{"id":95377,"date":"2025-03-26T19:23:09","date_gmt":"2025-03-26T19:23:09","guid":{"rendered":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/2025\/03\/26\/95377\/"},"modified":"2025-03-26T19:23:09","modified_gmt":"2025-03-26T19:23:09","slug":"95377","status":"publish","type":"post","link":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/2025\/03\/26\/95377\/","title":{"rendered":""},"content":{"rendered":"\n
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AROLDO WILSON QUIROZ MONSALVO<\/b><\/font><\/font><\/p>\n

Magistrado ponente<\/font><\/font><\/p>\n

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ATC2345-2018<\/b><\/font><\/font><\/p>\n

Radicaci\u00f3n n.\u00b0 70001-22-14-000-2018-00126-01<\/b><\/font><\/font><\/font><\/font><\/p>\n

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Bogot\u00e1, D. C., diecinueve (19) de diciembre de dos mil dieciocho (2018).<\/font><\/font><\/font><\/font><\/p>\n

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1.Corresponder\u00eda decidir la impugnaci\u00f3n formulada por <\/font><\/font>la accionante frente al fallo proferido el 8 de noviembre de 2018 por la Sala Civil-Familia-Laboral del Tribunal Superior del Distrito Judicial de Sincelejo, que no accedi\u00f3 a la acci\u00f3n de tutela promovida por Martha Virginia G\u00f3mez Pupo contra el Juzgado Primero de Familia de esa ciudad,<\/font><\/font> si no fuera por la circunstancia que pasa a explicarse.<\/font><\/font><\/font><\/font><\/p>\n

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2.Del diligenciamiento de este juicio surge notorio que el <\/font><\/font>a-quo <\/i><\/font><\/font>incurri\u00f3 en la causal de nulidad prevista en el numeral 8\u00ba del art\u00edculo 133 del C\u00f3digo General del Proceso, aplicable a los asuntos de tutela por remisi\u00f3n del art\u00edculo 4\u00b0 del Decreto 306 de 1992.<\/font><\/font>1<\/a><\/font><\/font><\/font><\/font><\/p>\n

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Ello al vislumbrar que a pesar de que la solicitud de protecci\u00f3n resulta \u00edntimamente ligada con el juicio de alimentos incoado por la Defensor\u00eda de Familia, en representaci\u00f3n de Amaris del Carmen, Josber Conrado, Janis Roc\u00edo y Jairy Antonia Duarte Palacio, para entonces menores edad representados por su madre Teresa Palacio Pastrana, contra Conrado Manuel Duarte Uribe, lo cierto es que ninguno de los nombrados fue enterado de este rito constitucional.<\/font><\/font><\/font><\/font><\/p>\n

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Lo dicho implic\u00f3 que la acci\u00f3n de tutela fuera definida sin que estuvieran informados de su existencia todos los llamados a intervenir en ella, a fin de que pudieran ejercer su derecho de defensa y contradicci\u00f3n, siendo evidente el inter\u00e9s directo que les asiste en el presente tr\u00e1mite, dada su calidad de partes en el asunto criticado, respecto del cual la gestora aduce irresueltas las solicitudes que formul\u00f3, de las que debe resaltarse la relacionada con el levantamiento de las cautelas all\u00ed dispuestas.<\/font><\/font><\/font><\/font><\/p>\n

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Se destaca que<\/font><\/font><\/font> <\/b><\/font><\/font><\/font>el enteramiento de tales sujetos debe producirse de manera directa que no a trav\u00e9s de sus apoderados judiciales o representantes en el juicio fustigado, m\u00e1xime de resultar cierta la aseveraci\u00f3n de la accionante en cuanto a que los all\u00ed alimentarios, a la fecha, son personas mayores de edad, de no olvidar que cuando al fallador le resulte realmente imposible la notificaci\u00f3n personal, como \u00faltimo remedio incluso puede acudir al llamado edictal, en los t\u00e9rminos que reiteradamente lo ha expuesto esta Corporaci\u00f3n.<\/font><\/font><\/font><\/font><\/p>\n

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En cuanto a la imposibilidad de enmendar la falta de realizaci\u00f3n de tal enteramiento efectu\u00e1ndolo a trav\u00e9s del mandatario judicial de los interesados, insistentemente ha dicho esta Sala que:<\/font><\/font><\/font><\/font><\/p>\n

