{"id":95391,"date":"2025-03-26T19:23:09","date_gmt":"2025-03-26T19:23:09","guid":{"rendered":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/2025\/03\/26\/95391\/"},"modified":"2025-03-26T19:23:09","modified_gmt":"2025-03-26T19:23:09","slug":"95391","status":"publish","type":"post","link":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/2025\/03\/26\/95391\/","title":{"rendered":""},"content":{"rendered":"\n
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\u00c1LVARO FERNANDO GARC\u00cdA RESTREPO<\/b><\/font><\/font><\/font><\/font><\/p>\n

Magistrado Ponente<\/b><\/font><\/font><\/font><\/font><\/p>\n

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SC1229-2018<\/b><\/font><\/font><\/font><\/font><\/p>\n

Radicaci\u00f3n n\u00b0 11001<\/font>-02-03-000-2015-02938-00<\/font> <\/p>\n

(Aprobado en sesi\u00f3n de veintiuno de marzo de dos mil dieciocho)<\/font><\/font><\/font><\/font><\/p>\n

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Bogot\u00e1, D. C., veinticuatro (24) de abril de dos mil dieciocho (2018).-<\/font><\/font><\/font><\/font><\/p>\n

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Procede la Sala a resolver la demanda de exequ\u00e1tur presentada por <\/font>LUIS GERM\u00c1N CHALARCA BERM\u00daDEZ<\/b><\/font>, con el objeto de que produzca efectos en la Rep\u00fablica de Colombia la sentencia proferida el 19 de abril de 2007 por el Juzgado de Primera Instancia No. 79 de Madrid, Espa\u00f1a, mediante la cual se dispuso otorgar al aqu\u00ed demandante, \u00ab<\/font>el ejercicio exclusivo de la patria potestad y por lo tanto, la guarda y custodia de su hijo menor Juan Diego Chalarca Rostas<\/i><\/font><\/font>\u00bb<\/font><\/font>,<\/font> <\/i><\/font><\/font>sin fijaci\u00f3n de r\u00e9gimen de visitas y cuota de alimentos respecto <\/font>de su progenitora.<\/font><\/p>\n

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I. ANTECEDENTES<\/b><\/font><\/p>\n

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1.Como fundamento del escrito petitorio, el actor adujo los hechos que se compendian a continuaci\u00f3n:<\/font><\/p>\n

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1.1.El 4 de abril de 2006, instaur\u00f3 demanda sobre la guarda y custodia de su menor hijo Juan Diego Chalarca Rostas, en contra de la se\u00f1ora Florica Rostas, madre de \u00e9ste, la que correspondi\u00f3 conocer al Juzgado de Primera Instancia No. 79 de Madrid, Espa\u00f1a, quien mediante providencia del 18 de abril siguiente, le imparti\u00f3 el tr\u00e1mite correspondiente, dando traslado de ella al \u00ab<\/font>Ministerio Fiscal<\/i><\/font><\/font>\u00bb<\/font><\/font> y a la demandada, previo emplazamiento. <\/font> <\/i><\/font><\/font> <\/p>\n

<\/p>\n

1.2.Una vez contestada la demanda por la aludida autoridad y transcurrido el plazo concedido a la parte pasiva sin que \u00e9sta se pronunciara, en decisi\u00f3n del 16 de marzo de la citada anualidad, la juez de la causa la \u00ab<\/font>declar\u00f3 en rebeld\u00eda<\/i><\/font><\/font>\u00bb<\/font><\/font> y cit\u00f3 a las partes y dem\u00e1s intervinientes para el 17 de abril de 2017, a fin de llevar a cabo audiencia de instrucci\u00f3n y fallo. <\/font> <\/p>\n

<\/p>\n

1.3.Llegado el d\u00eda y hora se\u00f1alada, se celebr\u00f3 la susodicha diligencia sin la presencia de la demandada, \u00fanica ausente en el acto, y previ\u00f3 an\u00e1lisis de las pruebas recaudadas \u00ab<\/font>en concordancia con el Art. 154 del C\u00f3digo Civil Espa\u00f1ol<\/i><\/font><\/font>\u00bb<\/font><\/font>, la mentada funcionaria dict\u00f3 sentencia, otorg\u00e1ndole, de manera exclusiva, la patria potestad de su primog\u00e9nito, sin fijaci\u00f3n de r\u00e9gimen de visitas y pensi\u00f3n de alimentos en lo que respecta a la madre del prenombrado infante<\/font> (fls. 14 a 16).<\/font><\/p>\n

