{"id":95390,"date":"2025-03-26T19:23:09","date_gmt":"2025-03-26T19:23:09","guid":{"rendered":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/2025\/03\/26\/95390\/"},"modified":"2025-03-26T19:23:09","modified_gmt":"2025-03-26T19:23:09","slug":"95390","status":"publish","type":"post","link":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/2025\/03\/26\/95390\/","title":{"rendered":""},"content":{"rendered":"\n
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AROLDO WILSON QUIROZ MONSALVO<\/b><\/font><\/font><\/font><\/p>\n

Magistrado ponente<\/b><\/font><\/font><\/font><\/p>\n

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SC1209-2018<\/font> Radicaci\u00f3n n\u00b0 11001-31-03-025-2004-00602-01<\/font> <\/p>\n

(Aprobado en sesi\u00f3n de veintiuno de marzo de dos mil dieciocho)<\/font><\/font><\/font><\/p>\n

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Bogot\u00e1, D.C., veinte (20) de abril de dos mil dieciocho (2018)<\/font><\/font><\/font><\/p>\n

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Dec\u00eddese el recurso de casaci\u00f3n interpuesto por Julia Cecilia Rojas de Bautista y Gonzalo Bautista Sandoval frente a la sentencia de 25 de agosto de 2011, proferida por la Sala Civil de Descongesti\u00f3n del Tribunal Superior del Distrito Judicial de Bogot\u00e1, en el proceso ordinario que promovieron contra Arcelio Mar\u00edn Garc\u00eda y Jacqueline Ruiz Beltr\u00e1n.<\/font><\/font><\/font><\/p>\n

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ANTECEDENTES<\/b><\/font><\/font><\/font><\/p>\n

1. Al tenor de la demanda, los accionantes solicitaron s<\/font><\/font>e declare la resoluci\u00f3n de la promesa de permuta suscrita por las partes el 7 de diciembre de 1999, en lo que a\u00fan no ha sido ejecutado por los promotores, ante el incumplimiento de los demandados, orden\u00e1ndose a estos restituir la casa ubicada en la carrera 51 n\u00ba 173 \u2013 49 de Bogot\u00e1 y el apartamento 801 de la Etapa III del Interior 3 de la Agrupaci\u00f3n de Vivienda Rafael N\u00fa\u00f1ez ubicada en la calle 45 n\u00ba 38 C \u2013 04 de la misma ciudad; se proclame la resoluci\u00f3n del contrato de compraventa plasmado en la escritura p\u00fablica n\u00ba 3810 otorgada el 21 de diciembre de 1999 en la Notar\u00eda 5\u00aa de Bogot\u00e1, por medio del cual los peticionarios enajenaron a Jacqueline Ruiz Beltr\u00e1n el predio ubicado en la carrera 51 n\u00ba 173 \u2013 49 de Bogot\u00e1; y que en consecuencia se condene a los enjuiciados a pagar los perjuicios que causaron a los reclamantes, debidamente indexados <\/font><\/font>(folios 1 a 17, cuaderno 1)<\/font><\/font>.<\/font><\/font><\/font><\/p>\n

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2. Tales <\/font><\/font>pretensiones tuvieron como sustento f\u00e1ctico com\u00fan el que a continuaci\u00f3n se sintetiza:<\/font><\/font><\/p>\n

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2.1. Arcelio Mar\u00edn Garc\u00eda y Jacqueline Ruiz Beltr\u00e1n, de un lado, y Julia Cecilia Rojas de Bautista y Gonzalo Bautista Sandoval, del otro, el 7 de diciembre de 1999 celebraron por escrito promesa de permuta, en la cual aquellos se comprometieron a enajenar a estos el apartamento 1004 de la torre 3 de la Avenida 19 n\u00ba 131 A \u2013 30 de Bogot\u00e1, que ten\u00eda un valor de $235\u2019000.000; en contraprestaci\u00f3n los primeros recibir\u00edan $75\u2019000.000 en efectivo, la casa situada en la carrera 51 n\u00ba 173 \u2013 49 y el apartamento 801 de la etapa III del interior 3 de la Agrupaci\u00f3n de Vivienda Rafael N\u00fa\u00f1ez ubicada en la calle 45 n\u00ba 38 C \u2013 04, ambos de la misma ciudad.<\/font><\/font><\/font><\/p>\n

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2.2. Tal y como estaba convenido, los convocados suscribieron la escritura p\u00fablica 4664 de 21 de diciembre de 1999 de la Notar\u00eda 37 de Bogot\u00e1, trasfiriendo a los promotores el apartamento 1004 y lo entregaron f\u00edsicamente; a su vez estos desembolsaron el dinero en efectivo que prometieron, firmaron la escritura p\u00fablica 3810 el 21 de diciembre de 1999 en la Notar\u00eda 5\u00aa de Bogot\u00e1 enajenando la casa de la carrera 51 con calle 173 y entregaron la posesi\u00f3n de \u00e9sta y del apartamento 801. <\/font><\/font><\/font> <\/p>\n

<\/p>\n

2.3. La escritura p\u00fablica que perfeccionara el traspaso del apartamento 801 no fue signada, porque en la promesa de permuta se acord\u00f3 que lo har\u00edan un a\u00f1o despu\u00e9s, esto es, el 14 de diciembre de 2000, plazo durante el cual Julia Cecilia Rojas de Bautista y Gonzalo Bautista Sandoval cancelar\u00edan el gravamen hipotecario sentado a favor de la Caja de Vivienda Militar. <\/font><\/font><\/font> <\/p>\n

<\/p>\n

2.4. La Oficina de Registro de Instrumentos P\u00fablicos de Bogot\u00e1 devolvi\u00f3 sin inscribir la escritura p\u00fablica 4664 de 21 de diciembre de 1999 de la Notar\u00eda 37 de Bogot\u00e1, porque el inmueble objeto de esa convenci\u00f3n fue embargado con anotaci\u00f3n sentada el 18 de febrero de 2000, por cuenta del Juzgado 34 Civil del Circuito de Bogot\u00e1, para el proceso ejecutivo con garant\u00eda real iniciado por la Corporaci\u00f3n de Ahorro y Vivienda Colmena contra todos los propietarios de los apartamentos que integran el edificio, as\u00ed como contra la constructora que lo levant\u00f3, Inversiones La Calleja Ltda., con base en la hipoteca de mayor extensi\u00f3n que \u00e9sta constituy\u00f3.<\/font><\/font><\/font><\/p>\n

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2.5. Arcelio Mar\u00edn Garc\u00eda y Jacqueline Ruiz Beltr\u00e1n fueron requeridos en m\u00faltiples ocasiones para que solucionaran tal inconveniente, a lo que se comprometieron; sin embargo, trascurrieron dos a\u00f1os en los que omitieron dicho deber, lo que motiv\u00f3 a los esposos Bautista, el 14 de diciembre de 2000, a abstenerse de otorgar la escritura p\u00fablica de enajenaci\u00f3n del apartamento 801 de la etapa III del interior 3 de la Agrupaci\u00f3n de Vivienda Rafael N\u00fa\u00f1ez.<\/font><\/font><\/font><\/p>\n

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2.6. La inminencia del juicio ejecutivo impuls\u00f3 a la pareja Bautista a negociar con la Corporaci\u00f3n Colmena la desafectaci\u00f3n del apartamento 1004 -con la aquiescencia de los ejecutados-, mediante el pago de $75\u2019000.000, que fueron desembolsados por aquellos y dio lugar al levantamiento del embargo, al desistimiento de la ejecuci\u00f3n en relaci\u00f3n con Arcelio Mar\u00edn Garc\u00eda y Jacqueline Ruiz Beltr\u00e1n, as\u00ed como a la posterior inscripci\u00f3n de la escritura p\u00fablica 4664 de 21 de diciembre de 1999 de la Notar\u00eda 37 de Bogot\u00e1 en la Oficina de Registro de Instrumentos P\u00fablicos.<\/font><\/font><\/font><\/p>\n

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2.7. Afirman los accionantes que los demandados incumplieron la promesa de permuta porque no se perfeccion\u00f3 la tradici\u00f3n del apartamento 1004 de la torre 3 de la Avenida 19 n\u00ba 131 A \u2013 30 de Bogot\u00e1 hasta tanto no fue desembargado, gracias al pago asumido por aquellos; tambi\u00e9n quebrantaron la compraventa contenida en la escritura 4664, pues en \u00e9sta manifestaron que dicho inmueble estaba libre de grav\u00e1menes y pleitos.<\/font><\/font><\/font><\/p>\n

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2.8. Incluso, los enjuiciados actuaron de mala fe porque: <\/font><\/font>i)<\/i><\/font><\/font> conoc\u00edan de la hipoteca de mayor extensi\u00f3n que pesaba sobre el apartamento 1004, a favor de la Corporaci\u00f3n Colmena, pues as\u00ed qued\u00f3 consignado en el contrato con el que ellos adquirieron tal bien; <\/font><\/font>ii)<\/i><\/font><\/font> este fue cautelado en un juicio ejecutivo; <\/font><\/font>iii)<\/i><\/font><\/font> mientras solicitaron plazo para desembargarlo, con el prop\u00f3sito de impedir la resoluci\u00f3n de la promesa de permuta, veladamente enajenaron a favor de terceras personas la casa de la carrera 51 con calle 173, con la escritura p\u00fablica 2177 de 31 de mayo de 2000 de la Notar\u00eda 19 de Bogot\u00e1; <\/font><\/font>iv)<\/i><\/font><\/font> negaron la devoluci\u00f3n de la posesi\u00f3n del apartamento 801 de la Agrupaci\u00f3n de Vivienda Rafael N\u00fa\u00f1ez, que ten\u00eda un valor similar al que fue cancelado a la Corporaci\u00f3n Colmena, y por el contrario lo arrendaron por $500.000 mensuales; <\/font><\/font>v)<\/i><\/font><\/font> e instauraron juicio ejecutivo por obligaci\u00f3n de hacer, con el fin de que los ac\u00e1 demandantes les traspasaran \u00e9ste \u00faltimo inmueble, entre otras pretensiones.<\/font><\/font><\/font><\/p>\n

