<\/p>\n
\u00a0<\/p>\n
Radicaci\u00f3n n.\u00b0 54001-2213-000-2023-00370-02<\/p>\n
\u00a0<\/p>\n
\u00a0<\/p>\n
\u00a0<\/p>\n
\u00a0<\/p>\n
\u00a0<\/p>\n
\u00a0<\/p>\n
AROLDO WILSON QUIROZ MONSALVO<\/p>\n
Magistrado ponente<\/p>\n
\u00a0<\/p>\n
\u00a0STC2923-2024<\/p>\n
Radicaci\u00f3n n.\u00b0 54001-2213-000-2023-00370-02<\/p>\n
(Aprobado en sesi\u00f3n de trece de marzo de dos mil veinticuatro)<\/p>\n
\u00a0<\/p>\n
Bogot\u00e1, D.C., trece (13) de marzo de dos mil veinticuatro (2024).<\/p>\n
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Decide la Corte la impugnaci\u00f3n interpuesta frente a la sentencia del 14 de diciembre de 2023, emitida por el Tribunal Superior del Distrito Judicial de C\u00facuta, Sala de Decisi\u00f3n Civil-Familia, en la acci\u00f3n de tutela radicada por Adolfo Le\u00f3n N\u00fa\u00f1ez Bonilla y Nora Nereida N\u00fa\u00f1ez Pern\u00eda en contra del Juzgado S\u00e9timo Civil del Circuito de esa misma urbe, tr\u00e1mite al que fueron vinculados todas las partes e intervinientes en el asunto que suscit\u00f3 la queja constitucional.<\/p>\n
\u00a0<\/p>\n
ANTECEDENTES<\/p>\n
\u00a0<\/p>\n
\u00a0<\/p>\n
1. Los promotores del resguardo constitucional deprecaron la protecci\u00f3n de su derecho fundamental al debido proceso, presuntamente conculcado con ocasi\u00f3n del proceso de pertenencia en el que fueron vinculados como terceros intervinientes.<\/p>\n
\u00a0<\/p>\n
2. Lo anterior, de conformidad con los siguientes hechos que se consideran relevantes:<\/p>\n
\u00a0<\/p>\n
2.1. El 22 de enero de 2019, el Juzgado S\u00e9ptimo Civil del circuito de C\u00facuta se decret\u00f3 la terminaci\u00f3n del proceso \u00a0de pertenencia por desistimiento t\u00e1cito, porque la parte actora no cumpli\u00f3 su obligaci\u00f3n de notificar a los herederos determinados de Rafael N\u00fa\u00f1ez C\u00f3rdoba.<\/p>\n
\u00a0<\/p>\n
2.2. El 28 de enero de 2019 la parte demandada present\u00f3 recurso de apelaci\u00f3n, pidiendo tener en cuenta la individualizaci\u00f3n de la condena en costas por ser 158 demandantes, ya que la liquidaci\u00f3n en costas no se orden\u00f3 en el resuelve que puso fin al proceso.<\/p>\n
\u00a0<\/p>\n
2.3. El 16 de mayo de 2019 el Juzgado S\u00e9ptimo Civil del Circuito de Oralidad remiti\u00f3 escrito dirigido a la Oficina de Registro de Instrumentos P\u00fablicos informando la terminaci\u00f3n del proceso y levantamiento de medidas cautelares frente al inmueble del proceso.<\/p>\n
\u00a0<\/p>\n
2.4. El 29 de agosto de 2019 el Juzgado accionado resolvi\u00f3 el recurso de reposici\u00f3n y conden\u00f3 en costas a la parte demandante, por la suma de $2\u2019500.000, que deber\u00e1n pagar a prorrata los sujetos que conforman el extremo actor.<\/p>\n
\u00a0<\/p>\n
Adolfo N\u00fa\u00f1ez Bonilla adujo, en su oportunidad, que en dicho auto se confunden las partes que actuaron en defensa de sus intereses propios, sin especificar si las mismas corresponde a agencias en derecho del tercero indeterminado.<\/p>\n
\u00a0<\/p>\n
2.5. Con ocasi\u00f3n de la correcci\u00f3n solicitada, el 22 de septiembre de 2022 se notific\u00f3 el auto que aprob\u00f3 la liquidaci\u00f3n de costas y agencias en derecho. Decisi\u00f3n que fue recurrida el 7 de octubre siguiente, raz\u00f3n por la que fue declarada extempor\u00e1nea, el 4 de noviembre de ese mismo a\u00f1o.<\/p>\n