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II. TR\u00c1MITE DEL EXEQUATUR<\/b><\/font><\/p>\n

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1.El 11 de abril de 2016, se admiti\u00f3 la demanda y se corri\u00f3 el traslado de rigor a los agentes del Ministerio P\u00fablico y a la se\u00f1ora Florica Rostas, en la forma prevista en el art\u00edculo 695 del C\u00f3digo de Procedimiento Civil (fls. 19 y 20)<\/font>, \u00faltima a quien se orden\u00f3 emplazar conforme al art\u00edculo 318 ib\u00eddem, ante el desconocimiento de su paradero (fl. 62).<\/font><\/font><\/p>\n

<\/p>\n

2.La Procuradora Delegada para para la Defensa de los Derechos de la Infancia, Adolescencia y Familia, luego de discurrir sobre las normas relativas a los requisitos de exequ\u00e1tur, indic\u00f3 que \u00e9stos se cumpl\u00edan, aclarando, frente al alusivo a que la providencia objeto de homologaci\u00f3n \u00ab<\/font>no se oponga a leyes y otras disposiciones colombianas de orden p\u00fablico<\/i><\/font><\/font>\u00bb<\/font><\/font>, que la misma, en efecto, no se contrapone a nuestro ordenamiento por cuando no se fij\u00f3 un r\u00e9gimen de visitas y una cuota de alimentos a cargo de la demandada, teniendo en cuenta que dicha decisi\u00f3n se sustent\u00f3 en el hecho del abandono del menor Juan Diego Chalarca Rostas, por parte de su progenitora, de quien no se conoce su domicilio (fls. 24 a 28).<\/font><\/p>\n

<\/p>\n

3.La Procuradora Delegada para Asuntos Civiles, tras pronunciarse sobre los hechos del libelo introductorio, manifest\u00f3 no oponerse a lo pretendido por el demandante, por acreditarse los requisitos en el caso concreto para la procedencia de la homologaci\u00f3n instaurada (fls. 50 a 54).<\/font><\/p>\n

<\/p>\n

4.La Curadora Ad-litem de la se\u00f1ora Florica Rostas, despu\u00e9s de referirse a cada uno de los hechos soporte de la demanda, se\u00f1al\u00f3 que se atiene a la decisi\u00f3n que se adopte en el presente tr\u00e1mite (fls. 76 y 77). <\/font> <\/p>\n

<\/p>\n

5.En la debida oportunidad se admitieron las pruebas presentadas con la demanda, y se orden\u00f3 librar oficio al Ministerio de Relaciones Exteriores, para que informara si exist\u00edan convenios internacionales entre Colombia y Espa\u00f1a, sobre reciprocidad en el reconocimiento de fallos proferidos por autoridades jurisdiccionales, y si era del caso, remitiera copia aut\u00e9ntica de los documentos pertinentes (fl. 79). <\/font> <\/p>\n

<\/p>\n

6.Agotada la etapa probatoria, se corri\u00f3 traslado para alegar de conclusi\u00f3n (fl. 95), oportunidad que aprovech\u00f3, por una parte, el demandante, para reiterar que se cumplen los presupuestos legales para proferir sentencia favorable de exequ\u00e1tur y, recalcar, que lo solicitado no contraviene el orden p\u00fablico nacional e internacional <\/font>(fls. 96 y 97)<\/font>, y por otra, la aludida Curadora Ad-litem, para indicar que en el presente asunto se hallan atendidos los requisitos de ley para acceder a lo peticionado por aqu\u00e9l (fls. 98 y 99)<\/font>.<\/font><\/font><\/p>\n

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III. CONSIDERACIONES<\/b><\/font><\/p>\n