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2.9. Julia Cecilia Rojas de Bautista y Gonzalo Bautista Sandoval no incumplieron la promesa de permuta el 14 de diciembre de 2000, pues ten\u00edan justificaci\u00f3n para omitir la suscripci\u00f3n del contrato por medio del cual enajenar\u00edan el apartamento 801 de la etapa III del interior 3 de la Agrupaci\u00f3n de Vivienda Rafael N\u00fa\u00f1ez, ya que previamente sus contendores hab\u00edan deshonrado aquel convenio.<\/font><\/font><\/font><\/p>\n

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2.10. A la fecha Arcelio Mar\u00edn Garc\u00eda y Jacqueline Ruiz Beltr\u00e1n siguen incumpliendo en tanto fue debido a la gesti\u00f3n de los accionantes que se logr\u00f3 desembargar el apartamento 1004; y no han asumido el pago de los perjuicios que causaron.<\/font><\/font><\/font><\/p>\n

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3. Una vez vinculados al pleito, los encartados al un\u00edsono se resistieron a todas las pretensiones y propusieron la excepci\u00f3n meritoria de \u00ab<\/font><\/font>ausencia de causa para demandar<\/i><\/font><\/font>\u00bb, aduciendo que se opusieron a la ejecuci\u00f3n iniciada por la Corporaci\u00f3n Colmena, en raz\u00f3n de que no otorgaron los pagar\u00e9s en que se bas\u00f3 tal juicio, los que adem\u00e1s fueron diligenciados por el acreedor sin autorizaci\u00f3n de Inversiones La Calleja Ltda.; y porque respecto de ellos se acept\u00f3 el desistimiento de la ejecuci\u00f3n, lo que significa \u00ab<\/font><\/font>que fueron acogidas las excepciones<\/i><\/font><\/font>\u00bb, al punto que a la fecha de presentaci\u00f3n de la demanda de resoluci\u00f3n los esposos Bautista ya hab\u00edan obtenido la tradici\u00f3n del apartamento 1004 (folios 160 a 169, <\/font><\/font>ib\u00eddem<\/i><\/font><\/font>).<\/font><\/font><\/font><\/p>\n

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4. El Juzgado Veinticinco Civil del Circuito de Bogot\u00e1, con sentencia de 19 de febrero de 2010, declar\u00f3 probada la defensa perentoria propuesta por los accionados y neg\u00f3 todas las peticiones de la demanda (folios 393 a 402).<\/font><\/font><\/font><\/p>\n

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5. Al resolver la alzada interpuesta por los convocantes, el superior confirm\u00f3 la decisi\u00f3n (folios 62 a 74, cuaderno 3).<\/b><\/font><\/font><\/h3>\n

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LA SENTENCIA DEL TRIBUNAL<\/b><\/font><\/font><\/font><\/p>\n

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El juzgador <\/font><\/font>ad quem<\/i><\/font><\/font> inicialmente precis\u00f3 que estaban cumplidos los presupuestos procesales, no exist\u00eda vicio capaz de invalidar lo actuado, record\u00f3 el efecto de las obligaciones derivadas de un contrato bilateral y determin\u00f3 que la promesa de permuta base de la acci\u00f3n re\u00fane las exigencias previstas en el art\u00edculo 89 de la ley 153 de 1887.<\/font><\/font><\/font><\/p>\n

<\/p>\n

Seguidamente, citando doctrina de esta Corte (SC de 29 de nov. 1978), coligi\u00f3 que los demandantes no pod\u00edan deprecar la resoluci\u00f3n del pacto prometedor, porque ellos tambi\u00e9n lo incumplieron, comoquiera que no otorgaron la escritura p\u00fablica con la que enajenar\u00edan el apartamento 801 de la etapa III del interior 3 de la Agrupaci\u00f3n de Vivienda Rafael N\u00fa\u00f1ez.<\/font><\/font><\/font><\/p>\n

<\/p>\n

Tambi\u00e9n se\u00f1al\u00f3 que el previo incumplimiento de los demandados no justifica la omisi\u00f3n de los peticionarios, porque as\u00ed no fue convenido y por cuanto la entrega del apartamento 801 era parte del precio pactado en la promesa de permuta.<\/font><\/font><\/font><\/p>\n

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Por \u00faltimo, concluy\u00f3 que era inviable la segunda pretensi\u00f3n, tendiente a obtener la resoluci\u00f3n del contrato de compraventa contenido en la escritura p\u00fablica n\u00ba 3810 otorgada el 21 de diciembre de 1999 en la Notar\u00eda 5\u00aa de Bogot\u00e1, porque este convenio no qued\u00f3 demostrado, as\u00ed como en raz\u00f3n a que nada se argument\u00f3 en la demanda o en alguna otra etapa del proceso respecto de esa s\u00faplica.<\/font><\/font><\/font><\/p>\n

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LA DEMANDA DE CASACI\u00d3N<\/font> <\/p>\n

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Tres cargos fueron planteados en el escrito de sustentaci\u00f3n (folios 14 a 40, cuaderno 4), de los cuales la Corte admiti\u00f3 los dos primeros, que ser\u00e1n decididos conjuntamente en la medida en que se fundan en alegaciones similares y, por ende, su resoluci\u00f3n tambi\u00e9n se vale de consideraciones comunes.<\/font><\/font><\/font><\/p>\n

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CARGO PRIMERO<\/b><\/font><\/font><\/font><\/p>\n

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1. Al amparo de <\/font><\/font>la causal inicial de casaci\u00f3n prevista <\/font><\/font>en el art\u00edculo 368 del C\u00f3digo de Procedimiento Civil, adujo la vulneraci\u00f3n, por v\u00eda directa, de los art\u00edculos 1546, 1602 y 1609 del C\u00f3digo Civil, \u00ab<\/font><\/font>por interpretaci\u00f3n err\u00f3nea<\/i><\/font><\/font>\u00bb.<\/font><\/font><\/font><\/p>\n

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2. En su desarrollo los recurrentes argumentaron que la jurisprudencia citada por el juez <\/font><\/font>ad-quem<\/i><\/font><\/font> fue descontextualizada, porque en tal pronunciamiento lo que se concluy\u00f3 es que quien respet\u00f3 un contrato, se allan\u00f3 a cumplirlo o no lo hizo, s\u00ed puede deprecar la resoluci\u00f3n judicial del pacto, salvo que est\u00e9 en mora, la que en el <\/font><\/font>sub lite<\/i><\/font><\/font> no se configur\u00f3.<\/font><\/font><\/font><\/p>\n

<\/p>\n

As\u00ed mismo, en tanto existen m\u00e1s decisiones emanadas de la Corte Suprema de Justicia, anteriores y posteriores a las invocadas en el fallo atacado -las cuales trascribieron-, en las que fue precisado el alcance de los art\u00edculos 1546 y 1609 del C\u00f3digo Civil, al se\u00f1alar que cuando las obligaciones de las partes deben cumplirse de forma escalonada, quien inicialmente desacata lo convenido no puede demandar la resoluci\u00f3n de la alianza ni proponer la excepci\u00f3n de contrato no cumplido, seg\u00fan sea el caso; al paso que su contendor s\u00ed puede hacerlo aun cuando no haya cumplido excusado en la previa infracci\u00f3n del otro extremo negocial.<\/font><\/font><\/font><\/p>\n

<\/p>\n

Por ende, fue trascedente el error interpretativo del Tribunal respecto de los aludidos mandatos legales, porque a partir de esa falencia coligi\u00f3 la desestimaci\u00f3n de la acci\u00f3n.<\/font><\/font><\/font><\/p>\n

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SEGUNDO CARGO<\/b><\/font><\/font><\/font><\/p>\n

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Al amparo de la primera causal de casaci\u00f3n prevista en el art\u00edculo 368 del C\u00f3digo de Procedimiento Civil, se acusa la sentencia de segunda instancia de conculcar rectamente los art\u00edculos 1546 y 1609 del C\u00f3digo Civil, por falta de aplicaci\u00f3n, en concordancia con los precedentes judiciales de 12 de agosto de 1974, 29 de noviembre de 1978, 5 de noviembre de 1979, 31 de mayo de 2010 y 10 de junio de 2011 de la Sala de Casaci\u00f3n Civil de la Corte Suprema de Justicia, los cuales tienen fuerza vinculante conforme a la jurisprudencia constitucional (sentencias C-836 de 2001, C-539 y C-634 de 2011 Corte Constitucional).<\/font><\/font><\/font><\/p>\n

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En sustento de dicha censura los reclamantes reiteraron los argumentos expuestos en el cargo precedente, con reproducci\u00f3n, en lo pertinente, de las sentencias aludidas.<\/font><\/font><\/font><\/p>\n

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Y agregaron que el Tribunal dej\u00f3 de aplicar la l\u00ednea jurisprudencial relativa a la acci\u00f3n resolutoria, en franca rebeld\u00eda, no obstante constituir fuente formal de derecho, como actualmente lo tiene decantado el ordenamiento jur\u00eddico, lo que evidencia el error hermen\u00e9utico del juzgador colegiado, que basta para quebrar su determinaci\u00f3n.<\/font><\/font><\/font><\/p>\n

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CONSIDERACIONES<\/b><\/font><\/font><\/font><\/p>\n

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1.<\/font><\/font> Cuesti\u00f3n de primer orden es precisar que a pesar de entrar en vigencia de manera \u00edntegra el C\u00f3digo General del Proceso desde el 1\u00ba de enero de 2016, al <\/font><\/font>sub lite<\/i><\/font><\/font> no resulta aplicable por consagrar, en el numeral 5\u00ba de su art\u00edculo 625, que los recursos interpuestos, entre otras actuaciones, deben surtirse empleando \u00ab<\/font><\/font>las leyes vigentes cuando se interpusieron<\/i><\/font><\/font>\u00bb.<\/font><\/font><\/font><\/p>\n