\u00a0<\/p>\n
2.6. Los quejosos solicitaron el 17 de noviembre actualizaci\u00f3n de la liquidaci\u00f3n de costas, decisi\u00f3n que ha sido objeto de recurso de reposici\u00f3n sin \u00e9xito.<\/p>\n
\u00a0<\/p>\n
3. En consecuencia, cuestionan los accionantes que las costas y las agencias en derecho no se liquidaron correctamente, pues no tuvieron en cuenta que eran (i) 158 demandantes, en consecuencia deb\u00eda condenarse a cada uno individualmente como litisconsortes facultativos, (ii) ninguno de os demandados compareci\u00f3 al proceso, por tanto ellos dos deben ser los \u00fanicos destinatarios de las agencias y (iii) que no se tuvo en cuenta todo lo que ellos gastaron en su defensa.<\/p>\n
\u00a0<\/p>\n
RESPUESTAS DEL ACCIONADO Y VINCULADOS<\/p>\n
\u00a0<\/p>\n
El Juzgado S\u00e9ptimo Civil Municipal de C\u00facuta relat\u00f3 las actuaciones que han ocurrido en el proceso.<\/p>\n
LA SENTENCIA IMPUGNADA<\/p>\n
\u00a0<\/p>\n
Neg\u00f3 el resguardo por subsidiariedad, pues consider\u00f3 que \u00abCon sujeci\u00f3n a las explicaciones que preceden se reafirma que no puede menos que declararse improcedente la presente tutela, por estar asaz comprobado que su interposici\u00f3n desconoci\u00f3 el principio de subsidiariedad anejo a este mecanismo\u00bb.<\/p>\n
\u00a0<\/p>\n
LA IMPUGNACI\u00d3N<\/p>\n
\u00a0<\/p>\n
El promotor reiter\u00f3 sus alegaciones iniciales.<\/p>\n
\u00a0<\/p>\n
CONSIDERACIONES<\/p>\n
\u00a0<\/p>\n
1. Conforme al art\u00edculo 86 de la Constituci\u00f3n Pol\u00edtica, la acci\u00f3n de tutela es un mecanismo jur\u00eddico concebido para proteger los derechos fundamentales, cuando son vulnerados o amenazados por los actos u omisiones de las autoridades, en determinadas hip\u00f3tesis, de los particulares, cuya naturaleza subsidiaria y residual no permite sustituir o desplazar a los jueces funcionalmente competentes, ni los medios comunes de defensa judicial.<\/p>\n
\u00a0<\/p>\n
Por lineamiento jurisprudencial, en trat\u00e1ndose de actuaciones y providencias judiciales, el resguardo procede de manera excepcional y limitado a la presencia de una irrefutable v\u00eda de hecho, cuando \u00abel proceder ileg\u00edtimo no es dable removerlo a trav\u00e9s de los medios ordinarios previstos en la ley\u00bb (CSJ STC 11 may. 2001, rad. n\u00ba 11001-22-03-000-2001-00183-01); y, por supuesto, se cumpla el requisito de la inmediatez.<\/p>\n
\u00a0<\/p>\n
2. En efecto, el resguardo deviene improcedente, pues los quejosos de manera tard\u00eda hicieron uso de los recursos procedentes para atacar la aprobaci\u00f3n de la liquidaci\u00f3n de costas y agencias de conformidad con el art\u00edculo 366 del C\u00f3digo General del Proceso, por tanto desperdici\u00f3 las oportunidades que tuvo a su alcance para discutir lo que ahora por esta v\u00eda excepcional pretende.<\/p>\n
\u00a0<\/p>\n
