<\/p>\n
Radicaci\u00f3n n.\u00ba\u00a011001-02-03-000-2024-00808-00<\/p>\n
\u00a0<\/p>\n
\u00a0<\/p>\n
\u00a0<\/p>\n
AROLDO WILSON QUIROZ MONSALVO<\/p>\n
Magistrado ponente<\/p>\n
\u00a0<\/p>\n
STC3294-2024<\/p>\n
Radicaci\u00f3n n.\u00b0\u00a011001-02-03-000-2024-00808-00<\/p>\n
(Aprobado en sesi\u00f3n de veinte de marzo de dos mil veinticuatro)<\/p>\n
\u00a0<\/p>\n
Bogot\u00e1, D.C., veinte (20) de marzo de dos mil veinticuatro (2024).<\/p>\n
\u00a0<\/p>\n
Se decide la acci\u00f3n de tutela que instaur\u00f3 Lady Joana Salas Chacua contra la Sala Civil del Tribunal Superior del Distrito Judicial de Cali y el Juzgado 14 Civil del Circuito de esa ciudad, a cuyo tr\u00e1mite se vincul\u00f3 a las partes e intervinientes en el proceso objeto de la queja constitucional.<\/p>\n
\u00a0<\/p>\n
ANTECEDENTES<\/p>\n
\u00a0<\/p>\n
1. La promotora del amparo, a trav\u00e9s de apoderado judicial, reclam\u00f3 protecci\u00f3n de sus prerrogativas al debido proceso, defensa y contradicci\u00f3n, que dice vulneradas por la sede judicial acusada, por lo que solicit\u00f3 \u00abse declare la nulidad del proceso [criticado]\u2026\u00bb.<\/p>\n
\u00a0<\/p>\n
2. Son hechos relevantes para la definici\u00f3n del presente asunto:<\/p>\n
\u00a0<\/p>\n
2.1. Lady Joana Salas Chacua promovi\u00f3 acci\u00f3n de responsabilidad m\u00e9dica contra Ana Mar\u00eda \u00c1lvarez Palau, la Cl\u00ednica Versalles SA, la Cl\u00ednica Farallones SA y Coomeva EPS En Liquidaci\u00f3n, que fue desestimada con sentencia del 6 de septiembre de 2023, decisi\u00f3n que apel\u00f3 la demandante, quien, adem\u00e1s, solicit\u00f3 se declarara la nulidad de lo actuado.<\/p>\n
\u00a0<\/p>\n
2.2. Remitidas las diligencias al Superior, se admiti\u00f3 la alzada con auto de 13 de octubre de 2023 y, seguidamente, con prove\u00eddo del 12 de diciembre pasado, el Tribunal acusado declar\u00f3 desierta la apelaci\u00f3n y, de otro lado, decidi\u00f3 abstenerse \u00abde pronunciarse en torno a la solicitud de nulidad elevada por [la actora]\u00bb.<\/p>\n
\u00a0<\/p>\n
2.3. En s\u00edntesis, expres\u00f3 la gestora del resguardo que no debi\u00f3 valorarse una de las experticias allegadas al juicio criticado, por cuanto el perito que la elabor\u00f3 \u00ablabora para la entidad demandada [Cl\u00ednica] Versalles\u2026, lo cual trae la carencia de imparcialidad y de idoneidad\u2026\u00bb, por lo que se debi\u00f3 acceder a la petici\u00f3n de invalidez que elev\u00f3 ante el ad quem enjuiciado; y que se comprometi\u00f3 su derecho al debido proceso, \u00abdebido a que las pruebas por medio de las cuales se [dict\u00f3 el fallo de primera instancia], carecen de imparcialidad\u00bb.<\/p>\n
<\/p>\n
3. La Corte admiti\u00f3 el libelo de amparo, orden\u00f3 librar las comunicaciones de rigor y pidi\u00f3 rendir los informes a que alude el art\u00edculo 19 del Decreto 2591 de 1991.<\/p>\n
\u00a0<\/p>\n
RESPUESTAS DE LOS ACCIONADOS Y VINCULADOS<\/p>\n
\u00a0<\/p>\n
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\u00a0<\/p>\n
