatro).<\/p>\n<p>\u00a0<\/p>\n<p>Bogot\u00e1, D. C., trece (13) de marzo de dos mil veinticuatro (2024).<\/p>\n<p>\u00a0<\/p>\n<p>Decide la Corte la impugnaci\u00f3n interpuesta frente a la sentencia proferida el 19 de febrero de 2024 por la Sala Civil-Familia del Tribunal Superior del Distrito Judicial de Cartagena, que declar\u00f3 improcedente el amparo reclamado por Yolanis Paola Rojas Menco e Ibeth Menco Castillo contra el Juzgado Promiscuo de Familia de Magangu\u00e9.<\/p>\n<p>\u00a0<\/p>\n<p>I. ANTECEDENTES<\/p>\n<p>\u00a0<\/p>\n<p>1. 1. \u00a0Las actoras reclaman la protecci\u00f3n de sus derechos fundamentales al debido proceso, acceso a la administraci\u00f3n de justicia y buen nombre.<\/p>\n<p>\u00a0<\/p>\n<p>2. Del escrito inicial y las pruebas allegadas se establecen los siguientes hechos relevantes:<\/p>\n<p>Produced by the free evaluation copy of TotalHTMLConverter<\/p>\n<p>\u00a0<\/p>\n<p>2.2. El 17 de abril de 2023, el Juzgado accionado admiti\u00f3 la demanda y orden\u00f3 el emplazamiento de la demandada.<\/p>\n<p>\u00a0<\/p>\n<p>2.3. El 1\u00ba de septiembre de 2023 se nombr\u00f3 curador ad litem a la convocada, quien contest\u00f3 la demanda, indicando que no le constaban los hechos del proceso.<\/p>\n<p>\u00a0<\/p>\n<p>2.4. En sentencia del 23 de octubre de 2023, el Juzgado accedi\u00f3 a las pretensiones, con base en los resultados de la prueba de ADN allegada por el actor.<\/p>\n<p>\u00a0<\/p>\n<p>2.5. El 25 de octubre de 2023, del mismo correo con el que se present\u00f3 esta tutela, que se identifica como Pedro Montana, se solicit\u00f3 al Juzgado compartir el expediente; no obstante, el 27 de octubre siguiente, el Despacho respondi\u00f3, pidiendo usar el correo personal o adjuntar poder, para identificar si la solicitud proven\u00eda de la demandada.<\/p>\n<p>\u00a0<\/p>\n<p>3. La parte actora afirma que el demandante enga\u00f1\u00f3 a Yolanis Paola Rojas Menco para obtener la prueba de ADN que fue usada en el juicio. Aduce que su progenitora, Ibeth Menco Castillo, pese a que el actor conoc\u00eda su direcci\u00f3n, no fue notificada del proceso y por esa raz\u00f3n no pudo ejercer su derecho defensa, sumado a que el curador designado tampoco la defendi\u00f3 en forma id\u00f3nea. De otro lado, afirma que Yolanis Paola Rojas Menco es paciente psiqui\u00e1trica, debido a sus diagn\u00f3sticos de depresi\u00f3n y ansiedad.<\/p>\n<p>\u00a0<\/p>\n<p>4. Con fundamento en lo anterior, las tutelantes piden que se decrete la nulidad de todo lo actuado, por cuanto la sentencia se fund\u00f3 en pruebas il\u00edcitas y por falta de vinculaci\u00f3n de Ibeth Menco Castillo. Asimismo, solicitan que se compulsen copias a la Fiscal\u00eda, a fin de que investigue al actor, por presunto fraude procesal, dado que es falsa la afirmaci\u00f3n de que desconoc\u00eda el domicilio de la demandada.<\/p>\n<p>\u00a0<\/p>\n<p>II. RESPUESTAS RECIBIDAS<\/p>\n<p>\u00a0<\/p>\n<p>1. El Juzgado Promiscuo de Familia de Magangu\u00e9 manifest\u00f3 que su decisi\u00f3n se fundament\u00f3 en el dictamen pericial aportado por un laboratorio cl\u00ednico acreditado, que demostraba que el demandante no era el padre de la convocada. Precis\u00f3 que aquella no ten\u00eda una sentencia de apoyos judiciales que le impidiera ejercer su propia defensa y, por tanto, no se requer\u00eda la vinculaci\u00f3n de su progenitora y que acudi\u00f3 a la tutela sin intervenir previamente en el proceso cuestionado, por lo cual la salvaguarda no cumpl\u00eda el presupuesto de la subsidiariedad.<\/p>\n<p>\u00a0<\/p>\n<p>2. Manuel Esteban Rojas Serrano pidi\u00f3 negar el amparo, porque la accionante no demostr\u00f3 los hechos alegados.<\/p>\n<p>\u00a0<\/p>\n<p>3. Jorge Luis Vargas, en su calidad de curador ad litem, refiri\u00f3 que s\u00ed contest\u00f3 la demanda, pero desconoce los hechos particulares expuestos en la tutela.<\/p>\n<p>\u00a0<\/p>\n<p>III. III. \u00a0LA SENTENCIA IMPUGNADA<\/p>\n<p>\u00a0<\/p>\n<p>El a quo constitucional declar\u00f3 improcedente el amparo, por incumplimiento del presupuesto de subsidiariedad, toda vez que la actora (demandada en el proceso atacado) conoci\u00f3 de este desde el 25 de octubre de 2023, cuando radic\u00f3 una solicitud para que se le enviara el expediente, pero, pese a que el Juzgado le pidi\u00f3 remitirla desde su correo personal o aportar poder que acreditara la identidad del remitente, no alleg\u00f3 la informaci\u00f3n requerida y tampoco expuso ante el Juzgado los reproches en que sustenta la tutela. Por \u00faltimo, refiri\u00f3 que las promotoras no demostraron la inminencia de un perjuicio irremediable.