<\/p>\n
Radicaci\u00f3n n.\u00ba 66001-22-13-000-2021-00040-01<\/p>\n
\u00a0<\/p>\n
\u00a0<\/p>\n
\u00a0<\/p>\n
HILDA GONZ\u00c1LEZ NEIRA<\/p>\n
Magistrada ponente<\/p>\n
\u00a0<\/p>\n
STC3180-2024<\/p>\n
\u00a0<\/p>\n
Radicaci\u00f3n n.\u00ba 66001-22-13-000-2021-00040-01<\/p>\n
(Aprobado en sesi\u00f3n de veinte de marzo de dos mil veinticuatro)<\/p>\n
\u00a0<\/p>\n
\u00a0<\/p>\n
Bogot\u00e1 D.C., veintiuno (21) de marzo de dos mil veinticuatro (2024).<\/p>\n
\u00a0<\/p>\n
Resuelve la Corte la impugnaci\u00f3n del fallo proferido el 2 de marzo de 2021 por la Sala Civil Familia del Tribunal Superior del Distrito Judicial de Pereira, en la tutela que Javier El\u00edas Arias Id\u00e1rraga instaur\u00f3 contra el Juzgado Cuarto Civil del Circuito de esa misma ciudad, extensiva a los dem\u00e1s intervinientes en el consecutivo 66001-31-03-004-2019-00181-00.<\/p>\n
\u00a0<\/p>\n
ANTECEDENTES<\/p>\n
\u00a0<\/p>\n
1.- El libelista, en nombre propio, reclam\u00f3 la protecci\u00f3n del derecho al \u00abdebido proceso\u00bb, para que se ordenara enviar \u00abmi acci\u00f3n popular (\u2026) a la jurisdicci\u00f3n contenciosa administrativa (\u2026) pese a que la sentencia est\u00e1 en firme\u00bb.<\/p>\n
\u00a0<\/p>\n
Seg\u00fan el pliego introductorio y el material suasorio que reposa en el infolio, el 15 de julio de 2020 el estrado acusado acogi\u00f3 las pretensiones de la acci\u00f3n popular que el gestor inco\u00f3 contra la Oficina de Registro de Instrumentos P\u00fablicos ubicada en \u201cAvenida 30 de agosto # 37-24\u201d y dispuso que \u00e9sta \u201cen el t\u00e9rmino de sesenta (60) d\u00edas (\u2026), garantice el servicio de int\u00e9rprete y gu\u00eda int\u00e9rprete para personas con discapacidad auditiva y\/o visual; as\u00ed mismo fije en lugar visible informaci\u00f3n sobre este servicio y la identificaci\u00f3n del lugar donde ser\u00e1n atendidas e instale se\u00f1alizaci\u00f3n, avisos, informaci\u00f3n visual y alarmas luminosas, aptas para ser reconocidas por las personas a las que se refiere este tr\u00e1mite\u201d (rad. 2019-00181).<\/p>\n
\u00a0<\/p>\n
El actor aleg\u00f3 que aquel emiti\u00f3 sentencia \u201cordinaria\u201d en el asunto, \u201cpese a que la acci\u00f3n corresponde a la jurisdicci\u00f3n contenciosa administrativa, ya que (\u2026) el REGISTRADOR DE INTRUMENTOS P\u00daBLICOS es un ciudadano con funciones p\u00fablicas (\u2026), presta servicio p\u00fablico (\u2026) y responde como persona natural, fiscal, civil, penal y disciplinaria\u201d.<\/p>\n
\u00a0<\/p>\n
2.- El Juzgado Cuarto Civil del Circuito de Pereira inform\u00f3 que el 15 de julio de 2020 dict\u00f3 veredicto frente al cual no se present\u00f3 recurso de apelaci\u00f3n.<\/p>\n
\u00a0<\/p>\n
La Personer\u00eda de Pereira Delegada en Medio Ambiente y Urbanismo se\u00f1al\u00f3 que lo criticado por el quejoso le es ajeno, porque \u201ccomo ente de control est\u00e1 orientada a verificar la defensa de los derechos e intereses colectivos\u201d.<\/p>\n