<\/p>\n

Y como el que ahora ocupa la atenci\u00f3n de la Sala fue iniciado bajo el imperio del C\u00f3digo de Procedimiento Civil, ser\u00e1 este ordenamiento el que siga rigi\u00e9ndolo, por el principio de la ultractividad de la vigencia de la ley en el tiempo.<\/font><\/font><\/font><\/p>\n

<\/p>\n

2. La transgresi\u00f3n del ordenamiento sustancial por v\u00eda <\/font><\/font>directa <\/font><\/font>ocurre cuando el juzgador incurre en <\/font><\/font>falsos juicios, bien sea porque no tuvo en cuenta l<\/font><\/font>o<\/font><\/font>s <\/font><\/font>preceptos legales <\/font><\/font>que gobernaban el caso<\/font><\/font>,<\/font><\/font> aplic\u00f3 <\/font><\/font>unos <\/font><\/font>completamente ajenos o, a pesar de haber acertado en su selecci\u00f3n, les dio un alcance que no tienen<\/font><\/font>.<\/font><\/font><\/font><\/font><\/p>\n

<\/p>\n

De all\u00ed que tal senda excluya <\/font><\/font>cualquier debate relacionado con los aspectos f\u00e1cticos establecidos por el juzgador y los medios de convicci\u00f3n que le sirvieron de base, por tratarse de una causal de pleno derecho.<\/font><\/font><\/font><\/p>\n

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Como en reiteradas oportunidades lo ha advertido la Corte:<\/font><\/font><\/font><\/p>\n

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\u2018\u2026Corresponde, por ende, a una causal de pleno derecho, encaminada a develar una lesi\u00f3n producida durante el proceso intelectivo que realiza el fallador, por acci\u00f3n u omisi\u00f3n, en la labor de escogencia y ex\u00e9gesis de la regulaci\u00f3n que considera aplicable, con un resultado ajeno al querer del legislador (\u2026) En tal sentido ha precisado la Corte que la \u2018violaci\u00f3n directa de las normas sustanciales, que como motivo de casaci\u00f3n contempla la causal primera del art\u00edculo 368 ib\u00eddem, acontece cuando el sentenciador, al margen de toda cuesti\u00f3n probatoria, deja de aplicar al caso controvertido la disposici\u00f3n sustancial a que deb\u00eda someterse y, consecuentemente, hace actuar las que resultan extra\u00f1as al litigio, o cuando habiendo acertado en la disposici\u00f3n rectora del asunto, yerra en la interpretaci\u00f3n que de ella hace\u2026\u2019 <\/i><\/font>(SC, 17 de nov. 2005, rad. 7567, reiterada SC, 15 de nov. 2012, rad. 2008-00322).<\/font><\/font><\/font><\/p>\n

<\/p>\n

3<\/font><\/font>.<\/font><\/font> Es punto pac\u00edfico en el caso de autos que la inscripci\u00f3n del contrato prometido por los demandados no fue cumplida oportunamente, pues la tradici\u00f3n del apartamento 1004 <\/font><\/font>de la torre 3 de la Avenida 19 n\u00ba 131 A \u2013 30 de Bogot\u00e1,<\/font><\/font> que enajenaron mediante la escritura p\u00fablica <\/font><\/font>4664 de 21 de diciembre de 1999 de la Notar\u00eda 37 de la misma ciudad, s\u00f3lo fue cumplida una vez se obtuvo su desembargo por acci\u00f3n directa de los demandantes.<\/font><\/font><\/font><\/p>\n

<\/p>\n

Tampoco fue objeto de disentimiento la conclusi\u00f3n del Tribunal seg\u00fan la cual lo<\/font><\/font>s reclamantes, a su vez, el 14 de diciembre de 2000 omitieron su obligaci\u00f3n de traspasar el apartamento <\/font><\/font>801 de la etapa III del interior 3 de la Agrupaci\u00f3n de Vivienda Rafael N\u00fa\u00f1ez de Bogot\u00e1, convencidos de que el desacato previo de su contendores los justificaba.<\/font><\/font><\/font><\/p>\n

<\/p>\n

Ciertamente, n\u00f3tese que esa conclusiones de las que parti\u00f3 el juzgador de \u00faltima instancia no fueron debatidas, al punto que los recurrentes dirigieron sus cargos en casaci\u00f3n por la v\u00eda directa, camino en el cual se acepta \u00edntegramente la situaci\u00f3n f\u00e1ctica que estableci\u00f3 el fallador.<\/font><\/font><\/font><\/p>\n

<\/p>\n

Es que, tiene dicho la Sala, <\/font><\/font>cuando se invoca la afectaci\u00f3n por senda recta de la ley sustancial es necesario partir de la aceptaci\u00f3n \u00edntegra de los hechos tenidos por acreditados en el fallo, sin que exista campo para disentir de la valoraci\u00f3n ni de los medios de convicci\u00f3n recaudados, por cuanto la cr\u00edtica debe estar dirigida a derruir los falsos raciocinios respecto a las normas sustanciales que gobiernan el caso, bien sea porque el Tribunal no las tuvo en cuenta, se equivoc\u00f3 al elegirlas o, a pesar de ser las correctas, les da un entendimiento ajeno a su alcance.<\/font><\/font><\/p>\n

<\/p>\n

Al respecto ha establecido la Corte que:<\/font><\/font><\/font><\/p>\n

<\/p>\n

al acudir en casaci\u00f3n invocando la violaci\u00f3n directa de la ley sustancial, se debe partir de la aceptaci\u00f3n \u00edntegra de los hechos tenidos por probados en la sentencia, sin que se permita plantear inconformidad alguna relacionada con los medios de convicci\u00f3n recaudados, debi\u00e9ndose limitar la formulaci\u00f3n del ataque a establecer la existencia de falsos juicios sobre las normas sustanciales que gobiernan el caso, ya sea por falta de aplicaci\u00f3n, al no haberlas tenido en cuenta; por aplicaci\u00f3n indebida, al incurrir en un error de selecci\u00f3n que deriva en darles efectos respecto de situaciones no contempladas; o cuando se acierta en su escogencia pero se le da un alcance que no tienen, present\u00e1ndose una interpretaci\u00f3n err\u00f3nea<\/i><\/font> <\/i><\/font>(CSJ SC 24 abr. 2012, rad. n\u00ba 2005-00078).<\/font><\/font><\/font><\/p>\n

<\/p>\n

Partiendo de tales supuestos de hecho, s\u00edguese al estudio de los cargos expuestos por los reclamantes y admitidos por esta Corporaci\u00f3n.<\/font><\/font><\/font><\/p>\n

<\/p>\n

4. En trat\u00e1ndose de contratos bilaterales, el art\u00edculo 1546 del C\u00f3digo Civil consagra la condici\u00f3n resolutoria t\u00e1cita, que consiste en la facultad a favor del contratante cumplido para pedir la resoluci\u00f3n o el cumplimiento del pacto, en uno y otro caso, con indemnizaci\u00f3n de perjuicios, frente al extremo contrario del negocio que no respet\u00f3 las obligaciones que adquiri\u00f3.<\/font><\/font><\/font><\/p>\n

<\/p>\n

As\u00ed lo tiene adoctrinado la Sala al se\u00f1alar que:<\/font><\/font><\/font><\/p>\n

<\/p>\n

En el \u00e1mbito de los contratos bilaterales y en cuanto toca con la facultad legal que, seg\u00fan los t\u00e9rminos del art\u00edculo 1546 del C\u00f3digo Civil, en ellos va impl\u00edcita de obtener la resoluci\u00f3n por incumplimiento, hoy en d\u00eda se tiene por verdad sabida que es requisito indispensable para su buen suceso en un caso determinado, la fidelidad a sus compromisos observada por quien ejercita esa facultad habida cuenta que, como lo ha se\u00f1alado la Corte, el contenido literal de aqu\u00e9l precepto basta para poner de manifiesto que el contratante incumplido utilizando el sistema de la condici\u00f3n resolutoria t\u00e1cita, no puede pretender liberarse de las obligaciones que contrajo. <\/i><\/font> <\/p>\n

<\/p>\n

Es preciso entender, entonces, que no hay lugar a resoluci\u00f3n de este linaje en provecho de aquella de las partes que sin motivo tambi\u00e9n ha incurrido en falta y por lo tanto se encuentra en situaci\u00f3n de incumplimiento jur\u00eddicamente relievante, lo que equivale a afirmar que la parte que reclama por esa v\u00eda ha de estar por completo limpia de toda culpa, habiendo cumplido rigurosamente con sus obligaciones, al paso que sea la otra quien no haya hecho lo propio, de donde se sigue que \u201c\u2026el titular de la acci\u00f3n resolutoria indefectiblemente lo es el contratante cumplido o que se ha allanado a cumplir con las obligaciones que le corresponden y, por el aspecto pasivo, incuestionablemente debe dirigirse la mencionada acci\u00f3n contra el contratante negligente, puesto que la legitimaci\u00f3n para solicitar el aniquilamiento de la convenci\u00f3n surge del cumplimiento en el actor y del incumplimiento en el demandado u opositor\u2026\u201d <\/i><\/font>(CSJ SC de 7 mar. 2000, rad. n\u00ba 5319).<\/font><\/font><\/font><\/p>\n