3.De ese modo el reclamo actual resulta improcedente, toda vez que el descuido en el empleo de los medios de protecci\u00f3n que existen hacia el interior de las actuaciones judiciales impide al juez de tutela interferir los tr\u00e1mites respectivos, pues la justicia constitucional no es remedio de \u00faltimo momento para rescatar oportunidades precluidas o t\u00e9rminos fenecidos, lo que significa que cuando no se utilizan los mecanismos de protecci\u00f3n previstos en el orden jur\u00eddico o no se hace uso de los mismos en debida forma, como aqu\u00ed aconteci\u00f3, las partes quedan vinculadas a las consecuencias de las decisiones que le sean adversas, en tanto el resultado ser\u00eda el fruto de su propia incuria.<\/p>\n
\u00a0<\/p>\n
Entonces, si el gestor del amparo,<\/p>\n
\u00a0<\/p>\n
\u2026 desperdici\u00f3 las diferentes oportunidades procesales, es inadmisible la pretensi\u00f3n de recurrir tal actuaci\u00f3n por esta v\u00eda extraordinaria o de tratar de recuperar mediante ese instrumento tal posibilidad, puesto que no ha sido dise\u00f1ado para rescatar t\u00e9rminos derrochados, – pues los mismos son perentorios e improrrogables, tal y como lo prev\u00e9 el art\u00edculo 118 del C\u00f3digo de Procedimiento Civil -, ni para establecer una paralela forma de control de las actuaciones judiciales, circunstancia que, acorde con reiterada jurisprudencia, impide la intervenci\u00f3n del Juez constitucional en tanto no est\u00e1 dentro de la \u00f3rbita de su competencia suplir la incuria, los desaciertos o descuidos de las partes en el ejercicio de sus facultades, cargas, o deberes procesales, pues esa no es la finalidad para la cual se instituy\u00f3 la tutela. (CSJ STC, 6 jul. 2010, rad. 00241-01, criterio reiterado, entre muchas otras, en STC, 5 abr. 2011, rad. 00015-01).<\/p>\n
\u00a0<\/p>\n
4. Se impone, entonces, confirmar el fallo de primer grado pero por las razones aqu\u00ed expuestas.<\/p>\n
\u00a0<\/p>\n
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\u00a0<\/p>\n
En m\u00e9rito de lo expuesto, la Corte Suprema de Justicia, en Sala de Casaci\u00f3n Civil y Agraria, administrando justicia en nombre de la Rep\u00fablica y por autoridad de la ley, confirma el fallo impugnado por las razones expuestas.<\/p>\n
\u00a0<\/p>\n
Comun\u00edquese mediante telegrama a los interesados y rem\u00edtase el expediente a la Corte Constitucional para la eventual revisi\u00f3n.<\/p>\n
\u00a0<\/p>\n
\u00a0<\/p>\n
FERNANDO AUGUSTO JIM\u00c9NEZ VALDERRAMA\u00a0<\/p>\n
Presidente de Sala\u00a0<\/p>\n
\u00a0<\/p>\n
\u00a0<\/p>\n
\u00a0<\/p>\n
HILDA GONZ\u00c1LEZ NEIRA\u00a0<\/p>\n
\u00a0<\/p>\n
\u00a0<\/p>\n
\u00a0<\/p>\n
MARTHA PATRICIA GUZM\u00c1N \u00c1LVAREZ\u00a0<\/p>\n
\u00a0<\/p>\n
\u00a0<\/p>\n
\u00a0Ausencia justificada<\/p>\n
AROLDO WILSON QUIROZ MONSALVO\u00a0<\/p>\n
\u00a0<\/p>\n
\u00a0<\/p>\n
\u00a0<\/p>\n
LUIS ALONSO RICO PUERTA\u00a0<\/p>\n
\u00a0<\/p>\n
\u00a0<\/p>\n
\u00a0<\/p>\n
OCTAVIO AUGUSTO TEJEIRO DUQUE\u00a0<\/p>\n
\u00a0<\/p>\n
\u00a0<\/p>\n
\u00a0<\/p>\n
FRANCISCO TERNERA BARRIOS\u00a0<\/p>\n
\u00a0<\/p>\n
\u00a0<\/p>\n
\u00a0<\/p>\n
\u00a0<\/p>\n
\u00a0<\/p>\n
\u00a0<\/p>\n
\u00a0<\/p>\n
\u00a0<\/p>\n
\u00a0<\/p>\n
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Radicaci\u00f3n n.\u00b0 54001-2213-000-2023-00370-02<\/p>\n
\u00a0<\/p>\n
\u00a0<\/p>\n
\u00a0<\/p>\n
\u00a0<\/p>\n
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<\/p>\n","protected":false},"excerpt":{"rendered":"
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