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1. Preliminarmente, se advierte que la solicitud de exequ\u00e1tur fue radicada el 20 de noviembre de 2015, en vigencia del C\u00f3digo de Procedimiento Civil, por lo que el tr\u00e1mite y decisi\u00f3n final se siguen con apoyo en ese ordenamiento, por as\u00ed disponerlo los art\u00edculos 624 y 625 numerales 5\u00ba y 6\u00ba, del C\u00f3digo General del Proceso, en vigor integralmente desde el 1\u00ba de enero de 2016, seg\u00fan el Acuerdo PSAA15-10392 del Consejo Superior de la Judicatura, Sala Administrativa. <\/font><\/font><\/font><\/font> <\/p>\n

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Sobre ese criterio, consolidado en la Sala, da cuenta el auto CSJ AC de 2 de agosto de 2016, Rad. 2015-00495-0, reiterado entre otros en SC18557-2016, acorde con el cual<\/font><\/font><\/font><\/font><\/p>\n

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\u00ab<\/font><\/font>[S]alvo que se trate de alguno de los casos expresamente establecido en el referido art\u00edculo 625, dentro de los cuales, valga la pena decirlo, no se encuentra el procedimiento de exequ\u00e1tur, es imperativo aplicar \u201c\u2026la regla general prevista en el numeral anterior\u2026\u201d (numeral 6 ib\u00eddem), esto es, que se seguir\u00e1n gobernando por las disposiciones que estaban en vigor a la formulaci\u00f3n. As\u00ed lo reconoci\u00f3 la Corte en reciente pronunciamiento: Quiere decir que al no existir una referencia concreta al exequ\u00e1tur en la norma referida \u2013numeral 6 del art\u00edculo 625-, queda comprendido dentro de la \u00faltima regla transcrita, por lo que se tendr\u00e1n en cuenta las normas que establec\u00eda el C\u00f3digo de Procedimiento Civil, por ser las aplicables al momento en que se inici\u00f3 (CSJ SC8655-2016, 29 jun. 2016, radicaci\u00f3n n\u00b0 11001-02-03-000-2015-01712-00)\u201d Y es que no podr\u00eda ser de otra forma, dado que como la homologaci\u00f3n de sentencias extranjeras no busca resolver la controversia entre las partes, sino simplemente reconocer efectos a una sentencia for\u00e1nea en nuestro pa\u00eds, su naturaleza jur\u00eddica guarda similitud con algunos tr\u00e1mites incidentales at\u00edpicos, los cuales, de acuerdo con el art\u00edculo 40 de la Ley 153 de 1887, subrogado por el art\u00edculo 624 del C\u00f3digo General del Proceso, \u201cse regir\u00e1n por las leyes vigentes cuando\u2026se promovieron los incidentes\u201d<\/i><\/font><\/font>\u00bb<\/font><\/font>. <\/i><\/font><\/font><\/font><\/font> <\/p>\n

<\/p>\n

2.La exclusividad de la jurisdicci\u00f3n es una de las manifestaciones de la soberan\u00eda del Estado, y como tal, comporta que \u00e9ste se reserve para s\u00ed la sublime funci\u00f3n p\u00fablica de administrar justicia, en virtud de la cual, \u00fanicamente las decisiones judiciales adoptadas por los jueces permanentes y los particulares habilitados transitoriamente para ello, producen consecuencias jur\u00eddicas y son de obligatorio acatamiento dentro del territorio nacional.<\/font><\/p>\n

<\/p>\n

Sin embargo, dicho <\/font>imperium <\/i><\/font>jurisdiccional, y m\u00e1s concretamente, el axioma de la independencia de los Estados, ha adoptado \u00ab<\/font>una nueva concepci\u00f3n (\u2026), m\u00e1s acorde con la universalizaci\u00f3n de ciertos valores y formas de organizaci\u00f3n pol\u00edtica y econ\u00f3mica<\/i><\/font><\/font><\/font>\u00bb, <\/font><\/font>en raz\u00f3n al inacabado proceso de globalizaci\u00f3n,<\/font> <\/font><\/font>\u00ab<\/font>[e]<\/font><\/font>l <\/i><\/font><\/font>creciente flujo de bienes y personas y la agilidad de todo tipo de comunicaciones<\/i><\/font><\/font><\/font>\u00bb<\/font><\/font> <\/font><\/font>(CSJ SC, 16 jul. 2004, Rad. 2003-00079-01, citada hace poco en <\/font><\/font><\/font>SC19855-2017<\/font><\/font><\/font>).<\/font><\/font><\/font><\/p>\n