<\/p>\n<p>\u00a0<\/p>\n<p>. LA IMPUGNACI\u00d3N<\/p>\n<p>\u00a0<\/p>\n<p>Las accionantes manifestaron que el Juzgado incurri\u00f3 en exceso ritual manifiesto en la respuesta otorgada a la solicitud de env\u00edo del expediente, pues la norma presume la validez del mensaje de datos y no exige cargas adicionales. Ello sumado a que conocer la existencia del proceso no implica estar notificado de los documentos del expediente.<\/p>\n<p>. CONSIDERACIONES<\/p>\n<p>\u00a0<\/p>\n<p>1. La Sala confirmar\u00e1 el fallo impugnado, porque la tutela no satisface el presupuesto de la subsidiariedad.<\/p>\n<p>\u00a0<\/p>\n<p>2. En efecto, se observa que, aunque desde el 25 de octubre de 2023, la demandada dio cuenta de conocer el proceso en su contra, no present\u00f3 incidente de nulidad por indebida notificaci\u00f3n ni expuso ante la autoridad natural lo que por esta v\u00eda pretende y, por tanto, la tutela es improcedente. Al respecto, la Sala ha sostenido que es apresurado instaurar una acci\u00f3n de tutela,<\/p>\n<p>\u00a0<\/p>\n<p>sin siquiera conocer cu\u00e1l era la postura jur\u00eddica del examinador [natural], desatendi\u00e9ndola de antemano, am\u00e9n de soslayar el car\u00e1cter residual y subsidiario que la presente v\u00eda alberga, esto por un lado; y, por otro, en virtud de que el [togado correspondiente] es quien est\u00e1 encargado de revisar lo concerniente al tema aqu\u00ed planteado, conforme as\u00ed lo determinan las reglas de competencia. (Ver CSJ STC5325-2019) (se subraya).<\/p>\n<p>\u00a0<\/p>\n<p>A su vez, se ha precisado que:<\/p>\n<p>\u00a0<\/p>\n<p>\u2026la tutela no es un mecanismo que se pueda activar, seg\u00fan la discrecionalidad del interesado, para tratar de rescatar las oportunidades perdidas, como tampoco para reclamar prematuramente un pronunciamiento del juez constitucional, que le est\u00e1 vedado, por cuanto no puede arrogarse anticipadamente facultades que no le corresponden, con miras a decidir lo que debe resolver el funcionario competente (\u2026). (Ver en CSJ STC11209-2020).<\/p>\n<p>Produced by the free evaluation copy of TotalHTMLConverter<\/p>\n<p>3. Finalmente, en torno a la pretensi\u00f3n orientada a que se compulsen copias, se advierte que la promotora puede, si a bien lo tiene, formular la respectiva denuncia, sin que para el efecto se requiera la intervenci\u00f3n del juez constitucional.<\/p>\n<p>VI. DECISI\u00d3N<\/p>\n<p>\u00a0<\/p>\n<p>En m\u00e9rito de lo expuesto, la Corte Suprema de Justicia, en Sala de Casaci\u00f3n Civil, Agraria y Rural, administrando justicia en nombre de la Rep\u00fablica de Colombia y por autoridad de la ley, CONFIRMA la sentencia impugnada.<\/p>\n<p>\u00a0<\/p>\n<p>Comun\u00edquese esta providencia a los interesados en la forma prevista por el art\u00edculo 30 del Decreto 2591 de 1991. Oportunamente, rem\u00edtase el expediente a la Corte Constitucional para su eventual revisi\u00f3n.<\/p>\n<p>\u00a0<\/p>\n<p>NOTIF\u00cdQUESE Y C\u00daMPLASE<\/p>\n<p>\u00a0<\/p>\n<p>FERNANDO AUGUSTO JIM\u00c9NEZ VALDERRAMA<\/p>\n<p>Presidente de Sala<\/p>\n<p>\u00a0<\/p>\n<p>HILDA GONZ\u00c1LEZ NEIRA<\/p>\n<p>\u00a0<\/p>\n<p>MARTHA PATRICIA GUZM\u00c1N \u00c1LVAREZ<\/p>\n<p>\u00a0<\/p>\n<p>(Ausencia Justificada)<\/p>\n<p>AROLDO WILSON QUIROZ MONSALVO<\/p>\n<p>\u00a0<\/p>\n<p>\u00a0<\/p>\n<p>(Ausencia Justificada)<\/p>\n<p>LUIS ALONSO RICO PUERTA<\/p>\n<p>\u00a0<\/p>\n<p>OCTAVIO AUGUSTO TEJEIRO DUQUE<\/p>\n<p>\u00a0<\/p>\n<p>FRANCISCO TERNERA BARRIOS<\/p>\n<p>\u00a0<\/p>\n<p>Radicaci\u00f3n no. 13001-22-13-000-2024-00052-01<\/p>\n<p>\u00a0<\/p>\n<p>\u00a0 \u00a0<\/p>\n<p><\/p>\n","protected":false},"excerpt":{"rendered":"<p>\u00a0 Radicaci\u00f3n no. 13001-22-13-000-2024-00052-01 \u00a0 \u00a0 \u00a0 FRANCISCO TERNERA BARRIOS Magistrado Ponente \u00a0 STC2779-2024 Radicaci\u00f3n n\u00b0. 13001-22-13-000-2024-00052-01 (Aprobado en sesi\u00f3n del trece de marzo de dos mil veinticuatro). \u00a0 Bogot\u00e1, D. 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