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\u2026la no vinculaci\u00f3n de (XXX) quien acumul\u00f3 un libelo de cobro compulsivo en el curso del procedimiento que motiva el reclamo constitucional, pero no se le enter\u00f3 personalmente de su existencia, sino que se le comunic\u00f3 a su mandataria, con quien no se satisfacen a cabalidad las garant\u00edas al presente procedimiento excepcional. <\/i><\/font><\/font> <\/p>\n

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Frente al punto, la Corte explic\u00f3 en asunto semejante que \u2018[a]s\u00ed, es claro, como ya se dijera, que lo decidido en la presente acci\u00f3n tambi\u00e9n incumbe a las referidas demandantes,\u2026 sin que, a su vez, hubiesen sido enteradas, como era del caso, de esa tramitaci\u00f3n, gener\u00e1ndose el vicio expuesto, toda vez que la notificaci\u00f3n efectuada se surti\u00f3 con el apoderado\u2026, quien funge como su representante judicial en el litigio que origina esta actuaci\u00f3n de amparo y que al efecto actu\u00f3 en el presente asunto conforme se observa a folios 338 a 340 del cuaderno uno, enteramiento que no releva materializar la notificaci\u00f3n que origin\u00f3 la deficiencia apuntada, puesto que el actuar del aludido abogado no suple el debido conocimiento del tr\u00e1mite constitucional que hab\u00eda de proveerse directamente con aquellas, am\u00e9n que omiti\u00f3 aportar el mandato correspondiente para que pudiera actuar en dicha calidad\u2019 (auto del 4 de mayo de 2012, exp. 2012-00102-01)<\/i><\/font><\/font> <\/font><\/font>(CSJ ATC, 14 feb. 2013, rad. 2012-00973-01; reiterado, entre muchos otros, en ATC750-2015, 19 feb., rad. 2014-00369-01).<\/font><\/font><\/font><\/font><\/p>\n

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3.El art\u00edculo 16 del Decreto 2591 de 1991 establece que las actuaciones que se surten dentro del rito constitucional deben ser notificadas \u00ab<\/font><\/font>a las partes o intervinientes<\/i><\/font><\/font>\u00bb, con lo que se garantiza la citaci\u00f3n al tr\u00e1mite de los terceros determinados o determinables con inter\u00e9s leg\u00edtimo en \u00e9l, con el fin de que puedan ejercer su defensa y, por ende, se d\u00e9 cumplimiento al debido proceso. <\/font><\/font><\/font><\/font> <\/p>\n

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Sobre el particular, la Corte Constitucional enfatizando la necesidad de enterar de la iniciaci\u00f3n de la tramitaci\u00f3n a todos los directamente interesados en sus resultas, ha se\u00f1alado que: <\/font><\/font><\/font><\/font> <\/p>\n

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\u2026lejos de ser un acto meramente formal o procedimental, constituye la garant\u00eda procesal\u2026 Si bien es cierto que esta Corporaci\u00f3n ha afirmado que la obligaci\u00f3n de notificar, naturalmente, en cabeza del Juez de tutela, es una obligaci\u00f3n de medio, la cual no requiere, necesariamente, hacer uso de un determinado medio de notificaci\u00f3n, ello no implica que la imposibilidad de llevar a cabo la notificaci\u00f3n personal al demandado sea \u00f3bice para que el juez intente otros medios de notificaci\u00f3n eficaces, id\u00f3neos y conducentes a asegurar el ejercicio del derecho de defensa y la vinculaci\u00f3n efectiva de aquel contra quien se dirige la acci\u00f3n. La eficacia de la notificaci\u00f3n, en estricto sentido, solo puede predicarse cuando el interesado conoce fehacientemente el contenido de la providencia. Lo anterior no se traduce obviamente, que en el eventual escenario en el cual la efectiva integraci\u00f3n del contradictorio se torne particularmente dif\u00edcil, el juez se encuentre frente a una obligaci\u00f3n imposible. No obstante, en aras de garantizar el debido proceso y el derecho a la defensa de aquel contra quien se dirige la acci\u00f3n, el juez deber\u00e1 actuar con particular diligencia; as\u00ed, pues, verificada la imposibilidad de realizar la notificaci\u00f3n personal, el juez deber\u00e1 acudir, subsidiariamente, a otros medios de notificaci\u00f3n que estime expeditos, oportunos y eficaces\u2026 <\/i><\/font> <\/p>\n