<\/p>\n

3.Por eso, excepcionalmente se ha admitido, en atenci\u00f3n a exigencias pr\u00e1cticas de internacionalizaci\u00f3n, cooperaci\u00f3n y eficacia de la justicia, que las sentencias, laudos arbitrales y otros prove\u00eddos que tengan tal car\u00e1cter, dictados en un Estado for\u00e1neo, en procesos contenciosos o de jurisdicci\u00f3n voluntaria, surtan efectos en Colombia, siempre que se respeten los postulados sustanciales y procesales establecidos en los art\u00edculos 693 y 694 del C\u00f3digo de Procedimiento Civil, hoy 605 y 606 del C\u00f3digo General del Proceso, de los que emana \u00ab<\/font>el sistema llamado de la \u2018regularidad internacional de los fallos extranjeros\u2019 sobre una base previa de reciprocidad, sistema \u00e9ste que consiste en aceptar por norma el cumplimiento en el pa\u00eds de providencias de esa naturaleza, en la medida en que se re\u00fanan ciertas exigencias m\u00ednimas se\u00f1aladas por la legislaci\u00f3n con el fin de precaver eventuales \u2018irregularidades internacionales\u2019 de que las ameritadas sentencias [y laudos arbitrales] puedan adolecer<\/i><\/font><\/font>\u00bb (CSJ SC, 5 nov. 1996, Rad. 6130, mencionada \u00faltimamente, entre otras, en STC19858-2017).<\/font><\/font><\/p>\n

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El legislador nacional dise\u00f1\u00f3, para que una decisi\u00f3n judicial pronunciada por una autoridad de otro pa\u00eds produzca consecuencias en el \u00e1mbito espacial patrio, un sistema mixto o combinado, sustentado en la reciprocidad diplom\u00e1tica y, a falta de \u00e9sta, en la reciprocidad legislativa y de hecho.<\/font><\/p>\n

<\/p>\n

Sobre el particular ha precisado esta Corporaci\u00f3n:<\/font><\/p>\n

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\u00ab<\/font>[P]<\/font><\/font>ara que los fallos extranjeros produzcan efectos en el territorio colombiano, necesariamente deber\u00e1 acreditarse la existencia de un tratado suscrito entre Colombia y el pa\u00eds que dict\u00f3 la sentencia, es decir lo que es conocido como la reciprocidad diplom\u00e1tica; o, en su defecto, lo que a ese respecto prevea la ley for\u00e1nea o la pr\u00e1ctica jurisprudencial imperante, en orden a reconocerle tambi\u00e9n efectividad a las sentencias dictadas en Colombia, fen\u00f3menos denominados en su orden reciprocidad legislativa y reciprocidad de hecho<\/i><\/font><\/font>\u00bb<\/font><\/font> <\/i><\/font><\/font>(CSJ SC, 17 jul. 2001, Rad. 0012, reiterada hace poco en STC21053-2017)<\/font><\/font>.<\/i><\/font><\/font><\/p>\n

<\/p>\n

Por consiguiente, como lo ha sostenido la Corte en numerosas oportunidades,<\/font> <\/font><\/font>\u00ab<\/font>en primer lugar se atiende a las estipulaciones de los tratados que tenga celebrados Colombia con el Estado de cuyos tribunales emane la sentencia que se pretende ejecutar en el pa\u00eds. Y en segundo lugar, a falta de derecho convencional, se acogen las normas de la respectiva ley extranjera [o su jurisprudencia reinante] para darle a la sentencia la misma fuerza concedida por esa ley [o la doctrina jurisprudencial] a las proferidas en Colombia<\/i><\/font><\/font>\u00bb (G.J. t. LXXX, p\u00e1g. 464; CLVIII, p\u00e1g. 78; CLXXVI, p\u00e1g. 309, citada recientemente, entre otras, en<\/font><\/font> <\/font><\/font>STC19858-2017 y STC21053-2017<\/font><\/font>).<\/font><\/font><\/p>\n