\u00a0<\/p>\n
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\u00a0<\/p>\n
SENTENCIA DE PRIMERA INSTANCIA E IMPUGNACI\u00d3N<\/p>\n
\u00a0<\/p>\n
1.- El Tribunal Superior de Pereira declar\u00f3 improcedente el resguardo, tras advertir que \u00ab(\u2026) no se evidencia en las copias de las piezas procesales remitidas, que el se\u00f1or Javier El\u00edas Arias Id\u00e1rraga haya formulado solicitud alguna para obtener se declare la falta de competencia y, en consecuencia, se remita la acci\u00f3n popular a la jurisdicci\u00f3n contenciosa administrativa. Es decir que el actor ejerci\u00f3 la tutela, sin antes surtir el tr\u00e1mite ordinario\u00bb.<\/p>\n
\u00a0<\/p>\n
2.- Ese desenlace fue repelido por el precursor, quien adujo que \u00abes extra\u00f1o que se diga que nunca ped\u00ed falta de competencia, ya que, en centenares de acciones populares de oficio, de gratis, sin nadie pedirlo, los jueces declaran falta de competencia, tal como lo han hecho oficiosamente\u00bb.<\/p>\n
\u00a0<\/p>\n
CONSIDERACIONES<\/p>\n
\u00a0<\/p>\n
1.- Ab initio, se anuncia el decaimiento del amparo y la consecuente ratificaci\u00f3n de lo objetado, habida cuenta que se inobserv\u00f3, sin justificaci\u00f3n v\u00e1lida, el presupuesto temporal que caracteriza este sendero especial.\u00a0<\/p>\n
\u00a0<\/p>\n
Se hace tal aseveraci\u00f3n por cuanto entre la sentencia combatida (15 jul. 2020), a trav\u00e9s de la cual el Juzgado Cuarto Civil del Circuito de Pereira dirimi\u00f3 la \u00abacci\u00f3n popular\u00bb que Javier El\u00edas promovi\u00f3 contra la Oficina de Registro de Instrumentos P\u00fablicos de esa urbe (rad. 66001-31-03-004-2019-00181-00) y, la radicaci\u00f3n de la demanda superlativa (15 feb. 2021), transcurrieron siete (7) meses; esto es, se super\u00f3 el semestre que tanto esta Corte como la Constitucional han estimado como prudente para ejercer la \u00abacci\u00f3n de tutela\u00bb.\u202f\u202f<\/p>\n
\u00a0<\/p>\n
Sobre el tema, esta Colegiatura ha esbozado que:\u202f<\/p>\n
\u00a0<\/p>\n
[e]n punto al requisito de la inmediatez, connatural a esta acci\u00f3n p\u00fablica, precisa se\u00f1alar que as\u00ed como la Constituci\u00f3n Pol\u00edtica, impone al Juzgador el deber de brindar protecci\u00f3n inmediata a los derechos fundamentales, al ciudadano le asiste el deber rec\u00edproco de colaborar para el adecuado funcionamiento de la administraci\u00f3n de justicia (ordinal 7, art\u00edculo 95 Superior), en este caso, impetrando oportunamente la solicitud tutelar, pues la demora en el ejercicio de dicha acci\u00f3n constitucional, puede tomarse, ora como s\u00edntoma del car\u00e1cter dudoso de la lesi\u00f3n o puesta en peligro de los derechos fundamentales, o como se\u00f1al de aceptaci\u00f3n a lo resuelto, contrario en todo caso la urgencia, celeridad, eficacia e inmediatez inherente a la lesi\u00f3n o amenaza del derecho fundamental.\u202f\u202f<\/p>\n
\u00a0<\/p>\n
