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Radicaci\u00f3n n.\u00b0 20001-22-14-002-2024-00011-01<\/p>\n
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\u00a0<\/p>\n
AROLDO WILSON QUIROZ MONSALVO<\/p>\n
Magistrado ponente<\/p>\n
\u00a0<\/p>\n
STC2906-2024<\/p>\n
Radicaci\u00f3n n.\u00b0 20001-22-14-002-2024-00011-01 (Aprobado en sesi\u00f3n de trece de marzo de dos mil veinticuatro)<\/p>\n
\u00a0<\/p>\n
Bogot\u00e1, D. C., trece (13) de marzo de dos mil veinticuatro (2024).<\/p>\n
\u00a0<\/p>\n
Se decide la impugnaci\u00f3n formulada por Esther Mar\u00eda Barrios de Murilo frente al fallo proferido el pasado 5 de febrero de 2024 por el Tribunal Superior del Distrito Judicial de Valledupar, que no accedi\u00f3 a la acci\u00f3n de tutela que instaur\u00f3 contra el Juzgado Primero Civil del Circuito de Chiriguan\u00e1; a cuyo tr\u00e1mite fueron vinculadas las partes e intervinientes en el asunto que origin\u00f3 la queja.<\/p>\n
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ANTECEDENTES<\/p>\n
\u00a0<\/p>\n
1. La promotora del resguardo constitucional deprec\u00f3 la protecci\u00f3n de su derecho fundamental a la indemnizaci\u00f3n previa presuntamente conculcado con ocasi\u00f3n del proceso de expropiaci\u00f3n que en su contra promovi\u00f3 la Agencia Nacional de Infraestructura (rad. 201783153001-2021-00087-00).<\/p>\n
\u00a0<\/p>\n
2. Para darle continuidad de la Ruta del Sol Sector 3, la Agencia Nacional de Infraestructura inici\u00f3 proceso de expropiaci\u00f3n por razones de utilidad p\u00fablica contra la aqu\u00ed accionante con el prop\u00f3sito de obtener una franja de terreno del Municipio de Chiriguan\u00e1, Departamento del Cesar.<\/p>\n
\u00a0<\/p>\n
3. La demanda pretendi\u00f3 la entrega anticipada del inmueble ubicado en el Corregimiento de La Loma de Calenturas, Municipio de EI Paso, Departamento del Cesar, identificado con matr\u00edcula inmobiliaria No 192-46179 de la Oficina de Registro de instrumentos P\u00fablicos de Chimichagua y con cedula catastral No.20250020105170001000 y comprendida dentro de los siguientes linderos especiales, tomados de la Ficha Predial: norte: En longitud de 14.94 metros, lindando Carmen Vargas de Arias; oriente; En longitud de 54.20 metros, lindando con Via San Roque – La Loma; Sur: En longitud de 15.22 metros, lindando con Agencia nacional de infraestructura. Occidente: En longitud de 54. 11 metros, lindando con Esther Mar\u00eda Barrios De\u00a0Murillo.<\/p>\n
\u00a0<\/p>\n
4. La referida entrega se realiz\u00f3 el primero de diciembre de 2022, diligencia a la que compareci\u00f3 la aqu\u00ed accionante y en la que se dispuso la demolici\u00f3n de las mejoras existentes en el predio.<\/p>\n
\u00a0<\/p>\n
5. El proceso culmin\u00f3 en primera instancia con sentencia de 28 de junio de 2023, en la cual se dispuso (i) decretar la expropiaci\u00f3n a favor de la ANI del inmueble identificado con matr\u00edcula inmobiliaria No 192-46179, (ii) registrar la sentencia ante la Oficina de Registro e Instrumentos P\u00fablicos de Chimichagua y (iii) a la demandada, consignar la suma reconocida como indemnizaci\u00f3n de conformidad con la sentencia emitida.<\/p>\n
\u00a0<\/p>\n