<\/p>\n

Claro est\u00e1, que para el \u00e9xito del exequ\u00e1tur, no basta con demostrar alguna de las advertidas reciprocidades, sino que se requiere, en adici\u00f3n, que la respectiva providencia que se aspira irradie efectos en Colombia, cumpla con los requisitos consagrados en el Estatuto Procesal vigente para el momento en que se present\u00f3 la solicitud (CSJ <\/font>SC8655-2016<\/font>), as\u00ed como las exigencias del correspondiente instrumento internacional, ley o jurisprudencia pertinente.<\/font><\/p>\n

<\/p>\n

4.En ese orden, est\u00e1 acreditado en el presente asunto que entre la Rep\u00fablica de Colombia y la Rep\u00fablica <\/font>o Reino de Espa\u00f1a fue suscrito el Tratado sobre la <\/font>\u00ab<\/font><\/font>Ejecuci\u00f3n Rec\u00edproca de Sentencias Civiles<\/i><\/font><\/font>\u00bb<\/font><\/font>, aprobado mediante la Ley 7\u00aa de 30 de mayo de 1908, el cual <\/font>\u00ab<\/font><\/font>se encuentra vigente para ambos Estados, desde el 16 de abril de 1909<\/i><\/font><\/font>\u00bb<\/font><\/font>, conforme lo certific\u00f3 el Ministerio de Relaciones Exteriores, por conducto de la Coordinaci\u00f3n del Grupo Interno de Trabajo de Tratados de la Canciller\u00eda (fl. 88),<\/font> de manera que existe entre ellas reciprocidad diplom\u00e1tica.<\/font><\/p>\n

<\/p>\n

4.1.<\/font>Advertido lo anterior, <\/font>corresponde ahora establecer si en este asunto se satisfacen las exigencias consagradas en el art\u00edculo 1\u00ba del citado Convenio, para que opere la extraterritorialidad de la sentencia <\/font>proferida el 19 de abril de 2007 por el Juzgado de Primera Instancia No. 79 de Madrid, Espa\u00f1a, mediante la cual se dispuso otorgar al <\/font>se\u00f1or <\/font>Luis Germ\u00e1n Chalarca Berm\u00fadez<\/font>, aqu\u00ed demandante, <\/font>\u00ab<\/font><\/font>el ejercicio exclusivo de la patria potestad y por lo tanto, la guarda y custodia de su hijo menor Juan Diego Chalarca Rostas<\/i><\/font><\/font>\u00bb<\/font><\/font>,<\/font> <\/i><\/font>sin fijaci\u00f3n de r\u00e9gimen de visitas y cuota de alimentos respecto de su progenitora Florica Rostas. <\/font> <\/p>\n

<\/p>\n

En ese sentido, el enunciado canon establece que las sentencias pronunciadas por los Tribunales comunes de una de las partes contratantes, ser\u00e1n ejecutadas en la otra, siempre que re\u00fanan los siguientes requisitos:<\/font><\/font><\/font><\/font><\/p>\n

<\/p>\n

\u00ab<\/font><\/font>Primero. Que sean definitivas y que est\u00e9n ejecutoriadas como en derecho se necesitar\u00eda para ejecutarlas en el pa\u00eds en que se hayan dictado.<\/i><\/font><\/font><\/font><\/font><\/p>\n

<\/p>\n

Segundo. Que no se opongan a las leyes vigentes en el Estado en que se solicite su ejecuci\u00f3n<\/i><\/font><\/font>\u00bb (fl. 82).<\/font><\/font><\/font><\/font><\/p>\n

