<\/p>\n
\u00a0<\/p>\n
Rad. n\u00b0 11001-02-03-000-2024-00796-00<\/p>\n
\u00a0<\/p>\n
\u00a0<\/p>\n
\u00a0<\/p>\n
FERNANDO AUGUSTO JIM\u00c9NEZ VALDERRAMA<\/p>\n
Magistrado Ponente<\/p>\n
\u00a0<\/p>\n
STC3213-2024<\/p>\n
Radicaci\u00f3n n.\u00b0 11001-02-03-000-2024-00796-00<\/p>\n
(Aprobado en sesi\u00f3n del veinte de marzo de dos mil veinticuatro)<\/p>\n
\u00a0<\/p>\n
Bogot\u00e1, D.C., veinte (20) de marzo de dos mil veinticuatro (2024).<\/p>\n
<\/p>\n
Decide la Corte la acci\u00f3n de tutela promovida por el abogado Juli\u00e1n L\u00f3pez Losada en representaci\u00f3n de Julio C\u00e9sar Hern\u00e1ndez Torres, contra la Sala Civil Familia del Tribunal Superior del Distrito Judicial de Pereira y el Juzgado de Familia de Dosquebradas, tr\u00e1mite al que fueron vinculados los intervinientes en el juicio de divorcio n\u00b0 2022-00730.<\/p>\n
\u00a0<\/p>\n
ANTECEDENTES<\/p>\n
\u00a0<\/p>\n
1. \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0En la citada condici\u00f3n, el togado reclama la protecci\u00f3n de los derechos fundamentales a la defensa, igualdad, debido proceso, m\u00ednimo vital, \u00abprevalencia de la ley sustancial\u00bb y acceso a la administraci\u00f3n de justicia, presuntamente vulnerados por las autoridades convocadas.<\/p>\n
\u00a0<\/p>\n
2. \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0En sustento expuso que la se\u00f1ora Yamileth Escand\u00f3n Cubillos promovi\u00f3 juicio de divorcio en su contra, en el que se solicit\u00f3 como medida provisional la fijaci\u00f3n de una cuota alimentaria, petici\u00f3n a la cual accedi\u00f3 el Juzgado de Familia de Dosquebradas en auto de 23 de noviembre de 2022, al establecer la misma en $2.000.000,oo.<\/p>\n
\u00a0<\/p>\n
Relata que al cuestionar dicha decisi\u00f3n a trav\u00e9s de los recursos de reposici\u00f3n y apelaci\u00f3n, el despacho modific\u00f3 dicha asignaci\u00f3n al reducirla a un $1.000.000,oo, resoluci\u00f3n que la Sala Civil Familia del Tribunal Superior de Pereira confirm\u00f3 en prove\u00eddo de 28 de noviembre de 2023.<\/p>\n
\u00a0<\/p>\n
Sostiene que las autoridades judiciales recriminadas incurrieron en v\u00eda de hecho, dado que no efectuaron una correcta valoraci\u00f3n de los medios de prueba que aport\u00f3 para debatir los alimentos conferidos transitoriamente, los cuales evidencian que no cuenta con recursos para sufragarlos.<\/p>\n
\u00a0<\/p>\n
3. \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0A trav\u00e9s de este mecanismo excepcional, pretende que se ordene a las instancias falladoras accionadas revocar la determinaci\u00f3n de 23 de noviembre de 2022.<\/p>\n
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RESPUESTA DE LOS ACCIONADOS Y VINCULADOS<\/p>\n
\u00a0<\/p>\n
1. \u00a0La Sala Civil Familia del Tribunal Superior de Pereira solicit\u00f3 negar el amparo, por cuanto en la providencia que adopt\u00f3 dentro del litigio criticado \u00abse hallan contenidas las razones jur\u00eddicas que motivaron adoptar la decisi\u00f3n de confirmar el prove\u00eddo de primer nivel, y descartan la existencia de arbitrariedad en lo resuelto\u00bb. Adem\u00e1s, pidi\u00f3 \u00abverifi[car] si en este asunto se colma el presupuesto de la legitimaci\u00f3n en la causa por activa, toda vez que no se evidencia que el profesional del derecho que promovi\u00f3 el amparo constitucional cuente con poder para ese efecto\u00bb.<\/p>\n
\u00a0<\/p>\n
2. \u00a0El Juzgado de Familia de Dosquebradas se opuso al ruego, porque \u00ablos autos del 23 de noviembre de 2022 [y] 28 de junio de 2023 (\u2026), dan clara cuenta de las razones que en su momento tuvo el despacho para proferirlos, (\u2026) pues claramente est\u00e1n sustentados y en consecuencia no se advierte v\u00eda de hecho al proferirlos\u00bb.<\/p>\n
\u00a0<\/p>\n
CONSIDERACIONES<\/p>\n
\u00a0<\/p>\n
1. \u00a0 En relaci\u00f3n con la legitimaci\u00f3n para acudir a este mecanismo de resguardo constitucional, el art\u00edculo 10 del Decreto 2591 de 1991 establece, que:<\/p>\n
\u00a0<\/p>\n
podr\u00e1 ser ejercida, en todo momento y lugar, por cualquiera persona vulnerada o amenazada en uno de sus derechos fundamentales, quien actuar\u00e1 por s\u00ed misma o a trav\u00e9s de representante. Los poderes se presumir\u00e1n aut\u00e9nticos. Tambi\u00e9n se pueden agenciar derechos ajenos cuando el titular de los mismos no est\u00e9 en condiciones de promover su propia defensa. Cuando tal circunstancia ocurra, deber\u00e1 manifestarse en la solicitud.<\/p>\n
\u00a0<\/p>\n