6. Esta decisi\u00f3n fue apelada en primer lugar por la ANI, puesto que consider\u00f3 que la condena resultaba ser superior a lo que ellos ofrecieron por el predio reconocido como urbano y no como suburbano, seg\u00fan su aval\u00fao comercial.<\/p>\n
\u00a0<\/p>\n
Del mismo modo, la aqu\u00ed accionante tambi\u00e9n apel\u00f3, exclusivamente para que se le reconociera el concepto de da\u00f1o emergente en la condena indemnizatoria, sin embargo su apelaci\u00f3n fue rechazada por extempor\u00e1nea.<\/p>\n
\u00a0<\/p>\n
7. El 17 de agosto de 2023, la accionante a trav\u00e9s de apoderado present\u00f3 solicitud de entrega del dep\u00f3sito judicial constituido desde los inicios del \u00edter procesal, aduciendo para tal fin que las mejoras derribadas estaban destinadas exclusivamente para vivienda, pretensi\u00f3n que fue negada en tanto el recurso de apelaci\u00f3n fue concedido en efecto suspensivo, por tanto era imposible acceder a su solicitud.<\/p>\n
\u00a0<\/p>\n
8. En s\u00edntesis aduce la accionante que se lesion\u00f3 su derecho a la indemnizaci\u00f3n previa, toda vez que el despacho confutado se neg\u00f3 a entregarle el dep\u00f3sito judicial constituido desde antes de la diligencia de entrega anticipada del inmueble.<\/p>\n
\u00a0<\/p>\n
\u00a0<\/p>\n
LAS RESPUESTAS DE LOS CONVOCADOS<\/p>\n
\u00a0<\/p>\n
1. El Juzgado Primero Civil del Circuito de Chiriguan\u00e1, luego de realizar un recuento de las actuaciones en instancia, se opuso a la prosperidad de la acci\u00f3n constitucional, pues indic\u00f3, aquella no cumple con el requisito de subsidiariedad. Arguy\u00f3, el 28 de junio de 2023 profiri\u00f3 sentencia en la que se decret\u00f3 la expropiaci\u00f3n a favor de la Agencia Nacional de Infraestructura -ANI-, orden\u00e1ndose la consignaci\u00f3n de la suma de $100.686.581,77 como faltante para completar el valor de la indemnizaci\u00f3n, esto es, $205.072.056,55, decisi\u00f3n apelada por la Agencia.<\/p>\n
\u00a0<\/p>\n
Indic\u00f3, la parte demandada elev\u00f3 solicitud para la entrega de los dineros puestos a disposici\u00f3n en el proceso, la cual fue negada en atenci\u00f3n que el fallo fue recurrido y se encuentra a la espera de la decisi\u00f3n por parte del Tribunal Superior de Valledupar Sala Familia Civil Laboral.<\/p>\n
\u00a0<\/p>\n
Se\u00f1al\u00f3, no vulner\u00f3 derecho alguno del accionante, dado, las decisiones adoptadas dentro del proceso de expropiaci\u00f3n fueron con apego al ordenamiento procesal, en especial, lo concerniente a la entrega de dineros, la cual est\u00e1 supeditada al registro de la sentencia.<\/p>\n
\u00a0<\/p>\n
2. La Agencia Nacional de Infraestructura \u2013 ANI-, realiz\u00f3 un recuento de las actuaciones en el proceso y reiter\u00f3, la sentencia proferida por el Juzgado Primero Civil del Circuito de Chiriguan\u00e1 de 28 de junio de 2023 fue apelada por la entidad. Manifest\u00f3, la determinaci\u00f3n del Despacho no luce arbitraria ni caprichosa, comoquiera que encuentra su fundamento en el numeral 13 del art\u00edculo 399 del C\u00f3digo General del Proceso, que resulta razonable, pues la entrega de los dineros se encuentra suspendida hasta tanto no se tenga el fallo de segunda instancia que resuelva el recurso de apelaci\u00f3n.<\/p>\n
\u00a0<\/p>\n