<\/p>\n

Del examen de las<\/font><\/font> <\/font><\/font>documentales adosadas al plenario<\/font><\/font>, la Corte encuentra que la aludida providencia es definitiva y se encuentra ejecutoriada de acuerdo con lo verificado en folios 2 a 9 del expediente, los cuales corresponden a la reproducci\u00f3n reconocida por la autoridad de la que proviene y la certificaci\u00f3n de su firmeza emitida por \u00e9sta, las cuales cumplen las exigencias de apostilla, como lo reglan, en su orden, la Convenci\u00f3n sobre la abolici\u00f3n del requisito de legalizaci\u00f3n para documentos p\u00fablicos extranjeros, suscrita en La Haya el 5 de octubre de 1961,<\/font><\/font> <\/font>a la cual adhiri\u00f3 Colombia el 27 de abril de 2000, aprob\u00e1ndola mediante la Ley 455 de 1998,<\/font><\/font> y el art\u00edculo 260 del C\u00f3digo de Procedimiento Civil; as\u00ed mismo, la determinaci\u00f3n objeto de homologaci\u00f3n no se opone a las leyes vigentes en Colombia, <\/font><\/font>por el contrario, lo resuelto es coincidente con lo previsto en los art\u00edculos 288, 310 y 315 del C\u00f3digo Civil, c<\/font><\/font>orrespondientes a la definici\u00f3n de patria potestad, suspensi\u00f3n, terminaci\u00f3n y decreto de la emancipaci\u00f3n judicial, respectivamente.<\/font><\/font><\/font><\/font><\/p>\n

<\/p>\n

Adem\u00e1s, esta propende por la efectividad de los derechos del prenotado infante, haciendo prevalecer el inter\u00e9s superior de \u00e9ste, acatando as\u00ed mandatos supranacionales a los cuales se halla vinculado el Estado Colombiano, como la Convenci\u00f3n sobre Derechos del Ni\u00f1o, dirigida a <\/font><\/font>\u00ab<\/font><\/font>asegurar al ni\u00f1o la protecci\u00f3n y el cuidado que sean necesarios para su bienestar, teniendo en cuenta los derechos y deberes de sus padres, tutores u otras personas responsables de \u00e9l ante la ley<\/i><\/font><\/font>\u00bb<\/font><\/font> <\/i><\/font><\/font>(Art. 3\u00ba, inc. 2\u00ba)<\/font><\/font>, concesiones que se encuentran desarrolladas en nuestro ordenamiento a trav\u00e9s de la Ley 1098 de 2006 (<\/font><\/font>C\u00f3digo de la Infancia y la Adolescencia<\/font><\/font>).<\/font><\/font><\/font><\/font><\/p>\n

<\/p>\n

En efecto, en la referida sentencia se asign\u00f3, de manera exclusiva, la custodia, cuidado y tenencia del menor <\/font><\/font>Juan Diego Chalarca Rostas<\/font><\/font>, en cabeza de su progenitor, se\u00f1or <\/font><\/font>Luis Germ\u00e1n Chalarca Berm\u00fadez<\/font><\/font>, en atenci\u00f3n a que su madre, la se\u00f1ora Florica Rostas, de nacionalidad Rumana, dos meses despu\u00e9s del nacimiento del susodicho ni\u00f1o, lo dej\u00f3 en casa de aqu\u00e9l, manifest\u00e1ndole que no quer\u00eda saber nada de \u00e9l, momento a partir del cual el padre se ha hecho cargo de su crianza y cuidado, sin que en la actualidad se conozca el paradero de aqu\u00e9lla, pese a los ingentes esfuerzos por dar con \u00e9l, motivo por el cual no se fij\u00f3 r\u00e9gimen de visita alguno, y mucho menos, se tazaron alimentos a cargo de \u00e9sta, circunstancias que por s\u00ed solas, cabe acotar, no contravienen el orden p\u00fablico patrio, atendiendo que, conforme al inciso final del art\u00edculo 310 del C\u00f3digo Civil, <\/font><\/font>\u00ab[l]<\/font><\/font>a suspensi\u00f3n o privaci\u00f3n de la patria potestad no exonera a los padres de sus deberes de tales para con sus hijos<\/i><\/font><\/font>\u00bb<\/font><\/font>, precepto igualmente presente en la legislaci\u00f3n ib\u00e9rica (Art. 160 C.C.), pues su establecimiento devendr\u00eda inane, ante su imposible cumplimiento, lo cual no obsta para que m\u00e1s adelante, ante un cambio de situaci\u00f3n, <\/font><\/font>verbigracia<\/i><\/font><\/font>, que aparezca la se\u00f1ora Rostas y muestre inter\u00e9s por su hijo, se intente adoptar las resoluciones a que haya lugar, como bien lo anot\u00f3 la juez espa\u00f1ola en la decisi\u00f3n objeto de convalidaci\u00f3n. <\/font><\/font> <\/font><\/font><\/font><\/font> <\/p>\n