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La Corte ha hecho \u00e9nfasis en que lo ideal es la notificaci\u00f3n personal y en que a falta de ella y trat\u00e1ndose de la presentaci\u00f3n de una solicitud de tutela se proceda a informar a las partes e interesados \u201cpor edicto publicado en un diario de amplia circulaci\u00f3n, por carta, por telegrama, fijando en la casa de habitaci\u00f3n del notificado un aviso, etc.\u201d, y adicionalmente, vali\u00e9ndose de una radiodifusora e incluso, como recurso \u00faltimo, mediante la designaci\u00f3n de un curador\u2026 <\/i><\/font>(CC A-018\/05).<\/font><\/font><\/p>\n

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4.La anterior circunstancia, como ya se dijo, genera la nulidad de todo lo actuado a partir del momento en que, admitida la acci\u00f3n, debi\u00f3 producirse la notificaci\u00f3n de todos los sujetos parte en el juicio de alimentos objeto de censura constitucional, toda vez que al omitirla les fue impedido intervenir en ese particular escenario, exponer sus argumentos y, de ser el caso, aportar las pruebas que pretendieran hacer valer.<\/font><\/font><\/font><\/font><\/p>\n

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5.Por lo consignado, se dispondr\u00e1 devolver el expediente a la Sala Civil-Familia-Laboral del Tribunal Superior del Distrito Judicial de Sincelejo, para que adelante nuevamente la actuaci\u00f3n que por esta v\u00eda se declara nula.<\/font><\/font><\/font><\/font><\/p>\n

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DECISI\u00d3N<\/b><\/font><\/font><\/p>\n

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Con base en lo expuesto, el Despacho <\/font><\/font>resuelve:<\/b><\/font><\/font><\/font><\/font><\/p>\n

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1.Declarar la nulidad de todo lo actuado en la tutela del ep\u00edgrafe, a partir del momento en que, admitida la acci\u00f3n, <\/font><\/font>debi\u00f3 producirse la notificaci\u00f3n de todos los sujetos parte en el proceso de alimentos objeto del presente reproche constitucional, <\/font><\/font>sin perjuicio de la validez de las pruebas en los t\u00e9rminos del inciso 2\u00ba del art\u00edculo 138 del C\u00f3digo General del Proceso.<\/font><\/font><\/font><\/font><\/p>\n

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2.En consecuencia, se ordena regresar el expediente al Tribunal de origen para que renueve la actuaci\u00f3n, conforme a lo anotado en la parte motiva de este prove\u00eddo.<\/font><\/font><\/font><\/font><\/p>\n

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3.Comun\u00edquese lo aqu\u00ed resuelto a los interesados y l\u00edbrense las dem\u00e1s comunicaciones pertinentes.<\/font><\/font><\/font><\/font><\/p>\n

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AROLDO WILSON QUIROZ MONSALVO<\/b><\/font><\/font><\/p>\n

Magistrado<\/font><\/font><\/p>\n

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1<\/a> Ese aparte normativo fue incluido en el Art\u00edculo 2.2.3.1.1.3. del Decreto Nro. 1069 de 2015 (<\/font><\/font>Por medio del cual se expide el Decreto \u00danico Reglamentario del Sector Justicia y del Derecho<\/i><\/font><\/font>), precisando que antes ense\u00f1aba que, \u00ab<\/font><\/font>p<\/i><\/font><\/font>ara la interpretaci\u00f3n de las disposiciones sobre tr\u00e1mite de la acci\u00f3n de tutela previstas por el Decreto 2591 de 1991 (\u2026), en todo aquello en que no sean contrarios a dicho decreto<\/i><\/font><\/font><\/font>\u00bb, se aplicar\u00edan los principios generales del C\u00f3digo de Procedimiento Civil, pero ahora hace referencia no a \u00e9ste estatuto sino al C\u00f3digo General del Proceso.<\/font><\/font><\/font><\/p>\n<\/p><\/div>\n

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