<\/p>\n

Por ende, como regla general y en trat\u00e1ndose de compromisos que deben ejecutar las partes simult\u00e1neamente, es menester, para el buen suceso del reclamo del demandante, que este haya asumido una conducta acatadora de sus d\u00e9bitos, porque de lo contrario no podr\u00e1 incoar la acci\u00f3n resolutoria prevista en el aludido precepto, en concordancia con la excepci\u00f3n de contrato no cumplido (<\/font><\/font>exceptio non adimpleti contractus<\/i><\/font><\/font>) regulada en el canon 1609 de la misma obra, a cuyo tenor ninguno de los contratantes est\u00e1 en mora dejando de cumplir lo pactado, mientras el otro por su lado no cumpla, o no se allane a cumplirlo en la forma y tiempo debidos.<\/font><\/font><\/font><\/p>\n

<\/p>\n

Ahora, en el evento de que las obligaciones asumidas por ambos extremos no sean de ejecuci\u00f3n simult\u00e1nea, sino sucesiva, se ha precisado que, al tenor del art\u00edculo 1609 del C\u00f3digo Civil, quien primero incumple autom\u00e1ticamente exime a su contrario de ejecutar la siguiente prestaci\u00f3n, porque \u00e9sta \u00faltima carece de exigibilidad en tanto la anterior no fue honrada.<\/font><\/font><\/font><\/p>\n

<\/p>\n

As\u00ed lo tiene se\u00f1alado la Corte de anta\u00f1o, al analizar la excepci\u00f3n de marras, en fallo que se transcribe en extenso porque fue el que sirvi\u00f3 de base al juez <\/font><\/font>ad-quem<\/i><\/font><\/font> para desestimar las pretensiones de los promotores en el <\/font><\/font>sub judice<\/i><\/font><\/font>:<\/font><\/font><\/font><\/p>\n

<\/p>\n

(\u2026) indispensable determinar con claridad y precisi\u00f3n la estructura y el mecanismo de ese medio de defensa: es suficiente que quien pide la resoluci\u00f3n del contrato no haya cumplido ni allan\u00e1dose a cumplir sus propias obligaciones en la forma pactada, o se requiere que \u00e9stas o las del otro contratante guarden entre s\u00ed determinada relaci\u00f3n, sin la cual la excepci\u00f3n no es procedente?<\/i><\/font><\/font><\/p>\n

El punto es de suma trascendencia, porque si ambos contratantes incumplen y en tal evento ninguno puede lograr ni la resoluci\u00f3n ni el cumplimiento con la correspondiente indemnizaci\u00f3n de perjuicios, <\/i><\/font>el contrato quedar\u00eda definitivamente estancado,<\/i><\/font> perdiendo su exigibilidad las rec\u00edprocas obligaciones que ha generado.<\/i><\/font><\/font><\/p>\n

Semejante soluci\u00f3n, inaceptable desde todo punto de vista, hace caso omiso de la tradicional estructura que tiene la responsabilidad de cada uno de los contratantes, independientemente considerados, a m\u00e1s de que establece desacertadamente una especie de modo, no de extinci\u00f3n, pero s\u00ed de suspensi\u00f3n indefinida e insalvable de los efectos que naturalmente tienen las mutuas obligaciones.<\/i><\/font><\/font><\/p>\n

(\u2026)<\/i><\/font><\/font><\/p>\n

El deudor demandando no est\u00e1 en mora si, por una parte, no ha sido reconvenido judicialmente por el acreedor -salvo que la obligaci\u00f3n sea a t\u00e9rmino o de ejecuci\u00f3n exclusivamente dentro de cierto tiempo h\u00e1bil-, o si, por otra parte, \u00e9l ha dejado de cumplir con apoyo en que el acreedor demandante tampoco cumpli\u00f3 ni se allan\u00f3 a hacerlo en la forma y tiempo debidos.<\/i><\/font><\/font><\/p>\n

El aspecto unilateral de la mora, en lo que ata\u00f1e a la resoluci\u00f3n del contrato, no ofrece dificultades. Las ofrece el bilateral que plantea el art\u00edculo 1609, cuya correcta inteligencia es preciso fijar.<\/i><\/font><\/font><\/p>\n

Seg\u00fan esta disposici\u00f3n, \u201cEn los contratos bilaterales ninguno de los contratantes est\u00e1 en mora, dejando de cumplir lo pactado, mientras el otro no lo cumpla por su parte, o no se allane a cumplirlo en la forma y tiempo debidos\u201d.<\/i><\/font><\/font><\/p>\n

Varias hip\u00f3tesis pueden presentarse:<\/i><\/font><\/font><\/p>\n

PRIMERA.- El demandante <\/i><\/font>cumpli\u00f3<\/i><\/font> sus obligaciones. Es claro que no cabe aqu\u00ed la excepci\u00f3n de contrato no cumplido.<\/i><\/font><\/font><\/p>\n

SEGUNDA.- El demandante <\/i><\/font>no cumpli\u00f3, ni se allan\u00f3 a cumplir<\/i><\/font>, PORQUE el demandado, que deb\u00eda cumplir antes que \u00e9l, no cumpli\u00f3 su obligaci\u00f3n en el momento y la forma debidos, ni se allan\u00f3 a hacerlo. En tal caso tampoco cabe proponer la excepci\u00f3n, pues de lo contrario fracasar\u00eda la acci\u00f3n resolutoria propuesta por quien, debido al incumplimiento previo de la otra parte, aspira leg\u00edtimamente a quedar desobligado y a obtener indemnizaci\u00f3n de perjuicios.<\/i><\/font><\/font><\/p>\n

TERCERA.- El demandante <\/i><\/font>no cumpli\u00f3, ni se allan\u00f3 a cumplir<\/i><\/font>, y el demandado, que deb\u00eda cumplir <\/i><\/font>despu\u00e9s<\/i><\/font> de aquel seg\u00fan el contrato, tampoco ha cumplido ni se allana a hacerlo, PORQUE el demandante no lo hizo previamente como deb\u00eda. En esta hip\u00f3tesis s\u00ed puede el demandado proponer con \u00e9xito la excepci\u00f3n de contrato no cumplido.<\/i><\/font><\/font><\/p>\n

CUARTO.- Demandante y demandado ten\u00edan que cumplir <\/i><\/font>simult\u00e1neamente<\/i><\/font>, es decir que sus mutuas obligaciones eran exigibles en un mismo momento, \u201cdando y dando\u201d.<\/i><\/font><\/font><\/p>\n

(\u2026)<\/i><\/font><\/font><\/p>\n

El texto del art\u00edculo 1609 no puede pues apreciarse en el sentido de que el contratante que no cumple fracasa siempre en su pretensi\u00f3n de que se resuelva el contrato. Si as\u00ed se lo entendiera, sin distinguir las varias hip\u00f3tesis que puedan presentarse, entonces ser\u00eda forzoso concluir que la resoluci\u00f3n del contrato bilateral, prevista en el art\u00edculo 1546, no tiene cabida en sinn\u00famero de eventos en que s\u00ed la tiene: todos aquellos en que el demandado ten\u00eda que cumplir sus obligaciones <\/i><\/font>antes<\/i><\/font> que el demandante, o que teni\u00e9ndolas que cumplir <\/i><\/font>al mismo tiempo<\/i><\/font> que las de \u00e9ste, s\u00f3lo el demandante ofreci\u00f3 el pago en la forma y tiempo debidos, o ninguno lo ofreci\u00f3 simplemente porque ni uno ni el otro concurrieron a pagarse. El ejercicio de la acci\u00f3n resolutoria no se limita al caso de que el demandante haya cumplido ya e intente, en virtud de la resoluci\u00f3n, repetir lo pagado; se extiende tambi\u00e9n a las hip\u00f3tesis en que el actor <\/i><\/font>no haya cumplido ni se allan\u00f3 a cumplir<\/i><\/font> porque a \u00e9l ya se le incumpli\u00f3 y por este motivo leg\u00edtimamente no quiere continuar con el contrato.<\/i><\/font><\/font><\/p>\n

No es siempre necesario que el contratante que demanda <\/i><\/font>la resoluci\u00f3n<\/i><\/font> con indemnizaci\u00f3n de perjuicios haya cumplido o se allane a hacerlo. Puede negarse, en los casos ya explicados, a cumplir si todav\u00eda no lo ha hecho y no est\u00e1 dispuesto a hacerlo porque el demandado no le cumpli\u00f3 previa o simult\u00e1neamente. Por el contrario, el que pide el <\/i><\/font>cumplimiento<\/i><\/font> con indemnizaci\u00f3n de perjuicios s\u00ed tiene necesariamente que allanarse a cumplir \u00e9l mismo, puesto que, a diferencia de lo que ocurre en aquel primer caso, en que el contrato va a DESAPARECER por virtud de la resoluci\u00f3n impetrada, y con \u00e9l las obligaciones que gener\u00f3, en el segundo va a SOBREVIVIR con la plenitud de sus efectos, entre ellos la exigibilidad de las obligaciones del demandante, las que continuar\u00e1n vivas y tendr\u00e1n que ser cumplidas a cabalidad por \u00e9ste.<\/i><\/font> (<\/font>CSJ SC de 29 nov. 1978, en igual sentido SC de 4 sep. 2000 rad. n\u00ba 5420, SC4420 de 2014, rad. n\u00ba 2006-00138, SC6906 de 2014, rad. n\u00ba 2001-00307-01, entre otras). <\/font><\/font><\/font> <\/p>\n

<\/p>\n

As\u00ed las cosas, el contratante que primero vulner\u00f3 la alianza queda desprovisto de la acci\u00f3n resolutoria, mientras que su contendor s\u00ed la conserva a pesar de que tambi\u00e9n dej\u00f3 de acatar una prestaci\u00f3n, siempre que su actuar se encuentre justificado en su inexigibilidad por la previa omisi\u00f3n de aquel.<\/font><\/font><\/font><\/p>\n

<\/p>\n

Igualmente, si la pretensi\u00f3n invocada no es la resolutoria sino la de cumplimiento del pacto, quien as\u00ed lo demanda requiere haber honrado sus compromisos o haberse allanado a hacerlo, aun en el supuesto de que su contraparte no lo haya hecho previamente.<\/font><\/font><\/font><\/p>\n