Sobre el alcance del precepto legal en menci\u00f3n, la jurisprudencia constitucional ha estimado que:<\/p>\n
\u00a0<\/p>\n
la legitimaci\u00f3n por activa en la acci\u00f3n de tutela se refiere al titular de los derechos fundamentales presuntamente vulnerados o amenazados. Sin embargo, tanto las normas como la jurisprudencia, consideran v\u00e1lidas tres v\u00edas procesales adicionales para la interposici\u00f3n de la acci\u00f3n de tutela: (i) a trav\u00e9s del representante legal del titular de los derechos fundamentales presuntamente conculcados (menores de edad, incapaces absolutos, interdictos y personas jur\u00eddicas); (ii) por intermedio de apoderado judicial (abogado titulado con poder o mandato expreso); y, (iii) por medio de agente oficioso (C.C. ST-878 de 2007; reiterada entre otras en STC12868-2023 y STC2359-2024).<\/p>\n
\u00a0<\/p>\n
2. \u00a0De la evidencia allegada a este decurso constitucional surge la impertinencia del ruego que inco\u00f3 el abogado Juli\u00e1n L\u00f3pez Losada, ya que resulta innegable que no es el titular de los derechos cuya infracci\u00f3n invoca, ni ados\u00f3 el poder especial que habilitara su mediaci\u00f3n en este particular asunto como representante judicial del presunto afectado.<\/p>\n
\u00a0<\/p>\n
En este orden, al margen de la pertinencia que pudieran tener los reclamos formulados frente al devenir procesal, lo cierto es que, si efectivamente se concretaron esas fallas que le enrostra al juzgado y tribunal convocados en el juicio de divorcio n\u00b0 2022-00730, el \u00fanico legitimado para acudir a esta acci\u00f3n excepcional en procura de repelerlas es Julio C\u00e9sar Hern\u00e1ndez Torres, quien no habilit\u00f3 legalmente al profesional del derecho para interceder por \u00e9l en este escenario.<\/p>\n
\u00a0<\/p>\n
Sobre este puntual aspecto la Sala de vieja data ha dicho, que:<\/p>\n
\u00a0<\/p>\n
la legitimaci\u00f3n de los abogados para instaurar la acci\u00f3n de tutela aduciendo representaci\u00f3n judicial o contractual, exige de la presencia de un poder especial para el efecto. Al respecto se\u00f1al\u00f3 en la Sentencia T-001 de 1997, que por las caracter\u00edsticas de la acci\u00f3n \u201ctodo poder en materia de tutela es especial, vale decir, se otorga una sola vez para el fin espec\u00edfico y determinado de representar los intereses del accionante en punto de los derechos fundamentales que alega, contra cierta autoridad o persona y en relaci\u00f3n con unos hechos concretos que dan lugar a su pretensi\u00f3n. De este modo, cuando la acci\u00f3n de tutela se ejerce a t\u00edtulo de otro, es necesario contar con poder especial para legitimar su interposici\u00f3n. La carencia de la citada personer\u00eda para iniciar la acci\u00f3n de amparo constitucional, no se suple con la presentaci\u00f3n del apoderamiento otorgado para un asunto diferente. La falta de poder especial para adelantar el proceso de tutela por parte de un apoderado judicial, aun cuando tenga poder espec\u00edfico o general en otros asuntos, no lo habilita para ejercer la acci\u00f3n de amparo constitucional a nombre de su mandante y, por lo tanto, en estos casos, la tutela debe ser declarada improcedente ante la falta de legitimaci\u00f3n por activa (resalto adrede – CSJ STC458-2021, reiterada en STC13079-2023 y STC1671-2024, entre otras).<\/p>\n
\u00a0<\/p>\n
3. \u00a0 Por todo lo expuesto, la salvaguarda ser\u00e1 declarada impertinente.<\/p>\n
\u00a0<\/p>\n
DECISI\u00d3N<\/p>\n
\u00a0<\/p>\n
En m\u00e9rito de lo expuesto, la Corte Suprema de Justicia, en Sala de Casaci\u00f3n Civil, Agraria y Rural, administrando justicia en nombre de la Rep\u00fablica de Colombia y por autoridad de la ley, DECLARA IMPROCEDENTE el amparo suplicado.<\/p>\n
\u00a0<\/p>\n
Comun\u00edquese lo resuelto a las partes por un medio expedito y, de no impugnarse esta decisi\u00f3n, en oportunidad rem\u00edtase el expediente a la Corte Constitucional para su eventual revisi\u00f3n.<\/p>\n
\u00a0<\/p>\n
FERNANDO AUGUSTO JIM\u00c9NEZ VALDERRAMA<\/p>\n
Presidente de Sala<\/p>\n
\u00a0<\/p>\n
HILDA GONZ\u00c1LEZ NEIRA<\/p>\n
\u00a0<\/p>\n
MARTHA PATRICIA GUZM\u00c1N \u00c1LVAREZ<\/p>\n
\u00a0<\/p>\n
AROLDO WILSON QUIROZ MONSALVO<\/p>\n
\u00a0<\/p>\n
LUIS ALONSO RICO PUERTA<\/p>\n
\u00a0<\/p>\n
OCTAVIO AUGUSTO TEJEIRO DUQUE<\/p>\n
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\u00a0<\/p>\n
FRANCISCO TERNERA BARRIOS<\/p>\n
\u00a0<\/p>\n
Rad. n\u00b0 11001-02-03-000-2024-00796-00<\/p>\n
\u00a0<\/p>\n
\u00a0 \u00a0<\/p>\n
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