Precisamente, en orden a procurar el cumplimiento del memorado requisito, la Sala en reiterados pronunciamientos ha considerado por t\u00e9rmino razonable para la interposici\u00f3n de la acci\u00f3n el de seis meses. Se resalta (STC 29 abr. 2009, rad. 00624-00, reiterada en STC6690-2021, STC8192-2022, STC2024-2023 y STC497-2024).\u202f<\/p>\n
\u00a0<\/p>\n
Lo anterior impide examinar el fondo de la cuesti\u00f3n, porque, si el querellante se demor\u00f3 en ejercer esta v\u00eda supralegal, su descuido, per se, es suficiente para descartar la presencia de una conducta indebida atribuible al juzgador confutado y con repercusi\u00f3n directa en los atributos b\u00e1sicos requeridos.\u202f<\/p>\n
\u00a0<\/p>\n
2.- Si bien en algunos casos se ha superado la falta de tal exigencia, flexibiliz\u00e1ndola, ello solo sucede cuando la dilaci\u00f3n en activar este dispositivo est\u00e1 \u00abdebidamente justificada\u00bb. No obstante, en el sub lite, no acaece ninguna de las hip\u00f3tesis previstas en el pronunciamiento STC3949-2021 con dicho fin, en la medida que el quejoso no mencion\u00f3 alguna circunstancia v\u00e1lida para conjurar su desidia en acudir oportunamente a esta v\u00eda.<\/p>\n
\u00a0<\/p>\n
3.- Adicionalmente, se resalta que, revisado el infolio reprochado, se constat\u00f3 que el accionante no expuso la inconformidad aqu\u00ed exhibida relacionada con la \u00abfalta de competencia\u00bb ante el juez natural y dicho suceso refuerza la inviabilidad del auxilio, comoquiera que desaprovech\u00f3 la herramienta con que contaba para ventilar el descontento y obtener un pronunciamiento al respecto.<\/p>\n
\u00a0<\/p>\n
4.- Ergo, se acompa\u00f1ar\u00e1 la directriz opugnada.<\/p>\n
\u00a0<\/p>\n
DECISI\u00d3N<\/p>\n
\u00a0<\/p>\n
En m\u00e9rito de lo expuesto, la Corte Suprema de Justicia, en Sala de Casaci\u00f3n Civil, Agraria y Rural, administrando justicia en nombre de la Rep\u00fablica de Colombia y por autoridad de la Constituci\u00f3n, CONFIRMA la sentencia de fecha, naturaleza y procedencia conocida.\u00a0<\/p>\n
\u00a0<\/p>\n
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\u00a0<\/p>\n
\u00a0<\/p>\n
\u00a0<\/p>\n
NOTIF\u00cdQUESE Y C\u00daMPLASE<\/p>\n
\u00a0<\/p>\n
FERNANDO AUGUSTO JIM\u00c9NEZ VALDERRAMA<\/p>\n
Presidente de Sala<\/p>\n
\u00a0<\/p>\n
\u00a0<\/p>\n
HILDA GONZ\u00c1LEZ NEIRA<\/p>\n
\u00a0<\/p>\n
MARTHA PATRICIA GUZM\u00c1N \u00c1LVAREZ<\/p>\n
\u00a0<\/p>\n
AROLDO WILSON QUIROZ MONSALVO<\/p>\n
\u00a0<\/p>\n
LUIS ALONSO RICO PUERTA<\/p>\n
\u00a0<\/p>\n
EN COMISI\u00d3N DE SERVICIO<\/p>\n
OCTAVIO AUGUSTO TEJEIRO DUQUE<\/p>\n
\u00a0<\/p>\n
FRANCISCO TERNERA BARRIOS<\/p>\n
\u00a0<\/p>\n
\u00a0<\/p>\n
\u00a0<\/p>\n
\u00a0<\/p>\n
\u00a0<\/p>\n
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\u00a0<\/p>\n
\u00a0<\/p>\n
\u00a0<\/p>\n
Radicaci\u00f3n n.\u00ba 66001-22-13-000-2021-00040-01<\/p>\n
\u00a0 \u00a0<\/p>\n
<\/p>\n","protected":false},"excerpt":{"rendered":"
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