<\/p>\n

En resumen, puede deprecar la resoluci\u00f3n de un acuerdo de voluntades el contratante cumplido, entendi\u00e9ndose por tal aquel que ejecut\u00f3 las obligaciones que adquiri\u00f3, as\u00ed como el que no lo hizo justificado en la omisi\u00f3n previa de su contendor respecto de una prestaci\u00f3n que \u00e9ste deb\u00eda acatar de manera preliminar; mientras que si de demandar la consumaci\u00f3n del pacto se trata, s\u00f3lo podr\u00e1 hacerlo el negociante puntual o que despleg\u00f3 todos los actos para satisfacer sus d\u00e9bitos, con independencia de que el otro extremo del pacto haya atendido o no sus compromisos, aun en el supuesto de que estos fueran anteriores.<\/font><\/font><\/font><\/p>\n

<\/p>\n

De lo dicho se desprende, como lo aducen los cargos bajo estudio, que el Tribunal err\u00f3 en la aplicaci\u00f3n de los c\u00e1nones 1546 y 1609 del C\u00f3digo Civil, porque asumi\u00f3, sin m\u00e1s miramiento, que s\u00f3lo puede solicitar la resoluci\u00f3n del acuerdo de voluntades quien ejecut\u00f3 todas las obligaciones asumidas, es decir, sin detenerse en que las prestaciones de las partes en el presente litigio ten\u00edan que ser honradas en forma escalonada o sucesiva.<\/font><\/font><\/font><\/p>\n

<\/p>\n

En efecto, esa Colegiatura expuso que los convocantes \u00ab<\/font><\/font>reconocieron que \u2018\u2026no han materializado el otorgamiento de la escritura p\u00fablica respecto del inmueble con el folio de matr\u00edcula inmobiliaria 50C-1310125, ni se allanaron a hacerlo, por cuando los demandados deb\u00edan cumplir previamente las obligaciones a su cargo\u2026\u2019 (\u2026), circunstancia esta \u00faltima que, dicho sea de paso, no constituye una justificaci\u00f3n v\u00e1lida para que los promitentes compradores se apartaran de darle cumplimiento al deber impuesto en el literal c de la cl\u00e1usula cuarta del contrato de promesa de permuta (\u2026), no s\u00f3lo porque tal conducta no estaba prevista en ninguna de las estipulaciones contractuales, sino porque la transferencia del dominio de ese bien era parte del precio convenido en el contrato. (\u2026) En consecuencia, resulta irrelevante establecer si en efecto los demandados incumplieron con la obligaci\u00f3n de entregar el inmueble prometido en venta libre de grav\u00e1menes, si otorgaron o no la correspondiente escritura p\u00fablica, toda vez que la desidia de aquellos no avalaba el comportamiento omisivo de los actores frente a las cl\u00e1usulas contractuales, pues, como ya se indic\u00f3, ello marcaba el fracaso de sus pretensiones tendientes a la disoluci\u00f3n del contrato de promesa en cuesti\u00f3n y la correlativa indemnizaci\u00f3n de perjuicios.<\/i><\/font><\/font>\u00bb<\/font><\/font><\/font><\/p>\n

<\/p>\n

Sin embargo, ese presupuesto extra\u00f1ado por el fallador de \u00faltima instancia es indispensable \u00fanicamente cuando se demanda el cumplimiento del contrato, como ya se anot\u00f3; porque si lo deprecado es su resoluci\u00f3n, al demandante le basta con haber acatado los compromisos que adquiri\u00f3 hasta el momento en que su contendor desatendi\u00f3 los suyos, en raz\u00f3n a que de all\u00ed en adelante las dem\u00e1s obligaciones de aquel carecieron de exigibilidad y, en consecuencia, no puede afirmarse que omiti\u00f3 allanarse a cumplir, pues lo hizo respecto de las cargas que cobraron exigibilidad.<\/font><\/font><\/font><\/p>\n

<\/p>\n

As\u00ed las cosas, era innecesario que los peticionarios suscribieran la escritura p\u00fablica programada para el 14 de diciembre de 2000, como erradamente lo afirm\u00f3 el juez <\/font><\/font>ad-quem<\/i><\/font><\/font>, porque ello es tanto como exigirles el cumplimiento \u00edntegro de sus compromisos, sin parar mientes en que las obligaciones fueron pactadas para ser satisfechas en momentos diferentes -no simult\u00e1neos- y que el otro extremo del negocio previamente hab\u00eda desacatado sus deberes.<\/font><\/font><\/font><\/p>\n

<\/p>\n

Dicho con otras palabras, exigir el requisito pedido por el Tribunal es tanto, ni m\u00e1s ni menos, como desconocer la reglamentaci\u00f3n alusiva a los contratos sinalagm\u00e1ticos, cuando las prestaciones que deben acatar los negociantes tienen momentos diferenciados de cumplimientos y cuando una de ellas desatendi\u00f3 una o varias de las adquiridas, raz\u00f3n que permite a la otra abstenerse de acatar las propias. <\/font><\/font><\/font> <\/p>\n

<\/p>\n

Tampoco era menester, como lo exigi\u00f3 el juez colegiado, la existencia de cl\u00e1usula alguna en la promesa que estableciera cu\u00e1ndo una de las partes pod\u00eda justificar la desatenci\u00f3n de sus compromisos, porque ello equivale a dejar de aplicar el art\u00edculo 1546 del C\u00f3digo Civil que precisamente regula la condici\u00f3n resolutoria <\/font><\/font>t\u00e1cita<\/i><\/font><\/font>, as\u00ed como la excepci\u00f3n de contrato no cumplido que encuentra asidero en el canon 1609 <\/font><\/font>idem<\/i><\/font><\/font>.<\/font><\/font><\/font><\/p>\n

<\/p>\n

En otros t\u00e9rminos, requerir una estipulaci\u00f3n de dicho tenor es tanto como hacer a un lado que estos preceptos legales se entienden impl\u00edcitos.<\/font><\/font><\/font><\/p>\n

<\/p>\n

Entonces, ocurri\u00f3 la vulneraci\u00f3n del ordenamiento sustancial denunciada en el libelo extraordinario, producto de la errada interpretaci\u00f3n de los preceptos de esa estirpe invocados en el libelo de casaci\u00f3n.<\/font><\/font><\/font><\/p>\n

<\/p>\n

5. <\/font><\/font>No obstante lo anterior, el fallo fustigado no habr\u00e1 de casarse, pues lo cierto es que la acci\u00f3n resolutoria estaba conminada al fracaso, aunque por motivaciones diversas a las expuestas por el fallador colegiado, de donde las censuras bajo estudio carecen de la trascendencia necesaria para que esta Corporaci\u00f3n acceda al recurso extraordinario.<\/font><\/font><\/font><\/p>\n

<\/p>\n

Sobre el tema, la Sala ha expresado: <\/font><\/font><\/font> <\/p>\n

<\/p>\n

A tono con la naturaleza extraordinaria del recurso de casaci\u00f3n, tiene establecido la jurisprudencia vern\u00e1cula de la Corte que dicho medio de impugnaci\u00f3n, no obstante habilitarse frente a aquellas sentencias que, como resultado de errores <\/i><\/font>(\u2026) <\/font>resultan infringiendo la ley sustancial, no constituye una instancia m\u00e1s en la que pueda intentarse una aproximaci\u00f3n al litigio, de suerte que, trat\u00e1ndose de la causal primera y cuando se acusa al fallador de haber incurrido en ese tipo de yerros, ser\u00e1 necesario que el recurrente demuestre <\/i><\/font>(\u2026) <\/font>que la equivocaci\u00f3n <\/i><\/font>(\u2026) <\/font>es trascendente, \u201cesto es, influyente o determinante de la decisi\u00f3n ilegal o contraria a derecho; lo cual, descarta, entonces, seg\u00fan lo tienen entendido jurisprudencia y doctrina, aquellos errores inocuos o que no influyen de manera determinante en lo dispositivo de la sentencia, porque su reconocimiento ning\u00fan efecto pr\u00e1ctico producir\u00eda\u201d (cas. civ. de octubre 20 de 2000; exp: 5509), por lo menos frente al cometido de la Corte de proveer a la realizaci\u00f3n del derecho objetivo que, en esa hip\u00f3tesis, no se ver\u00eda lesionado. <\/i><\/font>(CSJ S-158 de 2001, rad. n\u00ba 5993).<\/font><\/font><\/p>\n

<\/p>\n

6. En el <\/font><\/font>sub judice<\/i><\/font><\/font>, est\u00e1 acreditado que la inscripci\u00f3n del contrato prometido por los demandados no fue cumplida oportunamente, porque la tradici\u00f3n del apartamento 1004 <\/font><\/font>de la torre 3 de la Avenida 19 n\u00ba 131 A \u2013 30 de Bogot\u00e1,<\/font><\/font> enajenado mediante la escritura p\u00fablica <\/font><\/font>4664 de 21 de diciembre de 1999 de la Notar\u00eda 37 de la misma ciudad, se logr\u00f3 una vez obtenido su desembargo.<\/font><\/font><\/font><\/p>\n

<\/p>\n

En efecto, obra en autos certificado de tradici\u00f3n y libertad correspondiente a la matr\u00edcula inmobiliaria n\u00ba 50N-20280452 de la Oficina de Registro de Instrumentos P\u00fablicos de Bogot\u00e1, el cual demuestra que el 18 de febrero de 2000 fue embargado el apartamento 1004 mencionado a espacio (anotaci\u00f3n n\u00ba 5), por orden del Juzgado 34 Civil del Circuito de Bogot\u00e1, dentro del juicio ejecutivo hipotecario de la Corporaci\u00f3n Colmena contra Arcelio Mar\u00edn Garc\u00eda y Jacqueline Ruiz Beltr\u00e1n (folios 83 a 84, cuaderno 1).<\/font><\/font><\/font><\/p>\n

