<\/p>\n
Radicaci\u00f3n n\u00ba 11001-22-10-000-2024-00030-01<\/p>\n
<\/p>\n
\u00a0<\/p>\n
\u00a0<\/p>\n
FRANCISCO TERNERA BARRIOS<\/p>\n
Magistrado Ponente<\/p>\n
\u00a0<\/p>\n
STC2782-2024<\/p>\n
Radicaci\u00f3n n\u00ba 11001-22-10-000-2024-00030-01<\/p>\n
(Aprobado en sesi\u00f3n de trece de marzo de dos mil veinticuatro)<\/p>\n
\u00a0<\/p>\n
Bogot\u00e1 D.C., trece (13) de marzo de dos mil veinticuatro (2024).<\/p>\n
\u00a0<\/p>\n
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\u00a0<\/p>\n
I. I. \u00a0ANTECEDENTES<\/p>\n
<\/p>\n
1. El promotor reclam\u00f3 la protecci\u00f3n de los derechos fundamentales al debido proceso, propiedad privada, juicio justo, igualdad y petici\u00f3n presuntamente vulnerados por la autoridad censurada.<\/p>\n
\u00a0<\/p>\n
2. Del expediente allegado se resalta lo que viene. En el Juzgado encarado se adelant\u00f3 el proceso de sucesi\u00f3n de la causante Beatriz Castellanos Matallana. El actor refiri\u00f3 que de dicho asunto fue notificado luego de haberse llevado a cabo la diligencia de inventarios y aval\u00faos, la cual se realiz\u00f3 con cifras irregulares que no pudo controvertir siendo avaladas por la autoridad judicial atacada. Aleg\u00f3 que se siente estafado con lo que le correspondi\u00f3 de herencia.<\/p>\n
\u00a0<\/p>\n
3. Deprec\u00f3 que se amparen los derechos invocados. En consecuencia, que se anule la sentencia proferida en el proceso de sucesi\u00f3n dado que \u00abcarga nulidades insalvables que no puede llevar a concluir que la sucesi\u00f3n 2005-00570 es cosa juzgada como afirma el juez Osorio Ortiz al eludir agendarnos una cita presencial desde 2020\u00bb. Indic\u00f3 que el \u00abvalor arbitrariamente dado a todos los bienes materia de la sucesi\u00f3n, desde junio de 2004, son inferiores al valor comercial real de las rentas producidas por los bienes incluidos en el falso inventario de 2006\u00bb. \u00a0Y pidi\u00f3 que \u00aben caso de que no se acceda a sus pretensiones, se d\u00e9 \u201ctraslado del denuncio a la Fiscal\u00eda General de la Naci\u00f3n por Estafa al proceso y dem\u00e1s delitos conexos y concurrentes\u00bb.<\/p>\n
\u00a0<\/p>\n
. RESPUESTAS RECIBIDAS.<\/p>\n
\u00a0<\/p>\n
1. El Juzgado Noveno de Familia de Bogot\u00e1 relat\u00f3 sus actuaciones. Y asever\u00f3 que no ha vulnerado los derechos alegados por el actor. Pidi\u00f3 que se niegue el amparo.<\/p>\n
\u00a0<\/p>\n
2. Cesar Augusto Mendoza Acero expres\u00f3 que \u00abfue abogado del se\u00f1or ARANGUREN tomando el caso cuando ya se hab\u00eda proferido sentencia (aprobaci\u00f3n de la partici\u00f3n) y mi labor principalmente se encamin\u00f3 a intentar que se reversara la decisi\u00f3n del juzgado\u00bb. Posteriormente, se\u00f1al\u00f3 que \u00abante la falta de contacto con el cliente FABIO ARANGUTEN, quien durante a\u00f1os no se comunic\u00f3, renunci\u00e9 al poder y dicha renuncia debe constar en el expediente\u00bb.<\/p>\n
\u00a0<\/p>\n
. LA SENTENCIA IMPUGNADA<\/p>\n
\u00a0<\/p>\n
El Tribunal Constitucional a-quo declar\u00f3 improcedente el amparo. Constat\u00f3 que \u00abdoce a\u00f1os despu\u00e9s de haberse proferido la sentencia y de que se le resolvi\u00f3 adversamente una acci\u00f3n de tutela, el accionante pretende que mediante esta acci\u00f3n constitucional se anule la sentencia del 7 de junio de 2011, lo que evidentemente determina la improcedencia de la presente acci\u00f3n, pues no se satisface el requisito de inmediatez\u00bb.<\/p>\n
\u00a0<\/p>\n
. LA IMPUGNACI\u00d3N<\/p>\n
\u00a0<\/p>\n