La accionada tuvo la oportunidad de solicitar esos recursos en los t\u00e9rminos establecidos en el numeral 4\u00ba del art\u00edculo 399 del C\u00f3digo General del Proceso, siempre y cuando se demuestre que el bien objeto de expropiaci\u00f3n es de uso exclusivo para vivienda y no se presente oposici\u00f3n, lo cual no se hizo y, solo hasta ahora lo puso de presente ante el Juzgado, una vez la sentencia hab\u00eda sido apelada.<\/p>\n
\u00a0<\/p>\n
EL FALLO IMPUGNADO<\/p>\n
<\/p>\n
El a quo constitucional deneg\u00f3 el resguardo incoado por criterio razonable, as\u00ed precis\u00f3:<\/p>\n
\u00a0<\/p>\n
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\u00a0<\/p>\n
\u00a0<\/p>\n
LA IMPUGNACI\u00d3N<\/p>\n
\u00a0<\/p>\n
La quejosa reiter\u00f3 que su pretensi\u00f3n estaba encaminada a obtener el pago del dep\u00f3sito judicial constituido como anticipo al iniciar el tr\u00e1mite de expropiaci\u00f3n.<\/p>\n
\u00a0<\/p>\n
CONSIDERACIONES<\/p>\n
\u00a0<\/p>\n
1. Conforme al art\u00edculo 86 de la Constituci\u00f3n Pol\u00edtica, la acci\u00f3n de tutela es un mecanismo jur\u00eddico concebido para proteger los derechos fundamentales, cuando son vulnerados o amenazados por los actos u omisiones de las autoridades, en determinadas hip\u00f3tesis, de los particulares, cuya naturaleza subsidiaria y residual no permite sustituir o desplazar a los jueces funcionalmente competentes, ni los medios comunes de defensa judicial.<\/p>\n
\u00a0<\/p>\n
Por lineamiento jurisprudencial, en trat\u00e1ndose de actuaciones y providencias judiciales, el resguardo procede de manera excepcional y limitado a la presencia de una irrefutable v\u00eda de hecho, cuando \u00abel proceder ileg\u00edtimo no es dable removerlo a trav\u00e9s de los medios ordinarios previstos en la ley\u00bb (CSJ STC 11 may. 2001, rad. N.\u00ba 11001-22-03-000-2001-00183-01); y, por supuesto, se cumpla el requisito de la inmediatez.<\/p>\n
\u00a0<\/p>\n
2. Bajo ese horizonte, se concluye que la solicitud de resguardo est\u00e1 llamada al fracaso, principalmente por no advertirse la violaci\u00f3n endilgada, esto es as\u00ed pues de conformidad con la jurisprudencia de la Corte Constitucional el derecho a la indemnizaci\u00f3n previa se garantiza siempre que se pague la respectiva asignaci\u00f3n indemnizatoria por expropiaci\u00f3n antes del acto traslaticio del dominio del predio objeto de uso por utilidad p\u00fablica, y en el caso concreto, el inmueble solo ha sido objeto de entrega materia, sin que se haya afectado la titularidad del predio.<\/p>\n
\u00a0<\/p>\n
Al respecto ha se\u00f1alado la ata corporaci\u00f3n:<\/p>\n
\u00a0<\/p>\n
9.2.1.\u00a0La indemnizaci\u00f3n debe ser pagada antes del traspaso del dominio del bien<\/p>\n
Por regla general, la indemnizaci\u00f3n producto de la expropiaci\u00f3n debe ser cancelada de manera previa a la tradici\u00f3n del derecho de dominio que recae sobre el bien. La Corte Constitucional ha destacado esa regla consignada en la Carta Pol\u00edtica. Adicionalmente, el Congreso de la Republica reforz\u00f3 la necesidad del resarcimiento previ\u00f3, al eliminar\u00a0de la norma suprema la posibilidad de expropiar sin indemnizaci\u00f3n. Aunque, en el ordenamiento jur\u00eddico persiste la p\u00e9rdida del derecho de propiedad sin resarcimiento previo, hip\u00f3tesis que ocurren en los casos de guerra.<\/p>\n