2. El abogado Harold Aristiz\u00e1bal Mar\u00edn, quien dijo obrar, \u00aben [su] condici\u00f3n de apoderado de Cl\u00ednica Versalles SA\u00bb, sin que aportara mandato que lo facultara para representarla en este tr\u00e1mite, pidi\u00f3 se declare improcedente el resguardo.<\/p>\n
\u00a0<\/p>\n
3. Mapfre Seguros Generales De Colombia SA pidi\u00f3 desestimar el resguardo, comoquiera que \u00abno ser\u00eda procedente ning\u00fan tipo de reconocimiento constitucional al no cumplirse con el requisito de inmediatez y subsidiariedad, adem\u00e1s de la absoluta carencia probatoria sobre la presunta vulneraci\u00f3n\u2026 y el incumplimiento del requisito de relevancia constitucional\u2026\u00bb.<\/p>\n
\u00a0<\/p>\n
4. Al momento de someterse al conocimiento de la Sala el presente asunto, no se hab\u00edan recibido respuestas adicionales.<\/p>\n
<\/p>\n
CONSIDERACIONES<\/p>\n
\u00a0<\/p>\n
1. Conforme al art\u00edculo 86 de la Constituci\u00f3n Pol\u00edtica, la acci\u00f3n de tutela es un mecanismo jur\u00eddico concebido para proteger los derechos fundamentales, cuando son vulnerados o amenazados por los actos u omisiones de las autoridades, en determinadas hip\u00f3tesis, por los particulares, cuya naturaleza subsidiaria y residual no permite sustituir o desplazar a los jueces funcionalmente competentes, ni los medios comunes de defensa judicial.<\/p>\n
\u00a0<\/p>\n
Por lineamiento jurisprudencial, en trat\u00e1ndose de actuaciones y providencias judiciales, el resguardo procede de manera excepcional y limitado a la presencia de una irrefutable v\u00eda de hecho, cuando \u00abel proceder ileg\u00edtimo no es dable removerlo a trav\u00e9s de los medios ordinarios previstos en la ley\u00bb (CSJ STC, 11 may. 2001, rad. 2001-00183-01); y, por supuesto, se cumpla el requisito de la inmediatez.<\/p>\n
\u00a0<\/p>\n
2. Examinada la demanda de tutela, se advierte que la quejosa cuestion\u00f3 (i) la valoraci\u00f3n probatoria efectuada en la sentencia de 6 de septiembre de 2023; y (ii) el prove\u00eddo de 12 de diciembre de 2023, a trav\u00e9s del cual el Tribunal criticado se abstuvo de resolver la petici\u00f3n invalidatoria que ella present\u00f3.<\/p>\n
\u00a0<\/p>\n
3. En este orden de ideas, concluye la Corte que la solicitud de resguardo resulta inviable, porque para exponer las quejas que ac\u00e1 aleg\u00f3 la promotora del resguardo, tuvo a su alcance mecanismos ordinarios de defensa judicial que desaprovech\u00f3, conforme pasa a exponerse.<\/p>\n
\u00a0<\/p>\n
3.1. Respecto a la valoraci\u00f3n probatoria efectuada en la referida sentencia de 6 de septiembre de 2023, advierte la Sala que la tutelante tuvo a su alcance la apelaci\u00f3n que proced\u00eda contra esa determinaci\u00f3n, instrumento que, si bien interpuso, se declar\u00f3 desierto con auto del 12 de diciembre pasado (decisi\u00f3n que cobr\u00f3 ejecutoria sin que se interpusiera recurso alguno), lo que impidi\u00f3 que el fallador de segunda instancia pudiese examinar la apreciaci\u00f3n que de las pruebas hizo el fallador de primera instancia.<\/p>\n
\u00a0<\/p>\n