El gestor no comparte lo resuelto en primera instancia, pues a su juicio \u00abel accionante fue y es Victima del Hurto Continuado de las Rentas de los Bienes Inmuebles y T\u00edtulos Valores, que No entraron a la Sucesi\u00f3n nunca, gente a lo cual la Partidora Murillo, no pidi\u00f3 Rendici\u00f3n de Cuentas, a los Tenedores de los mismos, encubriendo la falta de Albacea pordecisuin de la Juez de Familia, para validar un Inventario FALSO, que aprob\u00f3 a espaldas del Accionante\u00bb.<\/p>\n
\u00a0<\/p>\n
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\u00a0<\/p>\n
1. Esta Sala -en su calidad de juez constitucional advierte que la acci\u00f3n no tiene vocaci\u00f3n de prosperidad. Y, por tanto, la providencia impugnada habr\u00e1 de ser confirmada. Para comenzar, se precisa que, aunque en pret\u00e9rita ocasi\u00f3n el actor elev\u00f3 otra acci\u00f3n de tutela en la cual manifest\u00f3 diferentes inconformidades, en el presente asunto depreca la nulidad de la sentencia emitida en el tr\u00e1mite de sucesi\u00f3n y en caso de que dicho pedimento sea desfavorable se proceda a remitir copia a la Fiscal\u00eda General de la Naci\u00f3n para que investigue los posibles delitos en el que se pudo incurrir en dicho asunto.<\/p>\n
\u00a0<\/p>\n
2. Aclarado lo anterior, la Sala observa la desatenci\u00f3n del presupuesto de inmediatez. Ello teniendo en cuenta que la sentencia que aprob\u00f3 el trabajo de partici\u00f3n fue emitida el 7 de junio de 2011 y si bien dicha decisi\u00f3n fue recurrida, lo cierto es que el 23 de junio y 21 de julio de la misma anualidad, se negaron los recursos. Y la presente tutela se instaur\u00f3 el 18 de enero de 2024. Esto es, transcurrieron m\u00e1s de los 6 meses definidos como razonables por la jurisprudencia de esta Sala para acudir a la acci\u00f3n constitucional, sin que se observe la concurrencia de alguna de las causales que se han se\u00f1alado como eximentes de este requisito.<\/p>\n
\u00a0<\/p>\n
3. Finalmente, en cuanto a la prensi\u00f3n enfilada al traslado del denuncio a la Fiscal\u00eda, es claro que el quejoso tiene la facultad de acudir directamente ante las autoridades competentes para poner en conocimiento los hechos que considere irregulares, asumiendo la responsabilidad de ello, sin necesidad de acudir al amparo constitucional.<\/p>\n
<\/p>\n
VI. DECISI\u00d3N<\/p>\n
\u00a0<\/p>\n
En m\u00e9rito de lo expuesto, la Sala de Casaci\u00f3n Civil, Agraria y Rural de la Corte Suprema de Justicia, administrando justicia en nombre de la Rep\u00fablica y por mandato de la ley, CONFIRMA la sentencia impugnada. Notif\u00edquese esta providencia a los interesados en la forma prevista por el art\u00edculo 30 del Decreto 2591 de 1991. Oportunamente, rem\u00edtase el expediente a la Corte Constitucional para su eventual revisi\u00f3n.<\/p>\n
\u00a0<\/p>\n
NOTIF\u00cdQUESE Y C\u00daMPLASE<\/p>\n
\u00a0<\/p>\n
FERNANDO AUGUSTO JIM\u00c9NEZ VALDERRAMA<\/p>\n
Presidente de Sala<\/p>\n
\u00a0<\/p>\n
HILDA GONZ\u00c1LEZ NEIRA<\/p>\n
\u00a0<\/p>\n
MARTHA PATRICIA GUZM\u00c1N \u00c1LVAREZ<\/p>\n
\u00a0<\/p>\n
(Ausencia Justificada)<\/p>\n
AROLDO WILSON QUIROZ MONSALVO<\/p>\n
\u00a0<\/p>\n
\u00a0<\/p>\n
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LUIS ALONSO RICO PUERTA<\/p>\n
\u00a0<\/p>\n
OCTAVIO AUGUSTO TEJEIRO DUQUE<\/p>\n
\u00a0<\/p>\n
FRANCISCO TERNERA BARRIOS<\/p>\n
Radicaci\u00f3n n\u00ba 11001-22-10-000-2024-00030-01<\/p>\n
<\/p>\n
\u00a0 \u00a0<\/p>\n
<\/p>\n","protected":false},"excerpt":{"rendered":"
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