<\/p>\n

Ese mismo documento, que reviste autenticidad por mandato del inciso inicial del art\u00edculo 252 del C\u00f3digo de Procedimiento Civil, da cuenta de que el levantamiento de la aludida cautela se produjo el 12 de marzo de 2002 (anotaci\u00f3n n\u00ba 6), con la inscripci\u00f3n de la misiva que en tal sentido envi\u00f3 el despacho judicial mencionado; as\u00ed como que la hipoteca fue cancelada el 30 de agosto siguiente (anotaci\u00f3n n\u00ba 8).<\/font><\/font><\/font><\/p>\n

<\/p>\n

Igualmente, los demandantes arrimaron al expediente copia autenticada del recibo de caja n\u00ba 6644217 de la Oficina de Registro de Instrumentos P\u00fablicos, de fecha 18 de febrero de 2000, que prueba el pago de los derechos de inscripci\u00f3n de la escritura p\u00fablica 4664 de 21 de diciembre de 1999, asiento que no lleg\u00f3 a buen t\u00e9rmino.<\/font><\/font><\/font><\/p>\n

<\/p>\n

Los reclamantes tambi\u00e9n aportaron copia autenticada del Acuerdo de pago que celebraron con Colmena, el 25 de enero de 2002, el que relata los antecedentes del proceso ejecutivo mencionado y denota el compromiso asumido por Gonzalo Bautista Sandoval de cancelar $75\u2019000.000 en varias cuotas, que fueron satisfechas seg\u00fan se muestra con recibos e instrumentos autenticados (folios 106 a 110).<\/font><\/font><\/font><\/p>\n

<\/p>\n

De otro lado, los demandados manifestaron, con fuerza de confesi\u00f3n al contestar el hecho 4\u00ba de la demanda (art. 197 C.P.C.), que se trunc\u00f3 el primer intento de registro de tal escritura p\u00fablica por la aludida medida cautelar, lo que justifican afirmando que ellos no eran deudores personales de la Corporaci\u00f3n Colmena, no constituyeron la hipoteca que esa entidad financiera hizo valer judicialmente y que \u00ab<\/font><\/font>(s)i existe una hipoteca, es en mayor extensi\u00f3n pero no de una obligaci\u00f3n de car\u00e1cter real sobre el apartamento en concreto<\/i><\/font><\/font>\u00bb (folio 164, cuaderno 1).<\/font><\/font><\/font><\/p>\n

<\/p>\n

A lo anterior se agrega que en contra de los demandados pesan dos indicios: el primero grave por su inasistencia injustificada a la audiencia celebrada en los t\u00e9rminos del art\u00edculo 101 de la obra citada (par\u00e1grafo 2\u00ba, numeral 2\u00ba); y el segundo por su conducta procesal (art. 249 <\/font><\/font>ib\u00eddem<\/i><\/font><\/font>), habida cuenta que una vez contestaron el libelo introductor del litigio se desentendieron por completo de la causa, al punto que no radicaron otro memorial a lo largo del litigio, es decir, abandonaron por completo el pleito.<\/font><\/font><\/font><\/p>\n

<\/p>\n

Dicho acervo probatorio, valorado en conjunto, muestra que, como lo alegaron los demandantes, sus contendores Arcelio Mar\u00edn Garc\u00eda y Jacqueline Ruiz Beltr\u00e1n incumplieron la promesa de permuta, toda vez que aun cuando otorgaron el contrato prometido, no efectuaron la tradici\u00f3n del bien objeto de esas convenciones en la oportunidad debida, pues s\u00f3lo vino a consolidarse dos a\u00f1os despu\u00e9s, con ocasi\u00f3n del pago asumido por los adquirentes en favor de la Corporaci\u00f3n Colmena.<\/font><\/font><\/font><\/p>\n

<\/p>\n

Es decir, que a pesar de que prometieron entregar el bien libre de grav\u00e1menes y pleitos, ocurri\u00f3 todo lo contrario porque sobre \u00e9l pesaba una hipoteca y el embargo decretado en el juicio en el cual esa garant\u00eda se hizo valer.<\/font><\/font><\/p>\n

<\/p>\n

En suma, el incumplimiento endilgado a los enjuiciados qued\u00f3 plenamente acreditado.<\/font><\/font><\/p>\n

<\/p>\n

7. Sin embargo, los demandantes tambi\u00e9n aceptaron, con fuerza de confesi\u00f3n (art. 197 C.P.C.), que obtuvieron la tradici\u00f3n tras el pago que hicieron de la deuda motivante del embargo del apartamento 1004; as\u00ed como la cancelaci\u00f3n de la aludida hipoteca.<\/font><\/font><\/p>\n

<\/p>\n

Ciertamente as\u00ed lo expusieron en el hecho 10\u00ba de su demanda, lo que aparece corroborado con el certificado de tradici\u00f3n y libertad del predio, valorado en esta providencia, en el que est\u00e1n inscritas la escritura p\u00fablica <\/font><\/font>4664 de 21 de diciembre de 1999, seg\u00fan anotaci\u00f3n n\u00ba 7 del 13 de marzo de 2002; y la abolici\u00f3n de la hipoteca el 30 de agosto siguiente, anotaci\u00f3n n\u00ba 8.<\/font><\/font><\/p>\n

<\/p>\n

Por consecuencia, se alcanz\u00f3 la satisfacci\u00f3n de la tradici\u00f3n y la entrega del predio libre de grav\u00e1menes, aunque derivara de la intervenci\u00f3n de los demandantes y despu\u00e9s de dos a\u00f1os de tardanza de los accionados, raz\u00f3n para desvirtuar la resoluci\u00f3n pedida, habida cuenta que deja al descubierto la carencia de inter\u00e9s resolutorio de los promotores para la fecha en que incoaron la presente acci\u00f3n, ante la ejecuci\u00f3n del contrato con su benepl\u00e1cito, al margen de que fuera extempor\u00e1nea.<\/font><\/font><\/p>\n

<\/p>\n

As\u00ed lo adoctrin\u00f3 al Sala en consideraciones aplicables al caso, <\/font><\/font>mutatis mutandi<\/i><\/font><\/font>, al aducir:<\/font><\/font><\/p>\n

<\/p>\n

\u00ab\u2026 esta Corporaci\u00f3n no le ha negado al cumplimiento tard\u00edo, el efecto resolutorio previsto en el art\u00edculo 1546 del C\u00f3digo Civil, pues al respecto ha dicho que \u2018\u2026 independientemente de la fuente legal o convencional que tenga, la resoluci\u00f3n no puede ser declarada en sede judicial, sino en la medida en que sea rendida prueba concluyente, de esa situaci\u00f3n de hecho antijur\u00eddica que es el incumplimiento el que, por principio, se produce ante cualquier desajuste entre la prestaci\u00f3n debida y la conducta desplegada por el obligado, desajuste que a su vez puede darse bajo una cualquiera de las tres modalidades que con el prop\u00f3sito de definir las causas posibles que dan lugar al resarcimiento de perjuicios en el \u00e1mbito contractual, describe el art\u00edculo 1613 del C\u00f3digo Civil, refiri\u00e9ndose al incumplimiento propio o absoluto, al cumplimiento imperfecto que tambi\u00e9n suele denominarse \u2018incumplimiento impropio\u2019 y en fin, al cumplimiento tard\u00edo o realizado por fuera de la \u00e9poca oportuna\u2019 (Casaci\u00f3n del 26 de enero de 1994). Esto es, que atendiendo autorizados criterios que conjugan acertadamente el efecto particularmente vinculante de los contratos con el inter\u00e9s que en ellos depositan los contratantes, debe inferirse que el cumplimiento tard\u00edo de la prestaci\u00f3n no ataja la acci\u00f3n resolutoria cuando el plazo pactado es esencial al negocio, o su incumplimiento apareja la frustraci\u00f3n del fin pr\u00e1ctico perseguido por ellos, o, en general, cuando surja para el afectado un inter\u00e9s justificado en su aniquilaci\u00f3n, pues de no ser as\u00ed se propiciar\u00edan enojosas injusticias y se prohijar\u00eda el abuso del derecho de los contratantes morosos. <\/i><\/font><\/font> <\/p>\n

<\/p>\n

En consecuencia, (\u2026) lo cierto es que imperativos de justicia y de repulsi\u00f3n al abuso del derecho, llevar\u00edan de cualquier modo a considerar que cuando el plazo pactado es esencial al negocio, o cuando su infracci\u00f3n acarrea la decadencia del fin pr\u00e1ctico perseguido por las partes, o, en general, cuando surja para el afectado un razonable inter\u00e9s en la resoluci\u00f3n del mismo, el cumplimiento retardado no puede enervar la acci\u00f3n resolutoria, <\/i><\/font>a menos claro est\u00e1, que \u00e9ste lo hubiese consentido o tolerado<\/b><\/i><\/font>.\u00bb<\/i><\/font> <\/font>(CSJ SC de 21 sep. 1998, rad. n\u00ba 4844).<\/font><\/font><\/p>\n

<\/p>\n

En otros t\u00e9rminos, desapareci\u00f3 la facultad para reclamar la resoluci\u00f3n que yac\u00eda en los accionantes, como contratantes cumplidos, porque con su consentimiento fue ejecutada la prestaci\u00f3n que a\u00f1oraban, aunque de manera tard\u00eda.<\/font><\/font><\/p>\n

<\/p>\n

La raz\u00f3n que de ser de dicha mutaci\u00f3n, esto es, poseer potestad resolutoria con base en el incumplimiento de su contraparte a estar desprovisto de ella, deriva del consentimiento que expresaron para que fuera acatada la promesa de permuta de forma atrasada, al punto que actuaron activamente para alcanzar este resultado.<\/font><\/font><\/p>\n