<\/p>\n

4.<\/font>2<\/font>.Ahora, siguiendo con el derrotero trazado, se tiene que el fallo for\u00e1neo que se pide<\/font> homologar no versa sobre derechos reales constituidos respecto de bienes situados en territorio colombiano, sino que ata\u00f1e a la custodia definitiva, tenencia y cuidado personal de un menor; adem\u00e1s, el asunto sobre el cual recay\u00f3 la providencia de marras, no es de competencia exclusiva de los jueces colombianos, pues no existe previsi\u00f3n legal prohibitiva, menos cuando establecido el domicilio y residencia del menor en el extranjero, al lado de su padre, el Decreto 2282 de 1989, autoriza adelantar las controversias sub <\/font>ex\u00e1mine<\/i><\/font>, en el lugar donde se encuentra aqu\u00e9l,<\/font> <\/font>y tampoco se acredit\u00f3 que en Colombia existe proceso en curso ni sentencia ejecutoriada de jueces nacionales sobre la misma cuesti\u00f3n definida en la decisi\u00f3n cuya aprobaci\u00f3n se pretende.<\/font><\/p>\n

<\/p>\n

4.<\/font>3<\/font>.Por \u00faltimo, basta decir, e<\/font>n lo que se refiere a la protecci\u00f3n del debido proceso y el derecho de defensa de la demandada, que a m\u00e1s que en el presente asunto no se desvirtu\u00f3 su presunci\u00f3n por efecto de la ejecutoria de la providencia extranjera tantas veces memorada (Num. 6, Art. 694 del C.P.C.), no cabe duda que dichas garant\u00edas se respetaron, pues ante el desconocimiento del domicilio de la se\u00f1ora<\/font> Florica Rostas, no obstante las gestiones de la Direcci\u00f3n General de la Polic\u00eda de Espa\u00f1a, se dispuso emplazarla mediante edicto, de conformidad con el art\u00edculo 156 del C\u00f3digo de Enjuiciamiento Civil de dicha Naci\u00f3n; sin embargo, como no compareci\u00f3 en el t\u00e9rmino que le fue otorgado, fue declarada en rebeld\u00eda, figura que no genera consecuencias procesales negativas para el demandado, como por ejemplo, <\/font>allanamiento a las pretensiones, ni t\u00e1cita admisi\u00f3n de hechos indicados por la contraparte, aunque s\u00ed, por obvias razones, la preclusi\u00f3n de los actos procesales hasta la fecha en que acuda al proceso<\/font>1<\/a>, a lo que se suma el hecho que a la actuaci\u00f3n <\/font>se vincul\u00f3 al Ministerio P\u00fablico, quien manifest\u00f3 su conformidad con las pretensiones del actor.<\/font><\/p>\n

<\/p>\n

5.<\/font><\/font>Con fundamento en las motivaciones que anteceden, procede el reconocimiento de efectos jur\u00eddicos a la decisi\u00f3n jurisdiccional sometida al presente tr\u00e1mite.<\/font><\/font><\/font><\/font><\/p>\n

<\/p>\n

DECISI\u00d3N<\/b><\/font><\/p>\n

<\/p>\n

En m\u00e9rito de lo expuesto, la Corte Suprema de Justicia, en Sala de Casaci\u00f3n Civil, administrando justicia en nombre de la Rep\u00fablica y por autoridad de la ley, <\/font><\/font><\/font><\/font> <\/p>\n