3.2. En lo que ata\u00f1e al prove\u00eddo de 12 de diciembre pasado, que se abstuvo de resolver la petici\u00f3n de nulidad que elev\u00f3 la tutelante, encuentra la Sala que, para cuestionar dicha decisi\u00f3n, la quejosa tuvo a su alcance el recurso de reposici\u00f3n, mecanismo al que no acudi\u00f3, siendo ese el escenario en el cual debieron plantearse las quejas que se esgrimieron por v\u00eda constitucional.<\/p>\n
\u00a0<\/p>\n
3.3. De ese modo el reclamo actual resulta improcedente, toda vez que el descuido en el empleo de los medios de protecci\u00f3n que existen hacia el interior de las actuaciones judiciales impide al juez de tutela interferir los tr\u00e1mites respectivos, pues la justicia constitucional no es remedio de \u00faltimo momento para rescatar oportunidades precluidas o t\u00e9rminos fenecidos, lo que significa que cuando no se utilizan los mecanismos de protecci\u00f3n previstos en el orden jur\u00eddico, las partes quedan vinculadas a las consecuencias de las decisiones que le sean adversas, en tanto el resultado ser\u00eda el fruto de su propia incuria.<\/p>\n
\u00a0<\/p>\n
Entonces, si la actora del amparo desperdici\u00f3 \u00ablas diferentes oportunidades procesales\u00bb:<\/p>\n
\u00a0<\/p>\n
(\u2026) es inadmisible la pretensi\u00f3n de recurrir tal actuaci\u00f3n por esta v\u00eda extraordinaria o de tratar de recuperar mediante ese instrumento tal posibilidad, puesto que no ha sido dise\u00f1ado para rescatar t\u00e9rminos derrochados, – pues los mismos son perentorios e improrrogables, tal y como lo prev\u00e9 el art\u00edculo 118 del C\u00f3digo de Procedimiento Civil -, ni para establecer una paralela forma de control de las actuaciones judiciales, circunstancia que, acorde con reiterada jurisprudencia, impide la intervenci\u00f3n del Juez constitucional en tanto no est\u00e1 dentro de la \u00f3rbita de su competencia suplir la incuria, los desaciertos o descuidos de las partes en el ejercicio de sus facultades, cargas, o deberes procesales, pues esa no es la finalidad para la cual se instituy\u00f3 la tutela. (CSJ STC, 6 jul. 2010, rad. 00241-01, criterio reiterado, entre muchas otras, en STC, 5 abr. 2011, rad. 00015-01).<\/p>\n
\u00a0<\/p>\n
4. Basta lo dicho en precedencia para declarar improcedente la protecci\u00f3n pedida.<\/p>\n
\u00a0<\/p>\n
DECISI\u00d3N<\/p>\n
\u00a0<\/p>\n
Con fundamento en lo expuesto, la Corte Suprema de Justicia, en Sala de Casaci\u00f3n Civil, Agraria y Rural, administrando Justicia en nombre de la Rep\u00fablica y por autoridad de la Ley, declara improcedente el amparo solicitado.<\/p>\n
\u00a0<\/p>\n
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\u00a0<\/p>\n
\u00a0<\/p>\n
FERNANDO AUGUSTO JIM\u00c9NEZ VALDERRAMA<\/p>\n
Presidente de Sala<\/p>\n
\u00a0<\/p>\n
\u00a0<\/p>\n
HILDA GONZ\u00c1LEZ NEIRA<\/p>\n
\u00a0<\/p>\n
\u00a0<\/p>\n
MARTHA PATRICIA GUZM\u00c1N \u00c1LVAREZ<\/p>\n
\u00a0<\/p>\n
\u00a0<\/p>\n
AROLDO WILSON QUIROZ MONSALVO<\/p>\n
\u00a0<\/p>\n
\u00a0<\/p>\n
LUIS ALONSO RICO PUERTA<\/p>\n
\u00a0<\/p>\n
Comisi\u00f3n de servicios<\/p>\n
OCTAVIO AUGUSTO TEJEIRO DUQUE<\/p>\n
\u00a0<\/p>\n
\u00a0<\/p>\n
FRANCISCO TERNERA BARRIOS<\/p>\n
Radicaci\u00f3n n.\u00ba\u00a011001-02-03-000-2024-00808-00<\/p>\n
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