En varias oportunidades, este Tribunal ha resaltado el car\u00e1cter previo de la indemnizaci\u00f3n. Por ejemplo, en la Sentencia C-153 de 1994, la Corte manifest\u00f3 que esa condici\u00f3n es un elemento sustancial al derecho de dominio de la siguiente forma:<\/p>\n
\u201cLa indemnizaci\u00f3n tiene pues un presupuesto de legitimidad para el ejercicio de la potestad de expropiar: su car\u00e1cter preventivo, constituido por la indemnizaci\u00f3n previa. En efecto, la transferencia de la propiedad no puede producirse sin que previamente se haya pagado la indemnizaci\u00f3n.<\/p>\n
En el ordenamiento colombiano la expropiaci\u00f3n se constituye con el pago seguido de la obligaci\u00f3n de transmitir el dominio del bien. Esa transmisi\u00f3n de la propiedad es distinta del acuerdo con el objeto a dar, de suerte que si se trata de un bien inmueble -como lo se\u00f1ala la norma acusada-, no basta la entrega y la posesi\u00f3n \u00fatil y pac\u00edfica de la cosa sino que es indispensable un acto traslaticio, consistente en la sentencia y el acta de entrega, que configuran el t\u00edtulo traslaticio que posteriormente ser\u00e1 inscrito en el registro.<\/p>\n
\u00a0<\/p>\n
En otras palabras, la entrega anticipada del inmueble no es a t\u00edtulo traslaticio de dominio sino a t\u00edtulo de tenencia.\u00a0Luego no se viola aqu\u00ed -como lo pretende el actor- sino que se protege el derecho de propiedad, pues la expropiaci\u00f3n exige la indemnizaci\u00f3n previa a la transferencia del derecho de dominio, m\u00e1s no la indemnizaci\u00f3n previa a la entrega de la tenencia de la cosa.\u201d\u00a0\u00a0(La negrilla es del texto original.)<\/p>\n
\u00a0<\/p>\n
En otras palabras, la expropiaci\u00f3n se legitima con el desembolso de la indemnizaci\u00f3n, y en consecuencia el derecho que tiene el Estado para exigir la tradici\u00f3n del derecho de dominio surge de esa daci\u00f3n. En la hip\u00f3tesis en que el pago no ocurre, el ciudadano solo trasladar\u00e1 la tenencia del bien. Adem\u00e1s, el resarcimiento es necesario para evitar que se cause un detrimento patrimonial al afectado.<\/p>\n
\u00a0<\/p>\n
La regla de pago previo de la indemnizaci\u00f3n se reforz\u00f3 con la eliminaci\u00f3n de la norma superior que establec\u00eda la posibilidad de expropiar a una persona sin resarcimiento, decisi\u00f3n fundada en razones de equidad establecidas por el legislador, acto que adem\u00e1s carec\u00eda de control judicial. En esos eventos, la Constituci\u00f3n requer\u00eda que la norma de rango legal fuera adoptada por una mayor\u00eda cualificada de los miembros del Congreso. As\u00ed, el acto legislativo 01 de 1999 suprimi\u00f3 esa amplia facultad del Estado con base en los siguientes fundamentos:<\/p>\n
\u00a0<\/p>\n