<\/p>\n

<\/p>\n

RESUELVE:<\/b><\/font><\/font><\/font><\/font><\/p>\n

<\/p>\n

PRIMERO. CONCEDER <\/b><\/font>el exequ\u00e1tur de la sentencia <\/font>proferida el 19 de abril de 2007 por el Juzgado de Primera Instancia No. 79 de Madrid, Espa\u00f1a, mediante la cual se dispuso otorgar al <\/font>se\u00f1or <\/font>Luis Germ\u00e1n Chalarca Berm\u00fadez<\/font>, <\/font>\u00ab<\/font><\/font>el ejercicio exclusivo de la patria potestad y por lo tanto, la guarda y custodia de su hijo menor Juan Diego Chalarca Rostas<\/i><\/font><\/font>\u00bb<\/font><\/font>,<\/font> <\/i><\/font>sin fijaci\u00f3n de r\u00e9gimen de visitas y cuota de alimentos respecto de su progenitora Florica Rostas<\/font>.<\/font><\/p>\n

<\/p>\n

SEGUNDO. <\/b><\/font><\/font>Sin costas en el tr\u00e1mite. <\/font><\/font><\/font><\/font> <\/p>\n

<\/p>\n

Notif\u00edquese<\/b><\/font><\/font>,<\/font><\/font><\/font><\/font><\/p>\n

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AROLDO WILSON QUIROZ MONSALVO<\/b><\/font><\/font><\/font><\/font><\/p>\n

Presidente de Sala<\/font><\/font><\/font><\/font><\/p>\n

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(Ausencia Justificada)<\/font><\/font><\/font><\/font><\/p>\n

MARGARITA CABELLO BLANCO<\/b><\/font><\/font><\/font><\/font><\/p>\n

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\u00c1LVARO FERNANDO GARC\u00cdA RESTREPO<\/b><\/font><\/font><\/font><\/font><\/p>\n

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LUIS ALONSO RICO PUERTA<\/b><\/font><\/font><\/font><\/font><\/p>\n

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(Ausencia Justificada)<\/font><\/font><\/font><\/font><\/p>\n

ARIEL SALAZAR RAM\u00cdREZ<\/b><\/font><\/font><\/font><\/font><\/p>\n

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OCTAVIO AUGUSTO TEJEIRO DUQUE<\/b><\/font><\/font><\/font><\/font><\/p>\n

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LUIS ARMANDO TOLOSA VILLABONA<\/b><\/font><\/font><\/font><\/font><\/p>\n

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\n

1<\/a> O como se denomina en ese pa\u00eds, <\/font>personaci\u00f3n.<\/font><\/font><\/font><\/p>\n

\n<\/p><\/div>\n","protected":false},"excerpt":{"rendered":"

\u00c1LVARO FERNANDO GARC\u00cdA RESTREPO Magistrado Ponente SC1229-2018 Radicaci\u00f3n n\u00b0 11001-02-03-000-2015-02938-00 (Aprobado en sesi\u00f3n de veintiuno de marzo de dos mil dieciocho) Bogot\u00e1, D. C., veinticuatro (24) de abril de dos mil dieciocho (2018).- Procede la Sala a resolver la demanda de exequ\u00e1tur presentada por LUIS GERM\u00c1N CHALARCA BERM\u00daDEZ, con el objeto de que produzca efectos […]<\/p>\n","protected":false},"author":1,"featured_media":0,"comment_status":"open","ping_status":"open","sticky":false,"template":"","format":"standard","meta":{"footnotes":""},"categories":[102],"tags":[],"class_list":["post-95391","post","type-post","status-publish","format-standard","hentry","category-102"],"_links":{"self":[{"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/posts\/95391","targetHints":{"allow":["GET"]}}],"collection":[{"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/posts"}],"about":[{"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/types\/post"}],"author":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/users\/1"}],"replies":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/comments?post=95391"}],"version-history":[{"count":0,"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/posts\/95391\/revisions"}],"wp:attachment":[{"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/media?parent=95391"}],"wp:term":[{"taxonomy":"category","embeddable":true,"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/categories?post=95391"},{"taxonomy":"post_tag","embeddable":true,"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/tags?post=95391"}],"curies":[{"name":"wp","href":"https:\/\/api.w.org\/{rel}","templated":true}]}}