<\/p>\n

Por ende, la resoluci\u00f3n deprecada en la primera pretensi\u00f3n del libelo genitor del litigio era inviable, puesto que la infracci\u00f3n en que incurrieron los demandados fue subsanada con posterioridad y con el consentimiento de los reclamantes, mas no porque hubiera existido incumplimiento mutuo como desacertadamente lo consider\u00f3 el juez <\/font><\/font>ad-quem<\/i><\/font><\/font>.<\/font><\/font><\/p>\n

<\/p>\n

Consecuentemente, al margen del yerro argumentativo cometido por el juzgador de \u00faltima instancia, lo cierto es que la acci\u00f3n resolutoria no era pr\u00f3spera.<\/font><\/font><\/p>\n

<\/p>\n

Igual sucede en relaci\u00f3n con la segunda pretensi\u00f3n, como quiera que fue desestimada por el Tribunal tras se\u00f1alar <\/font><\/font>que el convenio objeto de la misma no fue demostrado, y que nada se argument\u00f3 en la demanda o en alguna otra etapa del proceso respecto de esa s\u00faplica; conclusiones que no fueron <\/font><\/font>materia de censura por los demandantes, al punto que sus reclamos por v\u00eda extraordinaria estuvieron dirigidos, \u00fanicamente, a derruir la decisi\u00f3n adoptada por el fallador de segunda instancia respecto de las dem\u00e1s solicitudes del libelo.<\/font><\/font><\/font><\/p>\n

<\/p>\n

Es m\u00e1s, una revisi\u00f3n de la situaci\u00f3n f\u00e1ctica devela que era otra acci\u00f3n la que estaba al alcance de los prometientes adquirentes para alcanzar el desagravio pretendido, pues en su condici\u00f3n de compradores, due\u00f1os tras el registro de la escritura p\u00fablica de venta n\u00ba<\/font><\/font> 4664 de 21 de diciembre de 1999 de la Notar\u00eda 37 de Bogot\u00e1, <\/font><\/font>surg\u00eda para los vendedores la obligaci\u00f3n de saneamiento prevista en el art\u00edculo 1895 del C\u00f3digo Civil, a cuyo tenor \u00ab<\/font><\/font>(e)l vendedor es obligado a sanear al comprador todas las evicciones que tengan una causa anterior a la venta, salvo en cuanto se haya estipulado lo contrario<\/i><\/font><\/font>\u00bb; m\u00e1xime si \u00ab<\/font><\/font>lo dispuesto en el art\u00edculo anterior y en los siguientes a \u00e9ste, es aplicable tambi\u00e9n al comprador que para poder excluir la cosa comprada de una ejecuci\u00f3n o un concurso de acreedores contra un tercero, o para recobrar la posesi\u00f3n de la misma cosa, cuando la ha perdido sin su culpa, tiene que presentarse como demandante en el juicio correspondiente<\/i><\/font><\/font>\u00bb (art. 1900 <\/font><\/font>\u00eddem<\/i><\/font><\/font>).<\/font><\/font><\/font><\/p>\n

<\/p>\n

As\u00ed lo tiene explicado la doctrina especializada, al se\u00f1alar:<\/font><\/font><\/font><\/p>\n

<\/p>\n

Alessandri<\/font>, aunque no enfoca el problema desde este punto de vista, dice con ocasi\u00f3n del estudio de lo que debe entenderse por \u201ccausa anterior a la venta\u201d, que son evicciones provenientes de una causa de tal especie: \u201ca) La existencia de servidumbres o hipotecas u otros derechos an\u00e1logos existentes\u201d en el momento de la venta (\u2026). De todo lo dicho se desprende que las cargas y grav\u00e1menes ocultos pueden ser considerados como un caso de <\/i><\/font>evicci\u00f3n parcial<\/font>, sin perjuicio de que en el hecho pueda estarse ante un verdadero <\/i><\/font>vicio oculto<\/font>, y as\u00ed deba declararse.<\/i><\/font>1<\/a><\/font><\/p>\n

<\/p>\n

Incluso, nada imped\u00eda a los reclamantes hacer uso de un maniobra coactiva derivada de la subrogaci\u00f3n que oper\u00f3, tras el pago de la acreencia que verificaron en favor del acreedor hipotecario de sus vendedores, conforme al art\u00edculo 1668 de la obra en cita, seg\u00fan el cual \u00ab<\/font><\/font>(s)e efect\u00faa la subrogaci\u00f3n por el ministerio de la ley, y aun en contra de la voluntad del acreedor, en todos los casos se\u00f1alados por las leyes y especialmente a beneficio: (\u2026) 2\u00ba. Del que habiendo comprado un inmueble, es obligado a pagar a los acreedores a quienes el inmueble est\u00e1 hipotecado<\/i><\/font><\/font>\u00bb. <\/font><\/font><\/font> <\/p>\n

<\/p>\n

Es que \u00ab<\/font><\/font>(\u2026) el evento previsto en el ord. 2\u00ba del art. 1668 C.C. queda circunscrito, por l\u00f3gica y por su propia redacci\u00f3n, a los casos de t\u00edtulo oneroso (compraventa dice el texto, y por extensi\u00f3n anal\u00f3gica llegar\u00eda a la permutaci\u00f3n, la daci\u00f3n en pago y la aportaci\u00f3n a sociedad o asociaci\u00f3n de utilidad particular), y dentro de ellos a la hip\u00f3tesis en que el enajenante se comprometi\u00f3 a purgar el gravamen<\/i><\/font><\/font>\u00bb<\/font><\/font>2<\/a>.<\/font><\/font><\/font><\/p>\n

<\/p>\n

Total, las pretensiones resolutorias de los convocantes no eran de recibo, lo que devela lo intrascendente del equ\u00edvoco de su juzgador, situaci\u00f3n que no pas\u00f3 desapercibida para la Corte, la que realiz\u00f3 la pertinente rectificaci\u00f3n doctrinaria contenida en el numeral 4\u00ba de estas consideraciones, sin que por tal motivo pueda casarse la sentencia.<\/font><\/font><\/font><\/p>\n

<\/p>\n

8. El fracaso de las s\u00faplicas, como se anot\u00f3, torna triviales las acusaciones examinadas, toda vez que la falencia en que incurri\u00f3 el juzgador <\/font><\/font>ad-quem<\/i><\/font><\/font>, en el supuesto de casarse su fallo, conducir\u00eda a que la Corte, situada en sede de instancia, dictara la sentencia de reemplazo tambi\u00e9n adversa a las pretensiones de los promotores.<\/font><\/font><\/font><\/p>\n

<\/p>\n

9. Las censuras estudiadas conjuntamente, por lo tanto, decaen.<\/font><\/font><\/font><\/p>\n

<\/p>\n

10. A pesar de que la decisi\u00f3n es adversa a los recurrentes no habr\u00e1 condena en costas, de conformidad con el \u00faltimo inciso del art\u00edculo 375 del C\u00f3digo de Procedimiento Civil a cuyo tenor ello no es viable \u00ab<\/font><\/font>en el caso de rectificaci\u00f3n doctrinaria<\/i><\/font><\/font>\u00bb, la que se hizo en esta providencia en relaci\u00f3n con la motivaci\u00f3n que expuso el Tribunal.<\/font><\/font><\/font><\/p>\n

<\/h2>\n

DECISI\u00d3N<\/i><\/font><\/h2>\n

<\/p>\n

En m\u00e9rito de lo expuesto, la Sala de Casaci\u00f3n Civil de la Corte Suprema de Justicia, administrando justicia en nombre de la Rep\u00fablica y por autoridad de la ley,<\/font><\/font> NO CASA<\/b><\/font><\/font> la sentencia<\/font><\/font> de 25 de agosto de 2011, proferida por la Sala Civil de Descongesti\u00f3n del Tribunal Superior del Distrito Judicial de Bogot\u00e1, en el proceso ordinario que promovieron Julia Cecilia Rojas de Bautista y Gonzalo Bautista Sandoval contra Arcelio Mar\u00edn Garc\u00eda y Jacqueline Ruiz Beltr\u00e1n<\/font><\/font>.<\/font><\/font><\/font><\/p>\n

<\/p>\n

<\/font>Sin costas en casaci\u00f3n.<\/font><\/font><\/font><\/p>\n

<\/p>\n

En su oportunidad, vuelva el proceso al despacho de origen.<\/font><\/font><\/font><\/p>\n

<\/p>\n

Notif\u00edquese,<\/b><\/font><\/font><\/font><\/p>\n

<\/p>\n

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AROLDO WILSON QUIROZ MONSALVO<\/b><\/font><\/font><\/font><\/p>\n

Presidente de la Sala<\/font><\/font><\/font><\/p>\n

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MARGARITA CABELLO BLANCO<\/b><\/font><\/font><\/font><\/p>\n

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LUIS ALONSO RICO PUERTA<\/b><\/font><\/font><\/font><\/p>\n

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ARIEL SALAZAR RAM\u00cdREZ<\/b><\/font><\/font><\/font><\/p>\n

Con ausencia justificada<\/font><\/font><\/font><\/p>\n

<\/p>\n

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OCTAVIO AUGUSTO TEJEIRO DUQUE<\/b><\/font><\/font><\/font><\/p>\n

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LUIS ARMANDO TOLOSA VILLABONA<\/b><\/font><\/font><\/font><\/p>\n

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<\/p>\n

Con impedimento del Dr. \u00c1lvaro Fernando Garc\u00eda R.<\/b><\/font><\/font><\/font><\/p>\n

Magistrado ponente: Aroldo Wilson Quiroz Monsalvo<\/b><\/font><\/font><\/font><\/p>\n

N\u00ba 30<\/b><\/font><\/font><\/font><\/p>\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n
\n

Clase<\/font><\/font><\/p>\n<\/td>\n

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SENTENCIA DE CASACI\u00d3N<\/font><\/font><\/p>\n<\/td>\n<\/tr>\n