\u201cLa expropiaci\u00f3n aparece en el mismo art\u00edculo 58 constitucional como un argumento que asegura al Estado, que tiene la direcci\u00f3n del proceso econ\u00f3mico y la prestaci\u00f3n de los servicios p\u00fablicos, la potestad de afectar la propiedad privada. Sin embargo tan grande poder debe ejercerse, como todos los poderes en el Estado Constitucional en los t\u00e9rminos establecidos en la propia Constituci\u00f3n y en las leyes. Esto nos lleva a considerar otros principios fundamentales de la Carta: Tambi\u00e9n somos estado de derecho y el principio de legalidad expresado particularmente en el art\u00edculo 6, es pilar para que haya actos del Estado exentos de control y mucho menos contrarios a la Constituci\u00f3n. La expropiaci\u00f3n debe respetar estos principios, y es aqu\u00ed donde la previsi\u00f3n normativa del inciso final del art\u00edculo 58 de la Carta resulta fuera de contexto, cuando no contradictorio con los postulados que como principios fundamentales trae el t\u00edtulo primero de la Carta. Una expropiaci\u00f3n por razones de equidad no controvertible judicialmente, es extra\u00f1o al marco general de derechos y garant\u00edas de los propietarios de los bienes y derechos en Colombia; una ley cuyo contenido de utilidad p\u00fablica o de inter\u00e9s social no pueda discutirse en los tribunales es un acto dictatorial del legislador que desconoce la primac\u00eda de la Constituci\u00f3n y el debido proceso\u00bb.<\/p>\n
\u00a0<\/p>\n
Sin embargo, el art\u00edculo 59 de la Constituci\u00f3n permite que las autoridades adelanten una expropiaci\u00f3n con el pago de una indemnizaci\u00f3n posterior, situaciones que operan en los casos de guerra. (Corte Constitucional, Sentencia C-750\/15).<\/p>\n
\u00a0<\/p>\n
3. Adem\u00e1s, advierte esta sala que entre la fecha de la entrega del inmueble (1 de diciembre de 2022) hasta que se hizo la solitud de entrega anticipada del dep\u00f3sito constituido por la autoridad solicitante de la expropiaci\u00f3n (28 de junio de 2023), transcurri\u00f3 un lapso de tiempo considerable en el que nunca se puso en entredicho la violaci\u00f3n a su derecho fundamental a la vivienda o la destinaci\u00f3n exclusiva de esas mejoras demolidas para tal fin, luego, observa a sala que en este caso no se configuran los presupuesto del art\u00edculo 399 del C\u00f3digo General del Proceso en favor de la actora.<\/p>\n
\u00a0<\/p>\n
4. En consecuencia, se confirmar\u00e1 el fallo de tutela de primera instancia.<\/p>\n
\u00a0<\/p>\n
DECISI\u00d3N<\/p>\n
\u00a0<\/p>\n
En m\u00e9rito de lo expuesto, la Corte Suprema de Justicia, en Sala de Casaci\u00f3n Civil, Agraria y Rural, administrando justicia en nombre de la Rep\u00fablica y por autoridad de la ley, confirma el fallo impugnado.<\/p>\n
\u00a0<\/p>\n
Comun\u00edquese por el medio m\u00e1s expedito a los interesados y rem\u00edtanse las actuaciones respectivas a la Corte Constitucional, para su eventual revisi\u00f3n.<\/p>\n
\u00a0<\/p>\n
\u00a0<\/p>\n
FERNANDO AUGUSTO JIM\u00c9NEZ VALDERRAMA\u00a0<\/p>\n
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HILDA GONZ\u00c1LEZ NEIRA\u00a0<\/p>\n
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\u00a0MARTHA PATRICIA GUZM\u00c1N \u00c1LVAREZ\u00a0<\/p>\n
\u00a0<\/p>\n
\u00a0Ausencia justificada<\/p>\n
AROLDO WILSON QUIROZ MONSALVO\u00a0<\/p>\n
\u00a0<\/p>\n
\u00a0<\/p>\n
LUIS ALONSO RICO PUERTA\u00a0<\/p>\n
\u00a0<\/p>\n
\u00a0<\/p>\n
OCTAVIO AUGUSTO TEJEIRO DUQUE\u00a0<\/p>\n
\u00a0<\/p>\n
\u00a0<\/p>\n
FRANCISCO TERNERA BARRIOS\u00a0<\/p>\n
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Radicaci\u00f3n n.\u00b0 20001-22-14-002-2024-00011-01<\/p>\n
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