\n

Radicaci\u00f3n<\/font><\/font><\/p>\n<\/td>\n

\n

2004-00602-01<\/b><\/font><\/font><\/p>\n<\/td>\n<\/tr>\n

\n

Proceso<\/font><\/font><\/p>\n<\/td>\n

\n

Ordinario de resoluci\u00f3n de promesa de permuta e indemnizaci\u00f3n de perjuicios<\/font><\/font><\/p>\n<\/td>\n<\/tr>\n

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Recurrente<\/font><\/font><\/p>\n<\/td>\n

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Los demandantes<\/font><\/font><\/p>\n<\/td>\n<\/tr>\n

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Origen<\/font><\/font><\/p>\n<\/td>\n

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SALA CIVIL DE DESCONGESTI\u00d3N DEL TRIBUNAL DE BOGOT\u00c1<\/font><\/font><\/p>\n<\/td>\n<\/tr>\n

\n

Partes<\/font><\/font><\/p>\n<\/td>\n

\n

Demandantes: Julia Cecilia Rojas Bautista y Gonzalo Bautista Sandoval<\/font><\/font><\/p>\n

Abogados: Mar\u00eda Helena Duque de Perrent-Gentil y Ramiro Rodr\u00edguez L\u00f3pez <\/font><\/font> <\/p>\n

Demandados: Jackeline Ruiz Beltr\u00e1n y Arcelio Mar\u00edn Garc\u00eda<\/font><\/p>\n

Abogado: Hernando Mar\u00edn Gonz\u00e1lez<\/font><\/p>\n<\/td>\n<\/tr>\n

\n

Pretensiones<\/font><\/font><\/p>\n<\/td>\n

\n

Los demandantes solicitaron: 1\u00ba) se declare la resoluci\u00f3n de la promesa de permuta suscrita por las partes el 7 de diciembre de 1999, en lo que a\u00fan no ha sido ejecutado por los promotores, ante el incumplimiento de los demandados, orden\u00e1ndose a los convocados restituir el predio ubicado en la carrera 51 n\u00ba 173 \u2013 49 de Bogot\u00e1 y el apartamento 801 de la Etapa III del Interior 3 de la Agrupaci\u00f3n de Vivienda Rafael N\u00fa\u00f1ez ubicada en la calle 45 n\u00ba 38 C \u2013 04 de la misma ciudad; 2\u00ba) se proclame la resoluci\u00f3n del contrato de compraventa plasmado en la escritura p\u00fablica n\u00ba 3810 otorgada el 21 de diciembre de 1999 en la Notar\u00eda 5\u00aa de Bogot\u00e1, por medio del cual los peticionarios enajenaron a Jacqueline Ruiz Beltr\u00e1n el predio ubicado en la carrera 51 n\u00ba 173 \u2013 49 de Bogot\u00e1; y 3\u00ba) se condene a los enjuiciados a pagar los perjuicios que causaron a los reclamantes, debidamente indexados.<\/font><\/font><\/p>\n<\/td>\n<\/tr>\n

\n

Decisi\u00f3n 1\u00aa<\/font><\/font><\/p>\n

instancia<\/font><\/font><\/p>\n<\/td>\n

\n

El <\/font>a-quo<\/i><\/font> neg\u00f3 las pretensiones con sentencia de 19 de febrero de 2010.<\/font><\/p>\n<\/td>\n<\/tr>\n

\n

Decisi\u00f3n 2\u00aa<\/font><\/font><\/p>\n

instancia<\/font><\/font><\/p>\n<\/td>\n

\n

El <\/font>ad-quem<\/i><\/font> confirm\u00f3 con fallo de 25 de agosto de 2011. <\/font><\/font> <\/p>\n<\/td>\n<\/tr>\n

\n

Fundamentos<\/font><\/font><\/p>\n

del<\/font><\/font><\/p>\n

ad quem<\/i><\/font><\/font><\/p>\n<\/td>\n

\n

El Tribunal se\u00f1al\u00f3 que no era de recibo la primera pretensi\u00f3n resolutoria, porque los demandantes tambi\u00e9n incumplieron la promesa de permuta pues dejaron de otorgar una escritura p\u00fablica que deb\u00edan suscribir un a\u00f1o despu\u00e9s de que los demandados satisficieran sus compromisos.<\/font><\/font><\/p>\n

Agreg\u00f3 que el previo incumplimiento de los demandados no fue convenido como causal de justificaci\u00f3n para los demandantes, m\u00e1xime cuando la entrega del bien objeto de \u00e9sta escritura era parte del precio convenido.<\/font><\/font><\/p>\n

Por \u00faltimo se\u00f1al\u00f3 que la segunda pretensi\u00f3n tampoco prosperaba porque el contrato sobre el cual vers\u00f3 no fue acreditado y porque en la demanda no se aleg\u00f3 cu\u00e1l era la causa para resolverlo.<\/font><\/font><\/p>\n<\/td>\n<\/tr>\n

\n

Demanda de<\/font><\/font><\/p>\n

Casaci\u00f3n y<\/font><\/font><\/p>\n

Proyecto de<\/font><\/font><\/p>\n

Decisi\u00f3n que<\/font><\/font><\/p>\n

NO CASA<\/b><\/font><\/font><\/p>\n<\/td>\n

\n

Dos cargos, ambos fundados en la causal primea por la v\u00eda directa: <\/font> <\/p>\n

En el primero se alega que fueron mal interpretados los art\u00edculos 1546, 1602 y 1609 del C.C., porque la jurisprudencia de la Corte ha establecido el alcance de esos preceptos indicando que cuando las partes pactan compromisos escalonados o sucesivos, quien primero incumple una prestaci\u00f3n exonera a su contraparte de acatar las siguientes, pues \u00e9stas no cobran exigibilidad.<\/font><\/font><\/p>\n

En el segundo cargo de nuevo se invocan los art\u00edculos 1546 y 1609 del C.C., se reitera lo dicho en el anterior y se destaca que no se aplic\u00f3 la l\u00ednea jurisprudencial relativa a la resoluci\u00f3n de contratos, espec\u00edficamente respecto del acatamiento de obligaciones escalonadas o sucesivas, no obstante que los precedentes jurisprudenciales son obligatorios.<\/font><\/font><\/p>\n

<\/p>\n

RESPUESTA A LOS CARGOS<\/b><\/font>:<\/font><\/font><\/p>\n

<\/p>\n

Se hace rectificaci\u00f3n doctrinaria reiterando el alcance que la Corte le ha dado a la acci\u00f3n resolutoria al tenor de los art\u00edculos 1546 y 1609 del C.C., porque, como lo alegan los recurrentes, el Tribunal no tuvo en cuenta c\u00f3mo se aplican esas disposiciones cuando el contrato ajustado por las partes contiene obligaciones escalonadas, pues el Tribunal simplemente se\u00f1al\u00f3 que ambas partes deben haber cumplido sus obligaciones.<\/font><\/font><\/p>\n

Adem\u00e1s, la Corte ha establecido que cuando una de las partes incumple una prestaci\u00f3n que deb\u00eda acatar preliminarmente, las restantes radicadas de la parte contraria no se hacen exigibles.<\/font><\/font><\/p>\n

<\/p>\n

Sin embargo, no se casa porque el error no es trascendente, pues si la Corte tuviera que dictar sentencia en sede de instancia, concluir\u00eda que los demandantes no tienen inter\u00e9s para pedir la resoluci\u00f3n porque lograron desembargar el inmueble objeto de la permuta pagando al acreedor hipotecario la deuda de los demandados y, de esta forma, obtuvieron el desembargo del bien, el registro de la escritura p\u00fablica y la cancelaci\u00f3n de la hipoteca. Es decir, los demandantes, antes de iniciar el proceso, consintieron en el cumplimiento tard\u00edo del pacto que inicialmente hab\u00edan incumplido los demandados.<\/font><\/font><\/p>\n<\/td>\n<\/tr>\n<\/table>\n

<\/p>\n

<\/p>\n

\n

1<\/a> \u00c1lvaro P\u00e9rez Vives, Compraventa y permuta en derecho colombiano, Universidad Nacional de Colombia, 2\u00aa ed., p\u00e1g. 332.<\/font><\/font><\/p>\n

<\/p>\n<\/p><\/div>\n

\n

2<\/a> Fernando Hinestrosa, Tratado de las obligaciones, 3\u00aa ed., I, Universidad Externado de Colombia, p\u00e1g. 415.<\/font><\/font><\/p>\n

<\/p>\n<\/p><\/div>\n","protected":false},"excerpt":{"rendered":"

AROLDO WILSON QUIROZ MONSALVO Magistrado ponente SC1209-2018 Radicaci\u00f3n n\u00b0 11001-31-03-025-2004-00602-01 (Aprobado en sesi\u00f3n de veintiuno de marzo de dos mil dieciocho) Bogot\u00e1, D.C., veinte (20) de abril de dos mil dieciocho (2018) Dec\u00eddese el recurso de casaci\u00f3n interpuesto por Julia Cecilia Rojas de Bautista y Gonzalo Bautista Sandoval frente a la sentencia de 25 de […]<\/p>\n","protected":false},"author":1,"featured_media":0,"comment_status":"open","ping_status":"open","sticky":false,"template":"","format":"standard","meta":{"footnotes":""},"categories":[102],"tags":[],"class_list":["post-95390","post","type-post","status-publish","format-standard","hentry","category-102"],"_links":{"self":[{"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/posts\/95390","targetHints":{"allow":["GET"]}}],"collection":[{"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/posts"}],"about":[{"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/types\/post"}],"author":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/users\/1"}],"replies":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/comments?post=95390"}],"version-history":[{"count":0,"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/posts\/95390\/revisions"}],"wp:attachment":[{"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/media?parent=95390"}],"wp:term":[{"taxonomy":"category","embeddable":true,"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/categories?post=95390"},{"taxonomy":"post_tag","embeddable":true,"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/tags?post=95390"}],"curies":[{"name":"wp","href":"https:\/\/api.w.org\/{rel}","templated":true}]}}